SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 106 Sucre, 24 de noviembre de 2004

DISTRITO: La Paz. PROCESO: Ordinario (Restitución de Inmueble).

PARTES: Bernardo Cabrera Bayer y Eva Cecilia Toro de Cabrera c/ Claudia Rada de

Tórrez.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

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VISTOS: Sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: A fs. 123, la demandada: Claudia Rada de Torrez, interpone recurso de casación, contra el auto de vista de fs. 120, pronunciado en 05 de septiembre de 2002 donde la Sala Civil Segunda de la ciudad de La Paz, anula la sentencia de fs. 104 - 109, disponiendo que el juez de instancia previo el decreto extrañado (autos para sentencia), pronuncie otra nueva. Que, el recurso de casación es puramente jurídico y de derecho y por el principio de congruencia, sólo se fallara por las razones peticionadas por la recurrente conforme a los principios rectores del proceso civil.

CONSIDERANDO: El Recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación está instituido para proteger dos finalidades esenciales: la defensa del derecho y la unificación de la jurisprudencia. La primera finalidad es la correcta aplicación de la ley o del derecho en los fallos judiciales en todo el territorio de la República; con ello se busca el imperio de la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía de la ley. La segunda finalidad es unificar la jurisprudencia, con el objeto de una interpretación común de la norma jurídica en todo el país. El recurso de casación podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma.

El recurso de casación es remedio procesal extraordinario, motivo por el cual el conocimiento y resolución del mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación está limitado a aquellos casos expresamente establecidos por la ley que por su valor, naturaleza jurídica y por la importancia del litigio, justifican considerarlo.

CONSIDERANDO:Con sujeción a lo establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el auto de vista o de segunda instancia deberá circunscribirse necesariamente a los puntos resueltos por el inferior (principio de congruencia) y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del mismo ordenamiento legal.

En el presente caso de autos, el tribunal "ad quem" al dictar el auto de vista anulatorio de fs. 120, que no se encuentra debidamente motivado y fundamentado, ha incurrido en omisión penada con nulidad al no haberse pronunciado en el fondo de la apelación de fs. 111 - 112 interpuesta dentro del plazo de los diez (10) días y con la respectiva expresión de agravios conforme a lo exigido por los arts. 220) I-1) y 227 del Código de Procedimiento Civil, y por el contrario desconociendo su propia competencia anula la sentencia de fs. 104 - 109), con el inconsistente argumento de que no se ha dado cumplimiento al art. 395 del Código de Procedimiento Civil, porque en obrados no consta el decreto de "autos para sentencia" que es una actuación insoslayable.

Es evidente que expresamente en obrados, no consta la providencia de "autos para sentencia", como extraña el tribunal de segunda instancia, sin embargo, no es menos cierto, que el juez mediante providencia de fs. 103 vta., expresamente señala "traslado y hecho lo cual pasen obrados con papel suficiente para dictar sentencia", lo que equipara a la providencia de "autos para sentencia", por consiguiente, dicha anomalía se encuentra subsanada y anular obrados por tal rigorismo procesal, es anular por el simple hecho de anular obrados, porque dicha omisión no causa ningún perjuicio evidente a las partes, no causa indefensión y menos tal omisión se encuentra penada y prevista por la ley.

En nuestro país rige el principio de especificidad o legalidad, según el cual para que un recurso de casación proceda por la forma (nulidad), debe tratarse de una violación a una forma procesal expresamente prescrita bajo pena de nulidad, conforme establece el art. 251 -I del Código de Procedimiento Civil, que señala que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, situación que se presenta en el presente caso porque la falta u omisión del decreto de autos para sentencia, no es causal de nulidad.

CONSIDERANDO: Los argumentos (pobres jurídicamente) en que fundan la nulidad de obrados el tribunal de apelación de la ciudad de La Paz, ni siquiera fue reclamada por las partes intervinientes en segunda instancia, por consiguiente, no puede el tribunal de apelación, anular obrados como en el presente caso de autos, ya que lo contrario significa actuar con exceso de poder y extralimitándose en los límites de la competencia en dicha instancia jurisdiccional. En consecuencia por los argumentos esgrimidos, tenemos que el tribunal "ad quem" indebidamente se sustrae de la obligación de pronunciarse en el fondo de la apelación, desconociendo su propia competencia, de ahí que es necesario que el tribunal de casación, ejercite su potestad fiscalizadora del correcto trámite del proceso, anulando el auto de vista recurrido ordenando que el tribunal de apelación pronuncie nueva resolución, con sujeción al art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

El órgano de apelación solo debe resolver conforme a la expresión del agravio o perjuicio que la sentencia ha causado al recurrente, y no puede conocer fuera de los puntos recurridos, por consiguiente, la competencia de los tribunales de alzada, se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos; y la trasgresión de tales limites, comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, por eso el órgano de apelación tiene una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso, conforme determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (pertinencia de la resolución).

Los principios de pertinencia y congruencia previstos en la normativa de los arts. 236 con relación al 227 del Código de Procedimiento Civil, fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución de la Corte de apelación de segunda instancia, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el juez en la sentencia y a los puntos objeto de la expresión de agravios y de ninguna manera referirse y basar su resolución de vista en aspectos no incoados en el recurso de apelación. Actuar del tribunal de alzada que hace procedente el recurso de casación de oficio en la forma y que obliga al Tribunal Supremo a dar aplicación a lo dispuesto por el art. 275 del procedimiento civil, por lo que corresponde resolver.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de República de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 120, debiendo el tribunal de apelación pronunciar nuevo auto de vista que guarde el principio de congruencia y resuelve el fondo del litigio dentro del marco previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Disponiéndose que la presente causa sea resuelta sin esperar turno en forma inmediata y previo sorteo.

No siendo excusable el error en el que incurrieron los respetables vocales intervinientes del auto de vista, se les impone responsabilidad en multa de que se regula en bolivianos cien (Bs. 100.-) a cada uno, que les serán descontados por habilitación a favor del Tesoro Judicial.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De la Cruz de Palomeque.

Proveído: Sucre, 24 de noviembre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.