SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº C-03-06-S

AUTO SUPREMO Nº 40 Sucre, 26 de junio de 2009

DISTRITO: Cochabamba Proceso: Ordinario Civil

Partes: Gerardo Vargas Aleluya c/ Ignacio Guevara Vela

MINISTRO RELATOR: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 641-646 interpuesto por Acxel Ávila Vargas en representación de Gerardo Vargas Aleluya, contra el Auto de Vista de 4 de noviembre de 2005 de fs. 637-638, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario seguido por el recurrente contra Florentina Ureña Vda. de Guevara; la respuesta de fs. 648-653,los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, emitió la sentencia de 2 de diciembre de 2000 de fs. 607-609, declarando probada la demanda de fs. 24-26, reconociendo el mejor derecho propietario del lote Nº 146, Manzana 105, con una extensión de 264 mts2 en favor del actor Gerardo Vargas A., por encontrarse ubicado dentro de la Urbanización de la Caja Ferroviaria de Seguridad Social, reconociendo en su favor el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, conforme establece el art. 984 del Cód. Civ., pagaderos por el demandado Ignacio Guevara Vela y su esposa Florentina Ureña Vda. De Guevara, e improbada la contestación de fs. 30-31, por no existir en el plano de Urbanización del Temporal Villa Huanuni, la Manzana B-3, suprimida por la Resolución Municipal Nº 1246/87 de 15 de diciembre de 1987, en cumplimiento del contrato de 12 de febrero de 1957 y la sentencia de 3 de septiembre de 1981, con costas conforme disponen los arts.198 y 199 del Cód. Pdto. Civ.

Que, en grado de apelación deducida por la demandada Florentina Ureña Vda. de Guevara, mediante auto de vista 4 de noviembre de 2005 de fs. 637-638, se revoca la sentencia apelada de 2 de diciembre de 2000 de fs. 607-609, y deliberando en el fondo declara improbada la demanda y probadas la oposición y negación de los demandados; sin costas en ambas instancias según previene el art. 237-3) del Cód. Pdto. Civ.

Contra la referida resolución de vista el demandante Gerardo Vargas Aleluya, a través de su apoderado Acxel Ávila Vargas, interpone el recurso de casación de fs. 641-646, al amparo del art. 253 del Cód. Pdto. Civ., expresando confusamente que: recurre en la forma por infracción del art. 236 del Cód. Pdto. Civ., por haberse pronunciado el ad quem, fuera de los límites de la demanda, concediendo más allá de lo pedido en la apelación de fs. 611-616, sin observar el principio de pertinencia y congruencia; que no anuló obrados para que se notifique en legal forma a los herederos de Ignacio Guevara Vela; que incurre en interpretación errónea de los arts. 93, 110, 105, 1287, y 1534 y siguientes del Cód. Civ., desbaratando oficiosamente una sentencia que reconoce con base a dichas disposiciones su mejor derecho propietario, no existiendo en el Cód. Civ. un artículo expreso para referirse al mejor derecho propietario; que la errónea cita o más bien lo que vendría en llamarse "incompleta cita de normas" en su demanda no han sido cuestionados en la apelación planteada por los demandados.

Que el Tribunal de alzada incurre en error de derecho en la apreciación de las Escrituras Públicas Nos 575 registrada en DD.RR. en 9 de junio de 1993, y 82 registrada en DD.RR. el 13 de mayo de 1980 (ptos. B y C-Considerando II), contraviniendo el art. 253-3) del Cód. Pdto. Civ.; que incurre en error de hecho (pto. D-Considerando II), realizando una serie de apreciaciones sobre la posesión del inmueble por la familia Guevara, cuando de las literales de fs. 121 y 155 se evidencia lo contrario por haberse entregado a los demandados una boleta de paralización de obra en 24 de septiembre de 1996; que consecuentemente "resulta errónea y equivocada la declaración de preferencia de los demandados de acuerdo a los alcances del art. 1545 del Cód. Civ."; agrega la interpretación errada del art. 1543 del Cód. Civ. (cita impertinente al caso por referirse a actos celebrados en el extranjero).

Continúa señalando que la Caja Ferroviaria, de quien deviene su derecho propietario, adquirió terrenos de la Familia Plaza y el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni adjudicó a los demandados el lote Nº 38 Manzano B-3, inexistente en el plano general del área urbana de Cochabamba, es decir, que los dirigentes del Sindicato Mixto de Trabajadores de Huanuni, trataron de ubicar dicho lote en propiedad de terceros, y de estar en dicha urbanización los propios socios replantearon sus planos excluyendo el referido manzano por ende el lote de los demandados, conforme el certificado de la Alcaldía de fs. 155 R.M. Nº 1826 de 23 /6/81 que revoca la R.M. Nº 2810 de 20/12/78 por existir datos falsos, ampliándose y remodelándose el plano de la Urbanización Temporal de Villa Huanuni mediante R.M. Nº 1246/87 de 15/12/87, donde no figura el manzano B-3 (plano fs. 124), y la sentencia de usucapión inscrita en favor de la Caja Ferroviaria conforme al art. 1157-2) del Cód. Civ., extinguiéndose la pretendida inscripción de los demandados.

Usucapión que de acuerdo al ad quem no comprende a los demandados Ignacio Guevara y Florentina Ureña, por no especificar los límites de la superficie reconocida y si en ese recinto estuviera el lote de los demandados, apreciación que implica otro error de hecho, porque dicha usucapión alcanza a los Guevara Ureña al tenor de la 2º parte del art. 194 del Cód. Pdto. Civ.

Concluye reiterando que el Tribunal ad quem, por equivocación o malicia, no realiza la apreciación de las pruebas aportadas, infringiendo el art. 397-II en relación al 377 del Cód. Pdto. Civ., cometiendo errores de hecho y de derecho esenciales y decisivos para un fallo claro, positivo y preciso, incurriendo en incorrecta interpretación de los preceptos legales, por lo que interpone recurso de casación en el fondo contra el auto de vista de fs. 637-638, solicitando al Tribunal Supremo, case el auto de vista recurrido, declarando firme y subsistente la sentencia de primer grado, con costas.

CONSIDERANDO II.- Que el recurrente, no obstante sus ampulosas argumentaciones, no adecua debidamente su reclamo a las causales de procedencia tanto del recurso de casación en la forma como en el fondo, expresamente previstas en los arts. 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., con desconocimiento de la distinta naturaleza jurídica que revisten y fines que persiguen ambos institutos, que responden a dos realidades procesales diferentes, confundiendo el recurrente al formular su planteamiento alegando indistintamente cuestiones de forma y fondo, limitando su petitorio a la casación del auto de vista recurrido olvidando completar, en su caso, la formulación del recurso de casación en la forma que también dice plantear, evidenciándose carencia de la técnica recursiva que exige esta acción extraordinaria, por lo que devendría en improcedente.

Sin embargo de su deficiente formulación advirtiendo que lo que reclama en el fondo es su mejor derecho propietario, cuestionando la apreciación de la prueba y la errónea interpretación del art. 1545 del Cód. Civ., el Tribunal Supremo ingresa a su análisis en lo que a estos aspectos atinge, obteniéndose lo siguiente:

1.- Que, el auto de vista recurrido revoca la sentencia de primera instancia, dejando claramente establecido que el reclamo del actor no está dentro del alcance previsto por el art. 1545 del Cód. Civil, en razón de que su derecho propietario sobre el lote de terreno Nº 146, Manzana LL, con una superficie de 264 mts2 situado en el Temporal de Cala Cala, sin colindancias como se verifica a fs. 1 vta. que le adjudicara la Caja Ferroviaria mediante Escritura Pública Nº 575 registrada en DD.RR. en 9 de julio de 1993, es distinto y 13 años posterior al derecho propietario de los demandados a quienes les adjudicara el Consejo Nacional de Vivienda Minera mediante Escritura Pública Nº 82, debidamente registrado en DD.RR. en fecha 13 de mayo de 1980, el lote Nº 38, Manzana B-3 con una superficie de 360 mts2, situado en el Temporal de Cala Cala, limitando al Norte con el lote 43, al Sur con la calle Nº 5, al Este con el lote Nº 35 y al Oeste con el lote Nº 37, inmueble que se encuentra libre de todo gravamen según certificado Nº 7851 de 17 de junio de 1994 (fs. 81-86).

Derecho propietario debidamente acreditado por la Escritura Pública Nº 82 que tiene todo el valor probatorio reconocido por el art. 1289 del Cód. Civ., habiendo sido la sentencia judicial de usucapión tramitada por la Caja Ferroviaria de Salud contra presuntos interesados, cuya copia cursa a fs. 11-12 de obrados, un año posterior del registro de los demandados, siendo más notorio que en la referida sentencia se ha declarado el derecho propietario por usucapión de una superficie de terreno sin conocerse ni especificarse los límites, menos que en ese recinto estuviere incluido el inmueble de los actuales demandados, cuya posesión -aunque no es relevante en este caso, se discute el derecho propietario o de dominio- demostrado con la vivienda que habitan con su familia, que tiene salida al mismo pasaje del lote del actor, como se evidencia en el acta de inspección judicial de fs. 185, cuyo valor probatorio no destruye las literales de fs. 121, 124 y 155 que alude el recurrente, porque verifica con certeza la individualización del inmueble de los demandados en los límites de su propiedad.

2.- Que, el art. 1545 del Cód. Civ., reconoce el principio general consagrado por la doctrina internacional en sentido de que tiene mejor derecho el acto anterior, a otro posterior, fórmula precisa de solucionar conflictos de derechos propietarios por parte de dos o más personas sobre un mismo bien y que así lo ha recogido la jurisprudencia nacional al resolver que la prioridad de la inscripción en el Registro de Derechos Reales surte efectos frente a terceros, haciendo oponible el derecho desde el momento de su inscripción (art.1538 del Cód. Civ.), y cuando por pactos diversos se ha comprometido el mismo bien a diferentes personas correspondiendo el mejor derecho propietario, al adquirente que primero haya inscrito su título propietario en el registro de Derechos Reales.

3.- Que, de lo expuesto y analizados los fundamentos del fallo recurrido, se infiere que guarda relación con los datos del proceso aplicando correctamente la previsión del art. 1545 del Cód. Civ., en que se funda, por cuanto, la propiedad que alega el demandante no tiene el mismo origen que la de los demandados. En esa circunstancia, no es posible dar curso a una demanda de mejor derecho propietario, porque es necesario acreditar que el derecho propietario del actor como de los demandados emerge de un mismo vendedor o tienen el mismo origen, conforme establece el precitado art. 1545 del Cód. Civ.; por esa sola y fundamental razón, se hace innecesario, inclusive, examinar quien inscribió en DD.RR. con prioridad su derecho propietario o lo que es lo mismo, no es innecesario determinar que la propiedad pertenece al que inscribió primero su título por tratarse de dos propiedades diferentes.

4.- Finalmente, para ser viable una demanda como la presente, cuya base legal no emerge de los arts. 93, 110, 105, 1287 y 1534 del Cód. Civ., señalados como base de la demanda y, por consiguiente, mal podrían ser susceptibles de errónea interpretación como insiste el recurrente, es necesario que exista identidad geográfica entre el bien sobre el que se alega tener mejor derecho con el bien que supuestamente, como en éste caso, se encuentra en posesión de la parte demandada, dado que la discusión reside -precisamente- en el mejor derecho de propiedad del actor frente al derecho de los demandados, derecho que se define ante la identidad de los lotes adquiridos por ambas partes de una misma persona, por la prioridad de su registro en la oficina de Derechos Reales de conformidad con el art. 1545 del Cód. Civ., lo que en el caso de autos no ha sido acreditado por el actor, incumpliendo con la carga de la prueba establecida en las normas de los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Cód. Pdto. Civ.

Por lo que no es evidente que el Tribunal de Alzada, hubiese incurrido en errada apreciación de las pruebas "por equivocación o malicia" como señala el recurrente, sin explicar y demostrar finalmente los errores a los que se refiere el caso 3) del art. 253 precitado para la censura correspondiente, máxime si en cuanto a la apreciación y valoración de la prueba se refiere, ésta es incensurable en casación, a menos que el afectado demuestre objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, lo que como se tiene dicho no ocurre en el presente caso.

Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas corresponde resolver el recurso planteado dando aplicación a la previsión de los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 641-646, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Para sorteo y resolución del presente proceso, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera, según convocatoria de fs. 658 y vlta. de obrados.

RELATORA MINISTRA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Proveido. Dra Gladys Segovia García