SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 28 Sucre, 27 de septiembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario ( Nulidad de

Documento).

PARTES: Eliodoro Córdova Villafan y Gregoria Villafan Vda. De Córdova c/

Martina Córdova Siles.

MINISTRO RELATOR: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

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VISTOS: La sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en el fondo, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: De obrados se evidencia que por sentencia que cursa de fs. 168-169, pronunciada en 20 de noviembre de 2000, por el Juez de Partido de Punata se declaró probada en parte la demanda, en consecuencia nulos y sin valor los documentos de transferencias realizados a favor de la demandada por Víctor Córdova y Carlota Siles de 3.927 y 4.435 mts2 de 12 y 15 de abril de 1991, respectivamente, e improbada con relación a la nulidad demandada del documento de transferencia de 16.605 mts2 de 12 de abril de 1991 efectuada por Juvenal Córdova Siles.

Habiendo los demandantes planteado recurso de apelación en parte (fs. 170-172), así como la demandada (fs. 175-177), los mismos fueron resueltos por auto de vista de fs. 199 á 201, pronunciado un auto de vista en 17 de julio de 2002 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, a través del que se confirmó la Sentencia, con la modificación de que también se declara nula y sin valor la venta de 16.605 mts2 que consta en el documento privado de 12 de abril de 1991.

A fs. 207 á 210, la demandada interpuso recurso de casación en el fondo, pidiendo se case la sentencia de primera instancia, así como auto de vista y, deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO: El recurso de casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, el cual puede ser interpuesto contra resoluciones definitivas expresamente previstas por ley y por las razones específicamente señaladas, tal el que en la resolución impugnada se haya infringido leyes sustantivas o quebrantado normas de procedimiento, siendo el fin esencial que los ciudadanos afectados por una resolución judicial, sean protegidos en su derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley.

Es que este recurso, que se equipara a una demanda nueva de puro derecho, procede para invalidar una sentencia o auto definitivo, cuando contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, debiendo citarse en términos claros concretos y precisos no sólo la resolución que se recurriese (sentencia o auto), sino también la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, especificación que no podrá fundamentarse en escritos anteriores ni suplirse posteriormente, conforme establecen los arts. 250, 253 inc. 1) y 258 inc. 2) del Procedimiento Civil; a contrario sensu, este recurso no procede cuando el ciudadano afectado con una resolución judicial (recurrible) no ha fundamentado la infracción de ley impugnada en términos concretos, claros y precisos.

Las resoluciones definitivas previstas por ley o respecto a las cuales procede la impugnación a través de la interposición de un recurso de casación, se encuentran taxativamente señaladas en la norma del art. 255 del Código adjetivo de la materia, tales son los autos de vista que resolvieren en apelación las sentencias definitivas en los procesos ordinarios -entre otros-, así como las sentencias definitivas pronunciadas en primera instancias por las Cortes Superiores del Distrito. En esa virtud se tiene que por regla general el juez a-quo o de primera instancia pronuncia una sentencia o auto definitivo, resoluciones que motivan apelación a ser resueltas por auto de vista en segunda instancia, contra el que ordinariamente se interpone un recurso de casación; excepcionalmente se tienen casos de sentencias que son dictadas en primera y única instancia, contra las que de manera directa se puede plantear un recurso de casación.

El caso sub-lite, emerge de la tramitación de un proceso ordinario de nulidad de documentos, en el que el juez a-quo dictó sentencia definitiva de primera instancia, que fue impugnada a través de un recurso de apelación resuelto por el tribunal ad-quem que emitió su correspondiente auto de vista, contra el que se planteó este recurso de casación de fs. 207-210, pero en el que en el fundamento I, la recurrente realiza una extensa exposición impugnando la sentencia dictada por el a-quo, llegando a la conclusión y solicitud de que se case la sentencia de primera instancia y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal. De esta simple relación de actuados procesales, este Tribunal llega al convencimiento de que en el presente recurso se confundió la resolución que se debió impugnar pues equivocadamente se planteó recurso de casación contra la sentencia de primera instancia -pero no de única instancia-, cuando sólo correspondía recurrir de casación impugnando (en el fondo, en la forma o en ambos) el auto de vista dictado en segunda instancia (auto que resolvió en apelación una sentencia definitiva dictada en proceso ordinario).

Cuando, como en la especie, se plantea un recurso de casación sin citar correctamente en términos claros, concretos y precisos la resolución impugnada, en consecuencia menos fundamentar de manera adecuada cuales fueron las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente (por equivocada impugnación de resolución), corresponde declararse improcedente el recurso, en el marco de la previsión contenida en el art. 258 inc. 2) con relación al art.272 inc. 2) del Procedimiento Civil. Sin embargo de ello, a fin de que el recurrente tenga certeza y seguridad en la posición de este Tribunal con relación a los extremos denunciados en el fundamento II de su recurso de casación en el fondo, se pasan a realizar las consideraciones que se detallan seguidamente.

CONSIDERANDO: En la especie, el tribunal de apelación dictó el auto de vista por el que confirmó la Sentencia, con la modificación de que también se declara nula y sin valor la venta de 16.605 mts2 que consta en el documento privado de 12 de abril de 1991, conclusión a la que llega con la facultad conferida por el art. 1320 del Código Civil; no pudiéndose aplicar de oficio la prescripción por disposición de los arts. 552 y 1498 del Código Civil.

En el fundamento II del recurso de casación, la recurrente impugna dicho auto de vista, por no haberse aplicado los arts. 1565 y 1566 del Código Civil (prescripción sujeta al Código Civil abrogado) y por haberse violado los arts. 450, 452, 453, 485, 489, 519, 584, 590, 1497 y 1499 del mismo Código, con los argumentos siguientes: a) el demandante Eliodoro Córdova, por Auto de 22 de abril de 1996, se hizo declarar heredero de Víctor Córdova y Carlota Siles, en representación de su padre premuerto Juvenal Córdova Siles, declaratoria que se tramitó después de 50 años del fallecimiento de los de cujus, por lo que ha prescrito la acción conforme al Código Civil abrogado; b) en el supuesto de no aplicarse normas del Código Civil abrogado, la excepción de prescripción puede plantearse aún en ejecución de sentencia (art. 1497 del Código Civil actual), por lo que oportunamente se opuso esa excepción a tiempo de interponer su recurso de apelación y; c) no existe prueba de cargo que acredite causas de nulidad o anulabilidad de contrato. A fin de establecer cual es la ley sustantiva aplicable al caso de autos (denunciada en el recurso de casación), así como determinar si son o no evidentes las otras infracciones de leyes denunciadas, se pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Con relación al primer argumento del recurso se tiene que el art. 1567 del Código Civil establece que los contratos y actos jurídicos en general celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas; de lo que se concluye que en la tramitación de un proceso de cualesquier naturaleza se aplicará la ley sustantiva que esté en vigencia en el momento de celebrarse el contrato o acto jurídico. En el proceso ordinario que motiva la presente resolución, se tiene que se ha demandado la nulidad de los contratos de compra venta de tres inmuebles de 3.927, 4.435 y 16.605 mts2 celebrados el primero y último en 12 de abril de 1991 y el segundo en 15 del mismo mes y año, es decir que dichos contratos se han celebrado en vigencia del Código Civil actual, por lo que son las normas sustantivas de este código -como son las normas relativas a la prescripción- las aplicables a las relaciones por ellas normadas y no así las normas del Código Civil abrogado como equivocadamente entiende la recurrente. Por consiguiente, estando claro que los contratos de compra venta cuya nulidad se demanda se ubican en tiempo y espacio dentro de las normas del Código Civil en actual vigencia, se tiene que en la especie el tribunal de alzada no ha infringido los arts. 1565 y 1566 del Código Civil al no haberlos aplicado, por ser in atingentes al caso de autos.

Con referencia al segundo argumento del recurso, se tiene que la recurrente considera también que al no haberse declarado la prescripción se hubiera infringido los arts. 1497 y 1499 del Código Civil. Al respecto corresponde tenerse presente que la ley sustantiva establece normas jurídicas de contenido sustancial o material de obligatoria y general observancia, sobre cuya base la ley procesal se ocupa de regular el proceso y las relaciones que de ella nacen y se deducen, es decir que miran mas a la forma que al contenido, pero ambas, ley sustantiva como ley procesal constituyen un todo armónico que no pueden considerarse unas y prescindirse de otras; así se tiene que cuando el art. 1497 del Código sustantivo establece que: "La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada", esa norma debe ser considerada con relación a la previsión del art. 344 del Código adjetivo, según la cual "En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevivientes y fundadas en documentos preconstituidos".

En la especie, las normas denunciadas de vulneradas (arts. 1497 con relación al 1499 el Código Civil) son in atingentes al caso, pues por una parte el estado del proceso no es precisamente uno que este en ejecución de sentencia, por otra parte, en el supuesto in admitido de ser así, debe considerarse que las excepciones perentorias a ser opuestas en ejecución de sentencia sólo podrán ser planteadas cuando son sobrevinientes y con documentos preconstituidos, situación que podría darse tratándose de excepciones perentorias como la transacción, conciliación, desistimiento del derecho, etc., pero no así respecto a una excepción perentoria de prescripción, pues la misma por su naturaleza no puede ser sobreviviente, por lo que necesariamente debe ser opuesta por la parte interesada cuando por primera vez se presenta en el proceso (sea durante la tramitación del proceso o en ejecución de sentencia); situación que no se da en la especie, pues la interesada -ahora recurrente- planteó esta excepción (de prescripción) a tiempo de formular sus conclusiones para sentencia (fs. 149-153) y no cuando se presentó por primera vez en el proceso, lo que por si sólo hace extemporánea esa presentación.

Por todo lo que se concluye que ha sido la demandada -recurrente- quién por su negligencia no planteó en su oportunidad la excepción perentoria de prescripción, razón por la que el tribunal ad-quem no reconoció y menos declaró probada tal excepción, lo que desde ningún punto de vista puede considerarse como una vulneración a las normas de los arts. 1497 y 1499 del Código Civil, al contrario, dicho tribunal de alzada ha aplicado correctamente la norma del art. 1498 del Código Civil, que establece que los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha sido opuesta o invocada -en su oportunidad- por quienes podían valerse de ella.

Finalmente, con relación al tercer argumento de este recurso se tiene que la recurrente considera que el tribunal de alzada al confirmar la nulidad de dos ventas y declarar la nulidad de la tercera venta, habría violado los arts. 450, 452, 453, 485, 489, 519, 584 y 590 del Código Civil, puesto que no existiría prueba de cargo que acredite las causas de nulidad o anulabilidad de los contratos demandados.

Los demandantes acreditando su condición de herederos de Víctor Córdova y Carlota Siles, en representación de su padre y esposo premuerto Juvenal Córdova Siles, plantean esta demanda ordinaria y solicitan la nulidad de tres transferencias que sus causantes supuestamente habrían realizado a favor de la demandada. De obrados se constata que Víctor Córdova y Carlota Siles fallecieron los años de 1945 y 1944 (fs. 4-5), sin embargo de manera ilógica en 12 y 15 de abril de 1991 aparecen suscribiendo la venta de dos inmuebles de 3.927 y 4.435 mts2 (fs. 9 y 7-8, respectivamente); a su vez en la misma fecha, 12 de abril de 1991, la demandada también habría adquirido un tercer inmueble de 16.605 mts2 por venta realizada por Juvenal Córdova Siles (fs. 10), vendedor que supuestamente suscribió la transferencia, estando probado que el mismo ignoraba firmar por ser analfabeto (fs. 11 y 159), extremo que además fue reconocido por la propia demandada en su declaración indagatoria (fs. 59-60) en la tramitación del proceso penal que se siguió en su contra, que concluyó con un auto de vista por el que se revocó la sentencia apelada y deliberando en el fondo se declaró a Martha Córdova Siles autora de los delitos de falsedad material, ideológica, falsedad de documento privado y uso de instrumento falsificado (fs. 136-137), resolución que adquirió ejecutoria como emergencia del recurso de casación que planteó y que fue declarado infundado (fs. 192-193).

Al estar acreditado que la demandada habría adquirido supuestamente dos inmuebles de personas fallecidas y el otro de una que no sabía firmar (pese aparecer suscribiendo el documento), los tribunales de instancia declararon la nulidad de dichas ventas, declaración que la efectuaron después de haber valorado y apreciado en su conjunto la prueba que cursa en obrados, sin haber incurrido por ello en error de hecho o de derecho en esa apreciación, menos infringido los arts. 450, 452, 453, 485, 489, 519, 584 y 590 del Código Civil, que ni siquiera fueron aplicados en el auto de vista impugnado; por todo lo que se desestima el recurso por ser infundado, conforme al art. 273 del Código de Procedimiento Civil, por no ser ciertas las infracciones de leyes denunciadas como violadas.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la potestad que le acuerda el ordinal 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso, con costas.

Se regula en la suma de Un mil bolivianos el honorario del abogado, que mandará se haga efectivo por el tribunal ad-quem.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly de la Cruz. De Palomeque.

Proveído: Sucre, 27de septiembre de 2004

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda

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