SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 28 Sucre, 10 de marzo de 2005

DISTRITO: La Paz RECURSO: Ordinario (Pago de Capital e intereses de deuda con devaluación monetaria, con reparación de daños y perjuicios).

PARTES: Victor Pacheco Arguedas c/ Carlos Mollinedo Zegarra y Betty Zegarra

Vda. de Mollinedo

MINISTRO RELATOR: Dr. Juan José González Osio.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 377-382, presentado por Carlos Mollinedo Zegarra y Betty Zegarra vda. de Mollinedo, contra el auto de vista de fs. 372-373, pronunciado el 24 de octubre de 2002, por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de pago de capital e intereses de deuda con devaluación monetaria, con reparación de daños y perjuicios, seguido a instancia de Victor Pacheco Arguedas contra los recurrentes; la concesión del mismo mediante auto de de fs. 391, y todo lo demás que ver convino y se tuvo presente para resolución, y,

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso ordinario, previa recusación a la que se allanó el Juez 3º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, la Jueza 4º de Partido en lo Civil y Comercial de la misma ciudad, emitió sentencia a fs. 350-351 y vta., declarando probada la demanda de fs. 14-15, disponiendo el pago del capital prestado, teniendo en cuenta las devaluaciones monetarias, intereses, gastos y costas del juicio, ordenando además que en ejecución de sentencia se practique liquidación con relación al dólar americano.

En apelación deducida por los demandados perdidosos, la sentencia fue confirmada con costas, por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior, mediante auto de vista de fs. 372-373.

Esta resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por los demandados mediante memorial de fs. 377-382, en el que acusan lo siguiente:

1) Afirman como infracción de orden público, que no se dio cumplimiento a los arts. 330 y 331 del Cód. Pdto. Civ., porque no se adjuntó ni individualizó en la demanda la prueba documental.

2) En el recurso de casación en el fondo, alegan lo siguiente: a) Denuncian la violación de los arts. 236, 346 y 397 del Cód. Pdto. Civ., porque en apelación no se consideró que no existía prueba preconstituida, impidiendo que los demandados puedan observarla oportunamente. b) Nuevamenteacusan la violación de los arts. 236 y 397 del Cód. Pdto. Civ., porque no se consideró la prueba de fs. 138-203, referida a documentos públicos de pago documentado y que fue reclamada en apelación a fs. 358, instrumentos que demuestran la consignación formulada por ellos, que se admitió en el proceso ejecutivo y determinó la extinción de la obligación; y, al ser un proceso diferente no pudo ser objeto de ordinarización. c) Asimismo, denuncian la violación de los arts. 236 y 343 párrafo I del mismo cuerpo legal, porque no se consideró la excepción de pago opuesta oportunamente y que fue reclamada en apelación. d) Alegan que se violó el art. 236 de dicho Pdto., porque no se consideró ni resolvió el error de derecho sobre la valoración de la prueba señalada en el párrafo II del art. 397. e) También impugnan la violación de los arts. 1289 párrafo III del Cód. Civ., 236 con relación al 397 párrafo I de su Pdto., porque se habría incurrido en error de derecho al reconocer valor probatorio a los documentos adjuntos a la demanda, como base para la ordinarización del proceso ejecutivo. f) Por ello, concluyen pidiendo se case el auto de vista recurrido y se apliquen las normas conculcadas.

3) En el recurso de casación en la forma, denuncian la infracción de los arts. 237 numeral 4), 252 del Cód. Pdto. Civ. y 244 de la L.O.J., porque entienden no haberse corregido las infracciones del inferior, respecto de los arts. 190 numerales 2) y 3) y 192 del Cód. Adjetivo Civ., y, porque tampoco se analizó ni evaluó la prueba, ni se citó las leyes en que se funda el fallo recurrido, al no haberse pronunciado sobre la excepción perentoria de pago documentado, conforme establece el art. 343 del Cód. Pdto. Civ. Concluyen solicitando se case la sentencia de segundo grado, reparando las infracciones acusadas con responsabilidad y multa a los inferiores.

CONSIDERANDO: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde a este Tribunal su análisis y resolución. En ese entendido tenemos lo siguiente:

I.- Con referencia al recurso de casación en el fondo, corresponde puntualizar lo siguiente:

1) El art. 330 del Cód. Pdto. Civ., establece que con la demanda, contestación y reconvención, deben acompañarse las pruebas que estuvieren en poder de las partes, y si no las tienen a su disposición las individualizarán indicando el contenido, lugar y archivo o persona en poder de quien se encuentren, en ese entendido, de los datos que arroja el proceso se concluye que no existe violación de los arts. 236, 346 inc. 2) y 397 del Cód. Pdto. Civ., porque se adjuntó a la demanda prueba preconstituida, como también se identificó el resto de la misma que se encontraba en el expediente del proceso ejecutivo cuya ordinarización se estaba solicitando; ese aspecto fue reconocido por los demandados en el memorial de respuesta a la demanda, otrosí 3ro., fs. 23 in fine a 24 de obrados, posteriormente ratificado por memorial de fs. 54. De aquí resulta, que no es evidente la presunta infracción de orden público denunciada en el primer punto del recurso de casación.

2) Tampoco es cierta la violación de los arts. 236 y 397 del Cód. Pdto. Civ., porque los documentos de fs. 138-203, fueron considerados en la sentencia de fs. 351, como en el auto de vista de fs. 372-373, es más, al haberse determinado la acumulación del proceso voluntario de consignación al proceso ejecutivo, cual consta a fs. 151, se establece que el mismo no concluyó con una sentencia o resolución definitiva independiente, sino que formó parte del señalado proceso ejecutivo cuya ordinarización es motivo del presente juicio.

3) El art. 190 del Cód. Pdto. Civ., establece que las sentencias deben recaer sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso. En el caso presente, conforme consta en los memoriales de fs. 22 y 54, los demandados en ningún momento opusieron la excepción perentoria de pago, por ello, se concluye que no es cierta la violación denunciada de los arts. 236 y 343 párrafo I del Cód. Pdto. Civ.; porque dicha excepción, conforme se tiene indicado, no fue opuesta puntualmente, ya que los demandados a tiempo de responder a la demanda, sólo negaron en todos sus términos la misma.

4) Los recurrentes, no especificaron en forma puntual en que consiste el error de derecho denunciado, respecto a la supuesta violación de los arts. 236 y 397 párrafo II del Pdto. Civ., como tampoco especificaron respecto a que prueba se operó tal violación, por ello, no corresponde ningún pronunciamiento al respecto.

5) Se concluye, que tampoco es cierta la violación de los arts. 1289 párrafo III del Cód. Civ., 236 y 397 párrafo I de su Pdto., porque la Juez a quo y el Tribunal ad quem, consideraron como base para la ordinarización del proceso ejecutivo, tanto los documentos adjuntos a la demanda, como los que se especificaron en la demanda y respuesta, relativos al proceso ejecutivo de cuya ordinarización se trata y que ya fueron mencionados en el punto dos de este considerando.

6) Es más, se tiene que las violaciones denunciadas por los recurrentes, se refieren a cuestiones que presuntamente no hubiesen sido pronunciadas por los Tribunales de grado pese a su reclamo oportuno, aspecto que de ninguna manera constituye causal de casación, sino de nulidad, tal como prevé el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., empero, a fin de establecer tal certeza se ha procedido a su consideración.

II.- Respecto al recurso de casación en la forma, se debe tener presente que es causal de nulidad, que los jueces o tribunales de grado, no hubieren pronunciado criterio sobre las pruebas producidas, ni sobre los puntos demandados y excepcionados, cuando éstos fueron oportunamente alegados y reclamados. En el caso presente, revisando la sentencia de primera instancia como el auto de vista recurrido, tenemos que no es cierta la infracción de los arts. 237 numeral 4) y 252 del citado Pdto., porque en la sentencia y auto de vista, se aplicaron a cabalidad los arts. 190 y 192 del mencionado Cód. Adjetivo, correspondiendo remarcar que no era racional pronunciarse sobre una excepción perentoria de pago documentado no opuesta. En relación al art. 244 de la L.O.J., citado por los recurrentes, ha sido derogado por la Ley del Consejo de la Judicatura.

Sobre este tema, en caso semejante, habiendo este Tribunal evidenciado no ser ciertas las violaciones acusadas, puntualizó: "... el hecho que los tribunales de grado hubieran formado convicción de la verdad de los hechos expuestos por las partes, a través de pruebas como las aportadas a fs. 6 a 11 y 206 a 212, entre otras aportadas al proceso, no constituye violación o infracción alguna ..." (A. S. Nº 119 de 20 de mayo de 2004. Sala Civil I).

III.- Por todo lo motivado, resulta inequívoca la aplicación de la norma prevista por el art. 273 del Pdto. Civ., por no haberse dado ninguno de los presupuestos de los arts. 253 y 254 del mencionado Pdto., para dar curso a una casación o una nulidad de obrados.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el numeral 1) del art. 58 de la L.O.J., declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y en la forma de fs. 377-382, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará a pagar el Tribunal ad quem.

Relator:Dr. Juan José González Osio

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Juan José González Osio.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez

Proveído: Sucre, 10 de marzo de 2005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda