TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 733/2014

Sucre: 09 de diciembre de 2014

Expediente: LP 115 14 - S

Partes: María Cristina Gutiérrez Altamirano y Mario Ignacio Gutiérrez

             Altamirano.  c/ Javier Eduardo Gutiérrez Troncoso y otros.

Proceso: Resolución de documento por incumplimiento y resarcimiento del daño.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 205 a 208, interpuesto por María Cristina y Mario Ignacio Gutiérrez Altamirano contra el Auto de Vista Nº S-24/2014 de 08 de enero de 2014, cursante de fs. 201 a 202 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de resolución de documento por incumplimiento y resarcimiento del daño, seguido por María Cristina y Mario Ignacio Gutiérrez Altamirano contra Javier Eduardo Gutiérrez Troncoso y otros; la respuesta al recurso de fs. 211 a 212; el Auto de concesión de fs. 213; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

María Cristina y Mario Ignacio Gutiérrez Altamirano, amparados en los arts. 568, 344 y 347 del Código Civil, adjunto literales a 12 fs., demandan a fs. 13 a 16 manifestando que del documento privado reconocido de 15 de septiembre de 2006, se evidencia que suscribieron un contrato de compraventa de acciones y derechos de una casa por el que se establece que los codemandados son propietarios del 25% del inmueble ubicado en calle Landaeta Nº 566 por sucesión hereditaria al fallecimiento de su padre Rolando Gutiérrez Altamirano cuyo derecho propietario se halla inscrito en Derechos Reales y transferidos sus derechos y acciones a favor de los demandantes por la suma de $us.45.000.- de los cuales $us.22.500.- se canceló a la firma del documento privado, a la firma de la minuta y protocolo en los que se incluya la parte del extinto propietario y hermano de los demandados Germán Iban Gutiérrez Troncoso, se cancelaría $us.22.500, los copropietarios se obligaban a perfeccionar el derecho propietario de su fallecido hermano para luego suscribir la minuta y protocolo de la transferencia. A momento de suscribir el documento, los codemandados les entregaron solo una parte de sus acciones y derechos como ser un local comercial, dos habitaciones debían ser entregadas hasta el 10 de octubre de 2006, y los dos restantes locales en el momento de firmar la minuta y protocolo. Mediante otro documento privado de 22 de mayo de 2009, complementario al primero, se evidencia en la clausula tercera que los compradores entregan a los vendedores (codemandados) el monto de $us.16.000.- al momento de firmar este documento complementario, pago que fue realizado con la finalidad de los demandados concluyan los trámites de los derechos y acciones de su hermano fallecido toda vez que había transcurrido tres años y hasta fecha se había pagado a los vendedores un total de $us.38.500 por la compra de acciones y derechos sobre el inmueble quedando un saldo de $us.6.500.- pero, del documento complementario se desprendía que los demandados se sujetaban a derechos y obligaciones respecto de la venta realizada debiendo aquellos realizar la declaratoria de herederos de su fallecido Germán comprometiéndose a entregar la documentación necesaria para la firma de la minuta de compraventa hasta el 22 de diciembre de 2009, pero ante su incumplimiento les enviaron una primera carta notariada a efectos de que informen sobre el avance de la declaratoria cual al no tener respuesta enviaron una segunda nota solicitándoles una reunión para cumplir cada uno su parte pero igualmente no fueron escuchados. Desde la suscripción del primer documento y el complementario se evidencia que transcurrieron tres años y cinco meses sin que sus personas puedan ejercitar su derecho de propiedad por lo que piden la resolución de ambos documentos privados debiendo los demandados devolver la suma entregada ($us.38.500) así como el resarcimiento del daño por intereses legales.

Javier Eduardo, Martha Yola, Ibis Beatriz, Thania Susana y Franklin Rolando Gutiérrez Troncoso, responden de fs. 34 a 36, señalando que son copropietarios del inmueble referido y que el 15 de septiembre de 2006, suscribieron compraventa de acciones y derechos en el 25% del total del mismo con los demandantes por la suma de $us.45.000.- acordándose pago por cuotas y el saneamiento de la documentación frente al fallecimiento de uno de los hermanos, haciéndose efectiva únicamente la primera cuota por $us.22.500.- El 22 de mayo de 2009, suscribieron otro documento privado reconocido por el que los compradores les entregaron $us.16.000.- haciendo un total entregado de $us.38.500, que reconocen plenamente y aunque los compradores no cancelaron todo el monto acordado y ya habitan todo el inmueble e incluso han realizado construcciones en espacios comunes que no debían. No es cierto que hayan incumplido de forma voluntaria el acuerdo pues cuentan con la declaratoria de herederos entregado oportunamente a los demandantes, y que evidentemente fue observado en Derechos Reales debido a que existía una anotación preventiva de 1997 ordenada por el Servicio de Impuestos Nacionales por falta de entrega de facturas de alquileres pero intervinieron oportunamente y a la fecha se encuentra en trámite de solución, situación que no es desconocida por los actores ya que ciertas eventualidades son ajenas a la buena voluntad de los demandados. Entratándose de contratos sinalagmáticos deben cumplirse dos requisitos: que haya cumplido la obligación quien demanda la resolución y que el incumplimiento sea voluntario, pero en el presente caso no sucede porque los demandantes todavía adeudan $us.6.500 pese a que tomaron posesión del inmueble desde la suscripción del primer documento, y porque no existe incumplimiento voluntario ya que ellos cumplieron el plazo señalado en el documento de 22 de mayo de 2009, pero ante la imposibilidad sobrevenida no imputable a ellos que es subsanable situación prevista en el art. 380 del Código Civil, por lo que no pueden pretender el pago de daños y perjuicios desconociendo el aprovechamiento del inmueble que realizan.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Tercero de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 37/2013 de 25 de febrero de 2013, declaró probada la demanda, disponiendo la resolución de los contratos de 15 de septiembre de 2006 y 22 de mayo de 2009, debiendo la parte demandada devolver los montos de dinero entregados que ascienden a $us.38.500, paralelamente, los actores deberán devolver el 25% del total del bien inmueble objeto de la venta, en el plazo de 15 días de ejecutoriada la sentencia. Improbada en relación a los daños y perjuicios demandados.

En grado de apelación, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº S-24/2014 de 8 de enero de 2014, confirmó la sentencia, el auto de complementación de 20 de marzo de 2013, de fs. 170, y el auto de complementación de 26 de abril de 2013, de fs. 175, de conformidad a lo previsto por el art. 237-I-1 del Código de Procedimiento Civil, resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en el fondo. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, se resume lo siguiente:

Manifiestan que no se dispuso el pago de daños y perjuicios ocasionados en el tiempo en que no se procedió a la entrega de la documentación del bien inmueble por culpa de los demandados conforme dispone el art. 966 del Código Civil.

Alegan que proceden los daños en casos de incumplimiento de una obligación en virtud de los arts. 339, 344, 346 y 984 del Código Civil, el Auto de Vista viola el art. 195 por aplicar erróneamente y sin fundamento.

Indican que mediante su demanda pidieron la resolución de ambos contratos y el pago de daños y perjuicios amparados en los art. 568, 344 y 347 del Código Civil, pero en Sentencia se establece que los actores no acreditaron éstos con prueba idónea en qué consisten los daños y perjuicios, pero aplican indebidamente aquellos arts. puesto que si bien se pronuncian sobre los fundamentos de la resolución de los contratos concluidos pero no sobre los perjuicios ocasionados y emergentes del incumplimiento de los demandados ya que desde la suscripción del primer documento hasta el inicio de la demanda transcurrieron tres años y cinco meses sin que sus personas ejerzan derecho de propiedad sobre el inmueble debido al incumplimiento de no haber saneado dicho derecho ocasionándoles un daño privándoles de una ganancia sobre dicho inmueble, es decir, pagaron un precio y no recibieron ningún beneficio.

Denuncian que la Sentencia y Auto de Vista aplicaron indebidamente los arts. 291 y 339 del Código Civil, ya que para la procedencia de estas normas debe preexistir un requisito que es el resarcimiento de daños.

Al igual que el art. 410 del misma norma, ya que la parte actora no dio cumplimiento y que los arts. 568, 344 y 347 supra indicados, no serían aplicables en cuanto al reconocimiento de daño, en especial a la noción de interés que genera un capital pagado lo que constituye el daño emergente, de ahí se demuestra que se aplica indebidamente el art. 519 del Código Civil, demostrándose que el Tribunal de Alzada no ponderó los fundamentos del recurso de apelación.

Señalan que uno de los requisitos de la resolución de documento por incumplimiento es el establecido en los arts. 239 y 339 del Código Civil, pero en su demanda no se invocaron los arts. 519, 520, 1283 y 1286 de dicha norma, lo que significa que se pronunciaron sobre derechos no invocados.

Acusan de falta de apreciación y ponderación de la prueba de cargo, así, a fs. 64 a 73, relativa a las confesiones judiciales de los demandados, mencionaron que recibieron la suma de $us.2.100 extremo corroborado por el recibo de fs. 47, por lo que en total los demandados deben devolver la suma de $us.40.600.- y no $us.38.500.- Los daños y perjuicios emergen del incumplimiento voluntario de los demandados quienes al recibir el dinero no entregaron en el plazo los papeles saneados, conforme manda el art. 568 precitado.

Con dichos antecedentes, piden que se case la Sentencia, Auto de Vista y auto complementario de fs. 170, disponiendo que se revoque en parte ambos fallos y el auto complementario, declarando probada la demanda principal incluyendo daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El Código de Procedimiento Civil, en sus arts. 250, 253 y 254 establece que el recurso de casación puede ser en el fondo, en la forma o en ambos a la vez y está dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Cuando por medio del recurso de casación en el fondo se acuse la infracción de una ley, debe especificarse si se incurrió en violación, en interpretación errónea o en aplicación indebida. Esta última consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquélla. En el recurso de fondo solo puede acusarse de indebida aplicación de normas efectivamente aplicadas en la resolución recurrida, es así que cuando se denuncia la aplicación indebida de una ley, es obvio de que dicha ley debe haber sido aplicada en la resolución recurrida.

En el recurso de fondo que se examina, se tiene que:

Mediante el recurso de fondo, los recurrentes en su primer agravio manifiestan que no se dispuso el pago de daños y perjuicios ocasionados en el tiempo en que no se procedió a la entrega de la documentación del bien inmueble por culpa de los demandados conforme dispone el art. 966 del Código Civil; sin embargo, los recurrentes omiten especificar cuál es la relación o el nexo causal entre el pago de daños y perjuicios con el art. 966 de la precitada norma, toda vez que la citada disposición hace referencia al pago indebido efectuado por quien se cree deudor y la facultad que tiene para repetir dicho pago, caso aparentemente distinto al que  traen a colación los recurrentes respecto a los daños y perjuicios.

En el segundo agravio alegan que proceden los daños en casos de incumplimiento de una obligación en virtud de los arts. 339, 344, 346 y 984 del Código Civil, es así que el Auto de Vista viola el art. 195 del Código de Procedimiento Civil, por aplicar erróneamente y sin fundamento; el art. 195 prenombrado, dispone que cuando la sentencia condenare al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios fijará su importe en cantidad líquida, sin embargo, la resolución recurrida no ha dado lugar a la procedencia de los daños y perjuicios porque ha considerado que no existe prueba alguna que avale los mismos, en ese entendido, ni se ha aplicado el precepto contenido en la citada norma ni se lo hace de manera errónea o sin fundamento, debiendo tenerse en cuenta que la aplicación indebida consiste en aplicar una ley a hechos no regulados por ella.

En el tercer agravio indican que demandaron la resolución de contratos y pago de daños y perjuicios amparados en los art. 568, 344 y 347 del Código Civil, pero la Sentencia señala que no se acreditó con prueba idónea en qué consisten los daños y perjuicios, aplicando indebidamente aquellos arts., puesto que si bien se pronuncian sobre la resolución de contratos pero no sobre los perjuicios ocasionados y emergentes del incumplimiento ya que desde la suscripción del primer documento hasta el inicio de la demanda transcurrieron tres años y cinco meses sin que sus personas ejerzan derecho de propiedad sobre el inmueble privándoles de una ganancia sobre el inmueble, pagaron un precio y no recibieron ningún beneficio; cuando se reclama la falta de pronunciamiento sobre algún aspecto, el reclamo debe encaminarse mediante el recurso de casación en la forma puesto que se hace alusión a una formalidad procesal como es la falta de respuesta a algún punto apelado (art. 236 del Procedimiento Civil), en ese sentido, el Tribunal Ad quem, en el tercer considerando punto dos, ha realizado consideraciones extrañando la falta de reclamo oportuno a fin de que se incluya como punto de hecho a ser demostrado por los actores, ahora recurrentes, evidenciándose la ausencia de prueba que acredite la procedencia del pago de daños y perjuicios. En ese sentido se ha pronunciado respecto a su reclamo.

En el cuarto agravio, señalan que la Sentencia, el auto de fs. 170 y Auto de Vista ingresan en aplicación indebida de los arts. 291 y 339 del Código Civil, ya que para la procedencia de estas normas debe preexistir un requisito que es el resarcimiento de daños y perjuicios; de la revisión de la Sentencia, el auto de fs. 170, y del Auto de Vista no se advierte que se haya incluido en el análisis los preceptos señalados, y al no ser aplicados obviamente no ocurrió la indebida aplicación, teniendo en cuenta que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a emitir resoluciones limitándose a aplicar las leyes invocadas por las partes en su demanda y contestación. En ese sentido, no se advierte que los arts. 291 y 339 del Código Civil, hayan sido aplicadas de forma indebida puesto que los mismos ni siquiera fueron aplicados en los fallos que se mencionan. 

De igual manera señalan que la Sentencia y Auto de Vista, al hacer alusión al art. 410 de la misma norma, también ha sido aplicado indebidamente así como se aplicó indebidamente el art. 519 del Código Civil; la A quo en Sentencia, al establecer el incumplimiento de los demandados condicionado en el documento privado reconocido de 22 de mayo de 2009, que dice que los vendedores se comprometen a entregar todos los documentos para la firma de la minuta de compraventa, en ese sentido aplicó el art. 519 indicado, para señalar que el contrato constituye ley entre partes con la misma autoridad y fuerza, resaltando que por su parte los demandantes (recurrentes), cancelaron los montos acordados en los documentos privados.

Respecto a la aplicación indebida del art. 410 indicado, disposición referida a la noción de interés, este precepto no fue aludido en las resoluciones que se señala, lo que en dichos fallos se estableció fue la improcedencia del pago de daños y perjuicios, y por tanto, no podría establecerse ningún interés ni recargo bajo ese concepto, por lo que tales normas resultan inatingentes a la resolución recurrida.  

En el quinto agravio señalan que la demanda pide la resolución de documento y resarcimiento del daño y se invocan los arts. 291, 339, 344, 409 y 411 del Código Civil, y la Sentencia se ampara en los arts. 291, 339, 409, 411, 519, 520, 1283 y 1286 del Código Civil; de la revisión de la demanda y de la Sentencia, se comprueba que estos extremos no son ciertos ya que los recurrentes son conocedores que a través de su demanda se limitaron a invocar los arts. 568, 344 y 347 del Código Civil, y en Sentencia, la A quo en su análisis y fundamentación, aplicó únicamente el art. 519 de la norma sustantiva, sin haber hecho mención a las demás normas que se señalan.

