SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Lp-251-06-A

AUTO SUPREMO Nº 58 Sucre, 26 de agosto de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes Gobierno Municipal de La Paz: c/ Carolina Nielsen Reyes

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación de fs. 88 a 91 vlta. interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, representado por José R. Saenz Paz, contra el Auto de Vista Nº D-288/2005 de fs. 82 vlta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro de la demanda ordinaria por fraude procesal intentado por el Municipio recurrente contra Carolina Nielsen Reyes de Leickhardt; la Provisión Compulsoria de fs. 101 a 110, el auto concesorio del recurso de fs. 112, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Planteada la demanda ordinaria por fraude procesal de fs. 17 a 26, ésta es admitida por la Jueza Cuarto de Partido en lo Civil-Comercial de aquella ciudad, luego de la excusa de su similar Tercero. Posteriormente, en virtud a la Certificación de fs. 31, presentada con memorial de fs. 32 por Carolina Nielsen Reyes de Leickhardt, la Jueza pronuncia la Resolución Nº 4/02 de fs. 33 vlta., por la cual anula la providencia de admisión de fs. 29 vlta. y rechaza el memorial (de demanda) presentado por la Alcaldía Municipal de La Paz.

Apelada esta resolución por la entidad demandante, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de La Paz, mediante Resolución Nº D-288/2005 de 7 de noviembre de 2004, cursante a fs. 82 y vlta., anula el auto concesorio del recurso de apelación de fs. 72 vlta. y declara ejecutoriada la Resolución de fs. 33; auto de vista que da lugar al recurso de casación en análisis.

CONSIDERANDO II: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial impone al Tribunal de casación la obligación de revisar de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces de primera instancia, los de alzada y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese contexto, del examen de los antecedentes procesales y las resoluciones emitidas en el presente proceso, en especial y concretamente del contenido de la Resolución Nº 4/02 de fs. 33 y vlta. emitida por la A quo, se llega a la clara conclusión de que ésta usurpó funciones que no le competen y emitió una resolución extra petita, al rechazar la demanda planteada.

En efecto, la señora Jueza al emitir la señalada resolución con el argumento de que "De conformidad al art. 297 del Código de Procedimiento Civil, dispone que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario..." y que "conforme señala el art. 298 del Código Adjetivo Civil (...) se podrá interponer dentro del término fatal de un año computable desde la fecha en que la sentencia adquirió ejecutoria. De donde se desprende que la demanda ha sido presentada al Juzgado Tercero de Partido en lo Civil en fecha 27 de abril de 2001 (...) no haciendo uso de este recurso en el año de ejecutoriada la sentencia, se considera que ha caducado el derecho de la H. Alcaldía Municipal puesto que el Auto Supremo de fs. 12 a 14 vta. de obrados lleva fecha de 25 de abril de 2000...", se salió totalmente del marco legal establecido en la demanda e invadió un ámbito ajeno a sus facultades y competencias, cual es el de la revisión extraordinaria de sentencia, instituto regulado por los arts. 297 y ss. del Código de Procedimiento Civil, cuya competencia la tiene, en la materia, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por imperio de los arts. 55 num. 20. de la Ley de Organización Judicial y 297 del Código de Procedimiento Civil; olvidando que es sólo aquel Tribunal el que tiene la facultad privativa de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad de la demanda, establecidos en los arts. 297, 298 y 299 del Código Procesal Civil, para admitirla si corresponde o, en su caso, rechazarla.

De esta manera, la jueza de la causa desconoció su propia competencia y evitó entrar al conocimiento y resolución de lo demandado, es decir el fraude procesal, ignorando que si bien el art. 298 establece el plazo fatal para interponer el recurso de revisión, para realizar la protesta formal en su caso y formalizar el recurso después de ejecutoriada la sentencia dictada en el proceso de fraude procesal, la verificación del cumplimiento de dichos plazos no son de su competencia sino de la Sala Plena de la Corte Suprema -como ya se tiene expresado- atribución que la ejercerá una vez se haya interpuesto o formalizado ante ella la demanda de revisión de sentencia.

Consecuentemente, sin necesidad de entrar en mayores consideraciones legales, estando comprometido un aspecto que interesa al orden público, como es la competencia, corresponde dar aplicación a los arts. 90-I y 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en el art. 58 numeral 1. de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 31 inclusive, debiendo la Jueza a quo tramitar el proceso conforme a ley, hasta su conclusión. Sin responsabilidad por ser excusable

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 116 y vlta., interviene la Sra. Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara