SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº CH-37-06-S

AUTO SUPREMO Nº 22 Sucre, 29 de mayo de 2009

DISTRITO: Chuquisaca Proceso: Divorcio

Partes: Cleto Romero Torrez c/ Marina Tufiño Arancibia

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo promovido por Cleto Romero Torrez a fs. 266-268, contra el Auto de Vista No. SCII-274/2006 de 27 de julio, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso ordinario de divorcio seguido por el recurrente contra Marina Tufiño Arancibia, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que el 8 de mayo de 2006, el Juez de Partido Primero de Familia de la Capital Sucre, pronunció la Sentencia No. 23/2006 cursante a fs. 204-207 vta., aclarada a fs. 214 de obrados, declarando improbada la demanda de fs. 6-7, probada la reconvención de fs. 14-16 vta., sin costas, disponiendo la disolución del vínculo matrimonial cuya partida deberá ser cancelada en ejecución de sentencia. Por otro lado, concedió la guarda de los dos hijos a favor de la demandada para quienes fijó una asistencia familiar de Bs. 450, en tanto que para la madre le asignó Bs. 150 toda vez que no cuenta con los medios suficientes para su subsistencia; asimismo, declaró ganancial la suma de $us 6.000 que corresponde al anticrético registrado en derechos reales sobre una fracción del inmueble ubicado en la avenida "Las Américas" (sic) esquina México del barrio Petrolero, disponiendo también que la división de otros posibles bienes y cargas de la comunidad se resuelvan en ejecución de sentencia, ratificando, finalmente el acta de conciliación de fs. 166 y vta.

Deducida la apelación por el demandante (fs. 219-222), la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, confirmó la sentencia apelada con costas, mediante Auto de Vista No. SCII-274/2006 de 27 de julio (fs. 257-260 vta.

Ante esta decisión, el aludido demandante dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando en el primero, que la demandada no reclamó en la respuesta a la demanda ni en su reconvención la división de los $us. 6.000 correspondiente al anticrético del barrio petrolero, razón por la que no puede formar parte de la relación procesal en mérito a lo dispuesto por los arts. 191 y 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), habiéndose pronunciado una sentencia ultra petita al reconocer la ganancialidad de dicho monto, circunstancia que fue ilegalmente confirmada por el tribunal ad quem desconociendo los alcances del art. 236 del CPC, por lo que corresponde anular obrados hasta que se pronuncie nueva sentencia.

En el recurso de casación en el fondo denunció la violación de los arts. 106-1) del Código de Familia (CF), 519 y 1286 del Código Civil (CC) y 397 del CPC, habida cuenta que la capitulación matrimonial de fs. 60-61 de 16 de julio de 2002, acredita que el anticrético de la casa de la avenida "Las Américas" (sic) esquina México, fue pagado con el dinero obtenido por la venta de un lote de terreno en la población de Presto, el mismo que fue adquirido por el demandante Cleto Romero Tórrez antes del matrimonio celebrado con la ahora demandada, por lo que no es ganancial sino un bien propio por subrogación, circunstancia respaldada por el legajo matrimonial de fs. 233-244 y el documento privado de fs. 245-246, prueba que -según aduce el recurrente- no fue valorada en sujeción al art. 1286 del CC y 397 del CPC, sin que la suscripción del anticrético antes referido en vigencia del matrimonio desvirtúe esta situación, habiendo incurrido el ad quem en error de hecho y de derecho.

Por otro lado, denunció la violación del art. 20 del CF por la asignación de la asistencia familiar a favor de la emplazada, porque ella no está imposibilitada de procurarse los medios propios de subsistencia ya que no presenta incapacidades, o enfermedades que le impidan trabajar.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido declarándose bien propio los $us. 6.000 del anticrético y dejándose sin efecto la asistencia familiar fijada a favor de la demandada.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo, se llegan a las siguientes conclusiones:

1.- Sobre el recurso de casación en la forma: Conforme con nuestra economía procesal, a efectos de determinar la nulidad de un proceso se deben tener en cuenta principios esenciales como el de especificidad o legalidad, de la finalidad del acto, de trascendencia, de convalidación y preclusión, entre otros, teniendo en cuenta asimismo el marco normativo pertinente contenido en los arts. 247 de la Ley de Organización Judicial, 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, sin que esto implique una cita limitativa de preceptos jurídicos, sino simplemente enunciativa.

En la especie, el recurrente denunció la vulneración del art. 236 del CPC, referido a la pertinencia de la resolución emitida al resolver el recurso de apelación, constituido por los agravios expuestos en el recurso de alzada, en el entendido de que la demandada no solicitó en ningún momento la división de los $us. 6.000 que correspondían al anticrético del inmueble ocupado en el barrio petrolero, aduciendo que no forma parte de la relación procesal y que de manera ultra petita se dispuso su división por tratarse de un bien ganancial.

En este contexto y a efectos de dilucidar la denuncia planteada por el recurrente, es menester acudir a lo previsto por el art. 101 del CF que determina que "El matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos", por otro lado, la norma del art. 113 del mismo compilado familiar, establece que los bienes se presumen comunes mientras no se prueben que son propios del marido o de la mujer, de donde se infiere, que el hecho de no haber reclamado la división de un determinado bien al promover una demanda, contestarla o reconvenirla, no implica que posteriormente, hasta en ejecución de sentencia, se solicite su división y partición en el marco de lo estatuido por los arts. 101 al 128 del CF, toda vez que, la consecuencia necesaria de la culminación del vínculo matrimonial es, precisamente, la división y partición de dichos bienes.

En este contexto, la denuncia formulada por el recurrente en el sentido de que se emitió una sentencia ultra petita, por cuanto se determinó la división de $us. 6.000 sin que hubiese sido reclamado, carece de sustento jurídico, pues es lógico comprender, por la presunción establecida en el art. 113 del CF que, una vez determinada la culminación del vínculo matrimonial, se disponga la división de todos los bienes que forman parte de la comunidad de gananciales como aconteció en la especie, habiéndose decretado inclusive en sentencia, que la división de otros posibles bienes y cargas de la comunidad se lo realice en ejecución de sentencia, previa su justificación.

En todo caso, como se puede advertir, no existe mérito alguno para disponer la nulidad del proceso y ordenar el pronunciamiento de una nueva sentencia como solicita el recurrente, toda vez que el fallo de primera instancia fue pronunciado acorde a la normativa relicta a su emisión.

2.- Sobre el recurso de casación en el fondo: las denuncias formuladas a través de esa acción extraordinaria, se circunscriben a dos cuestiones conforme se desarrolla a continuación:

a) La calidad de bien propio por subrogación de los $us. 6.000 de anticrético, producto de la venta de un inmueble en la localidad de Presto, que los de instancia declararon ganancial.

Al respecto corresponde señalar que la segunda parte del art. 113 del CF -que regula sobre la presunción de comunidad-, determina que la confesión o reconocimiento que haga uno de los cónyuges a favor del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes, surte efectos solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados. Por su parte, el art. 106-1) del mismo código -cuya vulneración se acusa- señala que los bienes y derechos que substituyen a un bien derecho propio, son también propios, como los adquiridos con dinero propio o por permuta con otro bien propio.

En este contexto, del análisis de la prueba acumulada al proceso se verifica que a fs. 61 y vta. cursa un documento privado de 16 de julio de 2002, de capitulación matrimonial reconocido en sus firmas y rúbricas, en cuya cláusula cuarta se verifica que el anticrético de la casa que ocupaban en esa fecha, se concretó con el dinero obtenido por la venta de un lote de terreno en la población de Presto, inmueble que fue adquirido por Cleto Romero Tórrez antes de la celebración del matrimonio con la emplazada por lo que no es ganancial.

Esta afirmación, que constituye un reconocimiento voluntario, encuentra el adecuado respaldo fáctico con la documental de fs. 240-241, donde se puede constatar que el demandante antes de contraer nupcias con la demandada, poseía un lote de terreno en la calle Sucre de la Población de Presto, el que fue transferido el 15 de agosto de 2001, de acuerdo al documento privado reconocido en sus firmas y rúbricas de fs. 245-246, aspectos de que no fueron adecuadamente compulsados por los juzgadores de instancia, que soslayaron el reconocimiento hecho por la demandada en el marco de la autonomía de su voluntad, siendo menester dejar establecido que dicha prueba no fue observada o impugnada por la demandada, conforme lo hizo con las otras pruebas de cargo en el memorial de fs. 84-85, lo que redunda en la convicción que asume este tribunal sobre la veracidad de la denuncia formulada en el recurso de casación, que a la sazón constituye motivo para casar en parte de la resolución impugnada.

b) La segunda problemática denunciada en el recurso de casación en el fondo, se refiere a la fijación de la asistencia familiar, cuyo monto asciende a Bs. 600, correspondiendo 450 a los dos hijos y 150 a la madre, hecho último que propició, precisamente la formulación de la acción extraordinaria que ahora se dilucida.

En ese orden, si bien es cierto que las decisiones jurisdiccionales que sobre asistencia familiar asumen los juzgadores no causan estado en tanto y en cuanto pueden ser modificadas en decremento o en incremento, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido en el art. 20 del mismo Sustantivo Familiar, cuya vulneración se acusa, la asistencia sólo puede ser pedida por quien se halla en situación de necesidad y no está en posibilidad de procurarse los medios propios de subsistencia.

Ahora bien, de los antecedentes que informan al proceso, es evidente que la demandada Marina Tufiño Arancibia, si bien es titulada de la carrera de enfermería, a la fecha se encuentra en situación de necesidad y obviamente, por las circunstancias reconocidas plenamente por Cleto Romero Torrez, no está en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia, toda vez que ha dedicado su vida al cuidado de sus dos hijos, lo que le impidió desarrollar su actividad profesional y contar con una fuente de ingresos que solvente sus necesidades.

Consiguientemente, las decisiones asumidas por los de instancia respecto de la asistencia familiar, son correctas y valederas, sin que sea evidente la vulneración del precepto en análisis habida cuenta que el demandante no demostró, conforme exige el procedimiento, que María Tufiño Arancibia cuenta con los medios necesarios no sólo para su subsistencia, sino para la de sus hijos, concluyéndose en definitiva que las denuncias formuladas al respecto son infundadas.

En consecuencia, al haberse demostrado en parte la existencia de errores in judicando en la tramitación de la causa, corresponde fallar aplicando los artículos 271.4) y 274-II) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 58-1. de la Ley de Organización Judicial, CASA en parte el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo determina que los $us. 6.000 utilizados para celebrar el contrato de anticrético en el barrio Petrolero de esta ciudad, es un bien propio de Cleto Romero Torrez por lo tanto no forma parte de la comunidad de gananciales, manteniéndose incólume el resto de las decisiones asumidas en la resolución de vista impugnada.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución, intervienen la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidenta de la Sala Civil Primera y el Ministro Hugo Roberto Suárez Calbimonte, Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda, conforme convocatorias de fs. 289 vta. y de fs.291 de obrados.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares

 

Fdo.- Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra.Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Hugo Roberto Suarez Calbimonte

Proveido. Dra. Gladys Segovia García