SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 119 Sucre, 9 de diciembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba. PROCESO: Ordinario (Nulidad Parcial de Contrato).

PARTES: Ladislao Chacon Condori c/ Sonia Gonzáles Céspedes

MINISTRA RELATORA: Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

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VISTOS: El memorial de recurso de casación de fs. 360 - 364 interpuesto por Ladislao Chacón Condori y Benedicta Espinoza de Chacón contra el Auto de Vista de fs. 355 - 357 dictado por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en fecha 21 de enero de 2003, dentro de proceso ordinario doble de nulidad parcial de contrato interpuesto por el recurrente; y de entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios por lucro cesante interpuesto a su vez por la demandada Sonia Gonzáles Céspedes, el memorial de respuesta de fs. 366 -366 vta., el auto de concesión del recurso de fs. 367, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO: Que la Sentencia pronunciada por el Juez de Partido de Quillacollo Cochabamba en 5 de abril de 2001 cursante a fs. 330-335 vta., declara improbada la demanda de nulidad parcial de contrato e improbadas las excepciones perentorias y demanda reconvencional interpuesta por el demandante contra la mutua demanda que fue objeto de acumulación; y probada esta segunda demanda de entrega de inmueble y las excepciones perentorias opuestas a la acción principal.

Fallo que es recurrido de apelación por los esposos Ladislao Chacón Condori y Benedicta Espinoza de Chacón manifestando haber sufrido agravios por los argumentos erróneos y contradictorios de la Sentencia producto de una indebida apreciación de las pruebas presentadas de su parte, solicitando se revoque la sentencia y se declare probada su demanda y las excepciones y reconvención opuestas de su parte oportunamente.

Que asumiendo competencia la Sala Civil Segunda pronuncia el Auto de Vista correspondiente que en su parte resolutiva dispone confirmar la sentencia apelada.

CONSIDERANDO: Que los demandantes interponen recurso extraordinario de casación contra dicho fallo de segunda instancia, acusando en cuanto al recurso de Casación en la forma que el Tribunal de Alzada no ha tomado en cuenta las cuestiones de competencia para el conocimiento de conflictos emergentes de la propiedad agraria, tal como establecen los arts. 30 y 38 de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al que corresponde el caso presente, anotando citas impertinentes de Autos Constitucionales irrelevantes para sus argumentos.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, señalan que el Auto de Vista recurrido ha interpretado y aplicado erróneamente los arts. 1319 del Código Civil y 490 de su Procedimiento. Y en lo referente a apreciación errónea de las pruebas se abocan a establecer una detallada relación del registro en Derechos Reales, su ubicación, extensión y colindancias de los bienes inmuebles: una fracción de dos arrobadas (7244 mts.2) y otra fracción de una arrobada (3622 mts.2). Un análisis de las Cláusulas de la Escritura Pública de venta Judicial de 30 de diciembre de 1992, sin señalar de manera concreta, clara y precisa la ley o leyes aplicadas falsa o erróneamente.

CONSIDERANDO: Se entiende por jurisdicción la potestad del Estado para administrar justicia mediante sus autoridades jurisdiccionales, que tiene carácter público, indelegable y de origen legal con carácter de observancia y cumplimiento obligatorio. En ese orden, los juzgadores sean ordinarios o especializados se hallan limitados en razón de su competencia entendida como la facultad para conocer de un determinado asunto, de acuerdo a la naturaleza del derecho, la materia, cuantía y otros, tal como lo establece y señala el art. 27 de la Ley de Organización Judicial.

En el presente caso la demanda principal y la accesoria versan sobre el reconocimiento del derecho propietario de un lote de terreno con una extensión de 7244 mts.2 (dos arrobadas) ubicado en el lado este de la carretera Quillacollo - Confital del Departamento de Cochabamba que fue adjudicado en venta judicial en favor de Sonia Gonzáles Céspedes (fs. 13-33, 199 - 222), y que es cuestionado por los esposos Ladislao Chacón Condori y Benedicta Espinoza de Chacón.

Que la parcela de terreno en cuestión tiene una extensión que no supera el límite de la propiedad urbana que es de una hectárea (10.000 mts.2) y que se encuentra ubicada en terrenos considerados dentro del área urbana de la provincia Quillacollo encuadrada dentro de calles y Avenidas tal y como se puede evidenciar por el informe y planos de terreno presentados por el Perito designado (fs. 278 A - 279).

De lo expuesto se puede apreciar que se trata de un conflicto de derecho propietario de competencia estricta de la jurisdicción ordinaria civil y no de la judicatura especial con jurisdicción y competencia para conocer y resolver conflictos emergentes de la posesión y propiedad agrarios, no siendo procedente la aplicación de la preceptiva de los arts. 30 y 39 - 5), 8) de la Ley Nº 1715.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a la valoración de la prueba es necesario tomar en cuenta la disposición del art. 1286 del Código Civil que sienta un principio general del derecho sobre el valor que debe darse a la prueba ofrecida por las partes en litigio y en tal sentido el juzgador las debe apreciar de acuerdo a la valoración que le otorga la ley, pero si esta no determina otra cosa, podrá hacerlo de acuerdo a su prudente criterio y/o a las reglas de la sana crítica, criterio que guarda conformidad con el art. 397 de su procedimiento.

De tal manera que en la valoración de las pruebas de cargo y descargo producidas en el proceso que analizamos, se encuentra que las autoridades jurisdiccionales inferiores han cumplido a cabalidad con tales mandatos, apreciación que además es incensurable en casación, no habiéndose incurrido por ello en infracción alguna.

Que de lo expresado se hace necesario aplicar la preceptiva del Código de Procedimiento Civil en sus arts. 271 - 2) y 273.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excma. Corte Suprema de

Justicia de la Nación, en uso de la competencia que le otorga el art. 58 ordinal 1) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso, con costas

Se regula honorario profesional en la suma de bs. 500.- cuyo cumplimiento hará efectivo el Tribunal Inferior.

Relatora: Ministra Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Proveído: Sucre, 9 de diciembre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.

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