SALA CIVL SEGUNDA

Expediente Nº C-53-06-S

AUTO SUPREMO Nº 9 Sucre, 19 de mayo de 2009

DISTRITO: Cochabamba Proceso: Ruptura Unilateral

Partes: Nelida Claros Sandoval c/ Fructuoso Vallejos Lujan

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 169 a 170-170 vlta., interpuesto por Fructuoso Vallejos Lujan, contra el Auto de Vista de fecha 5 de junio de 2006 cursante a fs. 165 - 166, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de ruptura unilateral, seguido por Nélida Claros Sandoval contra el recurrente, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I: Que el Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Cochabamba, emitió la sentencia de fecha 2 de junio de 2005, declarando probada la demanda e improbada la reconvención, consiguientemente declara la ruptura de la unión conyugal libre o de hecho de Fructuoso Vallejos Luján y Nélida Claros Sandoval. Teniendo medios suficientes para subsistir no se fija asistencia familiar para la actora, se dispone la división y partición de los camiones marca Volvo Placa Nº. 992-IRX y Toyota placa Nº 1181-NVK y la línea telefónica Nº 4560179. Asimismo, dispuso que legalizados que sean los documentos e inscritos en Derechos Reales, se proceda a la división y partición de los tres lotes y sus mejoras. En su caso, se hagan las compensaciones mediante peritaje y finalmente se vaya al remate para la partición del 50% para cada uno.

La Sala Civil Primera de la Corte Superior resolviendo el recurso de apelación interpuesto por Fructuoso Vallejos Luján, mediante Auto de Vista de 5 de junio de 2006 cursante a fs. 165- 166 de obrados, CONFIRMA la sentencia de 2 de junio de 2005 cursante en el expediente a fs. 146 -148, con costas de acuerdo al art. 237-1) del Procedimiento Civil.

Contra la referida resolución de segundo grado, Fructuoso Vallejos Luján interpone recurso de casación, acusando la vulneración de los arts. 190 y 236 del Procedimiento Civil, al declarar la ruptura unilateral sin causal alguna y peor ordenar la división y partición de bienes sin acreditar su titularidad, acusa también la vulneración y la mala aplicación de los arts. 158, 159, 169 y 214 parágrafo II) del Código de Familia, y arts. 90, 190, 236 del Procedimiento Civil y el art. 15 de la L.O.J., afirmando que cualquier relación concubinaria para surtir efectos con carácter previo debe ser declarada en forma judicial.

CONSIDERANDO II.- Que ingresando al análisis y revisión de obrados en función del recurso interpuesto, en cuanto a la falta de consideración del recurso de reposición bajo alternativa de alzada, se evidencia que el a quo después de negar la reposición solicitada a fs. 102 por el recurrente, concede la apelación planteada en forma alternativa en el efecto diferido al tenor del art. 24 de la Ley 1760 de Abreviación Civil y Asistencia Familiar, dando aplicación a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley antes referida, la misma que manda imperativamente, que: "La apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservara la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la sentencia definitiva". Esta ultima parte del parágrafo I del art. 25 de la ley 1760, no ha sido cumplida por el recurrente, causando su propia negligencia el rechazo del mencionado recurso por parte del Tribunal ad quem, razón por la que éste Tribunal no encuentra mérito alguno para la casación solicitada.

