SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 52 Sucre, 19 de octubre de 2004

DISTRITO: Santa Cruz. PROCESO: Ordinario (Divorcio).

PARTES: Encarnación Torrico Montaño c/ Aída Luz Orellana Quinteros.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VISTOS: La Sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en la forma, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: En la tramitación de este proceso ordinario, la Jueza de Partido Tercero de Familia en 09 de septiembre de 2003 de fs. 64 á 65, pronunció sentencia por la que declaró probada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial y en cuanto a bienes, dispuso que se dividirán en ejecución de sentencia.

La demandada a fs. 71-73 planteó recurso de apelación, solicitando la anulación de obrados, recurso ordinario que fue resuelto por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que en 22 de marzo de 2004, emitió auto de vista de fs. 86 á 87, por el que se confirmó en todas sus partes la sentencia, con costas en ambas instancias; mediante memorial de fs. 91 la demandada planteó el presente recurso de casación en la forma, en el que solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO: En la tramitación de todo proceso ordinario las autoridades judiciales de instancia podrán dictar sentencia y auto de vista y este Supremo Tribunal podrá emitir el correspondiente auto supremo, según hayan planteado las partes recurso de apelación y casación; la emisión de dichos fallos judiciales, se realizará en el marco de lo dispuesto por los arts. 190, 236, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil según los cuales en sentencia contendrá decisiones expresas que recaerán sobre las cosas litigas, en la manera que hubieren sido demandadas, absolviendo o condenando al demandado; en caso de emitirse auto de vista, deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación; finalmente de pronunciarse auto supremo, se circunscribirá a lo resuelto por el inferior conforme a lo impugnado, estableciendo si las autoridades de instancia han infringido una ley o no por violación, interpretación errónea o aplicación indebida, así como si han incurrido o no en error de hecho o de derecho a tiempo de valorar la prueba, asimismo se revisará si en la tramitación del proceso o en la resolución impugnada se ha violado o no formas esenciales del proceso.

El recurso de casación en la forma, en el fondo o en ambos, es uno extraordinario y puramente jurídico -por equipararse a una demanda nueva de puro derecho- y no puede ser planteado impugnando cualquier tipo de resolución judicial, sino sólo en los casos que por su relevancia e importancia, estén expresamente previstos por el art. 255 de dicho Procedimiento, como son los autos de vistas que resolvieren en apelación, las sentencias definitivas pronunciadas en procesos ordinarios -entre otros casos-; sentencia definitiva que en el presente proceso ordinario de divorcio, no es otra que la pronunciada por la jueza a-quo, respecto a la cual se planteó recurso de apelación, resuelto por el tribunal ad-quem en el auto de vista impugnado en casación por la recurrente, correspondiendo a este Supremo Tribunal emitir el correspondiente auto supremo.

CONSIDERANDO: En el recurso de casación, la recurrente señala que el tribunal de apelación habría contravenido lo dispuesto por los arts. 236 con relación a los arts. 190 y 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, puesto que en apelación denunció sobre las ilegales declaratoria de rebeldía y notificaciones (pues participó como testigo una funcionaria del juzgado, no se señaló el lugar en el que se efectuó, se la notificó en el juzgado un jueves y no en su domicilio), nulidad que demandó pero que no fue resuelta.

La norma establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (en sentido de que el auto de vista deberá circunscribirse a lo resuelto por el inferior y lo apelado) consagra el principio normativo de congruencia, según el cual las resoluciones judiciales deben ser congruentes con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, constituyéndose el límite de la potestad jurisdiccional del juzgador, puesto que el contenido de sus resoluciones se encuentran delimitados de acuerdo al sentido y alcance las peticiones de partes, a fin de que exista identidad entre la pretensión con lo resuelto.

El vicio de incongruencia constituye un defecto procesal o error in procedendo que se sanciona con la anulación de obrados, vicio que puede ser denunciado a través de la interposición de un recurso de casación en la forma, mismo que procede cuando en la resolución recurrida se ha violado formas esenciales del proceso por vicio citra petita, situación que se da cuando se deja de resolver sobre algo pedido o lo que es lo mismo, cuando no se ha pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores, como expresamente se establece en el inc. 4º) del art. 254 con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil; en alzada puede darse esta incongruencia o in consonancia cuando el ad-quem omite considerar y resolver aspectos importantes que la parte hizo valer ante el juez de origen y que oportunamente los denunció en apelación.

