SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 115 Sucre, 2 de diciembre de 2004.

DISTRITO: Potosí. PROCESO: Ordinario (Resolución de Convenio, Resarcimiento de Daños y Perjuicios).

PARTES: H. Alcaldía Municipal de Tupiza c/ Comité de Aguas Potables de Tupiza (

CAPTU), Representada por Lucio Yahualca Reyes y Otros.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VISTOS: La sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en la forma y en el fondo, contestación, concesión del mismo, dictamen fiscal y todo lo demás que convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: Los representantes de la Alcaldía Municipal de Tupiza, plantearon demanda ordinaria solicitando la resolución del convenio que suscribieron con el Comité de Aguas Potables Tupiza (CAPTU) por incumplimiento, así como pago de daños y perjuicios (fs. 40-42 y 44); a su vez, la empresa demandada respondió a esa acción y plantearon acción reconvencional, demandando la nulidad del convenio (fs. 60-62); ambas fueron resueltas por sentencia de 27 de noviembre de 2002, dictada por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Tupiza, a través de la que se declaró probada la demanda e improbada la reconvencional, disponiéndose la resolución del convenio, más daños y perjuicios que deben recaer sobre bienes propios de la entidad demandada (fs. 706-712).

Los demandados plantearon recurso de apelación (fs. 717-721), que fue resuelto por auto de vista de 23 de enero de 2003, emitido por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por el que se confirmó totalmente la sentencia apelada (fs. 729-731); impugnando esa resolución, dicho demandado interpuso el presente recurso de casación, a través del que solicitó la anulación del auto de vista recurrido o hasta el estado en que el proceso en primera instancia se circunscriba a los actuados a derecho, alternativamente se case el auto de vista y se declare improbada la demanda y probada la acción reconvencional, con costas.

CONSIDERANDO: El recurrente, argumentó su recurso de casación en el fondo expresando que los reclamos que realizaron en su alzada, fueron rechazados en el auto de vista, bajo el equívoco razonamiento de que todas habrían sido convalidadas por preclusión procesal, al no haberse reclamado oportunamente, pero de obrados se evidencia que tal aseveración no es cierta, como se pasa a detallar seguidamente.

Así pues, dicho recurrente señaló que en primera instancia se reclamó insistentemente que se repongan sus derechos respecto al atropello de su patrimonio, por la confusión de su personería como personas naturales y la del ente colectivo CAPTU demandado. Al respecto y al margen del auto ejecutoriado de fs. 123-124 (a través del que se declaró improbada la excepción de impersonería) al que se hace referencia en la resolución impugnada, corresponde señalarse que en sentencia, a tiempo de declararse probada la demanda, se dispuso: "... el resarcimiento de daños y perjuicios que en ejecución de sentencia debe procederse a la calificación... debiendo recaer sobre los bienes propios de la entidad demandada...". De esa determinación, claramente se infiere que la responsabilidad debe ser cubierta con el patrimonio de la ENTIDAD demandada CAPTU como persona colectiva que es, no así con el patrimonio personal de las personas físicas que lo integran, como equivocadamente lo entiende el recurrente, es decir que no existe confusión en cuanto a la calidad del demandado como ente colectivo, tampoco con referencia a las consecuencias de la sentencia (confirmada por el ad-quem) la que en ningún momento atropelló el patrimonio personal de las personas físicas que lo integran.

En el transcurso de la tramitación del proceso -señala el recurrente- se reclamó que se habría convalidado pruebas producidas extemporáneamente, reclamo que también se hizo en apelación, pese a ello se dio valor a pruebas presentadas por el demandante, por lo que el tribunal de alzada ha violado los arts. 90, 139 y 370 del Código de Procedimiento Civil, que establecen que el plazo probatorio es perentorio e improrrogable. De obrados se evidencia dos situaciones a saber: 1º) la parte demandante propuso prueba documental, testifical y confesión, dentro de los cinco días primeros de la notificación con el auto que fijó los hechos a demostrarse (fs. 281 vta., y 357-359), prueba testifical y confesoria que fue recibida en audiencias públicas en las que participó la parte demandada (fs. 578-580, 583-584), dicha prueba y otras fueron producidas antes de la clausura del término probatorio (fs. 563), todo en el marco de lo previsto por los arts. 379, 390 y 394 del Código de Procedimiento Civil y; 2º) con el argumento de que el plazo probatorio se encontraría vencido, la parte demandada planteó recurso de reposición contra la providencia de 22 de agosto que señaló audiencia para recepción de prueba testifical de cargo, (fs. 556 vta. y 564), pese a no haberse revocado la providencia que expresamente señala que: "Está en su derecho de interponer los recursos que la ley le franquea" (fs. 565), el demandado no planteó recurso de apelación alguno. De los dos aspectos referidos precedentemente se concluye que la prueba fue propuesta y producida antes de la clausura del término probatorio y en todo caso, de haber sido recibida fuera de término legal, el demandado consintió con su presentación, al dejar ejecutoriar la mencionada resolución; por todo lo que no es cierto que el tribunal ad-quem -al confirmar la decisión del inferior-, hubiere violado los arts. 90, 139 y 370 del Código adjetivo de la materia.

En primera instancia -indica el recurrente- también se reclamó que la parte demandante presentó pruebas legalizadas por el Notario Gunnar Valda que no tenía la custodia de los originales, además de haber presentado simples fotocopias, pese a ello en el auto impugnado se justificó la validez de esas pruebas en la última parte del art. 1311 del Código Civil, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 90, 400 del Código de Procedimiento Civil, 1309 del Código Civil, 279 y 281 inc. c) de la Ley de Organización Judicial. Al respecto se tiene que con la demanda deberá acompañarse la prueba documental que estuviere en poder de las partes -la misma que deberá ser propuesta oportunamente-, a su vez, la parte demandada a tiempo de contestar la acción debe pronunciarse sobre los documentos acompañados en la demanda, como prevén las normas de los arts. 330, 379 y 346 inc. 2) del referido Código adjetivo; pese a la claridad de las normas precedentes, a tiempo de contestar la demanda no se pronunciaron ni hicieron referencia al contrato de préstamo suscrito entre la Alcaldía y el FNDR de fs. 11-18, tampoco respecto a los documentos de fs. 22 y 23, menos observaron el hecho de que habría sido legalizado ese contrato por un notario que no era depositario del original (fs. 60-62), en ese sentido dicha prueba tiene el mismo valor probatorio que los originales, conforme se desprende del art. 1311-I in fine del Código Civil, que -a tiempo de referirse a los testimonios y reproducciones- señala que las copias de documentos originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas o si la parte a quien se oponga no las desconoce expresamente; es decir que el tribunal de alzada, lejos de aplicar indebidamente el art. 1311 del dicho Código sustantivo, ha establecido correctamente sus alcances y no por ello ha contravenido los otros artículos señalados en el recurso.

Por los argumentos referidos en los tres párrafos anteriores, se tiene que el tribunal de apelación no se equivocó al aplicar el principio de preclusión en cada uno de los tres casos señalados, por lo que corresponde declararse infundado el presente recurso, por ser de aplicación los arts. 271 inc 2) con referencia al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: Otro de los argumentos del recurso de casación en el fondo, señala que el tribunal de alzada no ha realizado una adecuada aplicación del art. 568 del Código Civil, por cuanto el demandante no los constituyó en mora, en tal sentido mal puede considerarse que la obligación resultaba exigible y menos aún que existiere un incumplimiento intencional o voluntario, tampoco han probado los actores que habrían cumplido a cabalidad sus obligaciones pactadas.

El alcance del art. 568 del Código sustantivo de la materia -que según el recurrente habría sido infringido por no haberse realizado una adecuada aplicación del mismo- es normativo de la acción de resolución como condición implícita de las obligaciones bilaterales, o lo que es lo mismo, en los contratos bilaterales siempre está implícita la condición resolutoria para el caso de que una de las partes incumpla con su obligación, lo que responde al principio de la equidad, según el cual es razonable liberar a cualquiera de las partes contratantes de las obligaciones que la incumben, cuando la contraria deja incumplidas las suyas.

Dado el principio de equidad referido y en aplicación del art. 568 del Código Civil señalado -que debe ser interpretado no de manera automática, sino en sentido racional, lógico y moral-, para proclamar la resolución de un contrato es necesario que el actor haya cumplido con la obligación que contrajo y a su vez, que el demandado haya faltado a las obligaciones que le corresponden, pero en este último caso no basta la existencia de cualquier incumplimiento, sino que es necesario comprobar si éste tiene tal importancia en la economía del contrato que justifique su resolución.

La apreciación de las vulneraciones contractuales, quedan al arbitrio del juzgador de instancia, o lo que es lo mismo, con facultad propia e incensurable en casación las autoridades de instancia aprecian y valoran la prueba; pues dada la naturaleza extraordinaria del presente recurso, tiene un ámbito limitado, por ello que el tribunal de casación se encuentra impedido de hacer una nueva y completa valoración de la prueba aportada por las partes durante la tramitación del litigio, limitándose su actividad a ceñirse al examen de la infracción de la norma denunciada, así como al error de hecho o de derecho denunciado en la apreciación de la prueba.

En ese contexto se tiene en sentencia como hechos probados los siguientes: a) la existencia de un contrato de préstamo destinado al financiamiento del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario de Tupiza, suscrito entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con el Gobierno Municipal de Tupiza y la Prefectura de Potosí (fs. 11-18); b) sobre esa base se elaboró un convenio contenido por Instrumento Público 428/00 de 23 de octubre, suscrito entre el Municipio de Tupiza (actor) con el Comité de Aguas Potables Tupiza (CAPTU-demandados), por el cual el primero concede al segundo la administración delegada de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario y se compromete a entregar activos concernientes a las nuevas redes, a su vez el segundo se compromete a honrar la deuda contraída con el FNDR, debiendo abonar mensualmente a la municipalizada suma de $us17.000.- hasta cubrir el monto de $us102.000.-, además de entregar una boleta de garantía (fs. 4-10); c) la municipalidad entregó los activos comprometidos (fs. 349-356) y; d) CAPTU cumplió en un 40% ó 50% y no el 100% de la obligación que asumió, a cuya consecuencia la municipalidad no cumplió con el préstamo que contrajo con FNDR, CAPTU tampoco depositó la boleta de garantía (21-23, 66-68, 114-119, 331-332, 343, 575-577, 578, 579 y otras).

Habiendo la municipalidad cumplido con su obligación, no así CAPTU cuyo incumplimiento es de una importancia económica considerable en la economía del contrato, el a-quo en sentencia declaró probada la demanda y dispuso la resolución del contrato, más el pago de daños y perjuicios; decisión confirmada por el ad-quem con el argumento de que el incumplimiento incurrido por los demandados es totalmente cierto en mérito a la abundante prueba cursante en el dossier, la misma que acredita el cumplimiento por parte del actor. En ese sentido, no constata este Supremo Tribunal que el tribunal de apelación hubiere infringido el art. 568 del Código Civil, al contrario, al confirmar la decisión del inferior ha dado un cabal sentido a los alcances de esa previsión legal; tampoco se constata que en su decisión se hubiere incurrido en error de hecho y menos en uno de derecho, razón por la que en esta parte del recurso, el mismo es infundado, en aplicación de los arts. 271 inc 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: Finalmente, otra razón por la que se planteó el recurso de casación en el fondo, radica en que conforme a los incs. 1) y 5) del art. 549 del Código Civil, es nulo el convenio contenido en Escritura Pública 428/2000, en virtud de que el demandante no tenía potestad para otorgar en concesión el servicio de agua potable, pues es la Superintendencia del sector la única que tiene potestad para ello.

De obrados se evidencia que la demanda reconvencional (en la que se solicitó la nulidad del convenio por no tener la Alcaldía competencia para otorgar a su parte concesión del servicio de agua) se amparó en el art. 31 de la Constitución Política del Estado y artículos de la Ley SIERESE y su Reglamento, Ley de Saneamiento Básico, así como en la Ley Orgánica de Municipalidades (fs. 60-62), no se hizo mención a ninguno de los casos de nulidad del contrato enumeradas en el art. 549 del Código Civil -a diferencia del recurso de casación planteado por dicho demandado y señalado en el párrafo anterior-; los primeros cuatro incisos del art. 549 referido hacen una enumeración taxativa de los casos de nulidad, empero el inc. 5) salva "los demás casos (de nulidad) determinados por la ley", que están relacionados a los requisitos señalados por la ley para la formación y validez de los contratos que no pueden ser eludidos por las partes y según el caso, su inobservancia se sanciona con nulidad o anulabilidad.

Ahora bien, la previsión del art. 31 de la Constitución Política del Estado establece que: "Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley", norma que constituye una garantía constitucional respecto a los actos o resoluciones de autoridades públicas que actúen sin competencia, situación que habilita a los agraviados a impugnar esos actos o resoluciones a través de un recurso extraordinario especial, que se encuentra consagrado en el art. 120 inc. 6) de nuestra Constitución, así como en las normas de los arts. 79 y siguientes de la Ley 1836 o Ley del Tribunal Constitucional.

A través del presente proceso ordinario CAPTU, pretende la nulidad de un contrato (convenio) que suscribió con la Alcaldía, pero no por motivos relacionados a la falta de requisitos de formación y validez de los contratos como correspondía -respecto a los cuales si es posible demandar una nulidad de contrato en la jurisdicción ordinaria-sino que equivocadamente lo hace amparado en normas constitucionales que corresponden a otro tipo de procesos que son de conocimiento de la jurisdicción constitucional.

En esa circunstancia, mal puede pretender el recurrente que este Tribunal case el auto de vista y deliberando en el fondo declare probada su demanda reconvencional, por haber sido ella planteada de manera equivocada; no siendo evidente que el tribunal de alzada no hubiere efectuado una adecuada valoración de normas (31 CPE, Ley SIRESE, Ley de Saneamiento Básico, Ley de Municipalidades) y de las pruebas cursante en obrados, por lo que también es de aplicación el art. 271 inc. 2) con referencia al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: En el recurso de casación en la forma planteada por los recurrentes se ampara en el art. 254 inc 4) del Código de Procedimiento Civil y expresa que se ha transgredido el art. 227 del mismo cuerpo legal, porque en el auto de vista impugnado, no se ha emitido criterio respecto de todos los agravios enumerados en el memorial de interposición del recurso tal el que: a) se ha atropellado su patrimonio personal, a pesar de haber actuado a nombre de una persona jurídica; b) se ha producido prueba fuera de plazo y pese ha ello se las ha convalidado; c) no se ha pronunciado sobre el hecho de que el juez de primera instancia no efectuó una adecuada evaluación sobre la causal de resolución invocada en la demanda y; d) no se ha evaluado los motivos para desestimar la acción reconvencional, en la que se demandó la nulidad del contrato.

Los argumentos del recurrente no son evidentes, pues el tribunal de alzada se ha pronunciado sobre todos y cada uno de los puntos señalados en el memorial de alzada; respecto a los cuales este Supremo Tribunal ya se pronunció, al referirse al recurso de casación en el fondo. Pues bien, los aspectos señalados en los incs. a) y b) se encuentran desarrollados en el considerando II, párrafos segundo y tercero; lo expresado en el inc. c) se encuentra justificado en el considerando III anterior y; lo mencionado en el inc. d) esta respondido en el considerando IV precedente; en ese sentido también se declara infundado el presente recurso de casación en la forma, en igual aplicación del art. 271 inc. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la potestad que le acuerda el ordinal 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial y de acuerdo al Dictamen Fiscal de fs. 750-51, declara INFUNDADO el recurso, con costas.

Se regula en la suma de Un mil bolivianos el honorario del abogado, que mandará se haga efectivo por el tribunal ad-quem.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Proveído: Sucre, 2 de diciembre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.

?? ?? ?? ??