Sala Civil Segunda

AUTO SUPREMO Nº 4 Sucre, 01 de septiembre de 2004

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario ( división y partición de bienes comunes por ruptura unilateral, nulidad de documento y divorcio)

PARTES: Ana MariaCaballero Smith c/ Guido Flores Espinosa.

RELATOR: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo

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VISTOS: Sentencia de primera instancia, auto de vista impugnado, recurso de Casación en la forma, contestación, concesión del mismo y todo lo demás convino ver y se tuvo presente para resolución final suprema.

CONSIDERANDO: A fs. 696-698, el demandado Guido Flores Espinoza, interpuso recurso de casación en la forma, contra el auto de vista de fs. 652-654, pronunciado en 13 de febrero de 2003 donde la Sala Civil Segunda de la ciudad de Cochabamba, anula obrados reponiendo la causa hasta el estado de pronunciarse nueva sentencia, la que cursa de fs. 363 á 368, pronunciada en 13 de septiembre de 2001, por la Jueza de Partido Sexto de Familia de Cochabamba.

CONSIDERANDO: El recurso de casación es uno extraordinario, motivo por el cual el conocimiento y resolución del mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta limitado a aquellos casos expresamente establecidos por la ley que por su valor, naturaleza jurídica y por la importancia del litigo, lo justifican.

Siendo el presente recurso puramente jurídico y de derecho y por el principio de congruencia, las facultades de este Supremo Tribunal se limitarán al examen del recurso con relación a la resolución impugnada, no pudiéndose examinar errores que en las resoluciones de instancia el recurrente no acuse, ni por causales que la ley no contemple; en ese marco se pasan a realizar las consideraciones que se detallan seguidamente.

En el caso que motiva la interposición del presente recurso se evidencia que la Jueza Sexto de Partido de Familia, por Sentencia de 13 de septiembre de 2001 cursante de fs. 363-368, declaró probada la demanda de fs. 17, en cuanto al divorcio y la nulidad del documento transaccional de 12 de febrero de 1999 e improbadas la demanda con relación a la división y partición de bienes comunes en la unión libre o de hecho, así como la acción reconvencional y las excepciones; en consecuencia se declaró disuelto el vínculo matrimonial y nulos el documento transaccional de 12 de febrero de 1999, escritura pública y su protocolo de 17 de febrero de 1999, ordenando su cancelación ejecutoriada que sea la sentencia, sin costas por ser juicio doble.

El tribunal de alzada dictó el auto de vista de fs. 652-654 de 13 de febrero de 2003 por el que anula obrados, reponiendo la causa hasta el estado de pronunciarse nueva sentencia que cumpla con los requisitos exigidos por el art. 192-3) del Código de Procedimiento Civil, con los argumentos siguientes: a) que, la sentencia omitió pronunciarse sobre las excepciones opuestas por la actora contra la demanda reconvencional y b) que, se demandó la división y partición de bienes gananciales por ruptura unilateral de matrimonio de hecho y al declararse improbada la demanda en esa parte, no se consideró que cuando se demanda ruptura unilateral de un matrimonio de hecho, el Juez de Partido que conoce el caso, no debe exigir que previamente se tramite la declaración de la existencia de matrimonio de hecho ante el Juez Instructor de Familia por razones de economía procesal y en aplicación del principio de que la jurisdicción mayor arrastra a la menor; más aún si la actora produjo prueba en sentido de que en la tramitación de la demanda de reconocimiento de matrimonio de hecho, el Juez de Instrucción Tercero de Familia declaró probada la excepción de "litis pendencia", confirmada en apelación, habiéndose ordenado remitirse ese proceso al presente proceso ordinario.

Contra el auto de vista de referencia, el demandado Guido Flores Espinoza, por memorial cursante de fs. 696 a 698, planteó recurso de casación en la forma argumentando que en el auto de vista impugnado se ha violado los arts. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil e ignorado el art. 1283 del Código Civil y los arts. 190 y 375 del indicado Procedimiento Civil, por cuanto: a) de la lectura del memorial de respuesta a la reconvención, de 11 de enero de 2001de fs. 102 y vta., se evidencia que la actora jamás opuso excepción alguna contra dicha reconvención y b) al no haberse demandado (previamente) el reconocimiento o la declaratoria de matrimonio de hecho, la actora incongruente y erróneamente demandó la división y partición de bienes comunes por ruptura unilateral; además la jueza de primera instancia analizó y compulso sobre la división y partición de bienes comunes por ruptura unilateral, siendo in atingente y extemporáneo que se vuelva a insistir sobre ese aspecto.

