SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 108 Sucre, 24 de noviembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario (Dación en Pago).

PARTES: Fundación Agrocapital c/ Maria Alicia Graciela Vargas de Asin y Edgar

Asin Capriles.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

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VISTOS: La sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en el fondo y en la forma, contestación, concesión del mismo y todo lo demás que convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: Se planteó la presente acción demandado la consolidación de la dación en pago y consiguiente entrega de los bienes comprometidos y gravados mediante Escritura Pública Nº 884/1993 (fs. 16-18); a su vez, la co-demandada María Alicia Graciela Vargas de Asín contestó la demanda e interpuso una reconvencional en la que demandó la nulidad de la Escritura 884/1993, así como el resarcimiento de daños y perjuicios (fs. 40-44); ambas fueron resueltas por sentencia de 03 de noviembre de 2000, pronunciada por el Juez Noveno de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, por la que se declaró probadas la demanda y las excepciones opuestas contra la mutua petición e improbadas la demanda y excepciones opuesta contra la demanda (fs. 191-197).

Impugnando la mencionada sentencia, se planteó recurso de apelación (fs. 200-203), que fue resuelto por auto de vista de 14 de noviembre de 2002, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, a través del que se confirmó la sentencia apelada (fs. 229-232). La co-demandada María Alicia Graciela Vargas de Asín, planteó el presente recurso de casación en el fondo, solicitando se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal y probadas las excepciones opuestas por ella, así como probada la acción reconvencional e improbadas las excepciones de AGROCAPITAL (fs. 236-237).

CONSIDERANDO: A través de la interposición de un recurso de casación en el fondo, se pretende que el tribunal de casación dicte una resolución en la que se establezca el significado y alcance de una norma objetiva (sustantiva o adjetiva) en general, denunciada como violada, interpretada erróneamente o aplicada indebidamente o se determine la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba; resolución que además de poner fin a un proceso judicial, tiene carácter obligatorio y vinculante en el proceso en el que fue dictado, con la finalidad de lograr defensa del derecho objetivo a través de una uniforme interpretación de la ley.

En el recurso de casación en el fondo, planteado por la recurrente, expresa que en la escritura de fs. 1 se estableció que el pago lo realizaría la empresa demandante AGROCAPITAL a BHN Multibanco S.A., lo que no ocurrió así pues dicho pago lo efectuó un tercero como es la Secretaría del PL 480, situación que se acreditó por la certificación del CITIBANK (sucesor del BHN Multibanco S.A.) de fs. 174, sin embargo de ello, en el auto de vista impugnado se incurrió en error de hecho y de derecho al realizar una afirmación falsa en sentido de que se habría efectuado el pago conforme se estableció en la escritura pública, desconociendo una certificación que demuestra lo contrario, violando los arts. 295, 298, 324, 326, 339, 384, 385, 510, 518, 963, 966, 423, 424, 454, 1286, 1291 1306 y 1307 del Código Civil, así como los arts. 62 y 818 del Código de Comercio.

El pago es una forma de extinción de una obligación por el cumplimiento de la misma, pago que debe cumplirse con la entrega de la cosa debida o con la prestación del hecho prometido, no pudiéndose obligar al acreedor a recibir una cosa o aceptar un hecho distinto al pactado; sin embargo en ciertas situaciones, las partes pueden convenir el cumplimiento de una obligación con una prestación diversa a la debida, a esto se llama dación en pago, que se encuentra reconocida en las normas de los arts. 307 y 309 del Código Civil y se da cuando el acreedor consienta en ella, mediante autorización judicial, en cuyo caso el deudor responde por la evicción y los vicios ocultos. En conclusión, la dación en pago es un modo de extinción de las obligaciones, en virtud del cual el acreedor acepta y recibe una prestación distinta a la pactada, dación en pago que no es una obligación alternativa (art. 416 del Código Civil) -puesto que en este tipo el deudor cumple entregando una de las cosas pactadas-, sino se trata de una obligación con prestación sustitutiva (art. 423 del Código Civil), por cuanto el deudor se libera ejecutando una prestación en sustitución de otra fija para el efecto, aceptando el acreedor la cosa distinta a la pactada.

En el caso sub lite se evidencia que por Escritura Pública 884/1993 de 14 de agosto, fs. 1-5, la Fundación AGROCAPITAL (demandante-acreedor) procedió a cancelar la obligación de $us469.136.- que asumió la Empresa "Sandry" representada por María Alicia Graciela Vargas de Asín y Edgar Asín Capriles (demandados-deudores) con BHN Multibanco S.A.; a su vez contra dicho pago los Sres. Vargas-Asín se comprometieron con la Fundación a conformar una Sociedad Anónima en un término de 90 días; en caso de incumplimiento -por las deudas pagadas- se acordó que se opere la dación en pago a favor de AGROCAPITAL de todos los bienes hipotecados por Vargas-Asín.

