SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 115 Sucre, 23 de abril de 2.005.

DISTRITO: Tarija RECURSO: Ordinario - Declaración Judicial de Paternidad.

PARTES: Delia Fernández Narváez c/ Even Favio Camacho Heredia.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 140-144, interpuesto por Even Favio Camacho Heredia contra el Auto de Vista cursante a fs. 134-135 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija el 10 de diciembre de 2004, dentro del proceso ordinario de declaración judicial de paternidad, seguido a instancias de Delia Fernández Narváez contra el recurrente; la concesión del mismo mediante Auto de 5 de enero de 2005; los antecedentes procesales analizados para resolución; y

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso de referencia en todas sus etapas, el 26 de octubre de 2004, el a quo pronunció sentencia declarando probada la demanda de fs. 5 y 34 de obrados, con el reconocimiento de gastos y pensiones a regularse en ejecución de Autos. Asimismo dispuso que se proceda a la inclusión de los datos del demandado, en la partida de nacimiento correspondiente constante en la Dirección de Registro Civil.

Deducida la apelación por el demandado perdidoso, a la que se adhirió la demandante solo en lo que se refiere a las costas procesales que no fueron establecidas en primera instancia, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Tarija, mediante Auto de Vista 145 de 10 de diciembre de 2004 (fs. 134-135 vta.), confirmó parcialmente la sentencia apelada, con la modificación de la condena en costas en primera instancia que deben ser evaluadas en ejecución de sentencia.

En virtud a los fundamentos de este fallo, el 17 de diciembre de 2004, el demandado interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, fs. 140-144 de obrados, alegando los siguientes hechos:

En lo que respecta al recurso de casación en el fondo alega que se incurrió en una clara violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, por ejemplo, se le negó una nueva traducción del informe original científico de ADN, desconociendo así lo previsto por el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE) referido al debido proceso y a la legítima defensa. De igual manera le negaron su solicitud de realizar un nuevo estudio científico de ADN en otro laboratorio, dentro del marco establecido por el art. 430 y siguientes del CPC, lo que implica un desconocimiento de su derecho a la defensa. Agrega que se vulneró la norma del art. 90 y 91 del CPC puesto que el Auto de Vista impugnado establece que el a quo efectuó una correcta valoración de la prueba de cargo, pero no así de la prueba de descargo, generando indefensión y obrando sin equidad, por ello, se desconoció el principio de igualdad con el que se debe tratar a todo litigante. Puntualiza que oportunamente impugnó el informe pericial de ADN que incorrectamente fue rechazado por los juzgadores de instancia, no obstante que no se trataba de un perito nombrado de oficio, sino de un perito nombrado por la demandante.

Respecto del recurso de casación en la forma, señala que la nulidad emerge por cuanto el ad quem no se pronunció sobre todos los hechos apelados, y respecto de los que se pronunció, los argumentos del recurso fueron indebidamente rechazados, como la realización de un nuevo análisis de ADN, que en los hechos implica la vulneración de los arts. 16, 228 y 229 de la CPE y 432 del CPC.

Concluye solicitando se anule obrados hasta fs. 101 inclusive o en su defecto se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare a lugar a la impugnación de fs. 97 de obrados.

CONSIDERANDO: Que a efectos de resolver los hechos acusados por el recurrente corresponde señalar que:

La norma del art. 16 de la CPE, en sus parágrafos II y IV reconoce el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, cuando expresa: "II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable"... "IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal...". A su vez, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430, de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1. referente a garantías judiciales expresa: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ó para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

Por su parte, la doctrina nos enseña que el debido proceso es el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley.

En este contexto, normativo y doctrinal, resolviendo el recurso de casación en el fondo, cabe señalar que de la revisión de antecedentes se establece que ni el a quo ni el ad quem, han incurrido en violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de la ley, puesto que, velando precisamente el cumplimiento de las normas procesales que rigen la materia, han resuelto todas y cada una de las acusaciones formuladas por el demandado en el curso del proceso, incluido el recurso de apelación. Si bien es cierto que se le negó la realización de una nueva traducción del informe pericial de ADN, o que se realice un nuevo examen de exclusión de paternidad, ello no implica un desconocimiento de su derecho a la defensa, más aún si se toma en cuenta que tales solicitudes fueron debidamente consideradas y resueltas por los juzgadores de instancia, que si bien fue de manera contraria a los intereses del recurrente, no se puede aducir por este hecho, que se esté vulnerando el debido proceso, o se atente contra la legítima defensa.

Respecto de la compulsa y valoración de la prueba, que es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de instancia, por ello incensurable en casación, cabe señalar que en el recurso de casación en el fondo debe efectuarse una adecuada fundamentación a efectos de establecer si los juzgadores de instancia han incurrido en error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, aspecto regulado por la norma del art. 253.3) del mencionado código adjetivo de la materia, en tales circunstancias el recurrente tiene la obligación no sólo de mencionar que se habría incurrido en error de hecho o de derecho, sino que además debe identificar con meridiana claridad si el error denunciado es uno de hecho o de derecho. En el primer caso, debe especificar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador; y en el segundo caso, citar la ley relativa al valor de las pruebas que han sido infringidas. En la especie, muy rápidamente se mencionó que el tribunal ad-quem, habría incurrido en error, tanto de derecho como de hecho al considerar las pruebas de cargo y de descargo en las que se basó a tiempo de dictar el Auto de Vista; sin embargo no fundamentó de manera alguna por qué razón o motivo el referido Tribunal habría incurrido en tales errores, menos especificó cuales son los documentos auténticos que demuestren equivocación del juzgador (error de hecho), o cuáles son aquellas normas relativas al valor de las pruebas (error de derecho) incumpliendo con su obligación, cual era su carga.

Respecto del recurso de casación en la forma, el ad quem, observando la disposición contenida en la norma del art. 236 del CPC, se pronunció sobre todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación, no existiendo por esta razón, motivo para que este Tribunal se pronuncie por la nulidad del proceso, máxime si se considera los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección, que necesariamente deben observarse al momento de determinarse la nulidad de obrados, tampoco se advierte la violación de las formas esenciales del proceso en las condiciones descritas por los siete numerales del art. 254 del CPC, resultando en consecuencia infundados los argumentos del recurrente.

De lo expuesto se determina con claridad que corresponde aplicar en el presente caso, lo establecido por el art. 271.2) y 273 del ya referido CPC.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el numeral 1) del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial declara INFUNDADO el recurso de fs. 140-144 de obrados, con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 23 de abril de 2005.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.