SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº O-39-06-S

AUTO SUPREMO Nº 18 Sucre, 19 de mayo de 2009

DISTRITO: Oruro Proceso: Ruptura Unilateral

Partes: Segundina Montalvo Quispe c/ Martin Willy Lima LIma

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en el fondo deducido por Segundina Montalvo Quispe a fs. 143 y vta., contra el Auto de Vista No. 122/2006 de 12 de septiembre de 2006, cursante a fs. 139-140, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre ruptura unilateral de unión conyugal libre o de hecho, seguido por la recurrente contra Martín Willy Lima Lima, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso referido, el 21 de junio de 2006, el Juez de Partido de Familia de la ciudad de Oruro pronunció la Sentencia No. 37/06 de fs. 123-124, declarando improbadas tanto la demanda principal de fs. 10-11, como la reconvencional opuesta a fs. 26. Por otro lado, declaró probada la excepción de falta de acción, derecho e inadmisibilidad opuesta por el demandado a cuya consecuencia dejó sin efecto las medidas provisionales dispuestas a fs. 39. Sin costas.

Deducida la apelación por la demandante, la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista No. 122/2006 de 12 de septiembre, confirmó la sentencia apelada, con costas.

A consecuencia de este fallo, la demandante promovió recurso de casación en el fondo (fs. 143 y vta.), denunciando la violación del art. 169 del Código de Familia (CF) toda vez que la demanda de ruptura unilateral estaba debidamente probada por la prueba testifical y documental que no fueron apreciadas por el ad quem, por lo que solicita se case el auto de vista y se declare probada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hace eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél, disposición legal que guarda relación con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, que impone el carácter de orden público a las normas procesales, de ahí su obligatorio cumplimiento.

En este contexto, es imperioso recordar desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el punto de vista del deber ser jurídico, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. El Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no solo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos. La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible, mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.

Los preceptos legales que sustentan las afirmaciones anteriores, están consignados en los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil, que además exigen de los juzgadores que la problemática sometida a su conocimiento sean efectivamente resuelta a través de decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o reconvención, sobre las excepciones opuestas y declarando el derecho de los litigantes.

CONSIDERANDO III: En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se verifica que el tribunal de primer grado no emitió una sentencia acorde a los fundamentos esgrimidos en el anterior considerando, incumpliendo de esta forma el mandato de los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil toda vez que, sólo se pronunció sobre la ruptura unilateral demandada, la reconvención y la excepción planteada por el demandado, soslayando que dentro del memorial de la demanda se denunció la existencia de bienes que -por la situación en la que se encontraban los ahora litigantes- se reputan como gananciales, habiéndose solicitado la división de los mismos, circunstancia que además forma parte de la relación procesal trabada a fs. 39, en cuyo punto 1.c) se dispuso que la demandante acredite además de los malos tratos de palabra, los "demás extremos anotados en el memorial de la demanda", aspecto que, como se tiene dicho, fue soslayado en el pronunciamiento de la sentencia de primer grado y que no puede quedar irresoluto y sin una definición concreta, situación no advertida por el tribunal de apelación y que corresponde ser enmendada por este tribunal, partiendo del concepto del proceso judicial en general, entendido como el conjunto dialéctico de actos jurídicos procesales realizados por las partes con la finalidad de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses o solucionar una incertidumbre jurídica y conseguir paz social en justicia, cumpliendo así con la finalidad del proceso de conocimiento que se traduce en concretar la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva o, en otras palabras, se solucionen asuntos contenciosos como el de la especie.

En consecuencia corresponde aplicar los arts. 252 y 271.3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial ANULA obrados hasta el decreto de autos de fs. 121 vta. inclusive, disponiendo que el a quo sin espera de turno pronuncie nueva resolución conforme los fundamentos de la presente resolución, bajo conminatoria de sanción administrativa. Sin multa por ser excusable.

Para sorteo y resolución, conforme convocatoria de fs. 151, interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidenta de la Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

 

Fdo.- Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo.- Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveido.- Dra. Gladis Segovia García