SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº LP-115-06-A

AUTO SUPREMO Nº 27 Sucre, 19 de junio de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Néstor Coronel Chávez c/ Banco Económico S.A.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación de fs. 176-179 interpuesto por Jaime Nestor Coronel Chávez y Luisa Edith Silva de Coronel, contra el Auto de Vista Nº D-099/2005 de 5 de agosto de 2005 de fs. 172, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de cláusula contractual y proceso coactivo seguido por los recurrentes contra el Banco Económico S.A.,los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Resolución Nº 204/03 de 17 de junio de 2003 cursante a fs. 128, declarando probada la excepción de cosa juzgada opuesta como previa por el Banco Económico S.A., a fs. 90-91, con costas.

Que, en grado de apelación deducida por los demandantes, mediante Auto de Vista Nº D-099/2005 de 5 de agosto de 2005 de fs. 172, se confirma la resolución apelada de 17 de junio de 2003, con costas, de conformidad al art. 237-I-1) del Cód. Pdto. Civ.

Contra la referida resolución de vista Jaime Coronel Chávez y Luisa Edith Silva de Coronel, al amparo de los arts. 250 y 254 del Cód. Pdto. Civ., interponen el recurso de casación en la forma de fs. 176-179, acusando violación del art. 490 del Cód. Pdto. Civ., y 50 parágrafo II de la Ley 1760, expresando, en síntesis, que el término para promover la acción ordinaria corre a partir de la ejecutoria de la sentencia y no así de la notificación con el auto de vista, porque sólo la sentencia es el actuado judicial que se debe ejecutar, de ahí que el Tribunal de alzada viola las formas esenciales del proceso porque rehuye computar el plazo de los 6 meses a partir de la notificación con la formula sacramental del "cúmplase", que es el punto de arranque para ejecutar la sentencia y momento desde el cual recién corre el plazo para ordinarizar un proceso coactivo civil como el de la especie, como declara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su uniforme jurisprudencia.

Concluye solicitando que el Supremo Tribunal anule obrados hasta el auto definitivo de fs. 128, inclusive, usando de la facultad otorgada por el art. 252 del Cód. Pdto. Civ. Y, deliberando en el fondo, declare improbada la excepción de cosa juzgada, disponiendo la prosecución de la causa hasta su conclusión; sea con imposición de multa al Tribunal de alzada.

CONSIDERANDO II.- Que, la Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, entre los "procesos de ejecución" contenidos en el Libro Tercero del Cód. Pdto. Civ., ha incorporado en su art. 48, el proceso coactivo civil que procede en el caso de obligaciones de pago de suma líquida y exigible sustentadas en títulos de crédito hipotecario y prendarios debidamente inscritos, en los que el deudor renuncia expresamente a los trámites del proceso ejecutivo; la celeridad de su trámite se infiere del procedimiento establecido en el art. 49, quedando en el art. 50-III) salvado el derecho de las partes a promover demanda ordinaria en la forma prevista en el art. 490 del Cód. Pdto. Civ., modificado a su vez por el art. 28 de la precitada ley de abreviación procesal civil.

Que el art. 28 de la Ley Nº 1760 sustituye el art. 490 del Cód. Pdto. Civ., disponiendo que la ordinarización, en éste caso del coactivo civil, se tramitará por separado ante el Juez de Partido una vez ejecutoriada la sentencia en el plazo de seis meses, vencido el cual caducará el derecho a demandar la revisión del fallo.

Que el cómputo de los seis meses que franquea la ley para ordinarizar el fallo de un proceso coactivo civil, como el que sirve de base a la presente causa, se inicia una vez ejecutoriada la sentencia, hecho que se opera cuando se da cualquiera de los casos previstos en el art. 515 del Cód. Pdto. Civ., que a la letra dice: "Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la Ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2) Cuando las partes consintieran expresa o tácitamente en su ejecutoria". Es decir que, en las circunstancias anotadas, no es necesaria la declaratoria expresa de tal ejecutoria porque se produce por imperio de la ley (ope legis), sin necesidad de declaración judicial.

Que, en el marco legal antes citado, queda claro que la ejecutoria de la sentencia en el caso de autos no se opera a partir de la notificación con el decreto de "cúmplase", que los recurrentes dicen acreditar con las literales de fs. 27 vta. y 28, que en todo caso constituye la primera providencia de ejecución de sentencia y es el inicio de la última fase del proceso, de donde la notificación con dicho actuado es irrelevante para el cómputo del plazo de seis meses, sujeto a caducidad, previsto para ordinarizar el proceso coactivo civil, advirtiéndose entonces que la ejecutoria se efectiviza, en este caso, con la notificación con el auto de vista de 20 de febrero de 2002 que, conforme consta a fs. 57, tuvo lugar en 15 de marzo de 2002 y la interposición de la presente acción el 18 de octubre de 2002, como se evidencia del cargo de presentación de fs. 33 vta.

Que, asimismo, el cómputo del plazo de los seis meses previstos en el art. 490 del Cód. Pdto. Civ., modificado por el art. 28 de la Ley Nº 1760, es ininterrumpido, consecuentemente es irrelevante para el cómputo del plazo, sujeto a caducidad, la existencia de la vacación judicial, pues esta sólo suspende los plazos procesales de juicios que ya están en trámite; debiéndose, además, tener presente que por imperio del art. 1517 del Cód. Civ. la caducidad sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho, en este caso de acudir en la vía ordinaria. (A.S. Nº 121 de 27/4/2005).

Que, finalmente, por el principio de preclusión que rige en la tramitación de los procesos, cualquier acto procesal que no hubiera sido oportunamente impugnado se convalida por consentimiento de las partes, dando lugar a la prosecución del trámite como sucedió en la especie, por cuanto, los recurrentes respondieron sin objeción alguna al traslado de fs. 126 vta., como se verifica a fs. 127, oportunidad en la que no reclamaron ni probaron sobre la presentación tardía del memorial de fs. 90-91, resultando ahora extemporánea su reclamación; como también extemporáneo el reclamo sobre la notificación con el auto de vista, forma de notificación contra la que no se interpuso la impugnación que correspondía a objeto de dejarse sin efecto en la instancia correspondiente.

Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas corresponde resolver el recurso planteado dando aplicación a la previsión de los arts. 271-2) y 273, del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 176-179, con costas.

No se regula el honorario profesional de abogado por no haber sido respondido el recurso.

Para sorteo y resolución, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidenta de la Sala Civil Primera, según convocatoria de fs.187 de obrados.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Proveido. Dra. Gladys Segovia García.