TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 770/2014

Sucre: 30 de diciembre de 2014                                                

Expediente: CH 60 14 S

Partes: Pedro Mita Molina y Nélida Catalina Laguna León de Mita. c/ Claus Peter

            Hoffmann.                                                  

Proceso Fraude Procesal; nulidad de título ejecutivo y nulidad de proceso

             ejecutivo.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 729 a 733, interpuesto por Pedro Mita Molina y Nélida Catalina Laguna León de Mita, en contra del Auto de Vista Nº SCCFI-418/2014 de 8 de septiembre de 2014, cursante de fs. 724 a 725 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de fraude procesal, nulidad de título ejecutivo y nulidad de proceso ejecutivo seguido por Pedro Mita Molina y Nélida Catalina Laguna León de Mita, contra Claus Peter Hoffmann; la respuesta al recurso de fs. 737 a 740; el Auto de concesión de fs. 741; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Pedro Mita Molina y Nélida Catalina Laguna León de Mita, acompañando prueba a 37 fs., amparados en los arts. 3-1), 2), 3) y 6); 4-2) y 4) del Código de Procedimiento Civil; arts. 115, 56 y 19 de la Constitución Política del Estado; y art. 28 de la Ley Nº 1760, demandan de fs. 38 a 42 vta., y fs. 46 a 47, señalando: Fraude procesal.- Claus Peter Hoffmann les inició proceso ejecutivo luego de un trámite de requerimiento en mora con relación a dos documentos de 6 de mayo de 2011, un presunto contrato de venta y otra de venta con pacto de rescate que aclara el primero, habiéndoles declarado en mora el 30 de noviembre de 2011, por lo que plantearon recurso de reposición con el fundamento que no es aplicable la mora en contratos con plazo fijo establecido, sin embargo, no se le notificó con el Auto de 30 de noviembre de 2011, y con esa omisión se inicia el fraude procesal. El demandante, en conocimiento del proceso en su contra, excepcionó de litis pendencia pero nuevamente se realizan mal las notificaciones. El 3 de mayo de 2012, Klaus Peter Hoffmann formaliza demanda ejecutiva en base a los documentos de 6 de mayo de 2011, y en mérito al requerimiento en mora realizada de forma fraudulenta pero la firma con la notificación no le corresponde siendo falsa por lo que subsiste el fraude procesal hasta que se concluyó el referido proceso embargando su inmueble de calle Calvo 526 y 530, pero Nelly Laguna de Mita nunca fue demandada y menos suscribió documento base del proceso ejecutivo. Fraude que también se ha estructurado en el proceso coactivo-civil. Nulidad del título ejecutivo.- Respecto de los documentos de 6 de mayo de 2011, son nulos porque se falsificaron en sus firmas, no se transfirió el inmueble de la calle Calvo Nº 526 y 530 por cuanto Nélida Catalina Laguna de Mita no es propietaria del inmueble ni ha suscrito dichos documentos; existe vicios del consentimiento en la conclusión de los dos contratos por cuanto no tenían ninguna deuda ni trato con el demandado por $us.70.000 menos vendieron su casa por ese precio ya que el precio comercial supera los $us.400.000 ni hubo consentimiento de su parte para la suscripción. Nulidad del proceso ejecutivo.- La Sentencia es contradictoria ya que en el documento dominial para la transferencia Testimonio Nº 46/1958 registra que los propietarios del inmueble de la calle Calvo 526 y 530 son los demandantes, al no tomarse en cuenta dicha titularidad se ha viciado la Sentencia, confundiendo la identidad de los ejecutados. En apelación, el memorial contiene las mismas deficiencias en los márgenes; el Auto de Vista no se pronuncia sobre los puntos apelados afectando el debido proceso por lo que correspondía anular obrados.   

Claus Peter Hoffmann, de fs. 59 a 64 vta., responde y opone excepciones perentorias manifestando que la ordinarización de un proceso ejecutivo no permite litigar sobre otras cuestiones ya que los demandantes apelan el art. 28 de la Ley Nº 1760 que modificó el art. 490 del Código Adjetivo Civil, que sirve para demostrar las excepciones que no pudieron ser probadas, empero, los actores desnaturalizan aquello diciendo que la ordinarización se encuentra destinada a la revisión de la sentencia, no se ordinariza para pretender se declare un supuesto fraude procesal ni para demandar la nulidad del título ejecutivo menos la nulidad del proceso ejecutivo de donde resulta improcedente la demanda. Jamás se alegó en el proceso ejecutivo fraude procesal ni se excepcionó nulidad de documentos de base. Únicamente la excepción de falta de fuerza ejecutiva opuesta por la co-demandante debiera discutirse en este proceso. No existe fraude procesal ya que los demandantes alegan no haber sido notificados con el Auto de 30 de noviembre de 2011, confiesan luego que apelaron ejercitando su derecho a la defensa, ocurriendo en la diligencia de notificación errores intrascendentes que no fue observado oportunamente habiendo convalidado. Acusan de no haberse admitido la excepción de litispendencia pero ésta se ha opuesto contra el requerimiento en mora y cuando el expediente se encontraba en apelación. Simplemente porque el co-demandante no recuerda haber suscrito la diligencia de notificación con el decreto de 8 de febrero de 2102, se presenta un proceso ordinario, debiera haber sido desestimada por improponible. En el trámite de requerimiento en mora no se permite la oposición de excepciones y si hubiera, están obligados a demostrar la norma legal que faculta a ello. No es preciso un proceso solamente para reclamar defectos de citación con la demanda sino reclamarlas dentro del que se han cometido las irregularidades o vicios procesales. Lo cierto es que los demandantes recibieron $us.70.000 que les permitió salvar su casa de un remate, y hasta hoy no le devolvieron ni le entregaron la casa. Los contratos de compraventa, base del proceso ejecutivo son válidos pretendiendo su nulidad, no pueden sostener que existen vicios del consentimiento y que no existe consentimiento, son contradictorios e imposible de resolver, la ausencia de consentimiento es una causal de anulabilidad (art. 554-1), demandar la nulidad de un contrato en base a una causal de anulabilidad es un contrasentido que hace inviable la acción de nulidad. No se especifica de qué modo se produjeron las causales de nulidad invocadas, no se dice el motivo por los que tales contratos debieran observar el requisito de la forma ya sea ad solemnitatem o ad probationem, la intención es perder tiempo para dilatar la ejecución de la sentencia ejecutiva. No existe nulidad de procesos ejecutivos en el ordenamiento jurídico, sin que hayan citado al menos la causal de nulidad ni la norma que dispone la nulidad de los procesos ejecutivos o que permita declarar tal nulidad.  

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 21/2014 de 09 de mayo de 2014, de fs. 682 a 685 vta., declaró improbada la demanda, y probada la excepción perentoria de improcedencia de la acción ordinaria para litigar cuestiones no alegadas en el proceso ejecutivo.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº SCCFI-418/2014 de 8 de septiembre de 2014, confirmó totalmente al Sentencia, resolución contra la cual la parte actora recurre de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del memorial de recurso se resume lo siguiente:

Se demanda fraude procesal porque luego de haberse tramitado la declaratoria en mora sobre el plazo para la entrega del inmueble objeto de la compraventa con pacto de rescate, se planteó demanda ejecutiva como si el cumplimiento demandado fuera de una suma de dinero; la nulidad del título ejecutivo otorgado a los documentos de compraventa por ser contrario a lo previsto por el art. 491 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no había suma de dinero líquida y exigible; la nulidad del proceso ejecutivo a efectos de restituir el debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y otros derechos vulnerados.

Los agravios expuestos en apelación se justifican porque: 1) Nélida Catalina León de Mita no tenía ni tiene al presente ningún derecho propietario registrado sobre el inmueble de la calle Calvo 526 y 530 cuya entrega fue demandada por Claus Peter Hoffmann en la vía ejecutiva, por lo que correspondía que primero se demande el saneamiento del contrato de venta con pacto de rescate el cual no tiene fuerza ejecutiva, no se consideraron esos defectos absolutos que anulan el valor y la fuerza ejecutiva en el documento de 6 de mayo de 2011. 2) Para que el documento tenga valor de título ejecutivo, el derecho propietario de Claus Peter Hoffmann debía estar registrado, ese registro no existe. 3) El documento de venta con pacto de rescate de 6 de mayo de 2011, carece de fuerza y valor de título ejecutivo sin antes se sanee a nombre de Nélida Catalina León de Mita con relación a Nelly Laguna de Mita como se consigna en el registro, entre tanto, el demandado no podrá registrar su derecho como propietario. 4) Tampoco se dio cumplimiento al art. 192-2) del procedimiento, porque no existe la exposición de los generales de las partes, no se determina el objeto del litigio, no existe análisis y fundamentación de las pruebas de cargo ofrecidas que permitan conocer porqué dichas pruebas no tienen valor o son impertinentes al objeto de la litis, qué razonamiento fue efectuado para no declarar el fraude procesal y la nulidad del proceso ejecutivo.

En el Fondo, de acuerdo al art. 253-1) y 2) del Código de Procedimiento Civil:

  1. Denuncian que no se pronunciaron  con relación a los agravios expuestos en cuatro puntos del memorial de apelación, y que de forma genérica refieren que la demanda tiene múltiples peticiones, que constituye una indebida articulación de pretensiones, que la pretensión debía ser la modificación de lo resuelto en el proceso ejecutivo nunca la nulidad de actuados sustanciados, que la ordinarización no supone revisión de actuados procesales.
  2. El Auto de Vista hace referencia a la preclusión del derecho a impugnar por no haberse recurrido en apelación de sentencia ejecutiva, sin tomar en cuenta que con dicha Sentencia se les notificó en lugar distinto al domicilio señalado en los memoriales presentados en el proceso ejecutivo.
  3. Refieren que los documentos de fs. 5-6 de obrados (contrato con pacto de rescate) que la falta de registro en Derechos Reales no afecta la exigibilidad de la obligación, pero no señalan si el incumplimiento del contrato de venta puede ser demandado en la vía ejecutiva teniendo en cuenta que los procesos ejecutivos son monitorios por lo que concluye con la subasta de los bienes del deudor a efectos de monetizar el cumplimiento de la obligación pecuniaria, mas no puede ser aplicada a la entrega de un inmueble objeto del contrato de compraventa que corresponde.

Con ello violan su derecho al debido proceso, defensa, seguridad jurídica por cuanto no permite conocer cuáles son las razones que permiten subsumir los hechos de incumplimiento  de contratos de venta al trámite procesal destinado a procesos monitorios como el ejecutivo. Convalidan sin fundamento la aplicación del procedimiento judicial ejecutivo a un hecho que corresponde a procedimiento judicial de conocimiento, por cuanto con la aplicación del proceso ejecutivo a cuestiones emergentes del incumplimiento de contratos de venta, se desconoce las previsiones del Título II De los contratos en Particular Capítulo I De la Venta, en el Código Civil, es decir, el incumplimiento de contratos no corresponde al procedimiento ejecutivo. Este hecho correspondía al procedimiento judicial de conocimiento previsto en el art. 568 del Código Civil.

En la Forma, de acuerdo al art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil:

En la Sentencia ni en el Auto de Vista se pronunciaron sobre los hechos demandados, no existe valoración de las pruebas documentales.

Existe falta de fundamentación de las resoluciones judiciales afectando el debido proceso que debe ser sancionado con la nulidad por violación de derechos fundamentales. Se violaron los arts. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

En base a sus antecedentes, pide casar el Auto de Vista y Sentencia declarando probada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Toda vez que fue interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde en principio ingresar a considerar el recurso de forma por un orden lógico y coherente, ya que, de comprobarse los perjuicios que se reclaman por esa vía, ocasionará la nulidad de la resolución recurrida o de obrados, lo que haría innecesario el examen de las causas de fondo del recurso.

Recurso de casación en la Forma

Manifiestan que la Sentencia no se pronunció sobre los hechos demandados, y que de igual forma, el Tribunal de Apelación tampoco se ha pronunciado sobre los hechos demandados, consecuentemente, existe falta de fundamentación de las resoluciones que debe ser sancionado con nulidad; los recurrentes en su agravio se limitan a manifestar la falta de pronunciamiento sobre los hechos demandados, sin señalar en términos concretos y precisos cuáles son aquellos hechos demandados los cuales deberían formularse en términos claros, concretos y precisos, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 258 num. 2 del Adjetivo Civil. De acuerdo al memorial de demanda, debemos inferir que los hechos demandados son la existencia de fraude procesal en proceso ejecutivo anterior, nulidad del título ejecutivo (dos contratos de 6 de mayo de 2011), y la nulidad del proceso ejecutivo. El Tribunal de Apelación ha señalado que: “… la pretensión de declaratoria de fraude procesal, corresponde a la parte que la invoque que medió la existencia de fraude procesal, acreditar el proceder fraudulento, esto es, conforme a los términos de la demanda, que haya mediado falsificación de firmas y el consentimiento de las partes se encuentre viciado, acreditación inexistente en el caso de autos…”; sin embargo, de la revisión del texto íntegro de la resolución recurrida, se puede apreciar que el punto de partida es el relativo al fraude procesal y este motivo se extiende hasta el final de la resolución, lo transcrito es simplemente una forma de resaltar ese hecho. En cuanto a la nulidad del título ejecutivo (dos contratos de 6 de mayo de 2011), y la nulidad del proceso ejecutivo, el Ad quem ha señalado: “… procesalmente constituye una indebida articulación de pretensiones que en vía de revisión se pretenda la nulidad del título ejecutivo, y a su vez, la reiterada facultad de revisión de lo resuelto en proceso ejecutivo, si bien puede ser una revisión plenaria de los actuados substanciados, la previsión que debe contener dicha pretensión es la de modificación de lo resuelto en el proceso de ejecución, empero, nunca la nulidad de los actuados substanciados en tal proceso…”, por todo lo referido por el Tribunal de Apelación, se advierte que hubo pronunciamiento respecto a los hechos demandados, y con ello, los puntos de agravio apelados fueron respondidos.

En definitiva, no se observa falta o ausencia de pronunciamiento sobre los hechos demandados en la que haya incurrido el Tribunal de grado, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.     

Recurso de casación en el Fondo:

Denuncian que no se pronunciaron  con relación a los agravios expuestos en cuatro puntos del memorial de apelación, y que de forma genérica refieren que la demanda tiene múltiples peticiones, que constituye una indebida articulación de pretensiones, que la pretensión debía ser la modificación de lo resuelto en el proceso ejecutivo nunca la nulidad de actuados sustanciados, que la ordinarización no supone revisión de actuados procesales; cuando se invoca la falta de pronunciamiento sobre algún aspecto, el reclamo debe encaminarse mediante el recurso de casación en la forma puesto que se hace alusión a una formalidad procesal como es la falta de respuesta a algún punto apelado (art. 236 del procedimiento civil referido a los puntos objeto de apelación), de la lectura del auto recurrido se evidencia que el Tribunal Ad quem ha realizado consideraciones al respecto señalando que el presupuesto de la obligación demandada está dada por la existencia de una obligación de vendedor que es ejecutivamente exigible, tal como establece el art. 486 del Código de Procedimiento Civil, y la falta de inscripción del bien inmueble transferido no afecta a la exigibilidad de la obligación dado el principio de consensualidad que informa a los contratos con efectos reales establecido en el art. 521 del Código Civil; de esa manera, desde lo estrictamente formal de la resolución recurrida, el Tribunal Ad quem se ha pronunciado sobre los agravios formulados en apelación.  

Manifiestan que, respecto al contrato de venta con pacto de rescate, el Ad quem señala que la falta de registro en Derechos Reales no afecta la exigibilidad de la obligación, pero no se pronuncian en forma clara y precisa si el incumplimiento del contrato de venta puede ser demandado en la vía ejecutiva lo cual es cuestionado por su parte, teniendo en cuenta que los procesos ejecutivos son monitorios. No se les permite conocer cuáles son las razones que permiten subsumir los hechos de incumplimiento de contratos de venta al trámite procesal destinado a procesos monitorios como el ejecutivo, lo que les causa indefensión ya que de forma ilegal y sin fundamento se aplicó el proceso ejecutivo a cuestiones emergentes del incumplimiento de contratos de venta previsto en el art. 568 del Código Civil.

Al respecto, se hace necesario remitirnos a los términos de la demanda en la que se advierte que los recurrentes justificaron la ordinarización del proceso ejecutivo pidiendo la declaratoria de lo siguiente:

1.- Fraude procesal, porque no se le notificó al co-ejecutado con el auto de 30 de noviembre de 2011, que dispone la mora como con las demás diligencias, no es lo mismo que se notifique a Pedro Mita y Nélida Catalina Laguna que a Pedro Mita Molina y Nélida Catalina Laguna León de Mita. Que excepcionó señalando domicilio procesal pero no recuerda haber firmado la diligencia de notificación de lo que deducen que la firma en la diligencia ha sido falsificada, que el juez no se pronunció sobre la excepción ni sobre la falta de corrección de márgenes, que embargan el inmueble a Pedro Mita Laguna y a Nelly Laguna de Mita sin que haya sido demandada ni ha suscrito el documento base de la ejecución, sin embargo, en vía de acreditación no se llegó a demostrar la falsificación de su firma en las diligencias, y que la vendedora no habría dado su consentimiento, hechos que constituirían dolo o colusión de las partes y/o el órgano jurisdiccional.

2.- La nulidad del título ejecutivo, supuestamente porque el documento base es falso en sus firmas y en su contenido, que no dio su consentimiento por cuanto Nélida Catalina Laguna León de Mita no es propietaria del inmueble de la calle Calvo 526 y 530 existiendo vicio en su consentimiento y porque el precio aparentemente estipulado no correspondería al valor del inmueble. Si bien el Tribunal de Alzada estableció que no es congruente esta pretensión con la revisión ordinaria del proceso ejecutivo porque la eventualidad de esta acción no se vincula al precepto establecido en el art. 490 del Código de Procedimiento Civil, posición que no es del todo cierta ya que por razones de economía procesal, eficiencia o eficacia, es posible que las pretensiones de nulidad de títulos ejecutivos puedan sustanciarse dentro del mismo proceso de conocimiento u ordinarización, sin embargo, de la revisión de la demanda de esta pretensión, en el caso de autos, es evidente que no se ha demostrado en el proceso los vicios en los que sustenta la misma referidos a la falsificación de firmas y la falsedad del contenido del título, resultando intrascendente, a los efectos de la nulidad, el precio que se hubiese pactado, lo cual en todo caso da lugar a una demanda por lesión y no a una demanda por falsificación o porque no se hubiese consentido en la transferencia del derecho patrimonial (el bien inmueble de la calle Calvo Nº 526 y 530).

3.- Nulidad del proceso ejecutivo, sustentada en que la falta de fuerza ejecutiva radica en que no existe identidad de los ejecutados con el documento de ejecución, es decir, se sustenta esta pretensión única y exclusivamente porque no hubiera correspondencia entre los ejecutados y los titulares del derecho de propiedad que figuran en el registro de Derechos Reales, y que la Sentencia ha confundido el nombre del ejecutado Pedro Mita Molina como Pedro Mita y como Pedro Mita Laguna, y a Nélida Catalina León de Mita con Nélida Laguna.

Sin embargo, de la revisión de los motivos que se arguyen para demandar la ordinarización posterior, se puede evidenciar que los hechos en los que se fundamentó la demanda son radicalmente distintos a los expuestos en la etapa recursiva, los puntos de fundamentación de ésta difieren a la pretensión inicial, así como se evidencia que en ninguno de los fundamentos de la demanda los actores cuestionaron esencialmente la falta de fuerza ejecutiva respecto a la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se pretendió por vía de la ejecución ya que no son congruentes los hechos en los que se fundamentó  esta pretensión. Los recurrentes pretenden la falta de fuerza ejecutiva cuestionando en que no existía identidad en el nombre de los ejecutados, especialmente en la de la ejecutada con el registro de Derechos Reales, sin advertir que esos argumentos no dan lugar a consideraciones sobre la fuerza ejecutiva de un título, en todo caso, la impugnación debió centrarse en la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se pretendía en forma ejecutiva, sin embargo, ni la demanda ni el presente recurso que se examina contienen esas especificaciones o justificaciones, en ese sentido, se priva al Tribunal de Casación hacer consideraciones centradas en la naturaleza de la obligación, pues, los argumentos vertidos por los recurrentes no dan lugar a considerar la falta de fuerza ejecutiva de la que adolecería el documento base de la ejecución.

Se pretende la nulidad del proceso ejecutivo por falta de fuerza ejecutiva del título argumentando que quienes fueron ejecutados son personas distintas a las que figuran en el registro de Derechos Reales como propietarios del bien inmueble, no obstante, tales justificaciones no dan lugar a considerar la falta de fuerza ejecutiva, sino al contrario, debía atacarse o acometerse la naturaleza jurídica de la obligación que se estaba persiguiendo por ese medio, pero ello no ha acontecido en los términos que se demanda la revisión del proceso ejecutivo ni en el recurso que nos ocupa. Los hechos que se alegan como ser que en el registro de Derechos Reales figura el nombre de una persona distinta al de la ejecutada o que se trata de persona distinta que hubiera suscrito el documento base de ejecución, no son sustentos para considerar la falta de fuerza ejecutiva ya que independientemente de que estén registrados de esa forma, subsistía la obligación de entrega, siendo que esos hechos constituyen simplemente aclaraciones que pueden efectuarse en cualquier etapa del proceso ejecutivo aun en la de su ejecución.

El parágrafo I del art. 490 del Adjetivo Civil, modificado por el art. 28 de la Ley Nº 1760 señala que: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en el proceso ordinario posterior”. Esta norma, sin embargo, no señala en qué casos es viable la ordinarización del proceso ejecutivo, es decir, en qué casos procede la revisión. La doctrina, al respecto, tiene dos criterios, el primero en base a una interpretación restrictiva señala que la revisión no procede en todos los casos, sino sólo en aquellos en que el ejecutado no pudo hacer valer las defensas con las que contaba o no pudo probar con la necesaria amplitud, por consiguiente, si la cuestión se ha debatido con amplia prueba en el proceso ejecutivo, la sentencia dictada en esas condiciones no amerita ser revisada en juicio ordinario. La interpretación en sentido amplio parte de la crítica de que en el proceso ejecutivo sólo se admiten excepciones posteriores al título sin que sea admitido discutir la existencia de la obligación, la sentencia ejecutiva tiene un efecto puramente procesal (ejecutar o no ejecutar), que no resuelve la relación jurídica substancial. En sentido amplio, el ejecutado puede incluso no haber opuesto ninguna excepción en el proceso ejecutivo para hacerlas valer en proceso posterior, u opuestas, no ha logrado probarlas o no han sido admitidas, pues, el proceso ordinario sirve para que el ejecutado pruebe la inexistencia de la obligación que resulte del título que sirvió de base a la ejecución, o de lo contrario, para que el actor demuestre la inexistencia del hecho alegado por el ejecutado.

Es decir, en el sentido restringido podrá pedirse la revisión posterior de lo resuelto en la sentencia ejecutiva, es decir, lo determinado con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo, y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, limitándose con ello el proceso ordinario a las defensas que se hicieron valer en el proceso ejecutivo; en cambio, en sentido amplio, no solo lo que ha sido objeto de defensa en el proceso ejecutivo puede dar lugar a la revisión sino la posibilidad de asumir una defensa amplia para controvertir el resultado del proceso ejecutivo.

En esa concepción se enfoca el Tribunal Supremo de Justicia, en que la ordinarización del proceso ejecutivo inclusive se abre a la posibilidad de atacar la validez del título, línea que no obstante, en el caso de autos, en nada cambiará la resolución recurrida en vista de que los recurrentes no atacaron o cuestionaron la validez del documento que ha servido de base para la ejecución, fundamentando una supuesta falsedad de su contenido y de sus firmas que vician el consentimiento, y porque el precio estipulado es irrisorio al valor real, empero, ninguno de estos aspectos hacen a la nulidad del título ni por ello se demuestra la falta de fuerza ejecutiva pues ésta se justifica por defectos extrínsecos, no haber vencido el plazo, no ser exigible la cantidad o ella no sea líquida o cuando la obligación tiene origen en contratos bilaterales, o sea que el ejecutante a su vez debe cumplir con la obligación que contiene, caso en que el ejecutado podrá exigir que cumpla con la suya.

Por los motivos precedentemente anotados, se concluye que los recurrentes no llegaron a demostrar ni justificar las razones que ameritan la revisión del proceso ejecutivo por la vía de la ordinarización, correspondiendo resolver en la forma prevista en el Art. 271 num. 2) con relación a los arts. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por los recurrentes en contra del Auto de Vista Nº SCCFI-418/2014 de 8 de septiembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de fraude procesal, nulidad de título ejecutivo y nulidad de proceso ejecutivo seguido contra Claus Peter Hoffmann. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo