SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 101 Sucre, 12 de abril de 2.005.

DISTRITO: Beni PROCESO: Ordinario - Reconocimiento de Unión Conyugal Libre o de Hecho y Ruptura de la misma.

PARTES: Marcia Zambrano Fernández c/ Juan Carlos Abularach Montenegro.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 148-149 interpuesto por Juan Carlos Abularach Montenegro contra el Auto de Vista de fs. 145 y vta. pronunciado el 5 de marzo de 2004 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso ordinario de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho y ruptura de la misma, tramitado en su contra por Marcia Zambrano Fernández; la concesión del mismo efectuada mediante Auto de fs. 151 pronunciado el 5 de abril de 2004, los antecedentes procesales analizados para resolución y:

CONSIDERANDO: Que tramitada la demanda ordinaria de referencia, el 6 de septiembre de 2003 se pronunció la sentencia de primera instancia conforme consta a fs. 121-125 de obrados, declarando probada la demanda de fs. 13 a 14 vta. y probada en parte la reconvencional de fs. 21 a 23 vta., reconociéndose la unión libre o de hecho sostenida entre Juan Carlos Abularach Montenegro y Marcia Zambrano Fernández, al mismo tiempo se dispuso la ruptura unilateral de la referida unión con la consiguiente división y partición de bienes adquiridos durante su vigencia, individualizados en el punto 3 de los hechos probados; de igual manera se determinó que el hijo procreado por la pareja quede bajo la guarda de la madre con la asistencia familiar de Bs. 500.- con cargo al demandado.

Deducida la apelación por el demandado perdidoso, la Sala Civil de la Corte Superior del Beni, mediante Auto de Vista 31/04 de 5 de marzo de 2004, cursante a fs. 145 y vta. confirmó la sentencia apelada.

Esta decisión, motivó que el demandado interponga el presente recurso de nulidad o de casación en el fondo alegando los siguientes hechos:

Afirma que cuando inició su relación concubinaria con Marcia Zambrano Fernández, en 1998, tenía varios bienes, entre ellos la motocicleta honda XL 1125, adquirida el 17 de agosto de 1995 y el automóvil Toyota cuyas características cursan a fs. 13 y 14 de obrados, que fue nacionalizado recién en 1998, luego de varios años de haberlo adquirido. No obstante, la sentencia dictada por el a quo, y confirmada por el Auto de Vista impugnado, dispone la división y partición de los bienes adquiridos durante la vigencia de la unión libre o de hecho, incluyendo, entre ellos, los motorizados anteriormente señalados, desconociendo, de esta manera, que los mismos fueron adquiridos con anterioridad a la referida unión, por lo tanto resultan ser de libre disponibilidad de acuerdo a lo establecido por el art. 166 del Código de Familia, razón por la cual no pueden ser objeto de división y partición alguna. Asimismo señala que se han vulnerado los arts. 192.2), 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil puesto que no se dio una verdadera valoración a la prueba documental que presentó y que no fueron enervadas ni desconocidas por la actora.

Concluye solicitando se case el Auto de Vista y se revoque parcialmente la sentencia de fs. 121 a 125 estableciendo que los bienes adquiridos antes de 1998 son de libre disponibilidad. Con costas.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los antecedentes que informan el proceso se establecen los siguientes hechos:

En el trámite del proceso, se ha establecido que la unión conyugal libre o de hecho, entre Marcia Zambrano Fernández y Juan Carlos Abularach Montenegro, se produjo en la gestión 1994. En virtud a este hecho, la a quo dispuso que el automóvil Toyota, cuyo derecho propietario fue registrado en la Alcaldía de Beni el 24 de octubre de 2000, y la motocicleta Honda XL 125, cuya placa de circulación es 778 XZF, adquirida el 17 de agosto de 1995, sean considerados como bienes que forman parte de la comunidad de gananciales y por ende susceptibles de división y partición, situación que de ninguna manera lesiona o vulnera los derechos del recurrente, que no ha demostrado conforme a derecho que la unión libre o de hecho se produjo en 1998, como alega, o que se trate de bienes adquiridos en circunstancias diferentes a las establecidas por la norma prevista por el art. 162 del Código de Familia, que en términos generales establece que son bienes comunes de los convivientes y se dividen por igual entre ellos o sus herederos cuando la unión termina, los ganados por el trabajo personal o el esfuerzo común y los frutos que los mismos producen, así como los bienes adquiridos por permuta por otro bien común o por compra con fondos comunes y los productos de juegos de azar o la fortuna. De lo que se infiere, que la sentencia de primera instancia, y el Auto de Vista impugnado no contienen violaciones, interpretaciones erróneas o aplicaciones indebidas de la ley, tampoco disposiciones contradictorias, que ameriten que se case el Auto de Vista impugnado y se revoque parcialmente la sentencia dictada en primera instancia, concluyéndose, por el contrario, que las autoridades jurisdiccionales de instancia han hecho una correcta apreciación de la prueba aportada en el proceso emitiendo las resoluciones correspondientes conforme a derecho.

Ahora bien, respecto de la violación de los arts. 192.2) referido a la forma de la sentencia, art. 399 documento auténtico y art. 400 valor probatorio de testimonios, del Código de Procedimiento Civil, en el supuesto de que no se efectuó una verdadera valoración de la prueba documental que presentó el ahora recurrente, y que no fueron enervadas ni desconocidas por la actora, cabe señalar que éste no indicó con precisión en qué consiste la violación, errónea interpretación o aplicación indebida de la ley, menos señaló cual debería ser la norma aplicable o la interpretación que se pretende aplicar en el fallo, o si en la defectuosa apreciación de las pruebas se hubiese incurrido en error de derecho -que recae sobre la existencia o la interpretación de una norma jurídica, o cuando se le otorga a un medio probatorio un valor distinto al establecido por Ley- o en su caso error de hecho -cuando el juzgador considera que no hay prueba suficiente sobre un determinado hecho, siendo que ella existe y que la equivocación está demostrada a través de un documento auténtico- por ello, considerando que este tribunal ha establecido que la valoración de la prueba es una atribución privativa de los Jueces y Tribunales de instancia, resultando incensurable en casación, salvo que se haya establecido la existencia de un error de hecho o de derecho, en los alcances anteriormente expuestos, y que se extraña en el presente recurso, se concluye que los hechos denunciados por el recurrente son infundados, por cuanto el recurrente no ha cumplido, cual era su carga, con la adecuada exposición y fundamentación del recurso planteado.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el numeral 1) del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial y aplicando los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de fs. 148 a 149, con costas.

No se regula el honorario del abogado por no haber sido respondido el recurso.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 12 de abril de 2005.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.