SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 35 Sucre, 29 de septiembre de 2004

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Ordinario (Nulidad de Letra de

Cambio).

PARTES: Pablo Chávez Rivero c/ Hernán Alfonso Lobo y Mónica María Murga

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VISTOS: Sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en el fondo y forma, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: A fs. 60 - 65, el actor: Pablo Chávez Rivero, interpone recurso de casación en el fondo y forma, contra el auto de vista de fs. 57 - 58, pronunciado en 29 de julio de 2002 donde la Sala Civil Segunda de la ciudad de Santa Cruz, revoca en todas sus partes la sentencia de fs. 38 - 39 pronunciada en 22 de marzo de 2002, por el juez de Partido en lo Civil Sexto de la ciudad de Santa Cruz. Que, el recurso de casación es puramente jurídico y de derecho y por el principio de congruencia, sólo se fallara por las razones peticionadas por los recurrentes conforme a los principios que rigen al proceso civil.

CONSIDERANDO: El Recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación está instituido para proteger dos finalidades esenciales: la defensa del derecho y la unificación de la jurisprudencia. La primera finalidad es la correcta aplicación de la ley o del derecho en los fallos judiciales en todo el territorio de la República; con ello se busca el imperio de la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía de la ley. La segunda finalidad es unificar la jurisprudencia, con el objeto de una interpretación común de la norma jurídica en todo el país. El recurso de casación podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma.

CONSIDERANDO: En el presente caso de autos se acusa en primer lugar una errónea aplicación del inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que los jueces de instancia al momento de apreciar las pruebas hubieran incurrido en error de derecho o error de hecho sin embargo del estudio de los antecedentes y resoluciones impugnadas, tenemos que el tribunal de segunda instancia ha realizado una correcta interpretación y aplicación del citado artículo, porque nuestra normativa civil, al establecer que el error de hecho en la apreciación de las pruebas debe estar debidamente probado por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, situación que no ha demostrado fehacientemente el recurrente porque, efectivamente, es casable la resolución cuando el veredicto judicial es resuelto contra o con prescindencia de las pruebas contundentes presentadas en el proceso, o se funda en pruebas que no constan directamente en el proceso, situación que ni remotamente ha demostrado el recurrente. Además no debe olvidar la parte que la valoración de los elementos de juicio son incensurables en casación si no se demuestra el error de los juzgadores mediante piezas de convicción irrecusable que patenticen su equivocación, a tenor del art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente se acusa la violación del inc. 2) del art. 1328 del Código Civil (Prohibición de la prueba testifical), sin embargo, de la revisión de los obrados en función al recurso interpuesto, tenemos que no son ciertas las infracciones acusadas, porque el espíritu que tiene la citada norma es evitar que se admita prueba testifical para acreditar en contra o fuera de lo contenido en los instrumentos, lo que no excluye la invalidación del mismo ya sea por nulidad o anulabilidad, salvo cuando se presentan hechos que por su propia naturaleza únicamente pueden ser probados por la prueba testifical u otro medio de prueba contundente y fehaciente.

Finalmente, se acusa una errónea interpretación de los incisos 1, 2, y 3 del art. 549 del Código Civil, sin embargo, de la revisión de obrados en función al recurso interpuesto, tenemos que no son ciertas las infracciones acusadas, porque en obrados no consta que la parte recurrente y demandante haya demostrado con prueba contundente que el documento base del presente proceso (letra de cambio Nº 011408), sea nulo por faltar en el mismo objeto o por ilicitud de la causa o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el negocio jurídico.

Con referencia a la casación en la forma (nulidad), se acusa la violación del auto de vista por ultrapetita, porque supuestamente el apelante del recurso de apelación no ha denunciado que se le haya infringido algún agravio o perjuicio con la sentencia impugnada, como que dicha resolución es incongruente conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, estos hechos no son reales y evidentes, porque el tribunal de segunda instancia al dictar el auto impugnado ha circunscrito la resolución precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que han sido objeto de apelación conforme a la expresión de agravios que impone el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no es necesario anular obrados e ingresar al recurso de nulidad.

En definitiva, es necesario declarar infundado el recurso de casación por no haberse encontrado infracción a la ley, tampoco existe mérito para el recurso en la forma, por lo que al no ser ciertas las violaciones acusadas, corresponde al Tribunal Supremo resolver en forma definitiva el presente proceso.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de República de Bolivia, en cumplimento del inc. 2) del art. 271 y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 185 á 187, manteniendo en todas sus partes el auto impugnado de fs. 57 - 58, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500.-, que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator : Ministro. Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De La Cruz de Palomeque

Proveído: Sucre, 29 de septiembre de 2004

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda