SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 4 Sucre, 18 de mayo de 2009

DISTRITO: Beni Proceso: Ordinario Exclusión de Paternidad

Partes: Fabián Chávez Arteaga c/ Marina Landivar Mercado y Mónica Salazar

Landivar.

MINISTRA RELATORA: Dra.Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 153-155, interpuesto por Ruddy Justiniano Rodríguez apoderado de Marina Landivar Mercado, contra el auto de vista Nº 085/06 de 20 de julio de 2006 de fs. 146-147, pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, en el proceso de exclusión de paternidad seguido por Fabián Chávez Arteaga, contra la recurrente, la respuesta de fs. 167-168, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez de Partido Mixto de Riberalta del Departamento de Beni, emitió la sentencia Nº. 8/2005 de 6 de febrero de 2006 cursante a fs. 103-104, declarando improbada la demanda con costas.

Que, en grado de apelación deducida por el demandante, mediante auto de vista Nº 085/06 de 20 de julio de 2006 de fs. 146-147, se revoca la sentencia apelada Nº 8/2005 de 6 de febrero de 2006, declarando en consecuencia probada la demanda de fs. 15-16 y se ordena la cancelación del reconocimiento ad vientre realizado en fecha 13 de abril de 2005, en la ciudad de Riberalta ante la defensoría municipal de dicha ciudad, así como la cancelación de la partida de nacimiento que se hubiera inscrito ante la Oficialía del Registro Civil correspondiente, por estar demostrado que Fabián Chávez Arteaga, no es el progenitor de Wendy Nikol Chávez Salazar. Sin costas.

Que, contra la referida resolución de vista Ruddy Justiniano Rodríguez, apoderado de Marina Landivar Mercado, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma a fs. 153-155, acusando en el fondo que la prueba de A.D.N. es ilegal porque jamás fue propuesta conforme lo determina el art. 430 del C.P.C. y siguientes, que establece que esta prueba pericial será admisible cuando los hechos controvertidos requieran de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica; que por el principio de igualdad de las partes tenía derecho a conocer en traslado los puntos de la pericia para objetarla o agregar otros nuevos, o recusar a los peritos ofrecidos ilegalmente en el recurso de apelación, que no prestaron juramento ni tomaron posesión del cargo en debida forma, pudiendo estar dicha prueba a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses o de un tercero nombrado por el Juez, lo que le provoca indefensión y vulnera el debido proceso, en la forma más vil y solapada, observaciones todas que derivan, según afirma, en la violación de los arts. 1331 del Cód. Civ., 90, 233, 430, 431, 432, 433 y 435 de su procedimiento así como en la interpretación errónea del art. 233-2 del mismo adjetivo civil, y en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que el art. 209 del Código de Familia establece que la paternidad se excluye por todos los medios de prueba, sin embargo el demandante no demostró que estaba inhabilitado para procrear o que no estuvo cerca de la menor a quien embarazó durante el período de la concepción (23/10/05 hasta el 20/2/2005 trescientos días antes del parto y 180 días después del alumbramiento), así como de las documentales de fs. 20-55 que demuestran el proceso de investigación penal por el delito de estupro seguido contra el actor por Maritza Salazar Landivar, cursando el documento auténtico de reconocimiento de fs. 47 que demuestra la equivocación del juzgador, antecedente sobre el que el Tribunal ad quem no aplicó el art. 199 del Código de Familia, por el que el reconocimiento de hijo es irrevocable lo que importa violación de los arts. 397-I-II y 236 del Cód. Pdto. Civ., porque estos hechos fueron observados en el recurso de apelación.

Como casación en la forma, expresa que el Tribunal ad quem, ha violado las formas esenciales del proceso, incurriendo en la causal prevista por el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., cuando, otorgando más de lo pedido, siendo la demanda de exclusión de paternidad, dispone la cancelación del reconocimiento ad vientre realizado en 13 de abril de 2005 así como la cancelación de la partida de nacimiento que se hubiera inscrito en la Oficialía del Registro Civil correspondiente, violando los arts. 199 y 204 del Código de Familia, que trascribe; continúa señalando que no es ético que el tribunal tenga interés en impugnar el reconocimiento de hijo realizado por Fabián Chávez Arteaga, cuando en ninguna parte del proceso formalizaron ninguna impugnación contra el reconocimiento ad vientre.

Concluye solicitando se eleven obrados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que case el auto de vista recurrido, mantenga en su integridad la sentencia Nº 08/2005 de 6 de febrero de 2006 cursante a fs. 103 y 104 de obrados, con responsabilidad, petitorio en el que omite el recurso de casación en la forma dejando incompleta su formulación.

CONSIDERANDO II.- Que, así planteado el recurso y no obstante su deficiente formulación porque la recurrente confunde aspectos de forma en el recurso de casación en el fondo y no completa la formulación del recurso de casación en la forma, ingresando a su análisis se tiene:

a.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo, es preciso dejar establecido que, como bien indica la recurrente, que la prueba pericial es admisible en juicio cuando los hechos controvertidos requieren de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica; prueba pericial de A.D.N. que en el caso de autos, se produjo válidamente a fs. 141, en segunda instancia, dentro del plazo probatorio dispuesto por auto interlocutorio de 27 de abril de 2006 cursante a fs. 119, concedido en el marco de la previsión del art. 232-I) del Cód. Pdto. Civ., habiéndose descartado en sus resultados la paternidad del actor, así se verifica del informe del laboratorio GEN y VIDA, encargado de la investigación científica.

Prueba pericial por cuya exactitud este Tribunal Supremo, tiene expresado: "... que la sentencia tiene como finalidad averiguar la verdad con base a la prueba aportada por las partes en el curso del proceso, tal como señala el art. 190 del Código de Procedimiento Civil. En el presente caso, la prueba fundamental reside en la utilización del ADN, por la importancia de primera magnitud en esta clase de acciones relacionadas con la paternidad. La precisión de esta prueba es indiscutible y dados sus caracteres técnicos, "así como su extraordinaria precisión (por lo cual se conocen también, impropiamente, como huellas genéticas -genetic fingerprint-), se han convertido en un instrumento muy valioso para la moderna pericia forense y, lo que es más importante, para un satisfactorio ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva..." (Carlos María Romeo Casabona, Genética y Derecho, Astrea, Julio de 2003, pag. 264). A.S. Nº 32 de 2 de marzo de 2005.

Si el proceso que nos ocupa trata de la aplicación del art. 209 del Código de familia, conforme al cual la paternidad se excluye por todos los medios de prueba y especialmente cuando se demuestra los tres casos citados en esta norma. El adverbio "especialmente" no significa "únicamente" o "exclusivamente", de modo tal que no es impertinente aplicar el mismo art. 209, con mayor razón si el caso 3) de dicha norma torna también aplicable al sub lite teniendo en cuenta el informe científico de fs.141, que luego de los análisis de genética molecular para establecer la paternidad biológica entre el demandante Fabián Chávez Arteaga y la menor Wendy Nikol Chávez Salazar, cuya madre es Mónica Salazar Landivar, ha quedado demostrado que el actor "es excluido como padre biológico de la mencionada menor, basado en los datos de ensayo genético la probabilidad de su paternidad es de 0.00%" (literal).

Agregándose al hecho, que modernamente se sostiene que las prueba de HLA y la tipificación de ADN permiten afirmar la existencia de paternidad o maternidad con un elevado grado de certeza, tanto que el juicio de filiación es hoy de neto corte pericial, de modo que "es casi ocioso preguntarse acerca de otras circunstancias que antes permitían inferir sólo presunciones" (Zannoni A., Eduardo, Derecho de familia, T. 2, pág. 491, Ed. Astrea, 1998). En consecuencia, por la prueba científica aludida, es prácticamente inútil referirse a otras pruebas aportadas por la parte demandada, como las que se aluden valoradas con supuesto y manifiesto error de hecho y de derecho, indicando que el reconocimiento de hijo es irrevocable y que este ya fue realizado dentro del proceso penal por estupro como se evidencia a fs. 47.

b.- En mérito de lo precedentemente anotado, tampoco es evidente que el fallo del Tribunal de alzada, contuviera concesiones ultrapetita que configuren la causal del art. 254 inc. 4) invocada como base de la casación en la forma, por cuanto, la cancelación del reconocimiento ad vientre realizado en 13 de abril de 2005, ante la defensoría Municipal de Riberalta, así como de la correspondiente partida de nacimiento, son una consecuencia lógica de la exclusión de paternidad probada por el actor con la prueba pericial de A.D.N., de donde mal puede sostenerse que subsista un reconocimiento de hijo de quién no es el padre biológico del menor, hecho fundamental sobre el que reside el fondo de la presente causa de exclusión de paternidad.

Por todo lo expuesto se evidencia que el tribunal de alzada no se ha apartado de la ley al pronunciar su resolución de vista y, consiguientemente, no han sido infringidas las normas legales mencionadas por el apoderado de la recurrente Marina Landivar Mercado.

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso planteado dando aplicación a la previsión de los arts. 271-2) y 273, del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 153-155. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal de alzada.

Para resolución interviene la Presidenta de la Sala Civil Primera Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano, según convocatoria de Fs. 173.

RELATORA MINISTRA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

 

 

 

Sucre, dieciocho de mayo de 2009