SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº LP-134-05-S

AUTO SUPREMO Nº 54 Sucre, 04 de agosto de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Ana Maria Guzmán Collazos c/ Oscar Antonio Guzmán

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 273 a 274 vlta. interpuesto por Juan José Mendivil Pardo, en representación de Oscar Antonio Guzmán Rivas, contra el Auto de Vista Nº 270/05 de fs. 268 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre división y partición de bienes hereditarios seguido por María Teresa Grace Collazos vda. de Guzmán, Ana María Guzmán Collazos y Ronald Guzmán Collazos contra Oscar Antonio Guzmán Rivas; la respuesta de fs. 278 a 279 vlta., el auto concesorio del recurso de fs. 289 vlta., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que luego de tramitada la causa, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, en 21 de octubre de 2002, pronunció la Sentencia Nº 343/02 de fs. 229 a 232, por la que declara probada en parte la demanda de fs. 11 a 13 ratificada y modificada parcialmente a fs. 36-37, en cuanto a la división y partición de bienes, e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante, multas e intereses. Sin costas.

En grado de apelación, deducida por Oscar Antonio Guzmán Zuñiga y Edgar Guzmán Zuñiga, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de La Paz, por Auto de Vista Nº 270/05 de 09 de mayo de 2005, cursante a fs. 268 de obrados, confirma la sentencia de fs. 229 a 232 así como la resolución de fs. 65; sin costas.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo, en el que concretamente se acusa la violación de los arts. 809, 810 y 811-II del Código Civil y 62 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse valorado correctamente el poder de fs. 1 "que faculta a la apoderada a apersonarse ante los personeros de "Laboratorios Guzmán" S.R.L. a objeto de recabar información, efectuar reclamos, entablar negociaciones, presentar memoriales, iniciar en su caso juicios civiles, penales, administrativos o de cualquier índole", pero que no le faculta para demandar la división y partición de bienes de una sociedad comercial y menos especifica qué clase de demanda va a incoar y contra quién. Además -afirma- la sentencia y el auto de vista confirmatorio de aquélla "han violado los arts. 109 y 112 del Código de Comercio, que en forma expresa disponen sobre la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada y sobre las transferencias de las cuotas de capital por causa de muerte", violándose, además, la cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

CONSIDERANDO II: Que así resumido el recurso de casación, antes de ingresar a su análisis y consideración, corresponde dejar claramente establecido que el mismo se circunscribe a atacar la falta de personería de la apoderada de los demandantes, Rosario Canedo Justiniano, por insuficiencia del mandato que le fuera conferido y cuyo testimonio cursa a fs. 1 de obrados.

En el contexto precedentemente establecido, en primer término corresponde hacer mención de la normativa legal que regula el instituto del mandato, contenida en el Código Civil vigente. En ese entendido, tenemos que el art. 804 del Código Civil define el mandato como "...el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante" ; así también el art. 809, al referirse a los mandatos general y especial, estipula que "El mandato es especial para uno o muchos negocios determinados; o general para todos los negocios del mandante"; en concordancia con el anterior, el art. 810 dice: "I. El mandato general no comprende sino los actos de administración. II. Si se trata de transigir, enajenar o hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso (...)"; luego el art. 811 en su numeral I prevé que "El mandato no sólo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino también aquellos que son necesarios para su cumplimiento"; por su parte el art. 814 numeral I dispone: "El mandatario está obligado a cumplir el mandato mientras corre a su cargo, en caso contrario, debe resarcir el daño"; asimismo y de manera concordante el art. 815 en su numeral I determina que "El mandatario está obligado a ejercer el mandato con la diligencia de un buen padre de familia"; finalmente, el art. 835-I establece que "El poder general no confiere facultades para los actos judiciales que por su naturaleza exijan poderes especiales o la presencia personal del interesado". (todas las negrillas son nuestras)

En el caso de autos, la parte recurrente acusa la insuficiencia del Poder de fs. 1 que le fuera otorgado por los demandantes a la Dra. Rosario Canedo, porque éste no le faculta demandar la división y partición de los bienes pertenecientes a la sociedad comercial "Laboratorios Guzmán" S.R.L.

Ahora bien, en primer término convendremos, conforme la doctrina y la jurisprudencia, que la excepción de incapacidad o impersonería del demandante, del demandado o de sus apoderados, se activa cuando uno de aquellos sujetos procesales carece de capacidad procesal. De modo que -en palabras de Chiovenda- la capacidad de ser sujeto de una relación jurídico procesal no es otra cosa que la capacidad jurídica trasladada o proyectada en el proceso. En consecuencia, hablamos de incapacidad o impersonería, cuando la parte que interviene en un poceso no posee la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien, o carece de la aptitud propia para ejercitar sus derechos per sé. Dicho aspecto no ocurre en el caso de autos y la afirmación del recurrente no es evidente, careciendo del sustento legal necesario para poder conseguir -como pretende- la casación de auto de vista, por lo siguiente:

El poder de fs. 1, conforme reza su propio contenido es "especial, amplio y suficiente" y fue otorgado a la abogada Rosario Canedo Justiniano para que "represente los intereses" que los poderconferentes tienen en el "Laboratorio Guzmán" S.R.L., referidos a las acciones de capital y bienes propios de dicha empresa, con "las facultades generales y especiales de apersonarse ante los actuales personeros de "Laboratorio Guzmán", recabar información, efectuar reclamos, entablar negociaciones, presentar memoriales, iniciar en su caso juicios civiles, penales, administrativos o de acuelquier índole... etc.". Es decir el poder ha sido conferido por los demandantes para un negocio determinado y específico que es, precisamente, el de apersonarse ante los personeros de dicha sociedad en representación de sus intereses, esto es, averiguar, reclamar, efectuar negociaciones o, en su caso, iniciar las acciones judiciales necesarias -por la vía civil u otra- en defensa de aquellos sus derecho que ostentan sobre las acciones y bienes de la sociedad comercial, adquiridos por sucesión hereditaria de su esposo y padre, Ronald Guzmán Zuñiga. Dicho poder no tiene la característica de un poder general que sólo comprende los actos de administración (art. 810-I), sino que, como se tiene dicho, es especial y no puede ser tachado de insuficiente.

Por otra parte, el recurrente ha olvidado que la mandataria tenía la obligación de realizar los actos jurídicos necesarios tendientes a cumplir el objeto de su mandato, -mientras este dure y corra a su cargo- y que el mismo no sólo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino todos aquellos que sean necesarios para su efectivo cumplimiento, entre ellos -como sucedió en el caso- el de pedir por la vía voluntaria la división y partición judicial de los bienes de la sociedad y, sucesivamente, el de representarlos en el juicio ordinario en que derivó aquella acción voluntaria.

No podía ser de otra manera, en ejercicio de su facultad la mandataria podía negociar la partición de los bienes directamente con los demás accionistas o copropietarios de la sociedad y de no prosperar aquello automáticamente -por disposición de la ley (art. 811-I)- asumía la facultad de acudir ante el juez competente solicitando, por la vía voluntaria, la división y partición de las acciones y bienes de la empresa. Sin embargo, al haber existido oposición de los hermanos del causante a la división voluntaria demandada, este proceso derivó en contencioso, en virtud de lo cual el proceso fue remitido ante el juez de partido en lo civil; de esta manera, la apoderada, pasó a representar a sus poderdantes en juicio ordinario, con todas las demás facultades establecidas tanto en el mismo poder como en la ley (arts. 811-I del C.C. y 62 del C.P.C.), hasta la conclución del proceso.

De lo anterior, resulta irracional y arbitrario pretender que para cada paso o etapa siguiente del accionar de un mandatario o apoderado se deba extender y presentar nuevo poder. De ahí que la ley ya previno que el mandato comprendía todos los actos necesarios conducentes al cumplimiento del mismo (Art. 811), salvo aquellos casos en los que la ley requiera mandato expreso, como transigir, enajenar, hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, o cuando el mandatario se hubiera reservado expresamente facultades en el poder o, finalmente, que por la naturaleza del proceso la ley exija la intervención personal del interesado (arts. 835 del Código Civil y 62-II del Código de Procedimiento Civil), circunstancias que en el caso no se dan.

En cuanto a la acusada violación de los arts. 209 (Votos necesarios para las resoluciones) y 212 (Transferencia por causa de muerte) del Código de Comercio y de la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Sociedad, cabe aclarar que son impertinentes al caso en análisis y no fueron objeto de aplicación en las resoluciones de instancia, por lo que mal pudieron haber sido "violados" por las resoluciones de instancia, como se acusa.

En consecuencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver en la forma establecida por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en suplencia legal de su similar Primera y con la facultad contenida en el numeral 1. del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 273-274 de obrados. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 311, interviene el Sr. Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte, Presidente de Sala Social y Administrativa Segunda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RELATOR: Ministro, Julio Ortiz Linares

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo.Dr. Hugo Roberto Suárez Calbimonte

Proveido. Dra. Gladys Segovia García