SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Sc-07-06-S

AUTO SUPREMO Nº 28 Sucre, 24 de junio de 2009

DISTRITO: Santa Cruz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Elsa Velarde Menacho c/ Anadela Rosales Agreda y otra.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de nulidad y casación deducido por Elsa Velarde Menacho a fs. 236-243, contra el Auto de Vista No. 444 de 30 de julio de 2005, cursante a fs. 233-234, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contrato, cancelación de inscripción en derechos reales, pago de daños y perjuicios y mejor derecho propietario, seguido por la recurrente contra Anadela Rosales Agreda y Dolly Zambrana de Rosales, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso referido, el 8 de octubre de 2004 el Juez Octavo de Partido Ordinario en materia Civil y Comercial de la Capital -en suplencia legal-, pronunció la Sentencia No. 109 cursante a fs. 203-207 vta., declarando improbada tanto la demanda principal de fs. 12-13 así como la reconvencional de fs. 17 y vta., opuesta por Anadela Rosales Agreda sobre pago de daños y perjuicios. Por otro lado, declaró probada la demanda reconvencional de Dolly Zambrana Durán de fs. 54-58 en cuanto se refiere al reconocimiento de su mejor derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis y la inexistencia de derechos de la demandante, e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios. Sin costas por ser juicio doble.

Deducida la apelación por el apoderado de la demandante Mariano Medina Calderón, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista No. 444 de 30 de julio de 2005, confirmó la sentencia apelada sancionando con costas en ambas instancias al apelante, motivando con ello la interposición del recurso de nulidad y casación a fs. 236-243 cuyo compendio es el siguiente:

Recurso de nulidad en la forma (sic): denuncia que el tribunal de apelación no cumplió con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y que vulneró el art. 222 del Código de Procedimiento Civil (CPC), habida cuenta que a fs. 230 solicitó se notifique al Ministerio Público y a la FELCN a consecuencia de las confesiones de las demandadas en relación a la ocultación de bienes por narcotráfico en el inmueble objeto de la litis, circunstancia que conlleva la vulneración del art. 222 del CPC.

Por otro lado, denunció la vulneración del art. 198 del CPC, porque sin que exista pedido de parte el tribunal de apelación confirmó la sentencia condenándole con costas en ambas instancias. Asimismo, que se violó el art. 236 del mismo compilado civil por cuanto no existe constancia alguna de la actuación del Juez Octavo de Partido en lo Civil que pronunció la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que a fs. 201 y 202, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil firmó proveídos a consecuencia de la acefalía del Juzgado Sexto de Partido.

Recurso de casación en el fondo: aduce que presentó la demanda al amparo de los arts. 549-3), 552, 984 y 1558-3) del Código Civil (CC), adjuntando la prueba correspondiente respecto de la compra del inmueble objeto de la litis y que al tratar de registrarlo en derechos reales se enteró que el mismo había sido transferido a Dolly Zambrana de Rosales el 21 de agosto de 2002, luego de dos años, incurriendo en acto ilícito que no consideró el tribunal de apelación al confirmar la sentencia de primera instancia aplicando indebidamente el art. 1545 del CC, ya que las demandadas sabían de la venta efectuada a su persona, adecuando su conducta al art. 549-3) del CC. Asimismo, señala que existe error de derecho en la apreciación de la prueba citando las de fs. 1-11, la contestación y reconvención de Anadela Rosales Agreda, la confesión provocada de fs. 168-169, la declaración informativa de fs. 67 prestada por Dolly Zambrana de Rosales el 4 de junio de 2003, la documental de fs. 24-28, 63-64, 114-115. 97 a 119, 125-127, a cuya consecuencia denunció la vulneración de los arts. 7-a), 14, 16-IV, 19 y 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), 395, 396, 190, 191, 192 y 397 del CPC, 549-3), 552, 984 y 1558-3) del CC.

Concluye solicitando se anulen obrados hasta fs. 201 vta., y en el fondo se case el auto de vista declarando probada su demanda e improbada las reconvenciones.

CONSIDERANDO II: A efectos de resolver la acción extraordinaria en análisis, conviene señalar que el recurso de casación en la forma se dirige a invalidar una resolución o el proceso dentro del que se ha dictado aquella, cuando hubiere sido pronunciada o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y, de acuerdo con la doctrina, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley.

Por estas razones y a efectos de determinar la nulidad de un proceso, se deben tener en cuenta principios esenciales como el de especificidad o legalidad, en cuya virtud rige la máxima "pas nullité sans texte" (no hay nulidad sin ley específica que la establezca). Es decir, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; ella debe ser expresa, específica, debe estar prescripta por ley.

Por otro lado, se debe considerar el principio de la finalidad del acto, en virtud del cual, el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado, no procediendo por lo tanto su nulidad, así también, el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio), en cuya virtud no es posible admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, sino debe probarse que el vicio formal acarreó un perjuicio cierto e irreparable a las pretensiones de alguna de las partes, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad.

De igual modo, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que, los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad del procedimiento por no haber activado oportunamente ese derecho. En concordancia con este principio, la norma del artículo 258.3) del Código de Procedimiento Civil, determina que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del adjetivo civil.

De otro lado, corresponde señalar que la finalidad del recurso de casación en el fondo, es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente, razón por la que se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del CPC, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, puesto que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación.

En efecto, el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba emerge de la reconstrucción de los hechos (verdad histórica) y en la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia (sana critica), cuando se hubiese otorgado a la misma un valor diferente al que ella representa; o se le haya restado el valor que la ley le otorga de tal modo que genere una evidente injusticia.