En el caso que motiva la interposición de este recurso se evidencia que la demandada fue citada personalmente con la demanda y auto de admisión, habiéndose rehusado a firmar (fs. 17), al no haber contestado a la demanda en término legal fue declarada rebelde notificándosela conforme a diligencia que cursa en obrados (fs. 19 y 20), adjuntando el pago de la multa por rebeldía se ratifica en el incidente de nulidad de obrados por irregular notificación que planteó (fs. 55, con relación a fs. 51), posteriormente reiteró su pedido de nulidad (fs. 60), memorial que mereció providencia en sentido de que "... a estas alturas del proceso es impertinente la solicitud que se formula" (fs. 60 vta.), decretándose autos para sentencia (fs. 63), que fue emitida por la jueza a-quo a través de la que declaró probada la demanda (fs. 64-65), contra la que la demandada planteó recurso de apelación en el que vuelve insistir en la nulidad de su notificación con el auto de declaratoria de rebeldía, así como de otras notificaciones (fs. 71-73), recurso de apelación resuelto por auto de vista por el tribunal ad-quem a través del que confirmó la sentencia apelada señalando: "Que, todos los puntos que esgrime la apelante ... hace simplemente una relación del proceso y los posibles vicios que existirían, situación que de ninguna manera constituye agravios, y todo lo anteriormente enunciado debió ser reclamado en su oportunidad..." (Textual, de fs. 86 á 87).

El hecho de que la demandada haya sido declarada rebelde, no implica desde ningún punto de vista que la misma no pueda asumir su defensa en el estado en que se encontrare en el proceso, previo pago de multa, como se desprende de la norma contenida en el art. 72 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo de lo previsto expresamente en esa norma, la jueza de instancia desconoció el derecho de la demandada de asumir defensa e in limine litis rechazó tramitar antes de sentencia el incidente de nulidad de notificación planteado, extremo irregular que se denunció en apelación, pese a ello el tribunal ad-quem omitió pronunciarse sobre la nulidad reclamada ante la jueza de origen y sin revisar los datos del proceso afirmó que esos posibles vicios debieron haber sido reclamados en su oportunidad, lo que no es evidente, puesto que esos posibles vicios de nulidad de notificación fueron reclamados en la primera actuación de la demandada y no merecieron respuesta alguna.

Cuando un determinado aspecto ha sido oportunamente reclamado por una de las partes ante el juez de origen como ante el tribunal de apelación y pese a ello, el tribunal de segunda instancia omite realizar consideraciones al respecto, el auto de vista es citra petita, por haberse infringido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que fija los límites de la competencia de las autoridades judiciales; ese tipo de resoluciones que contienen un vicio de incongruencia se sancionan con la anulación del proceso hasta el vicio más antiguo, máxime si se tiene en cuenta que el extremo denunciado es un aspecto de trascendental importancia para el proceso, pues de ser cierto lo denunciado implicaría una violación al derecho de defensa que tiene todo demandado, así como se desconocería la garantía al debido proceso que se encuentran consagrados por el art. 16-II y IV de la Constitución Política del Estado. Por todo ello, es de aplicación la previsión del art. 271 inc.3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: En el recurso también se denuncian tres vicios más, los que supuestamente ameritaría la anulación de obrados, pasando este Tribunal a realizar una referencia de cada uno de ellos.

Como un primer aspecto señalado por la recurrente, sería el hecho de que las autoridades recurridas habrían contravenido el art. 392 del Código de Familia, pues en las audiencias de recepción de prueba testifical no intervino el Ministerio Público. Debe recordarse lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley 2175 de 13 de febrero de 2001 o Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos "no penales" en los que a la fecha de la vigencia de dicha Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público, a contrario sensu de dicha norma se tiene que la intervención del Ministerio Público no es obligatoria en procesos "no penales" (como lo es un proceso familiar de divorcio) que se hubieren iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 2175, con excepción de menores infractores, como se establece en la disposición final quinta II de dicha Ley que modifica los arts. 9 y 272 del Código Niño, Niña y Adolescente, lo que se encuentra claramente expresado en la Circular Nº 25/04 de 21 de junio, emitida por este Supremo Tribunal.

En la especie, se tiene que este proceso ordinario de divorcio fue presentado el 12 de mayo de 2003, como se constata en el cargo de fs. 15 vta., de obrados, es decir que se planteó en forma posterior a la vigencia de la Ley 2175, por lo que la intervención del Ministerio Público no puede ser obligatoria al haber dejado de tener el fiscal atribuciones sobre el control de la prueba en las causas de divorcio, en virtud del nuevo rol que cumplen dichos fiscales en materia penal, como emergencia del cambio legislativo que se ha operado en nuestro país a partir de la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Por ello, al no haber participado el Ministerio Público en la recepción de prueba testifical, no se ha infringido el art. 392 del Código de Familia, siendo de aplicación en esta parte las previsiones de los arts. 271 inc., 2) con referencia al 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el recurso se denuncia un segundo aspecto y es relativo al hecho de que el auto de vista habría sido resuelto fuera del plazo de 30 días para dictar resolución, señalado en el art. 204-II del Procedimiento Civil, ya que el decreto de autos se pronunció en 30 de diciembre de 2003 y el auto impugnado fue dictado en 22 de marzo de 2004. Siendo la resolución impugnada un auto de vista dictado en un proceso ordinario (como emergencia de una apelación de sentencia), el plazo de 30 días se computa desde la fecha en la que se sorteó el expediente, pues el cómputo a partir de la providencia de autos se aplica tratándose de sentencias pronunciadas en procesos ordinarios, como se desprende de la previsión contenida en el art. 204 del Código de Procedimiento Civil; en ese sentido se evidencia que en la especie se procedió al sorteo del expediente en 08 de marzo de 2004 (como se constata en el sello de fs. 86), emitiéndose el auto de vista en 22 del mismo mes y año (de fs. 86 á 87), es decir en plazo legal o dentro del término de 30 días computables a partir de dicho sorteo, por lo que en este punto también es de aplicación las normas de los arts. 271 inc., 2) y 273 del Procedimiento adjetivo de la materia.

Finalmente, la recurrente plantea este recurso expresando un tercer aspecto que ameritaría la anulación y es el referido al hecho de que los miembros del tribunal de alzada no se habrían percatado que con la sentencia, no se notificó a la parte demandante, lo que constituiría un vicio de nulidad, conforme al art. 140 con relación al 90 del Procedimiento Civil. De una revisión de obrados, se constata que es cierta la afirmación de la recurrente, pues la única notificación de la sentencia que consta en obrados es la realizada a la parte demandada a fs. 66, quién planteó recurso de apelación de fs. 71 á 73, que fue contestado por el demandante de fs. 76 Á 77; del referido memorial de contestación se evidencia que dicho demandante estuvo en pleno acuerdo con el contenido de la sentencia, pero esa conformidad no subsana plenamente la omisión que cometió el Oficial de Diligencias del Juzgado (al no notificar con la sentencia a una de las partes) lo que debió ser advertido en primer lugar por la jueza de la causa y luego por los vocales del tribunal de alzada. Si bien es cierto que esa omisión de notificación no amerita anulación por no haber causado indefensión al demandante (quién al contrario estuvo plenamente de acuerdo con el contenido de la sentencia), no es menos cierto que esa falta pudo ser la causa de esa anulación, con el irremediable perjuicio que se genera a las partes en términos de tiempo.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 60 vta., inclusive, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando III de la presente resolución, disponiendo que se tramite el incidente de nulidad de notificación planteado por la demandada.

No siendo excusable el error en que han incurrido la jueza a-quo y el tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad en multa que se regula en Bs. 50.- que les será descontado por habilitación.

Por la omisión de notificación referida en la última parte del considerando IV del presente Auto Supremo, se llama severamente la atención al Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido Tercero de Familia de Santa Cruz, así como a la jueza que conoció la causa y al tribunal de apelación, los que deben tener mayor cuidado en el desempeño de sus funciones, aplicando correctamente las disposiciones del Procedimiento Civil, que por el carácter de orden público que ostentan, son de obligatorio cumplimiento.

Relator: Ministro. Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De La Cruz de Palomeque

Proveído: Sucre, 19 de octubre de 2004.

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda.

?? ?? ?? ??