SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº P-01-06-S

AUTO SUPREMO Nº 36 Sucre, 25 de junio de 2009

DISTRITO: Potosí Proceso: Ordinario Civil

Partes: Isabel López Siñaniz c/ Bernabé Sanabria Sánchez

MINISTRO RELATOR: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 153, interpuesto por Bernabé Sanabria Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 283/05 de fecha 19 de diciembre de 2005 cursante a fs. 149 a 150 vlta., pronunciado por la Sala Civil Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso de reconocimiento de derecho de ganancialidad, respuesta de fs. 155 a 156, auto que concede el recurso de fs. 156 vuelta, y:

CONSIDERANDO I: Que, el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Llallagua, emitió la sentencia Nº 44/ 2005 de 29 de septiembre de fs. 115 a 118, declarando probada la demanda de fs.18 a 19 en todas sus partes, consecuentemente reconoció en favor de la actora el derecho de ganancialidad sobre el inmueble ubicado en la Calle Walter Mercado, Nº 288 del Campamento 2 "A" de Siglo XX, con una extensión 105.91 mts2 de superficie, registrado en Derechos Reales de la ciudad de Uncía, bajo la partida Nº 433, folio Nº 218, libro Nº 16 de propiedades Bustillo de fecha 16 de julio de 1993, con costas.

Que, contra la anterior resolución de instancia, Bernabé Sanabria Sánchez interpone recurso de apelación, resuelto por la Sala Civil y Comercial de la Corte Superior de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 283/2005 de 19 de diciembre, cursante a fs. 149 a 150 vuelta, confirmando la sentencia de fs. 44/2005.

Contra la referida resolución de segundo grado, Bernabé Sanabria Sánchez, interpone recurso de casación en la forma mediante memorial de fs. 163, acusando que la Juez de primera instancia perdió competencia, al haber dictado sentencia fuera del plazo legal, por lo que amparado en el art. 254 numeral 6, interpone recurso rogando darle el trámite correspondiente.

CONSIDERANDO II.- Que la facultad contenida en los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial y 252 del Código de Procedimiento Civil, normativa que tiene su fundamento en el resguardo del orden público, para evitar su franca vulneración en desmedro del debido proceso, otorga a los tribunales superiores la facultad de revisar los procesos remitidos a su conocimiento.

En función de esta facultad fiscalizadora, le corresponde a éste Tribunal Supremo revisar si en el caso sub lite los de grado han honrado las reglas del debido proceso, observando los plazos y las formas esenciales en la tramitación y conclusión de la causa.

Que en virtud del principio que nos trae el art. 252 del Código de Procedimiento Civil que determina: "El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público".

En el caso sub lite, corresponde aclarar que el Decreto de "autos" se dicta de oficio y tiene el efecto de dar inicio al cómputo del término para dictar resolución, éste es un plazo judicial que le corre al juzgador y no a las partes, quedando a su cargo el impulso procesal, así previene el art. 234 del Código del Procedimiento Civil.

De los antecedentes del caso en examen, se evidencia que a fs. 113 vuelta, cursa el decreto de fecha 20 de agosto de 2005, en el que se dispuso "-Autos para resolución"-sic-, dando inicio al cómputo de 40 días para que el Juez dicte la correspondiente sentencia, en cumplimiento a lo reglado en el art. 204-1) del Código de Procedimiento Civil, habiendo pronunciado el juez aquo la sentencia de primera instancia en fecha 26 de octubre de 2005, es decir después de 66 días, fuera del plazo que otorga la disposición precitada a los jueces para emitir sentencia, y después de que perdió competencia, sin tomar en cuenta que el plazo de 40 días se computa desde el día hábil siguiente a la providencia de autos para sentencia o la fecha de ingreso a despacho para resolución final y vencerá el último momento del día hábil respectivo.

Si bien es cierto que en la sentencia se consigna como fecha de resolución, 29 de septiembre de 2005, no es menos cierto que la nota que "da fe" la Secretaria del Juzgado Mixto y Sentencia de Llallagua cursante a fs. 118 vuelta, consta que: "Salió de despacho en fecha "26 de octubre del año 2005", sentencia de primera instancia que fue notificada al demandante en fecha 27 de octubre de 2005 como consta en la diligencia de notificación de fs. 119, y a la actora en fecha 28 de octubre del mismo año, es indudable que la sentencia fue dictada, después que la juez a quo perdió competencia para dictar resolución.

Aspecto no considerado ni tomado en cuenta por el tribunal de apelación, quien a través del auto de vista pretende convalidar un vicio procedimental de orden público que hace al debido proceso, inobservado por la juez a quo y no reparado por el tribunal ad quem en franca vulneración a los art. 234, 204-1) del Código de Procedimiento Civil, viciando de nulidad lo actuado, por lo que el Tribunal Supremo debe enmendar, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, aplique el art. 252, con relación al art 271-3 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ANULA obrados hasta fs. 113 vlta. inclusive, disponiendo que previo decreto de autos se pronuncie una nueva sentencia por el Juez competente llamado por ley. Siendo inexcusable el error cometido por los de grado se establece una multa de Bs. 200 a cada Vocal signatario y de Bs.100 para la juez a quo, a ser descontados por habilitación.

Para sorteo y resolución del presente proceso, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, según convocatoria de fs. 160 y vlta. de obrados.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo .Dra. Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Proveido. Dra. Gladys Segovia García