SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 111 Sucre, 24 de noviembre de 2004

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Ordinario (Daños y Perjuicios).

PARTES: Edgar Aliaga Sanguino c/ Yacimientos Petrolíferos Bolivianos.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

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VISTOS: La sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en la forma y en el fondo, contestación, concesión del mismo, dictamen fiscal y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: El actor planteó la presente demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios, habiendo el Juez de Partido y Sentencia de Camiri dictado sentencia en 17 de mayo de 2002, que cursa de fs. 159 á 161, por la que declaró probada la demanda, condenando a la parte demandada al pago de daños y perjuicios en la suma de $us22.000.-.

Impugnada que fue la mencionada sentencia, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en 09 de septiembre de 2002 pronunció auto de vista de fs. 188, a través del que se confirmó la sentencia, con costas.

La empresa demandada, planteó recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 192 á 195, solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo o si no, se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda, con costas.

El objeto del recurso de casación, es la resolución impugnada, que debe ser analizada por este Supremo Tribunal desde el punto de vista de si infringe o no normas del ordenamiento jurídico.

En ese contexto, procede un recurso de casación en la forma cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso; a su vez, procede un recurso de casación en el fondo cuando el juez o tribunal de apelación ha emitido una sentencia o auto de vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como cuando ha incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme establecen los arts. 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

En ese marco legal, este Supremo Tribunal pasa a examinar si son evidentes las infracciones de normas denunciadas por el recurrente.

CONSIDERANDO: El demandado planteó recurso de casación en la forma, expresando que el juez a-quo declaró improbada la excepción de impersonería que planteó, resolución con la que de manera irregular se notificó a la empresa estatal demanda mediante cedulón, sin tener en cuenta que los autos que resuelven excepciones deben ser notificados en forma personal o por cédula, conforme establecen los arts. 101, 121 y 137 del Código de Procedimiento Civil.

La excepción de impersonería se resuelve a través de un auto interlocutorio simple, que tiene por finalidad depurar del juicio de todas las cuestiones accesorias sobre el proceso, pues no prejuzga lo principal del litigio, no corta la continuación del proceso, tampoco suspende la competencia del juez, es apelable en el efecto devolutivo y respecto a la misma no procede la interposición de un recurso de casación; auto interlocutorio simple que se diferencia de un auto interlocutorio definitivo, porque a través del último se resuelve una cuestión accesoria con la que se corta ulterior procedimiento, en consecuencia es imposible la prosecución del proceso, siendo apelable en el efecto suspensivo y respecto a la que sí procede recurso de casación; ahora bien, son los autos interlocutorios definitivos (no así los autos interlocutorios simples) los que se notificarán a las partes por cédula, a menos que hubieren sido notificados personalmente, conforme establece el art. 137 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, la empresa demandada opuso excepción de impersonería, oscuridad y contradicción en la demanda (fs. 66-68), que fue declarada improbada por auto interlocutorio simple de 30 de junio de 2001 (fs. 128 vta.), notificándose al apoderado de la empresa demandada, mediante "cedulón ... fijado que fue en la puerta del domicilio que tiene señalado" (fs. 129 vta.); el demandado planteó el presente recurso de casación en la forma señalando que su notificación fue irregular, puesto que no se dejó aviso judicial en su domicilio ni se informó al juez como corresponde en toda notificación cedularia, por lo que pide nulidad de obrados. Conforme a lo manifestado, el auto que resuelve una excepción previa de impersonería, no es un auto interlocutorio definitivo con el que necesariamente deba notificarse a las partes personalmente o por cédula en el domicilio del demandado, como equivocadamente manifiesta el recurrente, sino que se trata de un auto interlocutorio simple cuya forma de notificación podrá ser realizada en secretaría del juzgado, de acuerdo a las normas de los arts. 133, 134 y 135 del Procedimiento Civil.

Por lo manifestado, éste Supremo Tribunal no encuentra mérito para considerar las infracciones denunciadas, por la supuesta irregularidad en la notificación cedularia; máxime si de obrados se evidencia que la parte demandada no hizo oportuna denuncia ante las autoridades judiciales de instancia de esa supuesta irregular notificación, habiendo por ello precluído su derecho; por lo que en esta parte es de aplicación las normas de los arts. 271 inc 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: En el recurso de casación en el fondo, el recurrente manifestó que las autoridades judiciales cuantificaron en $us44.- el valor de cada acción, en atención a la literal que cursan de fs. 110 á 112 de obrados (que pertenece a otra persona diferente al actor), prueba que ha sido valorada sin corresponder a la ofrecida como preconstituida, tampoco fue propuesta en su oportunidad como prueba, no responde a la prueba de segunda instancia y menos se dio la solemnidad de prueba de reciente obtención bajo juramento, infringiéndose con ello los arts. 370, 371, 373 y 379 del Código de Procedimiento Civil.

La prueba aportada por las partes en el proceso, está destinada a producir en el Juez convicción de la afirmación que -para efectos del proceso- realiza una de ellas; ahí radica la necesidad de que los hechos -sobre los cuales se funda la decisión judicial- estén demostradas por prueba legalmente aportada y recibida en el proceso. La recepción a prueba es el acto procesal por el cual la autoridad judicial "admite genéricamente la posibilidad de que se realicen actos probatorios y fija el plazo para que éstos se propongan y practique, o directamente, acuerda un plazo a este último efecto y admite o no, específicamente, las pruebas ya ofrecidas por las partes" (Palacio, Derecho Procesal Civil, T IV, pág. 373).

En los procesos ordinarios, en primera instancia las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el auto que fijare los hechos a demostrarse y la recepción o práctica de las mismas se realizará dentro del período concedido por el juez, salvo el caso de documentos posteriores o anteriores desconocidos, que podrán ser admitidos bajo juramento de no haberse tenido antes conocimiento de ellos, como establecen los arts. 331, 379 y 390 del Código de Procedimiento Civil; en segunda instancia las partes podrán pedir apertura de plazo probatorio o presentar nuevos documentos, en el plazo de cinco días computables desde la providencia de radicatoria, como establece el art. 232 del indicado procedimiento; es decir, que tanto en primera como en segunda instancia, el legislador boliviano ha establecido plazos dentro de los cuales las partes podrán proponer prueba, vencido los cuales caduca el derecho de las partes para realizar proposición alguna, en el marco de lo establecido por el art. 1514 del Código Civil.

A fs. 113 de obrados se constata que a tiempo de apelar parcialmente una primera sentencia, el demandante presentó como prueba de reciente obtención certificados que acreditarían que Trans Redes vendió acciones a su hermano por un valor de $us 44.- cada una (fs. 110-112); dichos documentos de fecha posterior a la demanda, no cuentan con el acta de juramento de no haberse tenido antes conocimiento de ellos, tampoco fueron propuestos dentro del plazo de cinco días computables desde la providencia de radicatoria en apelación. Como emergencia de una anulación de obrados dispuesta hasta fs. 68 vta., por el tribunal de apelación (fs. 123) se dictó un nuevo auto de relación procesal -que fijó los hechos a demostrarse- (fs. 130 vta.), notificadas que fueron las partes (fs. 131), correspondió al demandante proponer esa documental en el término de cinco días, pero no lo hizo así, al contrario la omitió y de manera expresa propuso sólo la documental que acompañó a su demanda, así como la testifical (fs. 132).

En ese sentido, se evidencia ser cierta la afirmación del recurrente, en sentido que la documental de fs. 110-112 no fue ofrecida como prueba de reciente obtención bajo juramento, tampoco es una que oportunamente hubiera sido propuesta en segunda instancia y -como emergencia de la anulación- tampoco fue propuesta en su oportunidad como prueba. Sin embargo de ello, el a-quo a tiempo de pronunciar sentencia en forma expresa valoró las literales de fs. 110-112, por las que -señaló- se evidenciaría que las acciones de la Empresa Trans Redes habrían sido vendidas a un costo de $us 44,5 por cada acción, resultando ese el monto de utilidades que lo habrían privado de ganar al demandante, que adquirió 500 acciones de esa empresa y a tiempo de declarar probada la demanda, condenó a la empresa demandada a pagar el valor de $us 22.000 (fs. 161); decisión que en apelación fue confirmada totalmente por el tribunal ad-quem que manifestó ser correcto el cálculo establecido en sentencia, pues por la documental de fs. 111-112 se estableció el valor de las acciones (fs. 189).

Cuando una resolución (sentencia y/o auto de vista) asigna a una prueba el valor que no la tiene, por no haber sido propuesta en su oportunidad, infringe el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia amerita la aplicación de los arts. 271 inc., 4) y 274 del mismo cuerpo adjetivo de la materia, puesto que una resolución judicial no es válida cuando la autoridad judicial atribuye valor fundante a una documental (fs. 110-112) que strictu sensu constituye una no-prueba.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, conforme al dictamen fiscal, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, con costas y regulación de honorarios del abogado en la suma de Bs500.-. En cuanto al recurso de casación en el fondo, con la facultad que otorga el art. 274 del mismo cuerpo legal, se CASA EN PARTE el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo confirma la sentencia en cuanto declara probada la demanda de pago de daños y perjuicios, pero revoca la parte que condena al demandado al pago de $us. 22.000.- sobre la literal que cursa de fs. 111-112, con los fundamentos expuestos en el considerando III del presente Auto Supremo, disponiendo que la cuantificación de daños y perjuicios sea averiguada en ejecución de sentencia; con responsabilidad por no ser excusable el error en el resolver en que se ha incurrido, imponiéndose una multa de Bs100.- a los vocales signatarios del auto de vista, que serán descontados de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.

Para resolución interviene la Señora Ministra de la Sala Civil Primera Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez según convocatoria de fs. 217.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Dra Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído: Sucre, 24 de noviembre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.

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