SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO: No 26 Sucre, 22 de septiembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario (Doble de Divorcio).

PARTES: Ana María Aquino Ascuy c/ Moisés Escalera Pérez.

MINISTRA RELATORA: Dra. Nelly De La Cruz de Palomeque.

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VISTOS: El recurso de casación cursante de fs.1362 - 1368 interpuesto por Ana María Aquino Ascuy contra el Auto de Vista corriente a fs. 1357 - 1358 y vta. pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de divorcio doble que sustentan la recurrente y Moises Escalera Pérez; los datos cursantes en el expediente ( siete cuerpos ); el dictamen del Fiscal General de la República a fs. 1378 - 1379, y

CONSIDERANDO: Que en la presente causa familiar la demandante apoyó su acción en la causal prevista por el Art. 130 - 4) del Código de Familia y solicitó medidas provisionales acerca de la tenencia de los hijos menores y la situación de los bienes inmuebles, muebles sujetos a registro y muebles, pidiendo que el juzgador tenga presente que la asistenta familiar se tramite por cuerda separada, acción que fue reconvenida por la misma causal invocada y la del núm. 1) del citado Código familiar. Que en sentencia el Juez de Partido en lo Civil y Familiar de Quillacollo Cochabamba acogió ambas demandas pronunciándose en definitiva sobre las medidas colaterales solicitadas.

Dicho fallo fue objeto de recurso de apelación por la ahora recurrente, instancia en la que el Tribunal ad quem con la justificación debida confirmó totalmente la sentencia apelada.

Con tales antecedentes, se interpone el recurso de casación que se pasa a examinar cuyos fundamentos son reiterativos de un otro memorial de recurso de casación presentado anteriormente por la misma recurrente y que originó la anulación de obrados y se dicte nuevo auto de vista a cuya consecuencia se conoce el actual recurso. Se repiten casi textualmente y de forma desordenada las acusaciones acerca de inobservancia del Art. 15 de la Ley de Organización Judicial, Arts. 3 y 90 del Código de Procedimiento Civil, sobre la asistencia familiar tramitada por cuerda separada a la del juicio de divorcio cuya acumulación al proceso principal se dispuso, que no se ha demostrado la causal de divorcio invocada por el reconviniente, y que la división y partición de bienes que aceptó fue producto de error y dolo inducidos por el demandado.

CONSIDERANDO: Que las reglas procesales en materia familiar son de orden público a tenor de los Arts. 90 del Código de Procedimiento Civil concordado con el 5 del Código de Familia y que las razones ahora invocadas ya fueron atendidas y resueltas por el tribunal de Casación en otro recurso planteado por la actual recurrente.

En lo referente a las normas que regulan el instituto de las transacciones, el acusado Art. 945 del Código Civil reconoce que la transacción es el medio idóneo para, llegado a un acuerdo voluntario entre partes, poner fin a las controversias con carácter definitivo y con la pretensión de que las partes en litigio finalizan un debate judicial o extrajudicial. Y por su cuenta reconociendo este carácter, complementa el Art. 949 del mismo cuerpo legal al establecer que las transacciones siempre que sean válidas, tienen entre las partes los efectos de cosa juzgada, vale decir que el acuerdo transaccional entre partes tiene el carácter de sentencia dictada por ellas. De los datos del proceso se encuentra que se ha procedido de tal manera en las audiencias de conciliación llevadas a cabo por los contendientes en presencia del Juez de primera instancia.

Por otra parte, la Ley 1760 en su Art. 74 determina que el trámite de petición de asistencia familiar será acumulado al proceso de divorcio, tal y como ha ocurrido en el presente caso.

De lo expresado se encuentra que el tribunal ad quem no ha infringido las normas de orden público observadas en el recurso planteado y ha cumplido con el voto de la ley que exige un fallo que resuelva todas las pretensiones planteadas por el actor (en el caso la actora) y la congruencia que debe existir entre los fundamentos y la motivación necesaria.

Ello hace que se aplique la normativa prevista por los Arts. 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el dictamen del Fiscal General de la República, declara INFUNDADO el recurso planteado, con costas.

Se regula honorario de abogado en la suma de Bs. 500.- cuyo pago mandará hacer efectivo el tribunal inferior.

Relatora: Ministra Dra. Nelly De La Cruz de Palomeque.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: Dra. Nelly De La Cruz de Palomeque.

Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Proveído: Sucre, 22 de septiembre de 2004

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda

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