SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº C-01-06-S

AUTO SUPREMO Nº 30 Sucre, 24 de junio de 2009

DISTRITO: Cochabamba Proceso: Ordinario Civil

Partes: Jaime Mendoza Zapata c/ Luis Carlos Trigo Talavera.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 179 Vlta. interpuesto por Luis Joaquín Trigo Torrico y Luis Carlos Trigo Talavera contra el Auto de Vista de fs. 171-172, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba dentro del proceso ordinario de reivindicación seguido por Jaime Mendoza Zapata contra los recurrentes; la respuesta de fs. 185 a 187, el auto que concede el recurso de fs. 187 vlta., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Jueza de Partido de Sacaba pronunció la sentencia de fs. 136 a 139 en 24 de mayo de 2002, por la que declaró probada la demanda de fs. 17 e improbada la reconvención de fs. 33; declarando el mejor derecho propietario de Jaime Mendoza Zapata sobre el terreno ubicado en la zona Quintanilla, de 300 metros cuadrados, registrado a fs. y Partida 652 del Libro Primero de Propiedades de la Provincia Chapare en fecha 12 de abril de 1991; disponiendo la entrega del lote más el pago de daños y perjuicios y, asimismo, sin valor legal la transferencia efectuada por Víctor Castellón Almendras a favor de Luís Carlos Trigo Talavera, salvando los derechos de este último para que los haga valer contra quien corresponda; sin costas.

Apelada la sentencia por los demandados, Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por auto de vista de fs. 171-172, pronunciada en 19 de octubre de 2005, la confirma; con costas.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo que se pasa a analizar.

En la forma. Argumentan lo siguiente:

1. La nulidad del proceso hasta la admisión de la acción reconvencional porque ésta no cumple con los requisitos del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, que el juez debió haber ordenado se subsane la demanda reconvencional en aplicación de los arts. 333 y 350 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo infringiendo los mismos la admite pero no corre en traslado al demandante, siendo anómala y oficiosamente respondido por el actor. Continúan diciendo que el juez tampoco pidió el cumplimiento de la Circular Nº 035/94 de agosto de 1994 emitido por la Sala Plena de la Corte Superior, cuya aplicación es obligatoria. Lo peor -dicen- es que la resolución de segunda instancia confunde al demandante con los demandados ya que en el recurso de apelación se pidió el cumplimiento de la Circular 358/2000 (seguramente se refiere a la ya citada Circular Nº. 035/94) por los demandados y reconvencionistas y no así por el demandante. Finalizan este punto afirmando que el tribunal superior al confirmar la sentencia, permitió el trámite defectuoso del proceso, incumpliendo su deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, por lo que corresponde anular de oficio el proceso hasta fs. 46 vlta.

2. Arguyen la nulidad de la sentencia por pérdida de competencia, porque a fs. 133 cursa el proveído de "Autos para sentencia", sin embargo a solicitud del demandante nuevamente decreta "autos citadas las partes para sentencia" sin que previamente hubiere dejado sin efecto el anterior proveído, y aplicando la lógica jurídica -expresan- el cómputo del plazo de los cuarenta días fijado por el art. 204-I inc. 1) del Código de Procedimiento Civil debe efectuarse necesariamente desde el primer decreto de autos de 22 de octubre de 2001, razón por la que la sentencia de 24 de mayo de 2002 ha sido dictada fuera del plazo.

3. Refieren que la sentencia al anular la escritura de Luís Carlos Trigo Talavera resuelve un aspecto no demandado y otorga más de lo pedido, en forma ultra petita, ya que el actor no demanda la nulidad de dicha escritura, extremo que no fue reparado por el tribunal de alzada. También afirman que el tribunal de alzada no analiza ni se pronuncia positiva o negativamente respecto a la prescripción quinquenal contenida en la acción reconvencional.

4. Afirman que el auto de vista carece de fundamentación y motivación respecto de la convalidación de la defectuosa demanda reconvencional y de la pérdida de competencia, irregularidad procesal -dicen- que por sí sola vulnera el principio de motivación de una resolución judicial, puesto que la parte que alega algo tiene derecho a conocer las razones y motivos por los que la pretensión fue negada, y que con esa actuación se han lesionado el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.

Finalizan solicitando la anulación del auto de vista de fs. 171-172, hasta que se dicte nuevo auto debidamente fundamentado y motivado, respecto a todos los puntos apelados en estricta aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo. Acusan:

1. Error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de cargo, ya que la misma fue ofrecida fuera del plazo legal al haber sido presentada con anterioridad a la vigencia del plazo probatorio y al no haber sido ratificada en plazo hábil fue desestimado parcialmente por la jueza de primera instancia pero admitido legalmente por el tribunal de alzada pese a su ilegalidad.

2. Que el auto de vista se funda en la posesión y deslinde seguidos contra José Víctor Castellón y no así contra los demandantes (hoy recurrentes), por lo que la sentencia de deslinde carece de valor respecto a ellos.

3. Que la prueba de descargo fue completa y absolutamente ignorada.

4. Finalmente, dicen que el co-demandado Luis Carlos Trigo Talavera es comprador de buena fe del lote de terreno de 200 metros cuadrados de extensión, efectuada a José Víctor Castellón Almendras, y que el hecho de que el título de aquél hubiese sido anulado no puede ocasionarle perjuicios después de tantos años de posesión y haber ejercido del derecho propietario construido sobre dicho lote, valor de las construcciones que sobrepasa el valor del terreno.

CONSIDERANDO II: Resumidos de esa manera los fundamentos del recurso, corresponde ingresar a su análisis en confrontación con los antecedentes y actuados que cursan en el proceso y las normas legales aplicables al caso; primero en cuanto al recurso de casación en la forma se refiere, para luego, de no ser evidentes las causales de nulidad acusadas, ingresar recién al recurso de casación en el fondo. En ese entendido tenemos:

A) En cuanto al recurso de casación en la forma.

1. En lo referente a este punto, los recurrentes olvidan que el Principio de Protección establece que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza; en otras palabras, que quien argumenta una nulidad no puede ser quien haya dado lugar al acto que luego acusa de nulo.

En consecuencia los recurrentes, que fueron quienes a fs. 33-35 formularon la demanda reconvencional sin cumplir con la Circular Nº 035/94 que mencionan, no pueden ahora pretender la nulidad de obrados en base a sus propias faltas o inobservancia, arguyendo que su propia demanda reconvencional no cumple con los requisitos establecidos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil y que el juez debió haber ordenado el cumplimiento de dicha circular.

2. En lo que hace a la supuesta nulidad de la sentencia por pérdida de competencia del juez, si bien es evidente que a fs. 133 cursa el proveído de "Autos para sentencia" de fecha 22 de octubre de 2001 y a fs. 134 nuevamente se decreta "autos citadas las partes para sentencia", no es menos evidente que la primera fue emitida por Jorge Arce Ferrufino, que en aquél momento ejercía la función de Juez de Partido de Sacaba y que al parecer dejó de ejercer el cargo, por cuya razón, posteriormente, la segunda providencia de "autos" fue dictada por Vilma Zambrana Polo, que a la fecha 11 de mayo de 2002 era quien estaba en ejercicio del cargo de Juez de Sacaba, eso por una parte; por otra, desde esta segunda providencia de "autos", de 11 de mayo, emitida por la nueva Juez de Sacaba, sólo transcurrieron trece (13) días hasta la emisión de la Sentencia de fs. 136 a 139 es decir, sobradamente, dentro del plazo establecido por el art. 204-I inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

A lo anterior hay que agregar que la pérdida de competencia, conforme está establecido por la uniforme jurisprudencia, es de carácter personal, es decir que quien pierde la competencia es el juez y no el juzgado. En ese entendido, el primer juez que emitió la primera providencia de "autos", Jorge Arce Ferrufino, evidentemente pudo haber perdido competencia, empero él no pronunció la sentencia; mientras que la Juez Vilma Zambrana Polo, su sucesora, a fin de regularizar procedimiento decretó nuevamente "autos" para resolución, si pronunció la sentencia dentro de término legal, y si bien puede considerarse anómalo este segundo decreto de "autos", debe tomarse en cuenta que como nueva Juez a cargo del Juzgado de Partido de Sacaba, tenía la obligación de dar seguridad y certeza a las partes de los plazos procesales a los cuales estaban sometidos sus actos y permitir de parte de ellas el control correspondiente, para lo cual, como hizo en el caso de autos, debió fijar un nuevo punto de partida de cómputo del plazo para el pronunciamiento de una sentencia que en su momento no fue emitida por su antecesor.

3. Respecto a la acusación de que la sentencia se constituye en ultra petita y otorga más de lo pedido al anular la escritura de Luís Carlos Trigo Talavera, aspecto no demandado y no reparado por el tribunal de alzada, éste Tribunal, luego del análisis del memorial de demanda de fs. 17-18, llega fácilmente a concluir que evidentemente el demandante, al promover su demanda, no contempló dentro de ella la pretensión de que se declare sin valor legal el documento de transferencia efectuada por José Víctor Castellón Almendras a favor de Luis Carlos Trigo Talavera; aspecto que tampoco formó parte del auto de relación procesal de fs. 55 vlta., ni de los puntos de hecho a probar. Pero eso no es todo, tal como los mismos recurrentes lo hacen notar, la parte resolutiva de la sentencia es contradictoria en sí misma al declarar "sin valor legal la transferencia efectuada por José Víctor Castellón Almendras, sobre aquél terreno, a favor de Luis Carlos Trigo Talavera, registrada a fs. Y Ptda. 1914, por haberse determinado que corresponde a otro lote, por lo que el perdidoso puede hacer valer sus derechos contra quien corresponda" (las negrillas y subrayado es nuestro).

Como se puede apreciar, inmediatamente después de dejar sin valor legal el documento de transferencia realizado a favor del demandado Luís Carlos Trigo Talavera, la juez reconoce que dicho documento corresponde a otro lote de terreno y deja librado el derecho del comprador para hacerlo valer en la vía correspondiente, entrando en franca contradicción con su propia decisión y olvidando, además, que ella no tenía facultad legal alguna para asumir la determinación de dejar sin efecto un documento de transferencia que, como ella misma lo reconoce, corresponde a un lote de terreno diferente al que mediante el presente proceso se pretende reivindicar.

Aquella decisión, si bien no fue apelada por los recurrentes en el momento procesal oportuno, no da lugar sino a la nulidad de oficio prevista por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil toda vez que, aparte de constituir una sentencia ultra petita, deja al co-demandado Luís Carlos Trigo Talavera en indefensión respecto a su derecho propietario sobre el lote de terreno que adquirió de José Víctor Castellón Almendras, pues, precisamente, es en base a dicho documento que éste podrá hacer valer ese su derecho propietario frente a terceras personas o, en su caso, frente al mismo vendedor; situaciones jurídico-legales que deberán ser dilucidadas necesariamente en otro juicio y de ninguna manera en el que nos ocupa.

La circunstancia precedentemente anotada contiene infracciones que interesan al orden público, porque limita el derecho al debido proceso y la legítima defensa que asiste a Luís Carlos Trigo Talavera, cuya reparación no puede darse por otro medio que no sea la nulidad de la sentencia, a fin de que se emita una nueva que se adecue al principio de congruencia, es decir, que responda a la demanda, la respuesta, la reconvención si la hubiere y las excepciones opuestas; principio procesal que se encuentra contenido en las previsiones establecidas en los arts. 190 y 192-3) del Código de Procedimiento Civil, que de manera específica imponen que la sentencia debe contener decisiones precisas, concretas y positivas, recayendo sobre las cosas litigadas en la medida en que hubieren sido demandadas y probadas por las partes.

Por lo expuesto precedentemente, ya no tiene mérito alguno ingresar al análisis de los demás argumentos de forma o de fondo contenidos en el recurso.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en los arts. 15 y 58 numeral 1. de la Ley de Organización Judicial y 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA la sentencia de fs. 136 a 139 de obrados y dispone que el Juez de la causa, sin esperar turno, dicte nueva sentencia observando lo establecido por los arts. 190 y 192-3) del Código de Procedimiento Civil. Sin responsabilidad por ser excusable

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 202, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano Presidenta de la Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido, Dra, Gladys Segovia Garcia