SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 3 Sucre, 18 de mayo de 2009

DISTRITO: Santa Cruz Proceso: Ordinario de Anulabilidad

de matrimonio

Partes: Matilde Balderrama Zelada c/ Mary Cruz Rey Paraba y Miguel

Terrazas Balderrama.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 142-143, interpuesto por Mary Cruz Rey Paraba, contra el auto de vista Nº 250/2006 de 26 de mayo de 2006 de fs. 138, 138 vlta. pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso de nulidad de matrimonio seguido por Matilde Balderrama Zelada, contra la recurrente y Miguel Terrazas Balderrama, las respuestas de fs. 145 y 147-148 vlta., los antecedentes proces01ales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez de Partido y de Sentencia de Portachuelo de la Provincia Sara e Ichilo del Departamento de Santa Cruz, emitió la sentencia de 10 de enero de 2006 cursante a fs. 105-108, declarando probada la demanda de fs. 8-9 planteada por Matilde Balderrama Zelada contra Miguel Terrazas Balderrama y Mary Cruz Rey Paraba, en consecuencia se declara anulado el matrimonio que contrajeron, dejándose establecido que en aplicación del art. 92 del Código de Familia tercera parte respecto a los cónyuges y cuarta parte que el matrimonio produce efectos en relación al hijo cuya existencia se demostró, debiendo pasar el padre una pensión mensual de Bs. 300.- para su hijo, en cuanto a los efectos patrimoniales el presente matrimonio no producirá ningún efecto en relación a la comunidad de gananciales, con costas. Una vez ejecutoriada la sentencia, se ordena la cancelación de la partida matrimonial respectiva en el Registro Civil, a tal fin por secretaría ofíciese.

Que, en grado de apelación deducida por la demandada Mary Cruz Rey Paraba, mediante auto de vista Nº 250/2006 de 26 de mayo de 2006 de fs. 138, se confirma la sentencia apelada, con costas.

Que, contra la referida resolución de vista la demandada Mary Cruz Rey Paraba, interpone el recurso de casación a fs. 142-143, invocando el art. 257 y siguientes del Cód. Pdto. Civ., acusando enunciativamente que el auto de vista recurrido ha violentado y conculcado los arts. 90, 330, 331, 376, 377 y 379 del Cód. Pdto. Civ., expresando que no existe prueba que acredite que la demandante sea madre del demandado Miguel Terrazas Balderrama y por consiguiente que tenga interés legítimo o su personería para incoar la presente acción, dado que los certificados de fs. 72 y 73 a que se refiere el auto de vista impugnado no fueron admitidos como prueba de reciente obtención por decreto de fs. 76 vta., por lo que dichos certificados nunca debieron ser tomados en cuenta por el tribunal ad quem que incurrió en aplicación indebida de la ley.

Concluye solicitando que previos los trámites se eleven obrados ante la Corte Suprema de Justicia con citación y emplazamiento de partes.

CONSIDERANDO II.- Que, conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258-2) del Cód. Pdto. Civ., sea que se plantee en la forma, en el fondo o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso y, a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el juez o tribunal de apelación haya emitido una sentencia o auto de vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como, cuando ha incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme establecen los arts. 250, 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., es decir, en la forma, por errores in procedendo que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores in judicando, que motivan la invalidación de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, sino fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa.

En la especie, el recurso planteado a fs. 142-143, no se ajusta al marco conceptual antes anotado careciendo de la técnica recursiva que exige la formulación de esta acción extraordinaria, por cuanto, si bien indica como violentados los artículos 90, 330, 331, 376, 377 y 379 del Cód. Pdto. Civ., que cita enunciativamente, sin embargo no adecua su reclamo a las causales previstas en el art. 254 del mismo cuerpo procedimental, por las que procedería su impugnación por estar referidos a aspectos procedimentales en lo que hace a la proposición y forma de admisión de la prueba, que darían en su caso a la existencia de errores in procedendo, por los que procede el recurso de casación en la forma, distintos a los errores in judicando por los que a su vez procede el recurso de casación en el fondo, lo que la recurrente olvida diferenciar limitándose al planteamiento del "recurso de casación" suponiendo que ésta acción extraordinaria procede -de oficio- en uno u otro efecto, indistintamente, sin necesidad de una clara fundamentación de las causales expresamente previstas en los arts. 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., para cada uno de ellos, deficiencia a la que se agrega la omisión de completar su formulación con un petitorio claro e indubitable que exprese su pretensión, reduciéndose en este caso, a que el inferior "eleve obrados ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, con citación y emplazamiento de partes", omisiones todas de las que deviene en improcedente.

Sin embargo, por el orden público que reviste el cumplimiento de las disposiciones en materia familiar conforme la disposición del art. 5º del Cód. de Familia, se deja claramente establecido que:

a.- El auto de vista recurrido confirma la sentencia de grado que declara la nulidad del matrimonio contraído por los demandados Miguel Terrazas Balderrama y Mary Cruz Rey Paraba, dando correcta aplicación a las previsiones contenidas en los arts. 46 y 83 del Código de Familia, a cuyo efecto se prevé la libertad de estado como requisito para contraer nuevo matrimonio, implicando la anulabilidad absoluta del acto si se celebrase sin que se hubiere disuelto previamente el anterior. De darse esta situación anómala, emerge en tal circunstancia la acción de anulabilidad cuyo carácter es imprescriptible, puede ser demandada por los cónyuges. Los padres o ascendientes y por todos que tengan un interés legítimo y actual, así como por el ministerio público. Disposiciones legales ambas que fundamentalmente sustentan el fallo recurrido y que la recurrente no impugna por infracción alguna en el recurso que se examina.

b.- Conforme la previsión del art. 1283 del Cód. Civ., y 375 de su procedimiento, la carga de la prueba no solo incumbe al actor para probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión, sino también a quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido o no es válido. En obrados la recurrente repitiendo los agravios de su apelación, afirma que la actora no acreditó ser madre de Miguel Terrazas Balderrama y por consiguiente no tener interés legítimo ni personería para demandar la anulabilidad de su matrimonio con el mencionado codemandado, sin embargo no presentó en su interés prueba alguna que desvirtúe la demanda, estando facultada a hacerlo al amparo de las precitadas disposiciones legales.

Es decir, no demostró, principalmente, la libertad de estado de Miguel Terrazas Balderrama a tiempo de celebrar nuevas nupcias el 6 de noviembre de 2000, ante la Oficialía del Registro Civil Nº 4221, Libro Nº 6, Partida Nº 75 Prov. Andrés Ibañez Ciudad de Santa Cruz, destruyendo a su vez y por lógica consecuencia la documental de fs. 1-7 correspondiente a algunas piezas de la demanda de divorcio iniciada por María Nahiela Vargas Negrete ante el Juzgado de Partido y Sentencia de Montero, Prov. Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz, adjuntas a la demanda con el valor probatorio que les asignan los arts. 1287-I y 1311-I del Cód. Civ. Finalmente, contrariamente a la confesión espontánea contenida en la respuesta a la demanda (fs. 16), tampoco acreditó que Miguel Terrazas Balderrama, no sea hijo de la actora; correspondiendo precisar en este punto, que la personería de Matilde Balderrama Zelada para intervenir en este juicio, quedó definida por auto de 8 de julio de 2004 de fs. 20 de obrados, resolución que adquirió ejecutoria al no haber interpuesto las partes impugnación alguna, precluyendo su derecho para reclamar posteriormente.

c.- A estos antecedentes es preciso agregar, que la finalidad de la actividad probatoria, es demostrar la existencia real del hecho o hechos afirmados por las partes y alcanzar la verdad real o material y convencer psicológicamente al órgano jurisdiccional sobre la conformidad entre los hechos afirmados, con la prueba producida; y que la valoración o apreciación de la prueba, es una de las etapas mas importantes de la secuencia procesal, ya no importa quien debe proveer la prueba, cómo debe ser producida, al contrario, la prueba ésta en obrados y de lo que se trata es determinar con la mayor exactitud posible, como gravitan y qué influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe expedir. Corresponde a éste examinar, si una sola prueba o en concomitancia con otras que estén en el expediente, es idónea para fundar su convicción de la verdad o falsedad de la afirmación de parte (A.S. Nº 108 de 6/3/02).

d.- Concluyéndose en este contexto, que la decisión del Tribunal de alzada de confirmar la sentencia, declarando probada la acción de anulabilidad de matrimonio de fs. 8-9 subsanada a fs. 11-12, responde a la valoración integral de la prueba producida por las partes, con la facultad privativa del art. 1286 del Cód. Civ. y 397 de su procedimiento, incensurable en casación, a menos que se demuestre error de hecho o de derecho, en el primer caso, cuando no se otorga la tasa o valor que acuerda la ley a una prueba concreta y en el segundo, cuando el error se pone de manifiesto a través de hechos o actos auténticos o mediante documentos, tal como exige el art. 253-3) del Cód. Pdto. Civ., lo que no ocurre en la especie, por cuanto la referida causal ni siquiera fue invocada mucho menos fundamentada por la recurrente, quién se limita a reclamar que la certificaciones de fs. 72-73 no debían tomarse en cuenta por el tribunal ad quem, lo que definitivamente no enerva la aplicación de los arts. 46 y 83 del Código de Familia en que se sustenta el fallo recurrido.

En resumen, existiendo suficiente fundamento para disponer la anulabilidad del matrimonio celebrado entre los codemandados Miguel Terrazas Balderrama y Mary Cruz Rey Paraba, en contravención a lo dispuesto en el art. 46 del Código de Familia, este Tribunal Supremo no encuentra incorrección, violación de la ley o apreciación errónea en la valoración de la prueba que invaliden el fallo del tribunal de alzada.

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso planteado dando aplicación a la previsión de los arts. 271-2) y 273, del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aplicación del art. 58 numeral 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 142-143. con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado por la repuesta de fs. 147-148, en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal de alzada.

Para resolución interviene la Presidenta de la Sala Civil Primera Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano, según convocatoria de Fs. 154.

RELATORA MINISTRA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

 

 

Sucre, dieciocho de mayo de 2009