SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 20 Sucre, 21 de septiembre de 2004

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Ordinario (Negación a derecho de acreencias ).

PARTES: Industrias La Bélgica S. A. c/Banco de Cochabamba S. A. ( en liquidación)

RELATOR: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VISTOS: Auto definitivo de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: A fs. 417-418, el demandante, interpuso recurso de casación contra el auto de vista de fs. 413, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que en apelación confirmó el auto definitivo pronunciado por el Juez de Partido Noveno en lo Civil, que declaró probada la declinatoria opuesta de fs. 125-127.

En el caso que motiva la interposición del presente recurso se evidencia que el Juez de la causa declaró probada una declinatoria opuesta, en su mérito se declaró incompetente para seguir conociendo esta acción, puesto que conforme al art. 126 de la Ley 1488 cuando una entidad bancaria esta sometida a liquidación, todas las acciones deben suspenderse y ser acumuladas al proceso general de liquidación (fs. 327); en apelación el tribunal de alzada dictó el auto de vista a través del que, con iguales argumentos, confirmó el auto apelado con costas (fs. 413); a su vez, contra el auto de vista de referencia, el demandante planteó recurso de casación (fs. 417-418).

CONSIDERANDO: El recurso de casación como medio impugnativo extraordinario, puede ser interpuesto por la parte procesal que considera que el tribunal de apelación, en su decisión ha infringido la ley y que dicha infracción afecta a sus intereses particulares; es que los justiciables -a través de este recurso- denuncian la infracción de la ley por parte de jueces y tribunales de justicia, planteando esta demanda como una de puro derecho, a través de la cual pretenden obtener una decisión justa, clara y oportuna; en consecuencia constituye un punto de origen de un recurso de esta naturaleza la existencia de un sujeto procesal que se encuentre afectado y agraviado en sus derechos e intereses por una resolución judicial.

Además del punto expresado en el párrafo anterior, se debe considerar que para que tenga origen y pueda viabilizarse la tramitación de un recurso como el presente, es necesario además que la resolución judicial impugnada deba ser una contra la cual la ley expresamente autoriza su procedencia, puesto que se trata de un recurso extraordinario, que se encuentra limitado a aquellos casos que por la importancia del litigio o por su naturaleza justifica su conocimiento y resolución. En ese entendido se tiene la previsión del art. 255 que señala en su inc. 2) que habrá lugar al recurso de casación contra los autos de vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, decidieren una excepción de incompetencia o anularen el proceso.

El caso que motiva la interposición del presente recurso es un proceso ordinario (de negación de derecho de acreencia) planteado por Industrias La Bélgica S.A. contra los representantes del Banco de Cochabamba S.A. en liquidación; en dicho proceso el Intendente Liquidador de dicho Banco planteó una declinatoria de competencia (fs. 125-127), que previa respuesta del demandante (fs. 325-326), fue resuelta por el juez de causa por Auto Definitivo a través del que se declaró probada la declinatoria opuesta (fs. 327), que motivó la apelación del demandante (fs. 357-359), recurso ordinario resuelto por auto de vista que confirmó la decisión del inferior (fs. 413), lo que motivó al demandante a plantear el presente recurso de casación (fs. 417-418). De esta relación se llega a la conclusión de que en la especie se han dado las dos condiciones que originan un recurso de esta naturaleza, como es por una parte la interposición de este recurso por el demandante, quien es un sujeto procesal agraviado con la decisión del tribunal de apelación (pues al confirmar la decisión del juez de primera instancia, éste último se declaró incompetente para seguir con el conocimiento de la causa iniciada por el demandante y ahora recurrente); por otra parte, la resolución judicial impugnada es una que cae dentro de la previsión del art. 255 del Procedimiento Civil, pues se trata de un auto de vista que resolvió una declinatoria de jurisdicción.

