TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 732/2014

Sucre: 09 de diciembre 2014

Expediente: LP- 124-14-S

Partes: Martha Lipa Checa. c/ Compañía Importadora de Automóviles MATHIAS

            CSAPEK S.A.

Proceso: Mejor derecho de propiedad y otros.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 333 a 340 vta., interpuesto por Martha Lipa Checa, contra el Auto de Vista Nº 182/2014 de 12 de mayo de 2014 que cursa de fs. 301 a 303 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de mejor derecho de propiedad y otros, seguido por la recurrente en contra de Compañía Importadora de Automóviles MATHIAS CSAPEK S.A., la concesión de fs. 344, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Sexto de Partido en lo Civil de la ciudad de El Alto, pronuncia la Sentencia de fs. 254 a 264 vta., declarando improbada la demanda de fs. 63 a 67 subsanada a fs. 73 y vta., e improbada la demanda reconvencional interpuesta por Fritz Csapek Ascui en representación de Compañía Importadora de Automóviles MATHIAS CSAPEK S.A.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la actora y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 301 a 303 vta., que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrida de casación.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Señala que el Tribunal de Alzada en el punto 1 del segundo considerando, se refirió a la sentencia luego de ello a los petitorios del memorial de fs. 63 a 67, la narración de los documentos, de ambas partes, y que no mantuvo relación no tenía ninguna relación de vínculo entre la entidad demandada y los ejecutados Justino Huayñapaco Aruquipa y Sofía Acosta Ávila, sobre la cual señala que no se consideró la fundamentación efectuada.

Arguye que el Ad quem, en el punto 2 del segundo considerando afirma que no existiría ninguna de las causales de nulidad, al efecto trascribe los arts. 549 inc. 4) del Código Civil, manifestando que la adjudicación judicial se hubiera efectuado sobre el lote de terreno de su propiedad diferente al embargado rematado y adjudicado, efectuados en proceso ejecutivo seguido por la entidad ahora demandada, cuando su propiedad es ajena a toda relación obligacional, aspecto que fue demostrado en fs. 1 a 61 y de fs. 72, fs. 201 a 209.

Manifiesta que en el punto 3 del considerando, se transcribe el art. 1453 del Código Civil, refiriendo que sobre los argumentos relativos a la reivindicación, señala que los Vocales emitieron un erróneo y contradictorio criterio, cuando en la parte resolutiva se señaló que la actora pretende la reivindicación del inmueble como si fuera propietaria actual del mismo, empero la reivindicación compete al dueño actual.

Señala que en el cuarto punto del segundo considerando, se hubiera mencionado el art. 1538 del Código Civil, para indicar que efectuó una apreciación incorrecta y parcial de la citada norma, que señala que si por actos distintos a transmitido el propietario los mismo bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al que primero haya inscrito su título.

Manifiesta que su lote de terreno tiene una tradición o antecedente dominial que data del año 1948, y el derecho de propiedad que ostenta deviene de la propiedad de Adrián Castillo Nava quien fue titular del fundo rústico “el Ingenio”, cuyo registro se encuentra en el libro 40 del año 1948 (fs. 35), que mediante la ley de Reforma agraria fue afectado habiéndose consolidado en favor del mismo la superficie de 41.220 mts2, propiedad que fue transferida en favor del Sindicato Fabril Volcán con destino a sus afiliados, entre ellos Benigno Vallejos Butrón, a quien se le adjudicó la superficie de 300 mts2 ubicado en el lote Nº 1 manzana Nº 108 situado en la Segunda y tercera sección de la Urbanización Alto Lima, luego de ello éste transfirió la propiedad a Benjamín, Mamani y Benita Chávez de Mamani, y estos a su vez transfirieron la propiedad a Lorenzo Canaza y Gregoria Mamani de Canaza, finalmente refiere que éstos le transfirieron la propiedad al recurrente, todas las transferencias registradas en la oficina de Derechos Reales.

Sostiene que no se efectúa la valoración de los medios de prueba, relativa a la tradición de la empresa Csapek S.A., de acuerdo a los informes de fs. 36 y 115, pues el primer dueño Telesforo Quispe tenía la superficie de 3.4844 Has y 15.000 mts.2, sin límites ni colindancias, y cuestiona que superficie inicial hubiera sido transferida y que no existe registro a nombre de Romualdo Laura Salas y esposa la extensión de 600 mts2, pues existía la necesidad de complementar las pruebas. Asimismo señala que de fs. 79 168 cursan el folio real a nombre de la empresa demandada, en la que se señalan datos contradictorios respecto a los lotes de terreno 1 y 2 y respecto a la superficie. Asimismo señala que de acuerdo al certificado de fs. 50 certifica que la cédula de identidad N° 458796 L.P. corresponde a Mercado Coarite Guarachi y no a Romualdo Laura Salas, y la cédula N° 2609667 LP, le corresponde a María Gestrudis Noga Ramírez y no así a Luisa Quispe de Laura, así la Escritura Pública N° 2619/1995 fue suscrita por Romualdo Laura Huayñapaco y Luisa Quispe de Laura con las cédulas de identidad que no les corresponde.

