SALA CIVIL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº10 Sucre,04 de septiembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario (Nulidad de Contrato)

PARTES: Bonifacio Prado Chavez c/José Miguel Ayaviri Catorceno y Ruly Cresencia Vidal de Ayaviri

RELATOR: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo

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VISTOS: Sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de casación en el fondo, contestación, concesión del mismo y todo lo que demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: A fs. 519-521 el demandante, interpuso recurso de casación en el fondo, contra el auto de vista de fs. 515, pronunciado en 21 de marzo de 2002 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Cochabamba que confirmó la Sentencia que cursa de fs. 450 á 452, pronunciada en 06 de mayo de 2000, por el Juez de Partido Tercero en lo Civil de la ciudad de Cochabamba.

CONSIDERANDO: El recurso de casación es jurídico, puesto que se refiere a cuestiones de puro derecho, sustantivo o procesal, lo que implica la exclusión de cuestiones de hecho relativas a problemas referidos a la valoración de la prueba, salvo que en esa apreciación se hubiere incurrido en errores de derecho o de hecho; en esa virtud corresponderá al recurrente solicitar la revisión de errores jurídicos atribuidos a la resolución impugnada que lo perjudica.

En la especie la Corte ad-quem confirmó la sentencia se primera instancia que declaró improbada la demanda y probada la defensa de los demandados, con los argumentos siguientes: a) el demandante no ha probado con exactitud la ubicación de su lote, ni realizó los trámites municipales para determinar esa ubicación; b) una vez que el inmueble pasó al radio urbano, no formalizó la inscripción en el Catastro Municipal y; c) el informe pericial de fs. 229-238, así como las declaraciones testificales de descargo merecen mayor crédito, las que han sido estimadas por el inferior con facultad privativa.

Contra el aludido auto de vista, el demandante planteó recurso de casación en el fondo, señalando que se habría violado los arts. 347, 373, 387, 404-II, 409-3, 432, 476 del Código de Procedimiento Civil, 1286, 1300, 1321, 1327, 1329 y 1330 del Código Civil, pidiendo se case el auto de vista recurrido y se dicte nueva resolución declarando probada la demanda, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO: El recurso de casación en el fondo, con arreglo a las normas contenidas en el art. 253 inc. 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, procederá cuando la resolución recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho; vale decir que puede interponerse un recurso de casación en el fondo cuando el tribunal ad-quem a tiempo de dictar la resolución recurrida ha incurrido en errores in judicando, por infracción de leyes o error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

Dado que el recurso de casación es de puro derecho, este Supremo Tribunal se encuentra imposibilitado de realizar una nueva valoración de la prueba, en tal virtud en casación se debe respetar los hechos declarados probados por el tribunal inferior. Sin embargo, en aquella circunstancia en la que el recurrente hubiese demostrado que los de instancia habrían incurrido en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba -señalando los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación tratándose del error de hecho o citando correctamente la ley referida al valor de las pruebas infringidas tratándose del error de derecho- los hechos declarados probados en la resolución recurrida dejan de tener validez legal, por haber sido desvirtuados por errores de hecho o derecho incurridos por el juzgador. Conforme al marco legal y doctrinal referido, corresponde a este Supremo Tribunal verificar si los errores de hecho o derecho denunciados por el recurrente son evidentes, a fin de casar el auto de vista recurrido, alternativamente declarar infundado el recurso si no se han producido tales errores.

CONSIDERANDO: Para fines de un adecuado análisis del recurso, se pasa a realizar en primer lugar consideraciones relativas a la supuesta existencia de errores de derecho, para luego recién hacer referencia a los errores de hecho, ambos denunciados por el recurrente.

A ciertas pruebas, como por ejemplo los documentos o la confesión, en forma expresa la ley les atribuye cierto valor, conforme lo disponen los arts. 1289, 1297 y 1321 del Código Civil; cuando en los fallos de instancia la autoridad judicial no reconoce a esas pruebas el valor que les da la ley o les da un valor diferente, se comete error de derecho.

A través de la confesión -como medio de prueba en cuya valoración se puede incurrir en error de derecho- el que es parte del proceso de manera expresa y libre declara sobre hechos favorables a su contra parte o adversos a su persona, en consecuencia, toda confesión es una declaración de parte, pero no toda declaración de parte constituye confesión. En el presente recurso el recurrente considera que las autoridades judiciales de instancia habrían violado los arts. 1321 del Código Civil, 347, 404-II y 409-3 de su Procedimiento, por cuanto se habría hecho valer una confesión judicial que realizó en otro proceso y no se consideró la que efectuó en esta causa; tampoco se tuvo en cuenta las confesiones hechas a su favor por los demandados y por un anterior dueño del lote; de obrados se evidencia no ser ciertas la aseveraciones del recurrente por cuanto la decisión de los de instancia no se basa en la confesión que habría realizado el demandado en otro proceso y con relación a la prestada en la presente causa, se valora dicha confesión dentro de los alcances del mencionado art. 1321 del Código sustantivo de la materia; finalmente con referencia a las confesiones supuestamente prestadas por otros a su favor, de una lectura minuciosa de las mismas se llega al convencimiento de que aquellas no son expresas ni favorables al demandante, como equivocadamente lo interpreta el recurrente; por ello, este Supremo Tribunal no evidencia la violación de los arts. referidos, ni que se hubiere incurrido en error de derecho alguno.

En aquellas circunstancias en las que el juzgador valora otro tipo de pruebas, como por ejemplo la testifical, pericial y otras abandonas a las reglas de la sana crítica, puede incurrirse en error de hecho cuando equivocadamente se cree que se ha probado o negado un hecho, que esta en contra de lo aseverado por un documento auténtico.

Se llama testimonio el acto procesal a través del cual el testigo informa al juez sobre lo que sabe con relación a ciertos hechos, ahora la valoración y eficacia que se da a esa prueba testifical corresponde realizársela a la autoridad judicial, conforme a las reglas de la sana crítica, como lo prevé el art. 476 del Código de Procedimiento Civil. En la especie, el recurrente considera que los de instancia no han valorado correctamente la prueba testifical de cargo, que sería la que acreditaría la ubicación de su inmueble; de una simple lectura de los antecedentes de la causa, se llega al convencimiento que el juez a-quo como el tribunal ad-quem, llegaron a la conclusión de que el recurrente no acreditó el lugar de su inmueble, decisión que se la tomó realizando una valoración no sólo de la prueba testifical de descargo, sino también de la de cargo, con referencia a los demás medios probatorios, expresados en las confesiones, pericias y otros, por lo que equivocadamente considera el recurrente que en este punto se habría incurrido en error (de hecho).

En aquellas circunstancias en las que la comprobación de hechos controvertidos requiere conocimientos técnicos ajenos al saber jurídico de la autoridad judicial puede recurrirse a expertos que realizarán los correspondientes informes periciales, prueba pericial que será valorada por el juez, conforme a las reglas de la sana crítica, demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere, así lo establece el art. 441 del cuerpo adjetivo civil. El recurrente considera que habiendo informes periciales contradictorios, no se ha designado perito de oficio, por lo que se habría vulnerado el art. 436 del Procedimiento Civil; la designación de perito de oficio, es una facultad que da la ley al juzgador, pero desde ningún punto de vista constituye una obligación que debe ser cumplida inexorablemente, como equivocadamente parece entender el recurrente, además, por el hecho de haberse o no nombrado perito de oficio, no implica la existencia de un error de hecho, máxime si se tiene en cuenta que a tiempo de dictarse sentencia y auto de vista, el juez a-quo y el tribunal ad-quem tuvieron en cuenta no sólo la prueba pericial que cursa en obrados, sino también otros elementos probatorios que determinaron la decisión final de la causa.

Por todo lo manifestado se llega a la conclusión que los jueces de grado han apreciado la prueba globalmente y declarado los hechos conforme a su criterio legal, sin que por ello hayan incurrido en error de derecho o error de hecho, en consecuencia es de aplicación la norma del art. 273 del Código de Procedimiento Civil por cuanto este Supremo Tribunal no ha encontrado como ciertos los extremos denunciados en el recurso.

CONSDIERANDO: En su recurso, el recurrente también señala que se habría violado los arts. 373 (medios probatorios en general) y 1283 (carga de la prueba), de los Códigos adjetivo y sustantivo civiles, porque por auto de 15 de marzo de 1999 el juez no le habría permitido hacer uso de la prueba de perito grafólogo. El extremo mencionado, por si sólo no constituye error de hecho ni de derecho en la valoración de la prueba, por lo que no ameritaría ningún comentario ni resolución al respecto.

Sin embargo de lo referido, para que no queden dudas en el recurrente, conviene recordarle que en la tramitación de un proceso las resoluciones que causen agravio a las partes, pueden ser impugnadas en su oportunidad a través de los medios procesales y legales que el caso amerite; en la especie, si el recurrente en su condición de demandante consideraba que el auto de 15 de marzo de 1999 le era gravoso a sus intereses, notificado que fue con el mismo (fs. 194-195) en tiempo oportuno debió plantear recurso de reposición con apelación alternativa, pero al no haberlo hecho así precluyó su derecho de reclamar, menos en un recurso como el presente que no constituye una tercera instancia, sino que es una demanda nueva de puro derecho.

CONSIDERANDO: Con la demanda, reconvención y respuesta de ambas, queda establecida la relación procesal que no podrá ser modificada posteriormente, conforme señala el art. 353 del Código de Procedimiento Civil; en ese marco legal se tiene que el planteamiento de un recurso de casación no puede apartarse de la relación procesal ni puede contravenir al art. 190 del mismo cuerpo adjetivo de la materia que señala los límites dentro de los que debe resolverse una causa, establecida que ha sido la relación procesal. En esa virtud se llega a la conclusión de que nada que este fuera de la relación procesal puede otorgarse en sentencia, auto de vista y menos en casación, a contrario sensu, nada que este fuera de la relación procesal puede reclamarse en los recursos de apelación y menos en los de casación.

De obrados se evidencia que en la demanda de fs. 67-68 (planteada por el ahora recurrente) se solicita se declare la nulidad del contrato de compraventa de 318 mts.2 suscrito por los demandados, por cuanto sería una compra de cosa ajena y por tanto ilícita, faltando además el objeto cierto del contrato, apoyándose en las previsiones de los arts. 549 incs. 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil y 1544 del Código Civil; a su vez el auto de relación procesal de fs. 185, señala que entre los hechos a probar por el demandante esta el demostrar que la compra venta que efectuaron los demandados esposos Ayaviri se encuentra viciada de nulidad.

Pese a ser claro los motivos de nulidad expresamente alegados por el demandante, la misma persona en su recurso de casación señala que la minuta de 13 de abril de 1989 (relativa al documento privado de compra venta, cuya nulidad se demanda en el presente proceso) ha sido redactada antes de la puesta en circulación del papel sellado que se ha usado; tal aseveración -que según el recurrente probaría la falsedad del documento demandado de nulo- no ha sido denunciada en su demanda, tampoco constituye un extremo que haya sido señalado a ser probado por el auto de relación procesal y menos ha dado lugar a un pronunciamiento expreso en sentencia ni en el auto de vista; pero, el recurrente de manera equivocada y en desconocimiento de la forma de tramitación del recurso de casación, en su memorial directamente denuncia esos aspectos ajenos a lo demandado, lo que hace a la infundación del recurso en esta parte, siendo innecesaria cualquier otra consideración. Sin embargo de ello este Supremo Tribunal, considera conveniente referirse brevemente al hecho de que tal aseveración es falsa y demuestra un interés malintencionado del recurrente, pues se constata que el documento privado de compra venta con su correspondiente reconocimiento de firmas, ha sido suscrito el 17 de agosto de 1987, habiéndose registrado en DD.RR. el 13 de abril de 1989 y el testimonio extendido por esa oficina (de DD.RR.) se encuentra contenido en el sellado que cuenta con la R.M. 21 de noviembre de 1988, obviamente el documento privado de 1985 fue suscrito con anterioridad al testimonio extendido el año 1989, el último contenido en un sellado que salió a circulación unos meses antes; por lo que no se evidencia ninguna irregularidad (fs. 62 y 150).

En el presente recurso, el recurrente también denuncia la nulidad del plano de los demandados aprobado por la Alcaldía, porque se evidenciaría que los esposos Ayaviri habrían cedido terreno a la Alcaldía y anexado, cuando no eran propietarios del inmueble. Tal denuncia de nulidad no ha sido señalada por el propio recurrente en su demanda, tampoco formó parte de los puntos de hecho a probar expresados en el auto de relación procesal, menos fue un extremo considerado en sentencia y obviamente no pudo ser reclamado en apelación y ahora en casación, ello se encuentra consagrado en las normas contenidas en los arts. 190, 236 y 353 del Código de Procedimiento Civil, otro extremo más que hace a la infundación del presente recurso.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la potestad que le acuerda el ordinal 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso, con costas.

Se regula en la suma de Un mil bolivianos el honorario del abogado, que mandará se haga efectivo por el tribunal ad-quem.

Relator: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Regístrese y devuélvase

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo

Dra. Nelly De la Cruz V. de Palomeque

Proveído: Sucre, 04 de septiembre de 2004

Ma. del Rosario Vilar G

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda

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