En relación a la presunta violación del art. 214-II) del Código de Familia, en sentido de que no se puede pretender la ruptura de una relación concubinaria cuya existencia no estaría acreditada por que jamás se declaró judicialmente, corresponde manifestar que éste Tribunal, extraña la apreciación que realiza el recurrente al sostener que, antes de proceder a demandar la ruptura unilateral debe previamente, haberse demandado en proceso sumario el reconocimiento de unión libre o de hecho ante el juez instructor, sin tomar en cuenta que para accionar la ruptura unilateral ante el Juez de Partido de Familia, conforme prevé el art. 373-h) del Código de la materia, al especificar las atribuciones de los Jueces de Partido en materia familiar, no prevé como requisito previo la interposición de una demanda sumaria de reconocimiento de unión libre o de hecho ante el Juez Instructor, y la disposición impugnada por el recurrente no corresponde a la acción intentada, sino que se halla reservada para quien pretende se le reconozcan derechos de filiación respecto a los hijos, o a la comunidad de gananciales, u otros derechos emergentes de la unión concubinaria, más de ninguna manera dicha declaratoria se erige como un requisito previo para peticionar la ruptura unilateral. Se debe tomar en cuenta que la acción de ruptura unilateral se plantea ante un juez de mayor jerarquía, vale decir, ante Juez de Partido de Familia, autoridad jurisdiccional ante la que se acreditará la unión concubinaria, estable y singular, y demostrar su ruptura, tal como ha acontecido en la presente acción, evidenciándose que en el auto de relación procesal, el juez a quo fijó a fs. 22 vlta., entre los puntos de hecho a demostrar tanto la relación concubinaria entre las partes, como la causal esgrimida para su ruptura. Consiguientemente, no es evidente la infracción del art. 214-II del Código de Familia alegada por el recurrente.

En cuanto a la presunta infracción de los arts. 158, 159, 169, y 214 parágrafo II) del Código de Familia, arts. 90, 190, 236 del Procedimiento Civil y el art. 15 de la L.O.J., éste Tribunal no encuentra evidente la impugnación, debido a que el recurrente, no solo incumple con el mandato imperativo previsto por el art. 258- 2) del Código de Procedimiento Civil, que le impone especificar en que consiste la infracción o la mala aplicación de las disposiciones que acusa, y especificar en que consiste el error, sino también, el recurrente omitió cumplir con la previsión del art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, es decir, especificar de manera clara las pruebas que no hubiesen sido valoradas por los Jueces de instancia, lo que no ha acontecido en el caso de autos, puesto que contrariamente a lo alegado por el recurrente, a fs. 65 a 70 del expediente, cursan las declaraciones testificales de cargo de los testigos Mery Castellón de Orellana, Ademay Zapata de Castellón, Maria Zarate Apaza, Luís Beltrán Rocha Olivera e Irene Blanco de Claros, quienes de manera uniforme, conteste en tiempos y espacio, han acreditado la existencia de la unión conyugal libre, o de hecho, y como emergencia de ella, da lugar a la ruptura unilateral sobre la cual versa la presente acción.

De la misma manera, el demandado ahora recurrente en la confesión provocada a la que fue deferido, cuya acta consta a fs. 37 a 38, confirma sin lugar a duda alguna la existencia de la relación concubinaria, aspecto que fue apreciado por los juzgadores de instancia con las facultades que les confieren los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, apreciando la prueba en su conjunto, de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, comprendiendo con Couture, "que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas", dando aplicación y encuadrando sus actuaciones tanto el juez de primera instancia, como los de apelación al confirmar la decisión de primer grado, asumieron sus decisiones en base al análisis y valoración de la prueba, conforme lo dispuesto en el art. 1286 del Código Civil y art. 397 del Código de Procedimiento Civil, valoración incensurable en casación al momento de decidir la causa, conforme previenen los arts. 397-I-II, 476 y 253-3) del Código de Procedimiento Civil, máxime, si como se tiene dicho, el recurrente, no demostró error de hecho en su valoración.

Por último, de lo manifestado se llega a la evidencia que los de grado han cumplido a cabalidad con los arts. 90. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, al acoger la demanda conforme a derecho y pronunciarse como se tiene expuesto en el presente, por lo que, corresponde a éste Tribunal, aplicar la norma prevista por el art. 271-2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas, no se regula el honorario de abogado por no haber sido contestado el recurso.

Para sorteo y resolución interviene la Sra. Ministra Rosario Canedo Justiniano Presidente de la Sala Civil Primera, según convocatoria de fs. 185-186 de obrados.

RELATORA MINISTRA: Rosario Canedo Justiniano

Regístrese, notifíquese, y devuélvase

 

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Proveido: Gladis Segovia García.- Secretaria de Cámara