CONSIDERANDO III: En la especie, analizados los datos del proceso en función de las denuncias vertidas en el recurso que se resuelve, se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Sobre el recurso de casación en la forma: En cuanto a la vulneración del art. 222 del CPC, por que no se notificó al Ministerio Público y a la FELCN a consecuencia de las declaraciones formuladas por las demandadas en sus declaraciones, corresponde señalar que esta omisión no constituye causal de casación en la forma en el marco de lo previsto por el art. 254 del adjetivo civil, por cuanto dicha norma regula sobre el derecho de cualquier persona a recurrir de apelación contra la sentencia que le cause perjuicio evidente, circunstancia que no se aprecia en el caso de autos y que, en todo caso, la notificación extrañada no es un acto determinante para la resolución del proceso y puede ser cumplida una vez retornen los antecedentes al juzgado de origen, siendo evidente que no afecta la tramitación de la causa ni vulnera derechos fundamentales, menos garantías constitucionales.

Respecto de la vulneración del art. 198 del CPC, porque el ad quem le sancionó con costas en ambas instancias, corresponde señalar que la denuncia formulada por la recurrente es imprecisa pues, dicho precepto cuenta con tres parágrafos que no fueron especificados por el denunciante, además, de acuerdo a las formas de resolución y costas que contiene el art. 237-I del CPC, cuando el auto de vista es confirmatorio total -como en la especie- se impone costas en ambas instancias, conforme adecuadamente determinó el tribunal de apelación, sin que sea evidente las denuncias esgrimidas en la acción extraordinaria de forma que se analiza por cuanto carecen de respaldo jurídico.

Por otro lado, la violación del art. 236 de Código de Procedimiento Civil, implica que el tribunal de apelación no se pronunció con la debida pertinencia sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación. En ese orden, el recurrente tiene la obligación de identificar con precisión los puntos que apeló y que no fueron resueltos por el tribunal de alzada, circunstancia que no se advierte en el presente caso, toda vez que el aludido tribunal de alzada justificó en el último considerando de su resolución de vista, la intervención -en suplencia legal- del Juez Octavo de Partido en lo civil a consecuencia de la acefalía del juzgado sexto, circunstancia que halla correspondencia con lo previsto en el art. 135 de la Ley de Organización Judicial y que no constituye vicio procesal que de lugar a la anulación de la causa como equívocamente solicita la recurrente.

En definitiva, las denuncias formuladas en el recurso no son suficientes para determinar la anulación del proceso, habida cuenta la consideración de los principios de trascendencia, preclusión, especificidad o legalidad, entre otros, glosados en el anterior considerando.

2.- Sobre el recurso de casación en el fondo: De acuerdo a lo establecido por el art. 549-3) del CC, que constituye la base legal sobre la que se presentó la demanda, el contrato será nulo por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, consiguientemente, en la nulidad, la causa es la violación de un precepto legal, por ello, quien demanda la nulidad del contrato al amparo de esta norma, deberá tener bien en claro cuál es aquel acto ilícito que motivó a los contratantes a pactar una determinada transacción, caso en el que corresponderá, ni duda cabe, la declaratoria de nulidad de dicha transacción.

En la especie, analizadas las resoluciones de los juzgadores de grado así como los antecedentes acumulados, se advierte que dentro del acervo probatorio no existen elementos de juicio que categóricamente impliquen la existencia de un acto ilícito que propició la venta del inmueble objeto de la litis, realizada por Anadela Rosales Agreda en favor de Dolly Zambrana Durán de Rosales, por el contrario, de la documental de fs. 25-26, se evidencia que entre las referidas contratantes mediaba un compromiso de venta con pacto de rescate celebrado en el marco de lo previsto por el art. 641 del CC, donde la mencionada Dolly Zambrana Durán, propietaria primigenia del inmueble objeto del litigio, transfirió éste a Anadela Rosales Agreda con la condición de recuperarlo posteriormente, circunstancia que se concretó con esta nueva venta, concluyéndose en definitiva que no existe un acto ilícito en pos del cual se pueda sustentar la declaratoria de nulidad de esta transferencia.

Bajo estas premisas, no es evidente que se haya vulnerado el art. 549-3) del CC, en relación a los arts. 552, que regula sobre la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, art. 984 que dispone el resarcimiento por hecho ilícito y art. 1558-3) que regula sobre uno de los casos en los que procede la cancelación del registro en los asientos respectivos, todos del Código Civil, aspectos coherentemente considerados por los de instancia que realizaron una adecuada compulsa y valoración de la prueba.

A lo expuesto, es pertinente agregar que en virtud a lo dispuesto por el art. 1545 del CC, que para mayor ilustración se transcribe: "Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título". En la especie, la demandada Dolly Zambrana de Rosales registró con anterioridad a la demandante su título propietario, por lo que es correcta la aplicación del precepto glosado, conforme también con el criterio desarrollado por los de instancia, emergente de la adecuada valoración de la comunidad probatoria, con las facultades que les confieren los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, apreciando la prueba en su conjunto, de acuerdo a la tasación que les otorga la ley y las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, comprendiendo con Couture, "que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas", valoración incensurable en casación, máxime si el recurrente no demostró el error de derecho en su valoración.

Consiguientemente, corresponde fallar conforme con los arts. 271-2) y 273 del CPC.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad y casación de fs. 236-243. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Para sorteo y resolución, conforme convocatoria de fs. 252, interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidenta de la Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Caneo Justiniano

Proveido. Dra. Gladys Segovia Garcia