CONSIDERANDO: Habiéndose dado cumplimiento a los dos puntos que originan el recurso, corresponde ahora a este Supremo Tribunal determinar si es procedente la consideración del recurso de casación en la forma, en el fondo o en ambos, puesto que el recurrente deberá expresar de manera correcta las razones o motivos que ameritarían esa interposición, en el marco de lo dispuesto por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

En su memorial de fs. 417-418, el recurrente plantea: "recurso de casación en el fondo, al amparo de la disposición del Art. 253 del C. P. C..... Por todo lo expuesto... pidió... se sirvan ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo de fs. 327 y el Sr. Juez de primera instancia, dicte resolución tomando en cuenta las excepciones opuestas y sus respectivas respuestas" (textual); este planteamiento strictu sensu no constituye un recurso de casación propiamente dicho, por las razones que se pasan a desarrollar.

Dado el carácter extraordinario del recurso de casación, se exige una rigurosa fundamentación donde no esta permitido a la parte procesal que lo plantea, confundir lo que es el recurso de casación en el fondo con lo que es el recurso de casación en la forma. Si bien es cierto que la previsión del art. 250 del Código de Procedimiento Civil permite a la parte plantear una casación en el fondo, en la forma o ambos al mismo tiempo; sin embargo, no es menos evidente que esa interposición debe realizarse con una adecuada técnica jurídica, que de manera clara y meridiana demuestre al Supremo Tribunal si en el auto de vista impugnado el juzgador incurrió en errores in procedendo que ameritan una nulidad, o de manera alternativa, si se incurrió en errores in judicando que justifican una casación.

No puede plantearse un recurso de casación en el fondo por infracción de ley (amparado en el art. 253 del Código adjetivo), pero de manera contradictoria y excluyente llegar a la conclusión que por todo (por esas infracciones denunciadas, sea violación, interpretación errónea o aplicación indebida) se anule obrados hasta el vicio más antiguo; como equivocadamente lo hizo el recurrente en su recurso motivo de estudio. Es que no es concebible una confusión de semejante naturaleza, pues parece que el recurrente olvidó que por vicios de actividad (errores in procedendo) el juzgador puede incurrir en infracción de normas o leyes procesales, a su vez, por vicios de juzgamiento (errores in judicando) el juzgador puede incurrir en infracciones de ley sustantiva; en el primer caso corresponde declararse una nulidad para que sea el juzgador de instancia el que dicte otro fallo y, en el segundo corresponde a este Supremo Tribunal deliberar en el fondo y emitir la resolución final.

Cuando como en la especie se plantea un recurso sui generis como el presente, este Tribunal ha declarado la improcedencia del mismo, por haberse incumplido la norma del art. 258 inc. 2) del Procedimiento Civil. Conforme a esto, bien podría ponerse punto final a la presente exposición, sin embargo, a fin de evitar conjeturas sobre aspectos de fondo irregularmente denunciados y para mayor seguridad del recurrente, se pasan a realizar las consideraciones de fondo que se detallan seguidamente.

CONSIDERANDO: Conforme a lo manifestado, el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho que tiene por objeto que este Tribunal Supremo reconozca como evidente la "violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley", conforme se establece en el art. 253 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, obviamente de la ley aplicada en la resolución impugnada o auto de vista; en igual sentido se tiene la norma del art. 258 inc. 2) del mismo procedimiento, que señala que el recurso deberá citar el "auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente", de ello se desprende la intención del legislador, en sentido de que en el recurso se señale la ley acusada como infringida, ley que debe cursar en la foja o fojas de la resolución impugnada; en esa virtud se llega a la conclusión que este Supremo Tribunal sólo puede considerar infracciones de leyes denunciadas en el recurso de casación, pero infracciones que consten y se evidencien en la resolución impugnada o recurrida.

En aquellas circunstancias en las que el tribunal de alzada no se pronuncia sobre alguna o algunas leyes (que se consideren violadas, o aplicadas falsa o erróneamente), corresponde a la parte procesal que se considere agraviada con la decisión de segunda instancia, pedir la correspondiente complementación dentro de las 24 horas siguientes, conforme se establece en las normas del art. 196 inc. 2) con relación al art. 239 del Código de Procedimiento Civil; sólo sobre esta base puede plantearse un recurso de esta naturaleza, abriéndose la competencia de este Supremo Tribunal para realizar el correspondiente control jurisdiccional en casación.

En el caso que motiva la interposición del presente recurso, se evidencia que en la decisión del tribunal ad-quem sólo se aplicó las normas de los arts. 126 de la Ley General de Bancos y Entidades Financieras, así como el art. 37 del D. S. 22203 (fs. 413). Si el recurrente consideraba que esa decisión de segundo grado era gravosa a sus intereses, en el plazo de 24 horas, le correspondió solicitar su complementación respecto a normas de otros artículos que además consideraba infringidos, pero no lo hizo así, sino que directamente recurrió en casación, en el que lejos de hacer referencia expresa de una de las normas aplicadas (relativa al art. 126 de la Ley 1488), denunció como vulnerados el art. 124 de la Ley del Ministerio Público de 1993 y los arts. 127 y 338 del Procedimiento civil, ninguno de los cuales fueron aplicados en la resolución impugnada, así expresó: a) se ha resuelto la declinatoria opuesta por uno de los demandados (Intendente Liquidador del Banco de Cochabamba S.A.), sin que previamente se haya remitido obrados al Ministerio Público, institución que interviene en los procesos que se instauren contra el Estado, como se encuentra previsto en el art. 124 de la Ley del Ministerio Público de 1993, sin haberse dado aplicación al art. 127 del Código de Procedimiento Civil y b) el otro demandado, Superintendente de Bancos, opuso excepciones de incompetencia y prescripción, sin que se corra en traslado a su parte como demandante, infringiendo el art. 338 del Procedimiento Civil (fs. 417-418).

Se concluye que ninguna de esas disposiciones fueron aplicadas en el auto de vista, respecto a esas mismas normas tampoco se pidió su complementación en plazo legal, por lo que tampoco puede acusarse su infracción directamente en casación, siendo por ello -en esta parte- infundado el presente recurso.

CONSIDERANDO: Por las resoluciones de instancia, se declaró probada la declinatoria opuesta por el demandado (Intendente Liquidador), ambas decisiones apoyadas en la previsión del art. 126 de la Ley 1488, que -según señala el tribunal de alzada- se refiere a que cualquier juicio que vaya en contra del patrimonio del Banco en liquidación, debe ser conocido por el juez que conoce esa liquidación.

El recurrente argumenta que al ordenarse la acumulación (como consecuencia de haberse declarado probada la declinatoria) se habría violado las garantías al debido proceso consagrado por el art. 196 del Procedimiento Civil y de manera indirecta (al referirse a un auto de vista dictado por una Corte Superior) denuncia aplicación indebida del art. 126 de la Ley 1488, con el argumento de que este proceso ordinario (negatorio) es de competencia del Poder Judicial bajo la competencia del juez de partido, por lo que no puede ser acumulado a un proceso administrativo en liquidación, ambos incompatibles en razón de la materia (fs. 417-418).

Con relación al art. 196 del Procedimiento adjetivo denunciado como violado, corresponde señalarse por una parte que el mismo no ha sido aplicado en el auto de vista y respecto al mismo -en el marco de lo que precisamente ese artículo regula- tampoco se ha pedido complementación alguna (como se desarrolló en el considerando anterior); por otra parte no puede dejar de mencionarse que constituye una aberración señalarse que esa norma otorgaría la garantía al debido proceso, la que esta consagrada en el art. 16-IV de la Constitución Política del Estado.

Con referencia al art. 126 de la Ley 1488 (indirectamente denunciado como infringido por haber sido supuestamente aplicado erróneamente) se evidencia que esta norma ha sido correctamente aplicada por los tribunales de instancia, por las razones que se pasan a considerar. El art. 126 de la Ley 1488 de 16 de abril de 1993 o Ley de Bancos y Entidades Financieras, establece que no se darán curso a acciones judiciales que se entablen con posterioridad (a la publicación de la resolución de liquidación), ni se decretarán embargos o medidas precautorias por obligaciones contraídas con anterioridad a la resolución de liquidación, las autoridades judiciales suspenderán la tramitación de las acciones y harán conocer a la Superintendencia antecedentes sobre las demandas o acciones iniciadas para ser acumuladas al proceso general de la liquidación.

De la lectura del art. 126 referido, así como de todo el contexto de normas contenidas en el Título Noveno (regularización de entidades financieras con deficiencia patrimonial), Capítulo III (liquidación forzosa), arts. 120-140 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, se tiene que la ratio legis de dicho art. 126 radica en que cuando se ha dispuesto la liquidación forzosa de un Banco o Entidad Financiera (como es el caso del demandado Banco de Cochabamba S.A., en liquidación), desde el momento mismo de su declaratoria ningún juez o tribunal ordinario podrá conocer acción y proceso alguno, debiendo suspenderse cualquier actuación judicial con la finalidad de ser enviado a conocimiento del Juez que conoce el proceso general de liquidación, a través de la Superintendencia de Bancos; es que, corresponde al juez encargado de la liquidación conocer los asuntos y procesos de contenido patrimonial que de manera indirecta o directa vayan a afectar el patrimonio de banco en liquidación, como correctamente ha entendido en su fallo el tribunal de alzada.

Ahora bien, en la especie se evidencia que el recurrente planteó demanda ordinaria de negación de crédito, solicitando que el juzgador reconozca que su persona no es sujeto pasivo en la novación de contrato contenida en la Escritura Pública 671/94, en la que se instituyó como sujeto activo o acreedor al Banco de Cochabamba S.A.; con esta demanda lo que se pretende es la extinción de la obligación contraída y en caso de ser declarada probada, se afectaría de manera negativa el patrimonio del banco en liquidación, en función a lo establecido por los arts. 1335 con referencia al 1465 del Código Civil. Por ello se llega a la conclusión de que la previsión del art. 126 de la Ley 1488 es perfectamente aplicable a procesos ordinarios como el presente, en los que el demandante pretende desconocer obligaciones emergentes de un contrato de novación por cambio de deudor y constitución de garantías, contrato que por su naturaleza constituye una fuente de derechos y obligaciones para el acreedor y deudor, respectivamente; la obligación que el demandante (sujeto pasivo) pretende dejar de cumplirla (por las razones o motivos que ampliamente expresa en su memorial de demanda) es de contenido netamente patrimonial y contraría los intereses del Banco de Cochabamba SA., en liquidación (sujeto activo), esa es la razón por la que también la mencionada norma en forma expresa dispone la improcedencia de embargos o medidas precautorias.

Por todo lo referido se tiene que procesos ordinarios como el presente -que se han iniciado con posterioridad a la resolución de liquidación-, deben ser conocidos y tramitados por el juez encargado de la liquidación, motivo por el cual las autoridades judiciales de instancia al haber dispuesto la declinatoria a favor del juez encargado de la liquidación, han dado correcta y cabal aplicación a la competencia que es orden público y que nace de la ley, en la especie de la norma del art. 126 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras; otra razón más que hace a la infundación de este recurso, por encontrarse dentro de la previsión del art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando lo dispuesto en el art. 58 ic. 1) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal, declara INFUNDADO el recurso, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Un mil bolivianos, debiendo el tribunal ad-quem mandar se haga efectivo su pago.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo

Dra. Nelly De la Cruz V. de Palomeque

Proveído: Sucre, 21 de septiembre de 2004

Ma. del Rosario Vilar G

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda

?? ?? ?? ??