CONSIDERANDO: Conforme dispone la norma del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación; en ese entendido se delimita el contenido de las resoluciones judiciales de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por la o las partes, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto con las pretensiones oportunamente aducidas por la o las partes, salvo que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas.

En la especie el Tribunal ad-quem, a tiempo de conocer y resolver el recurso de apelación planteado por el demandado, ahora recurrente, no ha circunscrito su resolución de instancia al marco jurisdiccional que le impone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil con relación a la previsión del art. 227 del mismo cuerpo adjetivo de la materia, por las razones de orden legal que se pasan a desarrollar.

En el recurso de apelación señalado, el demandado expresó que entre los agravios que habría cometido el Juez a-quo fue el no haber valorado las pruebas aportadas por su parte respecto a su demanda reconvencional, por lo que pidió se revoque parcialmente la sentencia y se declare probada dicha demanda reconvencional. El tribunal de alzada, sin pronunciarse sobre el punto expresamente apelado, relativo a la demanda reconvencional, determinó anular obrados con el fundamento de que el a-quo omitió pronunciarse sobre las excepciones opuestas por la actora contra la demanda reconvencional.

Es cierto que en función a la facultad fiscalizadora del proceso y conforme a la atribución otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, el Tribunal de alzada podrá revisar los procesos de oficio a fin de que el mismo se tramite conforme a las leyes aplicables; en aquellos casos en los que se constata vicios en la tramitación del proceso -tal el que se haya pronunciado una sentencia sin resolver lo demandado o reconvenido, ni sobre las excepciones opuestas, incumpliendo el mandato del art. 192-3) del Código de Procedimiento Civil- el tribunal de alzada podrá anular obrados a fin de sanear el proceso. Sin embargo de lo referido, no es menos cierto que tal función fiscalizadora, no podrá ser utilizada para anular obrados por razones o motivos que conforme a los datos del proceso no sean ciertas ni evidentes.

De la revisión de obrados se constata que la demandante Ana María Caballero Smith en 13 de septiembre de 2000 planteó en contra de Guido Flores Espinoza demanda de división y partición de bienes comunes por ruptura unilateral, nulidad de documento transaccional y divorcio (fs. 17-19); el demandado a tiempo de responderla opuso excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho y calidad, además de haber planteado demanda reconvencional, en fecha 24 de noviembre de 2000 (fs. 82-84); la demandante en la suma del memorial presentado el 11 de enero de 2001 señala "responde y opone excepciones a la reconvención", sin embargo de una minuciosa y cuidadosa lectura de dicho memorial se evidencia que strictu sensu no se planteó excepción alguna, habiéndose limitado a responder el fondo de la reconvención y en todo caso solicitó se declare improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho y calidad, excepciones que han sido planteadas por el demandado y no así por su persona a tiempo de responder la demanda reconvencional (fs. 102).

De lo precedentemente referido, se llega a la conclusión de que a tiempo de responder la reconvención la demandante no opuso excepción alguna a dicha demanda reconvencional, como lo reconoce ella misma en su memorial de respuesta al recurso de casación, en el que en forma expresa manifiesta que: "... cabe una interrogante, en qué medida puede influir que expresamente no se haya escrito las excepciones opuestas a la reconvención si el fundamento expuesto constituye una obvia excepción o negación frente a una por demás absurda" (fs. 707 vta.). En consecuencia, si la demandante no planteó excepciones a la demanda reconvencional, mal podía el tribunal de alzada anular obrados por esa razón y, al haberlo hecho así ha emitido un auto de vista citra petita, pues ha fallado sobre aspectos que no son evidentes en obrados, habiendo dejado de resolver sobre lo pedido en apelación, relativo al hecho de que el a-quo no habría valorado las pruebas aportadas por el demandado por las que supuestamente se acreditaría su demanda reconvencional referida a la causal contenida en el inc. 4º del art. 130 del Código de Familia, así como la reconvencional en cuanto a la inexistencia de causas que motiven la nulidad del acuerdo transaccional; con todo lo que se ha evidenciado la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, incurriéndose en la nulidad prevista por el art. 254-4 del mismo cuerpo adjetivo de la materia.

CONSIDERANDO: Conforme se establece en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal de casación anulará de oficio todo el proceso, en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público. En el marco legal de referencia, se pasa analizar la decisión del tribunal de alzada, cuyo auto de vista anula obrados al estado de dictarse nueva sentencia, por cuanto por razones de economía procesal y del principio de que la jurisdicción mayor arrastra a la menor, el juez a-quo que conoció la demanda de división y partición de bienes gananciales por ruptura unilateral de matrimonio de hecho, no debió exigir que previamente se tramite la declaración de la existencia de matrimonio de hecho.

De obrados se constata que el juez a-quo dictó sentencia por la que declaró probada la demanda en cuanto al divorcio y la nulidad de documento transaccional, asimismo declaró IMPROBADA la demanda con relación a la división y partición de bienes comunes en la unión libre o de hecho (fs. 263-268); contra dicha sentencia, el demandado planteó recurso de apelación ante el superior en grado para fines de una revocatoria parcial respecto a su demanda reconvencional, pidiendo que la misma sea declarada probada (fs. 371-375); a su vez, la demandante respondió dicho recurso solicitando: "se confirme la sentencia y modificarla en cuanto a la división y partición de bienes habidos a partir de la unión libre o de hecho" (fs. 399-400).

El a-quo al haber declarado improbada la demanda con relación a la división y partición de bienes comunes en la unión libre o de hecho, causó agravio en las pretensiones de la actora o demandante, la que fue legalmente notificada con la sentencia el 13 de septiembre de 2001 (fs. 369); conforme a la garantía constitucional del debido proceso, la demandante bien pudo ejercer su derecho a la defensa, en el marco de la norma del art. 16 de la Constitución Política del Estado, sin embargo de ello y en plazo legal dicha actora no planteó recurso de apelación alguno, con lo que en ese punto dejó ejecutoriar la mencionada sentencia.

En consecuencia, habiéndose ejecutoriado la sentencia en el punto de referencia, pasó a tener la autoridad de cosa juzgada, con arreglo a los arts. 514 y 515 del Código de Procedimiento Civil, así como los arts. 1318-II inc. 3º, 1319 y 1451 del Código Civil, razón por la que no se abrió la competencia del tribunal ad-quem para conocer aspectos que no fueron apelados. Sin embargo de ello, el tribunal de apelación sin competencia y haciendo referencia a la excepción de litis pendentia que opuso el demandado, dispuso la anulación de obrados con el argumento ya referido en sentido de que en sentencia no se consideró que para la división y partición de bienes comunes de unión libre, no es necesario que previamente se haya declarado la unión conyugal libre o de hecho.

Consiguientemente el tribunal de alzada emitió el auto de vista sobre aspectos que ya estaban decididos y con autoridad de cosa juzgada, obró con exceso de poder e incurrió en infracción de las reglas que regulan la jurisdicción y competencia que son de orden público; interesando dicha cosa juzgada al orden público, en casación y aun de oficio, se abre la potestad de este Supremo Tribunal para anular la decisión del ad-quem que fue emitida con tales faltas y reponer el proceso al estado de que se reestablezca la regularidad procesal, con arreglo a los arts. 252 con relación al art. 258 inc. 3 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 652 inclusive, hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista que guarde el principio de congruencia conforme se establece en el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, sin espera de turno y previo sorteo.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal ad-quem, se les impone a los Sres. Vocales signatarios del auto de vista responsabilidad en multa que se regula en Bolivianos Cien que les será descontado por habilitación.

Relator: Ministro Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Firmado: Dr. Gonzalo Castellanos Trigo.

Dra. Nelly De la Cruz V. de Palomeque.

Proveído: Sucre, 01 de septiembre de 2004-09-02

Ma. del Rosario Vilar G

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Segunda

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