TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 751/2014                                                                Sucre:12 de diciembre 2014                                                         Expediente:        CB-99-14-S                                                                

Partes:Luis Iván Arandia Zambrana y Elizabeth Arandia de Gómez. c/        Raquel

Vera Tapia, José Luis Arandia Lazo, María SaraZambrana de Arandia,

Luz Angélica Camacho Quiroga, JesúsPastor Cerda Salaz, Presuntos

herederos de Raquel Vera Tapia y Presuntos interesados.                        

Proceso:Declaración de Ubicación de lotes de terreno. Nulidad deCláusula

Tercera de documento registrado en Derechos Reales a fs. 775 Partida

Nº 1563 de 14 de agosto de 1975. Nulidad de Remate de fecha 7 de

junio de 2005 y consiguiente mejor derecho. Nulidad de Transferencia

realizada a favor de  Jesús Pardo Cerda Salaz, correspondiente

cancelación, restitución y reivindicación de inmueble. Y nulidad de        

               cláusula cuarta de la Escritura Pública Nº 907/2002 de 5 de                

diciembre de 2002 de préstamo de dinero con garantía        hipotecaria.                        

Distrito:Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo propuesto por Jesús Pastor Cerda Salaz de fs. 1802 a 1809, contra el Auto de Vista de 17 de marzo de 2014 de fs. 1796 a 1799, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Declaración de Ubicación de lotes de terreno y otros, seguido por Luis Iván Arandia Zambrana y Elizabeth Arandia de Gómezcontra Raquel Vera Tapia, José Luis Arandia Lazo y Otros, respuesta de fs. 1819-1822 vlta.; concesión de fs. 1837, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Onceavo de Partido En lo Civil y Comercial de Cochabamba, pronunció Sentencia No. 29/2011 de fecha 9 de marzo de 2013, cursante de fs. 1728 a 1743, declarando: PROBADA la demanda de fs. 41 a 48, modificada a fs. 97 y ampliada a fs. 137-139 de obrados interpuesta por Luis Iván Arandia Zambrana y Elizabeth Arandia Zambrana de Gómez. Asimismo declara IMPROBADA las excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y caducidad, interpuesta a fs. 227-228 por la defensora de oficio de Raquel Vera Tapia de Vargas, presuntos herederos e interesados. En consecuencia dispuso: 1.- Se DECLARA que el lote de 514,70 Mts2, registrado en Derechos Reales a fs. 775, partida 1563 del libro 1 de propiedades de la ciudad en 14 de agosto de 1975 como lote 11 de 530 Mts2., ahora con Matrícula Nº 3011990008849 con Titularidad de Raquel Vera Tapia, posterior de José Luis Aranda Lazo, Sara Zambrana de Arandia y finalmente de Jesús Pastor Cerda Salaz no se encuentra en el manzano 405 ahora 049 de la Av. HuaynaCapac. Por otro lado, el lote registrado en derechos reales bajo la Matrícula 30119990008740 a nombre de Elizabeth Arandia Zambrana se encuentra en el manzano 405 ahora 049 de la Av. HuaynaKapac. 2.- Se DECLARA que el lote de terreno de 514.70 Mts. que correspondía a José Domingo Vera conforme plano aprobado de fecha 27 de julio de 1971, se encuentra en el manzano 405 ahora 049 y no encontrándose en el referido manzano los lotes que pertenecían a Raquel Vera. 3.- Se declara NULA la cláusula tercera del documento de 31 de julio de 1975 registrada en Derechos Reales a fs. 775 partida 1563 del Libro 1° “A” en fecha 14 de agosto de 1975. 4.- Se declara NULA la cláusula cuarta de la escritura pública Nº 907/2002 de fecha 5 de diciembre de 2002, de préstamo de dinero con garantía hipotecaria otorgada por Luz Angélica Camacho Quiroga a favor de Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia. 5.- Se declara NULO el remate efectuado en fecha 7 de junio de 2006, cuya copia legalizada cursa a fs. 528-528 vta., de obrados y transferencia judicial efectuada conforme escritura pública Nº 534/2006 de 6 de junio cuya copia cursa a fs. 953 a 968 vta., realizada a favor de Jesús Pardo Cerda Salaz, dentro del proceso coactivo interpuesto por Luz Angélica Camacho Quiroga en contra de Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia y correspondiente cancelación en el registro de Derechos Reales. 6.- Se dispone la RESTITUCION Y REIVINDICACION del inmueble ubicado en la Av. HuaynaCapac, manzano 405 (actualmente 049) con una superficie de 648,70 Mts2. Posteriormente regularizada  a 514,70 Mts2., con las siguientes colindancias: al Norte con la Av. HuaynaKapac, al Este con Luisa Páez, al Sud con Palmira Quinteros y otras, al Oeste con Israel Rodríguez registrado en la oficina de Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada Nº 3011990008740 Asiento A-2, sea dentro de tercer día de ejecutoriada la presente sentencia, bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento en caso de incumplimiento o procederse a la vía de ejecución en caso de imposibilidad. 7.- No obstante de lo dispuesto en el numeral sexto, conforme a los valores de bienestar común y justicia social previstos por el art. 8-II de la Constitución Política del Estado, se faculta a las partes para que en ejecución de sentencia lleguen a un acuerdo conciliatorio voluntario por las mejoras realizadas en el inmueble cuya reivindicación se dispuso. 8.- Se condena en costas a la parte perdidosa.

Contra la referida Sentencia interpuso recurso de apelación Jesús Cerda por intermedio de sus apoderados Angélica Camacho Quiroga y Martín Crespo Callau por memorial de fs. 1746 a 1751.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 1796 a 1799, por el que: CONFIRMA el Auto de 16 de marzo de 2009, CONFIRMA la Sentencia de fecha 9 de marzo de 2011, con la modificación que no procede la imposición del pago de costas en primera instancia al no haber sido declarada la rebeldía de los demandados apelantes.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación en la forma y el fondo, interpuesto por parte de Jesús Pastor Cerda Salaz, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Refiere al art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil, así como los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, para a continuación como punto I.1.- señalar vulneración de los arts. 2, 3, 90 y 124 del C.P.C. derecho a al defensa y art. 119 de la C.P.E y debido Proceso. Se evidenciaría que la demanda se la dirigió contra Raquel Vera Tapia y otros, luego que habría en colusión con los demandantes  que fueran sus padres José Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia limitando su actuación a concurrir voluntariamente al juzgado a hacerse citar con la demanda así como notificación con la sentencia en el juzgado.

Con Auto de relación Procesal no hubieran sido notificados en momento alguno, y ello vulneraria los arts. 2, 3, 68, 90 y 137 del C.P.C. y el derecho a la legítima defensa, considerando que hubo indefensión en los co-demandados José Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia al no poder hacer valer sus derechos en el litigio, acusando violación de los arts. 2 y 3 del C.P.C. al faltar a sus deberes de juez de primera instancia, como el Ad quem. Se violaría el art. 68 del procedimiento civil que dispondría notificación con la declararía de rebeldía en el domicilio que no se advertiría en relación a las mismas personas que no se habría practicado nunca, con ello se habría violado el art. 137 inc. 3) del C.P.C. Por último se habría violado el art. 90 de la norma procesal civil al no cumplir con las normas procesales de orden público.

Que, el art. 119 de la Constitución Política del Estado referiría a la garantía constitucional a la defensa que considera vulnerado y al no haber notificación se habría concreto aquello. Además el Tribunal de alzada la obligación de revisar el expediente y reparar los vicios cometidos en la sustanciación del proceso. Señala al efecto sentencia constitucional y Autos Supremos de 1987, 1990 y 1981.

En el fondo

1.- Refiere que los demandantes confesarían en su demanda y respuesta a la apelación que hasta el 11 de noviembre de 2005 no contaban con respaldo documental de su derecho propietario. Que, el remate del inmueble y adjudicación a su favor se habría realizado el 7 de junio de 2005, cinco meses antes que los demandantes registren su documento supuestamente suscrito el año 1995. Que, por las previsiones de los arts. 1 de la Ley de 15 de noviembre de 1887 concordante con el art. 1538 del Código Civil que referiría que ningún derecho real sobre inmuebles surte efecto contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por el Código Civil. Que, por ello en el momento del remate no habría oposición alguna por persona que arguyera tener derecho sobre el bien y perfeccionado la venta judicial con el pago del precio como dispondría el art. 45 de la Ley 1760 de 28 de febrero de 1997. Que, esa previsión no hubiera sido tomada por los de instancia incurriendo en error de derecho, que al momento del remate y desapoderamiento no contarían con documento que respalde su derecho, como terceros emergentes de actos jurídicos debidamente registrados con anterioridad al embargo.

Que, la sentencia como el Auto de vista se aparta de disposiciones legales expresas y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Excma. Corte Suprema de Justicia, daría lugar a todas las pretensiones de los demandantes, contra los legítimos intereses que habrían actuado confiados en la buena fe del Estado y en la seguridad jurídica. Fallos del Tribunal Constitucional así como de la Corte Suprema respecto de los remates.

Se encontraría  demostrada la errónea interpretación de las normas citadas por parte del Tribunal de Alzada al no aplicar el art. 45 de la Ley 1760, art. 1 de la Ley de 15 de noviembre de 1887 y 559 y 1538 del Código Civil.

2.- Refiere a las normas que el proceso coactivo civil de garantías reales en la ley 1760, la aplicación de las referidas normas, las causales de nulidad de la subasta estarían contenidos en el art. 44 de la Ley 1760 que modifica al art. 544 del C.P.C., por publicaciones previstas en los arts. 526 y 539 del C.P.C., dentro del plazo de tres días de realizada la subasta y la nulidad no procedería si el acto aunque irregular ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiera provocado indefensión.

Por otro lado dice previo al desapoderamiento se dispone la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores para que no se alteren sus derechos. En base ello dice los demandantes tenían a su alcance medios legales al creerse dueños del bien inmueble rematado. Al no haberlo hecho habría dejado caducar su derecho como dispondría el art. 1514 del C.C., las normas sustantivas y adjetivas no habrían sido aplicadas en su debida dimensión por el Ad quem, arguyendo que la jurisprudencia citada no era vinculante y que la nulidad es imprescriptible. Lo que o habría tomado en cuenta el de alzada es que el acta de remate y la adjudicación como acto procesal no podría ser objetado por vía de la nulidad y anulabilidad previstas por los arts. 549 al 554 del Código Civil, reservada para los contratos. En razón que no se puede tener al adjudicatario en la incertidumbre que en cualquier momento se impugne su compra.

3.- El Código Civil en su art. 1485 prevería que los adjudicatarios de bienes en subastas judiciales se encuentran protegidos contra posibles nulidades de actos ejecutivos que han procedido a la adjudicación, por ello se concluiría la improcedencia de la acción pretendida por los demandantes, norma que no hubiera sido valorada tampoco por el Tribunal de Alzada, que razonaría su inaplicabilidad en procesos de nulidad de escritura pública. Ya se tendría explicado que la nulidad y anulabilidad de los arts. 549 al 554 del C.C. no se aplicarían  a las ventas judiciales por tratarse de nulidades procesales y no alcanzarían al adjudicatario por el art. 1485 del C.C.

4.- El Auto de Vista no se pronunciaría sobre la prueba acompañada en segunda instancia de títulos de propiedad y otros, certificado de matrimonio, que acreditarían la fusión del inmueble con uno contiguo con registro en Derechos Reales. Que, en dicha propiedad habría construido e invertido que estuviera concluido que harían imposible cualquier división. Tampoco se hubiera tomado en cuenta la unión matrimonial con su esposa.

Por todo lo expuesto pide se anule obrados hasta el vicio mas antiguo o case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma

Cuando el recurrente pretende aplicación del art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil con relación a los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, al presuntamente haberse vulnerado los arts. 2, 3, 90 y 124 del Código de Procedimiento Civil y el art. 119 de la Constitución Política del Estado, bajo los argumentos que expone, se atribuye o pretende atribuirse legitimidad para reclamar derechos de terceros, en este caso de los otros codemandados a los que cita, específicamente de José Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia, a los que presuntamente se les hubiera sometido a indefensión al no habérseles notificado con actuados producidos en el proceso, sin embargo de ello, existe evidencia que los mismos fueron citados legalmente, con la posibilidad de asumir defensa por ellos mismos contradiciendo la demanda y produciendo prueba si así lo consideraban, sin embargo ante la no participación pese al legal conocimiento de la existencia del proceso y notificados con las sentencia, tampoco realizaron acto alguno, consiguientemente es a ellos que les estaba facultado cuestionar cualesquier perjuicio que se les pudiera haber causado con la omisión que se denuncia, pues bajo el principio de convalidación, no habrá nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte presuntamente perjudicada, que tiene estrecha relación con el fundamento del principio dispositivo del proceso civil. De lo anterior, se concluye que si las partes presuntamente agraviados no reclamaron aspectos que pudieran afectar en sus derechos, los mismos se convalidaron y no es un tercero quien pueda atribuirse la labor de reclamar por ellos pretendiendo alguna transgresión de derechos, no existiendo en ello vulneración de las normas citadas del Código de Procedimiento Civil, ni afectación a la garantía prevista por el art. 119 de la Constitución Política del Estado.

Por lo anterior, en sujeción a los antecedentes descritos, corresponderá emitir resolución en base a lo determinado por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

1.- El recurrente refiere la existencia de error de derecho en el fallo emitido por el Ad quem, en consideración al antecedente de que en el momento del remate, (dentro del proceso Coactivo seguido por Luz Angélica Camacho contra Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia) el bien inmueble que reclaman los actores como suyo, no estuviera respaldado el derecho propietario y que el mismo se habría plasmando recién el 11 de noviembre del año 2005, cuando el remate se habría realizado el 7 de junio de 2005, en la pretensión de conseguir el criterio que entonces no fuera oponible frente a terceros. Respecto de ello, habrá que señalar que en efecto el art. 1 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales que señala: “Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto, si no se hiciere público en la forma prescrita en esta Ley. La publicidad se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales” y 1538 del Código Civil que refiere: “(PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES REGLA GENERAL) I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales. III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.”. Bajo ese antecedente si bien los actores refieren que contaban con documento que respalda su derecho propietario suscrito entre partes el año 1995, ese documento no lo tenían registrado en la Oficina de Derechos Reales, habiéndolo hecho recién en el año 2005 (noviembre 11 de 2005 documental fs. 114, Matrícula No. 3.01.1.99.0008740), y el remate efectivamente se realizó en el mes de junio de aquel año, concurriendo a ese acto judicial el co-demandado Cerda Salaz prevalido de la buena fe, y que el bien inmueble ofertado en remate tenía como propietarios a los coactivados por el registro público que les respaldaba, sin la posibilidad que exista oposición de terceros, conducta de buena fe que se entiende debió existir también en las partes que litigaban en el proceso coactivo, confiando asimismo en la honestidad e integridad en el comportamiento de las partes que intervenían en el proceso. Recurrimos a Eduardo Couture que en relación a la buena fe señala que es “…calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón”,bajo ese antecedente, el principio de buena fe está vinculado a la certeza que se tiene a la veracidad ó a lo correcto de algo. En el caso concreto, ante la no existencia de controversia en cuanto al derecho propietario del bien a rematar, se entiende que Cerda Salaz pugnó por adjudicarse el bien, en la creencia certera que el mismo no tenia problemas, en ese sentido, estaremos de acuerdo que en verdad su intervención estuvo respaldada de la buena fe.

2.-En el proceso coactivo se trató de poner en duda que el bien inmueble cuyo remate se perseguía no era el mismo, empero se esclareció que esa afirmación no era evidente, existiendo identidad del bien dado en garantía por los coactivados y posteriormente subastado en remate. Ese aspecto es corroborado por las pruebas que se presentaron en la tramitación del caso de Autos, pues si bien aparentemente de principio hubo error en la dirección de la ubicación del bien inmueble en cuestión en que Raquel Vera transfirió a favor de los coactivados -co-demandados en el proceso de nulidad que se conoce-, hubo tramitación de una demanda de reivindicación por parte de los vendedores que transfirieron a Antonio Zurita Meneces y Máxima Maygua de Zurita que declaró la procedencia de la demanda, dentro del mismo se evidencia la suscripción de un documento de fecha 17 de abril de 1989 por el que los codemandados Luis Arandia y Sara Zambrana de Arandia realizaron la compra del mismo lote de terreno que en el presente caso se pretende sea de los actores, haciendo incluso referencia a las mejoras que hubieran introducido en el predio, documento con todo el valor legal correspondiente al contar con reconocimiento de firmas y rúbricas tal como se evidencia de fs. 1420 a 1421 de obrados, entendiendo de ello que ocuparon el predio en cuestión, otorgado en venta parte del lote de terreno a favor de los hermanos Israel y Cristina Rodríguez Ledezma e Israel Ledezma, así como  haber funcionado en el lugar una maestranza de carpintería, y otorgado en calidad de propietarios en contrato de alquiler, siendo la presunta ubicación que pretenden en otro sitio, un error al señalar que el lote de terreno se ubicara en la prolongación Ladislao Cabrera, cuando en realidad nunca hubo lote de terreno en esa dirección sino en la calleHuaynaKapac y Tahuantinsuyo conforme a todos los antecedentes ofrecidos en calidad de prueba documental, consecuentemente si este predio aun del error inicial de consignar la ubicación de manera errada, se estableció luego que es el mismo que ocuparon por mucho tiempo los co-demandados Arandia Zambrana, resultando “inexplicable” que luego trataran de negar aquel aspecto, aun de saber que en el proceso coactivo ofrecieron en calidad de garantía el mismo bien inmueble a su acreedora. Resultando absolutamente irregular que “exista” otro documento por el que los titulares del bien inmueble Antonio Zurita Meneses y Máxima Maygua de Zurita luego de haber transferido a favor de Luis Arandia Lazo y María Sara Zambrana de Arandia aparezcan transfiriendo a la vez a favor de Luis Iván Arandia Zambrana e Elizabeth Arandia Zambrana actuales demandantes- luego de transcurridos seis años de la primera venta, resultando mas irregular aun que de transcurridos mas de diez años desde la fecha de la presunta segunda venta, se haya registrado recién ante la oficina de derechos reales, cuando todo ese tiempo que lo ocuparon los co-demandados Arandia-Zambrana no reclamaron de ninguna manera, pues de ser evidente que tuvieran razón es perfectamente explicable que luego de la compra “que realizaron” debieran haber registrado su derecho propietario y ejercitar posesión del mismo, estableciéndose que el lote de terreno cuestionado en cuanto a su ubicación por parte de los demandantes, resulta el mismo que los coactivados litigaron, compraron, utilizaron y finalmente ofrecieron en garantía a favor de Luz angélica Camacho Quiroga y en remate fue adjudicado al hoy recurrente. Que, luego de transcurrido el tiempo y aprovechando la existencia de un error por parte de la inicial transferente Raquel Vera se pretenda hacer consentir que existen dos lotes de terreno, es una situación que raya en lo inverosímil, pues ese aspecto ya fue motivo de litigio y siendo los actores hijos de los codemandados esposos Arandia Zambrana, existe la presunción que conocían perfectamente los antecedentes del derecho propietario, aspecto que se corrobora por la existencia de procesos judiciales seguidos por los esposos Arandia Zambrana con las personas que transfirieron a Antonio Zurita Meneces y Máxima Maygua de Zurita del que realizaron compra del lote de terreno y sin que exista constancia que el mismo se haya dejado sin efecto o invalidado, aparezca a la vez una nueva transferencia ahora a favor de los actores, situación irregular que no puede ser pasado por alto por este Tribunal, en perjuicio de quien intervino de buena fe en la adjudicación del bien inmueble, que sin embargo debieron ser tomados en cuenta y considerados por los Tribunales de instancia.

3.- Cuando el recurrente acude al art. 1485 del Código Civil para señalar que los adjudicatarios de bienes en subastas judiciales se encuentran protegidos contra posibles nulidades de actos ejecutivos que han procedido a la adjudicación judicial, y que por ello se concluiría la improcedencia de la acción pretendida por los demandantes, debe tomar en cuenta lo previsto por el art. 1480 de la norma sustantiva civil que textualmente señala: “I. El adjudicatario que sufre la evicción de la cosa puede pedir se le restituya el precio no distribuido aun y, si la distribución ya tuvo lugar, puede repetir la parte cobrada por cada acreedor y el residuo que pudo haber recibido el deudor. II. En caso de evicción parcial, el adjudicatario tiene derecho a repetir una parte proporcional del precio aun cuando, para evitar la evicción, haya pagado una suma de dinero. III. El adjudicatario no puede repetir el precio a los acreedores hipotecarios, anticresistas y privilegiados, a quienes no era oponible el motivo de la evicción.”. Disposición legal en la que el legislador prevé la posibilidad de evicción y ante esa eventualidad, existe la vía de pedir la restitución del precio y otros que se detallan en el artículo mencionado, esto debe ser entendido en sentido de que dentro del proceso de ejecución u otro, se protege al adjudicatario del bien rematado, sin embargo ante la posibilidad de que el remate afecte los derechos de terceros posibilita la acción de nulidad para dejar sin efecto el acto de remate e indudablemente la adjudicación efectuada por el acto procesal señalado, de considerar que fuera inamovible aquella situación, el legislador no hubiera previsto que en caso de evicción pudiera el adjudicatario pedir lo que se Autoriza en la norma referida. Siendo conveniente aclarar que cuando se dice que la venta forzosa (judicial) es perfecta, se hace alusión al art. 1481 del Código Civil, en sentido que esta venta no puede ser atacada ni por lesión ni por vicios de la cosa.

Sin embargo de esa aclaración, en el caso de Autos estamos frente al hecho de que las mismas documentales que ofrecieron los actores, demuestran fehacientemente que el bien inmueble en litigio, resulta siendo el mismo que los codemandados Arandia-Zambrana, defendieron en proceso con Soledad Vera de Vargas y Wilma Varela de Salgueiro, el mismo que compraron a  Antonio Zurita Meneses y Máxima Maygua de Zurita y ofrecieron en calidad de garantía a favor de Luz Angélica Camacho Quiroga, y sin embargo de parecer coherente la exposición hecha en la demanda, el análisis realizado en sentencia así como en el Auto de Vista, se contrapone diametralmente a la verdad material normada en la Constitución Política del Estado en su art. 180-I, entendiendo por “verdad material” aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos, si bien es cierto que antes de la puesta en vigencia de la norma constitucional, la jurisdicción ordinaria estaba basada en la verdad procesal o formal, que resultaba del proceso, teniendo por cierto y verdadero lo que resulte del proceso aunque dicha prueba este en contra de la realidad, en el caso de Autos como se dijo, se adjuntó prueba documental que no fue debidamente tomada en cuenta por los juzgadores de instancia a su turno, ni se verificó la existencia de identidad del bien inmueble en cuestión de manera real, sino lo que contaba en los documentos conforme a la exposición de los actores, contraviniendo el principio constitucional señalado supra, consecuentemente se evidencia la existencia de error de hecho en la valoración de la prueba.

Bajo esas consideraciones se hace necesario enmendar lo resuelto por los juzgadores de instancia.

Por todo lo expuesto, corresponderá emitir Resolución conforme prevé el art. 271-4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41, 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, y en aplicación al art.271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y al amparo de los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASAel Auto de Vista de 17 de marzo de 2014 de fs. 1796 a 1799 de obrados y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de fs. 41 a 47 y vta., modificada a fs. 97 y ampliada de fs. 137 a 139.

Sin multa por se error excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo