SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº P-3-08-S

AUTO SUPREMO Nº 31 Sucre, 24 de junio de 2009

DISTRITO: Pando Proceso: Ordinario Civil

Partes: Elena Melgar de Justiniano c/ Rene Eduardo Leverenz M.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación promovido por Petter Alex Pardo Paniagua en representación de René Eduardo Leverenz Melena a fs. 295-296, contra el Auto de Vista No. 16 de 1 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social del Niño Niña y Adolescente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, en el proceso ordinario sobre reivindicación de derecho propietario y nulidad de escritura seguido por Delzuith Martínez Vda. de Melgar, representada por Elena Melgar de Justiniano y otras, contra el recurrente, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que el 10 de enero de 2008, el Juez de Partido en lo Civil de la ciudad de Cobija pronunció la Sentencia No. 04/08 cursante a fs. 271-276 vta., declarando probada en parte la demanda planteada a fs. 14, subsanada a fs. 38, e improbada la reconvención de fs. 44-45 vta., sin costas por ser proceso doble. En consecuencia, determinó que el demandado en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia, reivindique a la demandante el terreno despojado ubicado en la zona Km. 5 carretera Cobija - Porvenir, Distrito 5, Manzana 510, Predio 04, con una extensión de 8.8918 hectáreas conforme el plano de fs. 92. Asimismo, determinó que estando demostrada la anulabilidad del documento privado de transferencia contenida en la Escritura Pública No. 716/2005 de 24 de noviembre, dispuso la reducción de la extensión del predio matriculado en el folio real No. 9011010002723, conforme el informe pericial de fs. 92, a cuyo fin ordenó la emisión de la provisión ejecutoria respectiva.

Deducida la apelación por el demandado perdidoso, la Sala Civil, Familiar, Social, del Niño, Niña y Adolescente del Distrito Judicial de Pando, mediante Auto de Vista No. 16 de 1 de abril 2008 (fs. 289-290), confirmó totalmente la sentencia apelada con costas en ambas instancias, motivando con ello la interposición del recurso de casación en el fondo en el que denunció la interpretación errónea del art. 951 del Código Civil (CC), habida cuenta que la demanda fue presentada por nulidad de documento y no por anulabilidad, lo que implica la violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil (CC), porque no se falló conforme los puntos demandados. Agrega, que existe error de hecho en la apreciación de la prueba documental, porque las demandantes no presentaron la declaratoria de herederos inscrita en derechos reales, consiguientemente no demostraron derecho propietario alguno contraviniendo el art. 1538-III del CC.

Finalmente, denunció la interpretación errónea del art. 556 y 1497 del Código Civil, toda vez que la demandante tenía 5 años para demandar la anulabilidad del documento y, la prescripción puede oponérsela en cualquier estado de la causa como dispone el art. 1497 del citado sustantivo civil, con lo que concluyó solicitando se case el auto de vista, se deje sin efecto la sentencia y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que haciendo uso de la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, éste Tribunal arriba a las siguientes conclusiones:

Desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el punto de vista del deber ser jurídico, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. El Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser congruentes, lógicas y claras, no solo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos. La motivación de las resoluciones judiciales, entraña en el fondo una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.

Los preceptos legales que sustentan las afirmaciones anteriores, están consignados en los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil, que además exigen de los juzgadores, que la problemática sometida a su conocimiento sea efectivamente resuelta a través de decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o reconvención, sobre las excepciones opuestas y declarando el derecho de los litigantes.

En este contexto, es menester señalar que el art. 951 del CC, regula sobre la nulidad, anulabilidad o falsedad de documentos determinando con precisión los casos en los que uno u otro de los institutos jurídicos citados es el aplicable, en tanto que el art. 190 del CPC, regula sobre los requisitos de los que debe estar investida la sentencia de primera instancia, señalando que debe contener decisiones expresas, positivas y precisas, que recaigan sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuera la verdad por las pruebas del proceso, absolviendo o condenando al demandado.

Del mismo modo, corresponde dejar establecido que, mientras lo nulo carece de vida jurídica, es inconfirmable e insubsanable, lo anulable surte efectos en tanto y en cuanto no se demuestre la existencia del vicio que lo invalide; de ahí que las causas para establecer la nulidad y anulabilidad no son las mismas y son taxativas, de modo tal, que deben ser verificadas judicialmente para su declaración, ya que ninguna de estas acciones opera "ipso jure" u "ope legis", sino, ambas requieren de declaración judicial conforme establece el art. 546 del Código Civil, siendo imprescriptible la primera y prescriptible la segunda, destacando además, que tales institutos son antitéticos, contrarios y se excluyen entre sí, no pudiendo aplicarse tampoco la alternabilidad de las acciones por prohibición del art. 328 del código adjetivo de la materia, que dispone que en una demanda pueden plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a la competencia del mismo juez.

CONSIDERANDO III: En la especie, los datos que informan al proceso dan cuenta que la demanda fue presentada por reivindicación y nulidad de documento de compraventa conforme consta en el memorial de fs. 13-14 vta. de obrados, así también se advierte en el auto de relación procesal de 24 de julio de 2007, fs. 48 vta., en el que el a quo estableció como punto de hecho a probar "la nulidad del documento de compraventa del demandado René Eduardo Leverenz Melena, otorgado por el transferente Juan Ferreira Filgueira, por las causales previstas en el art. 951 del Código Civil" (sic).

Por otro lado, en correspondencia con lo anteriormente afirmado, en la sentencia de primer grado se verifican las mismas circunstancias, es decir, que se presentó la demanda por reivindicación de derecho propietario y nulidad de documento de transferencia respecto del ex predio agrícola "Maravilla", empero, en la parte dispositiva de dicha resolución injustificadamente, sin motivación alguna el a quo falló declarando probada la anulabilidad del documento privado de transferencia contenido en la escritura pública No. 716/2005 de 24 de noviembre, que a la postre fue confirmada por el tribunal de apelación, que no reparó en el cambio realizado por el a quo del instituto jurídico de nulidad al de anulabilidad, soslayando que se tratan de cuestiones jurídicas diferentes como se tiene dicho, lo que implica que dicha resolución es incongruente habida cuenta que la congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre si, consiguientemente, dicho fallo está viciado de nulidad.

En el marco de los antecedentes expuestos, es evidente que las resoluciones de grado son incompletas e incongruentes y no responden a los principios dispositivo y de exahustividad recogidos en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 190 del CPC, norma procesal de ineludible cumplimiento por el orden público que reviste, extrañándose además la adecuada motivación por lo que es pertinente fallar aplicando lo previsto en el art. 252 del adjetivo civil citado.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 58-1. de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 269 inclusive, disponiendo que el a quo, previo decreto de autos, sin espera de turno pronuncie nueva sentencia observando los principios aludidos en la presente resolución.

No siendo excusable la omisión en que incurrieron tanto el a quo como los Vocales signatarios del auto de vista, se les impone la multa de Bs. 100 y 200 respectivamente, que serán descontados por planilla a favor del Tesoro Judicial.

Para sorteo y resolución del proceso, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, según convocatoria de fs. 322 de obrados.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra, Rosario Canedo Justiniano

Proveido. Dra. Gladys Segovia Garcia