En el sexto agravio, señalan que uno de los requisitos de la resolución de documento por incumplimiento es el establecido en los arts. 239 y 339 del Código Civil, pero en su demanda no se invocaron los arts. 519, 520, 1283 y 1286 de dicha norma, lo que significa que se pronunciaron sobre derechos no invocados; la norma contenida en el art. 239 del Código Civil, está referida a las cargas que pesan sobre el propietario en relación al usufructo y la conducta del usufructuario, por lo que esta disposición no tendría relación con la resolución de contrato por incumplimiento, o por lo menos no se explica ésta, siendo impertinente su cita. En cuanto al art. 339 indicado, referido a la responsabilidad del deudor cuando no cumple la prestación queda obligado al resarcimiento del daño, por lo tanto, no es un requisito para la procedencia de la resolución del contrato por incumplimiento, por lo que su mención es igualmente impertinente. En cuanto a los arts. 520, 1283 y 1286 de la misma norma, ya se tiene señalado que éstos no fueron aplicados en la resolución impugnada.

En el último agravio refieren que en las confesiones judiciales de los demandados de fs. 64 a 73, mencionaron que recibieron la suma de $us.2.100 extremo corroborado por el recibo de fs. 47, por lo que en total los demandados deben devolver la suma de $us.40.600.- y no $us.38.500.- Los daños y perjuicios emergen del incumplimiento voluntario de los demandados quienes al recibir el dinero no entregaron en el plazo los papeles saneados, conforme manda el art. 568 precitado; del tenor de la demanda interpuesta por los demandantes sobre resolución de los documentos privados reconocidos sobre compraventa de acciones y derechos del inmueble sito en la calle Landaeta 566, se desprende que aquéllos solicitaron expresamente la devolución de la suma de $us.38.500.- entregados a los co-demandados en virtud de los mencionados documentos, sin que en ese momento hubieran solicitado además la entrega del monto que señalan mediante este recurso variando su pretensión manifestada al inicio del proceso, por lo que no pueden variar su pretensión solicitando un monto adicional en su recurso de apelación como en el de casación, además, los recurrentes tenían conocimiento de ese pago a tiempo de interponer su demanda, por tanto, no se trata de un hecho sobreviniente por lo que no pueden pedir que se acoja su pretensión respecto de un hecho que no se solicitó oportunamente, y en ese comprendido el Tribunal de Alzada ha apreciado la prueba a la que se hace referencia estableciendo que ese pago no tiene nexo directo con los documentos privados objeto de la Litis.

Por los motivos expuestos, en el presente recurso se ha acusado de infracción de normas legales que no guardan relación con el caso en concreto, es decir, que no son pertinentes al caso, pero sobre todo, se acusa de aplicación indebida de normas que no fueron aplicadas en la Sentencia ni el Auto de Vista, teniendo en cuenta que sólo puede acusarse de indebida aplicación de leyes que fueron aplicadas en la resolución recurrida, y de haberse infringido dichas normas a través de la indebida aplicación correspondía a los recurrentes haber pedido previamente la complementación conforme al art. 196 num. 2) del Adjetivo de la materia.

Por lo precedentemente expuesto, se tiene que no se fundaron ni sustentaron las acusaciones vertidas en el recurso de fondo, correspondiendo emitir resolución en aplicación del art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO recurso de casación en el fondo interpuesto por María Cristina y Mario Ignacio Gutiérrez Altamirano contra el Auto de Vista Nº S-24/2014 de 08 de enero de 2014, pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de resolución de documento por incumplimiento y resarcimiento del daño, seguido por los recurrentes contra Javier Eduardo Gutiérrez Troncoso y otros. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs.700,oo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo