SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 244 Sucre, 16 de agosto de 2.005.

DISTRITO: Oruro RECURSO: Ordinario - Divorcio

PARTES: Amalia Roxana Aquize Morales c/ José León García Soliz

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 258 a 259, presentado por José León García Soliz contra el Auto de Vista No. 039 de fs. 254-255 vta. pronunciado el 9 de febrero de 2005 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de divorcio seguido a instancias de Amalia Roxana Aquize Morales contra el recurrente; la concesión del mismo efectuada mediante Auto de fs. 262 pronunciado el 18 de marzo de 2005, los antecedentes procesales considerados para resolución, y:

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso ordinario de referencia, el Juez Primero de Partido de Familia de Oruro, pronunció la sentencia No. 61 de 26 de octubre de 2004, cursante de fs. 233 a 234 y vta. del expediente, declarando probada la demanda de divorcio de fs. 10-11 y disuelto el vínculo matrimonial entre Amalia Roxana Aquize Morales y José León García Soliz, disponiendo que los hijos queden bajo el cuidado y protección de la madre, para quienes se fijó el monto de la asistencia familiar en la suma de Bs. 600.-, que deben ser cancelados en forma mensual. En cuanto a los bienes gananciales dispuso que su división y partición se efectúe en ejecución de sentencia.

Deducida la apelación por el demandado perdidoso, la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista de 9 de febrero de 2005, cursante de fs. 254 a 255 y vta. de obrados, confirmó la sentencia apelada con costas, motivando con ello la interposición del recurso de nulidad o casación que ahora es considerado por este Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO: Que el recurrente a fs. 258-259 interpone recurso de "nulidad o casación en el fondo" (sic), acusando que a lo largo del proceso de divorció demostró fehacientemente que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir la asistencia familiar fijada por el a quo, puesto que no tiene un trabajo estable, y los motorizados con los que trabaja se encuentran parados y sin funcionamiento especialmente el taxi que continuamente requiere de reparaciones, situación que no fue debidamente valorada por los juzgadores de grado al momento de considerar la prueba aportada y establecer el monto de la asistencia familiar. Por otro lado, señala que su ex esposa se quedó con todos los bienes gananciales, tanto muebles como inmuebles, aspecto que tampoco fue tomado en cuenta en las resoluciones impugnadas. De igual manera puntualiza que se encuentra delicado de salud, conforme acredita con el certificado médico constante en obrados, lo que le imposibilita tener un trabajo permanente y por ende un ingreso económico fijo. Finalmente señala que se han vulnerado las disposiciones legales correspondientes a la valoración de la prueba, razón por la cual se debe casar el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO: Que así expuestos los argumentos en la presente acción extraordinaria, corresponde hacer las siguientes precisiones doctrinales y jurisprudenciales a efectos de dilucidar la misma.

El recurso de casación en el fondo, con arreglo a las normas contenidas en el art. 253 inc. 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, procederá cuando la resolución recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho; vale decir que puede interponerse un recurso de casación en el fondo cuando el tribunal ad-quem a tiempo de dictar la resolución recurrida ha incurrido en errores in judicando, por infracción de leyes o error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

Dado que el recurso de casación es de puro derecho, este Supremo Tribunal se encuentra imposibilitado de realizar una nueva valoración de la prueba, en tal virtud, en casación se debe respetar los hechos declarados probados por el tribunal inferior. Sin embargo, en aquella circunstancia en la que el recurrente hubiese demostrado que los de instancia habrían incurrido en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba -señalando los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación tratándose del error de hecho o citando correctamente la ley referida al valor de las pruebas infringidas tratándose del error de derecho- los hechos declarados probados en la resolución recurrida dejan de tener validez legal, por haber sido desvirtuados por los errores en los que incurrió el juzgador de instancia.

CONSIDERANDO: Que, en el caso de autos, el recurrente planteó tutela jurisdiccional extraordinaria, interponiendo de manera confusa recurso de casación en el fondo, no obstante, no señaló con precisión las normas que supuestamente fueron vulneradas, aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas por los juzgadores de grado, menos indicó en qué consiste la aludida vulneración de normas y la posible solución de la situación jurídica planteada, lo que imposibilita que este Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo de la problemática planteada. Además, debe tomarse en cuenta que el recurrente centra su acción acusando que la prueba aportada a lo largo del trámite del proceso de divorcio fue incorrectamente valorada, empero, incumpliendo su obligación, cual era su carga, no denunció de manera expresa la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, deviniendo en consecuencia lo infundado del recurso planteado puesto que el control de la apreciación de la prueba, puede hacérselo en casación, cuando se acusa y demuestra el error de derecho o el error de hecho en el que incurrió el Juez o Tribunal de fondo, como lo establece el inc. 3 del art. 253 del CPC, tomando en cuenta que el error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, por ejemplo cuando el Juez o Tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto. Entre tanto, el error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material, tal error, en el que incurre el Juez de fondo en el fallo recurrido, se produce cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico, tal como se expuso anteriormente. En consecuencia, de la revisión de obrados, en función al recurso interpuesto, se llega al convencimiento de que el recurrente no demostró el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba acumulada al proceso.

Al respecto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo ha dejado claramente establecido en el AS 24 de 22 de diciembre de 2004 que: "Es deber del recurrente citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes infringidas, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; es decir, se requiere en primer lugar, que haya un error de derecho, y que sea señalado expresamente por el recurrente; en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación y finalmente la crítica generalizada del fallo. Lo que significa que debe indicarse el error y la correcta solución de la situación jurídica planteada. La invocación debe ser clara, concreta y precisa, y no mera referencia o crítica general, situación que se extraña en el presente recurso de casación".

En consecuencia, corresponde declarar improcedente la presente acción extraordinaria.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el numeral 1) del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial, y aplicando la norma de los arts. 271.1) y 272 del CPC declara IMPROCEDENTE el recurso de fs. 258 a 259, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.500.- que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 16 de agosto de 2005.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.