De obrados se constata la certificación extendida por CITIBANK que expresa: "La obligación que tenía la Sra. María Alicia Graciela Vargas frente al extinto BHN Multibanco S.A. fue cancelada por la Secretaría PL 480 en 11 de agosto de 1993 por cuenta de la Fundación Agrocapital" (fs. 174); contenido de la certificación que se encuentra reconocido por la propia demandada en la confesión judicial que prestó, cuando manifestó que: "... asumimos obligaciones económicas ... con el BHN Multibanco por un monto aproximado al que se menciona ($us469.136), que AGROCAPITAL pagó al Banco como parte de sus acciones en la sociedad empresarial que se quería implementar" (fs. 117); ambas pruebas, acreditan de manera inobjetable, que la demandante AGROCAPITAL fue quién pagó a BHN Multibanco S.A. la obligación económica que asumieron los demandados, no así la Secretaría del PL 480 -como equivocadamente señala la recurrente-, Secretaria Ejecutiva del Programa PL 480 (institución pública que se creó mediante un Convenio para la venta de productos agrícolas, suscrito entre los gobiernos de Bolivia y EE. UU.) que ayudó a canalizar el pago que se realizó por cuenta de la institución responsable de la administración del Fondo de Desarrollo Florícola como es la demandante Fundación AGROCAPITAL.

Como consecuencia del pago que efectuó el actor, se liberó a los demandados del pago de sus obligaciones económicas con bancos, momento en el que surgió para ellos la obligación de cumplir con el compromiso de constitución de sociedad en un determinado tiempo, pero por razones que no son del caso analizar, no se dio la situación acordada -constitución de sociedad- y conforme a lo establecido en la Escritura Pública 884/93, sin necesidad de requerimiento judicial se operaba la dación en pago (por las deudas canceladas por AGROCAPITAL), en ese sentido corresponde a los deudores (demandados), liberarse de la obligación que asumieron (como es la constitución de una sociedad) ejecutando una prestación diversa a la debida y consentida por el acreedor (demandante), como es la entrega de los bienes que han sido hipotecados y dados en calidad de prenda, que se encuentran detallados en la cláusula cuarta de dicha escritura.

En consecuencia, no es cierto que el tribunal de apelación hubiera infringido norma alguna y menos que hubiese incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, razón por la que este recurso de casación en el fondo es infundado, en virtud de lo establecido por los arts. 271 inc 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: La recurrente también pretende plantear un recurso de casación en la forma en unas cuantas líneas, cuando expresa que el auto de vista ha omitido pronunciarse sobre los agravios expresados en el recurso de apelación, tales: la viabilización de una pretensión defectuosa, excepción de prescripción liberatoria, falta de legitimación procesal del demandante, falsedad de causa y la viabilidad de una nulidad parcial de la escritura, infringiendo los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, "Falta de pronunciamiento que constituye de manera evidente una causal de invalidez de las actuaciones..., por lo que corresponderá al Tribunal de Casación casar el auto de vista".

Nadie desconoce que a tiempo de plantearse un recurso de casación, pueda interponerse el mismo en el fondo y en la forma, como expresamente lo reconoce el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, pero tampoco nadie debe desconocer que el planteamiento de los mismos debe ser realizado en forma alternativa, teniendo en cuenta que el objeto de cada uno de ellos es diferente; así cuando se plantea un recurso de casación en el fondo -por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, así como por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba- se pretende la casación de la resolución impugnada y que se falle sobre el fondo del litigio (arts. 253 y 274 del Código de Procedimiento Civil); a su vez, cuando se interpone un recurso de casación en la forma -por violación de formas esenciales del proceso- se pretende la anulación del proceso hasta el vicio más antiguo (arts. 254 y 275 del mismo cuerpo adjetivo de la materia).

En el recurso de casación en la forma de fs. 237 vta. se confundió el objeto de ambos tipos de recurso, pues se denuncia que el auto de vista no se habría pronunciado sobre algunas pretensiones realizadas en apelación (causa de anulación de obrados, reconocida por el art. 254 inc. 4) del Procedimiento Civil, pero de manera contradictoria y totalmente incoherente, se pide que se case el auto de vista (forma de resolución reconocida en el art. 274 de dicho procedimiento) y no así la anulación de obrados, como correspondería conforme a lo denunciado; en ese contexto, surge la duda para este Tribunal si ¿se ha planteado un recurso de casación en la forma por denunciar situaciones que ameritarían una anulación de obrados? o ¿lo que se ha planteado es un recurso de casación en el fondo, toda vez que se pide se case el auto de vista?, no se sabe exactamente por ser un planteamiento contradictorio y excluyente.

Cuando como en la especie se platea al mismo tiempo una casación en la forma y en el fondo, strictu sensu no existe propiamente recurso de casación, por lo que no se abre la competencia de este Supremo Tribunal para considerar los aspectos denunciados por el recurrente, por incumplimiento de lo previsto en el art. 258 inc 2) del Código de Procedimiento Civil, lo que a su vez determina la improcedencia, conforme a lo señalado por los arts. 271 inc 1) y 272 inc 2) del mismo cuerpo adjetivo de la materia.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la potestad que le acuerda el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo. Con relación al recurso de casación en la forma, con la facultad que le reconoce el art. 272 inc. 2) del mismo cuerpo legal, se declara IMPROCEDENTE; ambos con costas.

Se regula honorarios de abogado, en la suma de Bs. 500, que mandará cumplir el Juez ad quem.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Proveído: Sucre, 24 de noviembre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.

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