SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 226 Sucre, 23 de junio de 2.005.

DISTRITO: Santa Cruz RECURSO: Ordinario - Nulidad de documento privado.

PARTES: Hector Taboada Torrico c/"PROSALUD" Luis René Santa Cruz Talamas.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 252-253, interpuesto por Héctor Taboada Torrico contra el Auto de Vista de fs. 249-250, pronunciado el 4 de julio de 2003, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de documento privado de reconocimiento de deuda, instaurado por el recurrente contra PROSALUD, representada por Luis René Santa Cruz Talamas en primera instancia y Eduardo Rojas Hurtado en segunda instancia y en la presente acción extraordinaria; la concesión del recurso efectuada mediante Auto de 28 de julio de 2003 (fs. 256), los antecedentes procesales analizados para resolución y:

CONSIDERANDO: Que presentada la demanda ordinaria de referencia, se dio curso al trámite del proceso ordinario en todas sus etapas, pronunciándose el 18 de febrero de 2002, la sentencia de primera instancia en la que se declaró improbada la demanda de fs. 6 y vta., y, probada la reconvencional de fs. 137 a 138 vta. sin lugar al pago de daños y perjuicios ni costas por ser juicio doble. Interpuesta la apelación por el demandante perdidoso, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 4 de julio de 2003, confirmó la sentencia impugnada estableciendo costas.

Este fallo, motivó que el demandante interponga el presente recurso de casación de conformidad a los arts. 250, 253 y 254.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), aduciendo que "el documento sobre reconocimiento de deuda fue realizado sin el consentimiento del presunto autor de un delito y el reconocimiento de una sustracción de suma de dinero" (sic) aspectos que no fueron demostrados por la entidad demandada, que solo formuló la denuncia de estos presuntos hechos que a la fecha se encuentran extinguidos. Puntualiza que firmó el referido documento cuando se encontraba privado de su libertad, en las dependencias de la Comisaría No. 1 de Santa Cruz, por lo tanto no participó en su confección ni dio su consentimiento para la elaboración del mismo, lo que implica la vulneración de los arts. 16.1) de la Constitución Política del Estado (CPE), 15, 21 y 549 del Código Civil (CC), hecho que no fue debidamente considerado por el Tribunal de Segunda instancia, que dio por sentado la comisión de un hecho delictivo, no obstante que en la denuncia sentada por PROSALUD en su contra, nunca se llegó a dictar sentencia que determine este extremo. Agrega que los juzgadores de instancia no efectuaron una justa y equitativa apreciación de la prueba aportada dentro del trámite del proceso ordinario, resultando injusta la sentencia dicta en su contra. Concluye solicitando se case el Auto de Vista recurrido y se declare nulo el contrato objeto de la litis.

CONSIDERANDO: Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo conforme establece la norma prevista por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden de ideas, cabe precisar que la finalidad del recurso de casación en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma es la de anular la resolución recurrida o un proceso, cuando al ser dictado en su sustanciación, se viola formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme.

A tal efecto, desarrollando los alcances de la presente acción extraordinaria, la norma consignada por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, determina los casos que hacen a la procedencia del recurso de casación en el fondo, resultando ser estos los errores "in judicando" como los califica la doctrina, que no determinan la nulidad del proceso sino la invalidez de la resolución recurrida, por lo que el Tribunal de Casación debe pronunciar una nueva sentencia resolviendo el fondo de la litis.

Mientras que en el recurso de casación en la forma, está dirigido a invalidar una resolución o el proceso dentro del que ha sido dictada aquélla, cuando hubiere sido pronunciada o sustanciada con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En este sentido, la norma del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, establece los casos de procedencia del recurso de casación en la forma, constituyendo éstos los errores "in procedendo" que determinan la nulidad del proceso o de la resolución impugnada.

En el contexto referido anteriormente, cabe establecer que al momento de interponer el recurso de casación, los actores deben observar y cumplir ineludiblemente los requisitos establecidos en la norma del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, en función de lo establecido por los arts. 253 y 254 del mismo procedimiento, toda vez que la omisión o ausencia de uno de ellos motiva la improcedencia del recurso conforme establece el precepto normativo del artículo 272 del procedimiento de la materia.

Por ello, conviene precisar que uno de los requisitos consignados en el artículo 258, específicamente en el numeral 2) del Código de Procedimiento Civil establece: "el recurso deberá reunir los requisitos siguientes: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente" (las negrillas no corresponden al texto original). En coherencia y complementación de esta disposición, está la norma prevista por el artículo 272.2) del procedimiento citado, que en términos generales establece la improcedencia del recurso de casación cuando el recurrente no cumplió con el mandato del inciso 2) del art. 258, anteriormente glosado.

CONSIDERANDO: Que, en el caso de autos, se establece lo siguiente:

El actor, llanamente interpuso "recurso de casación", amparando su demanda, entre otros preceptos, en lo dispuesto por los arts. 253 y 254 del CPC, normas referidas al recurso de casación en el fondo y al recurso de casación en la forma respectivamente; empero, al momento de realizar la exposición de sus fundamentos, no especificó si los mismos correspondían al recurso de casación en la forma o al recurso de casación en el fondo, desconociendo así la naturaleza jurídica que caracteriza a cada uno de ellos, tal cual se ha expuesto anteriormente y motivando que este Tribunal Supremo, no considere los hechos acusados, toda vez que no se abre su competencia para hacerlo. Al respecto la cuantiosa jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, por ejemplo, el AS. 116 de 23 de abril de 2005, establece que técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación de fondo o casación en la forma, por lo que no se abre la competencia de este Supremo Tribunal de Justicia para considerarlo en uno de los efectos señalados, implicando el error de los recurrentes, el incumplimiento de la norma contenida en el art. 258 inc. 2º del Código de Procedimiento Civil, lo que determina su improcedencia con arreglo al art. 272 inc. 2º del indicado procedimiento.

Por otro lado, si bien es cierto que el recurrente mencionó la vulneración de algunas normas adjetivas y sustantivas, sin embargo, no indicó ni precisó en qué consiste la infracción o su aplicación falsa o errónea, mucho menos señaló cual la aplicación o interpretación que debía darse a los preceptos normativos invocados, limitándose a efectuar una relación de los hechos que motivaron la demanda y que a su criterio resultan gravosos a sus intereses, aduciendo que no fueron debidamente considerados y compulsados al momento de emitir la resolución impugnada. Tampoco hace mención si los hechos que acusa se encuentran consignados en una de las causales previstas por los arts. 253 o 254 del CPC, constituyendo éstos, defectos en la interposición del presente recurso, relativos a la falta de fundamentación de las razones o motivos por los que se denuncian violadas ciertas leyes, así como a la falta de fundamentación y especificación del error de hecho o de derecho (o ambos), que no pueden ser remediados por este Supremo Tribunal, cuya competencia se encuentra limitada a los puntos resueltos por el inferior, con relación al planteamiento de este recurso de casación, el que -como reiteradamente se ha manifestado- adolece de vicios de forma en cuanto al modo de su interposición, por ello, siendo evidente que en la especie el recurrente no cumplió con los requisitos para la presentación del recurso de casación, se concluye que ha incurrido en una causal de improcedencia del recurso, situación que impide que este Tribunal ingrese a su análisis.

En consecuencia, es ineludible la aplicación de la norma prevista por los artículos 271.1) y 272.2) del citado procedimiento, correspondiendo declarar la improcedencia del recurso.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el numeral 1) del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de fs. 252 y 253, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

En la vía disciplinaria se llama la atención al Juez Octavo de Partido en lo Civil, por el desorden en que tramitó el proceso.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 23 de junio de 2005.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.