También señala que en el segundo acápite del segundo considerando, vulnera el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, pues el instrumento de adjudicación tiene como base la Escritura Pública N° 2619/1995 en la que los vendedores Romualdo Laura y Luisa Quispe, describen una cédula de identidad que no les corresponde, tampoco existe la firma de la testigo instrumental Tereza Benavidez, que por mandato del art. 549 inc. 1) y 2) el contrato fuera nulo; asimismo señala que de acuerdo a la Escritura Pública N° 2619/1995 contrastado con la Escritura Pública N° 1275/2004, y el acta de remate que se encuentra inserto en dicho instrumento, se tiene que no existe una ubicación de calles en forma clara del inmueble adjudicado, así los datos del inmueble  adjudicado fueran distintos a su inmueble conforme a la Escritura Pública N° 556/99 de 31 de agosto de 1999 (fs. 28 a 29), por ello señala que la superficie y la ubicación son distintos.

También refiere que en el segundo considerando, señala que el Ad quem hubiera trascrito el art. 1453 del Código Civil y sostenido afirmaciones erróneas, al efecto indica que no pretende la reivindicación como si fuera propietaria actual, sino que verdaderamente y legítimamente es dueña y propietaria absoluta del lote de terreno, cuyo título se encuentra en la Escritura Pública, 556/99 y registrada en derechos reales bajo la partida N° 01504821, ya que desde antes de la desposesión se encontraba habitando el inmueble, tienen las facturas de los servicios básicos, cumple con las obligaciones impositivas y con los deberes de su zona respecto al inmueble, por lo que se transgredió el art. 1453 del Código Civil.

Acusa interpretación exegética del art. 1455 del Código Civil, señalando que la fuente inicial de la propiedad de Huayñapaco y su persona es el Fundo Rustico Ingenio como explicó anteriormente, de esa fuente se generaron dos vertientes, la propiedad de Huayñapaco-Acosta y la de su derecho de propiedad, y con el proceso ejecutivo se pretende converger la misma propiedad, por lo que correspondía demostrar su derecho con prioridad y exclusión del que aducen el ejecutado y la entidad demandada.

Refiere que en el acápite 5 del segundo considerando, es contradictorio e incoherente, cuando se señala que no se demandó la nulidad de todo el trámite del proceso ejecutivo, sino solo del remate y adjudicación cuando no fue parte del proceso ejecutivo y por ello no podía objetar el proceso ejecutivo, y refiere que una vez que se procedió al desapoderamiento nació su interés en precautelar su derecho de propiedad, pues no le corría el plazo de los seis meses, cuando la acción de nulidad es imprescriptible.

Por lo expuesto solicita  casar en todas sus partes el Auto de Vista recurrido y declarar probada la demanda en todas sus partes. 


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Corresponde señalar que el art. 106 de la Ley N° 439 del Código Procesal Civil, aplicable al caso conforme la disposición transitoria segunda de la mencionada ley tiene el texto siguiente: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión…”, de acuerdo a dicha disposición se deberá recordar que este Tribunal en el Auto Supremo N° 109/2014 de 27 de marzo de 2014 ha señalado lo siguiente: “…1.- De la función jurisdiccional.- De acuerdo a la doctrina es bien sabido que una mayoría de las legislaciones ha adoptado, la tesis de la separación o distribución de los poderes Charles de Sécondat Barón de la Bréde y Montesquieu, consiguientemente, a raíz de esa doctrina nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional ha instituido el principio de la separación de las funciones, como señala la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0276/2013 de 13 de marzo de 2013, que a la letra dice: “… III.2.La teoría de la fractura del poder y su aplicación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

A la luz de estos valores plurales supremos y de la concepción de la Constitución Axiomática desarrollada en el acápite precedente, es pertinente señalar que la parte Orgánica de la Norma Suprema, en la cual la Función Constituyente, plasma la estructura institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, emergente del principio de separación de funciones, se encuentra irradiada por las citadas pautas axiomáticas descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En efecto, la reforma constitucional de 2009, diseña un modelo de Estado, el cual, sustenta y legitima el ejercicio del poder, a través de la asunción de la teoría contemporánea de la “fractura del poder”, en virtud de la cual, la Norma Suprema en su parte orgánica -que en sus bases ontológicas responde a la parte dogmática de la Constitución-, distribuye competencias específicas para el ejercicio del poder entre los cuatro órganos diseñados, por tal razón, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ejerce roles legislativos; el Órgano Ejecutivo, ejerce roles reglamentarios, de administración y ejecución; el Órgano Judicial ejerce roles jurisdiccionales propios de administración plural de justicia y el Órgano Electoral, ejerce atribuciones de índole electoral propias del sistema democrático representativo participativo y comunitario imperante…”, siguiendo esta concepción y conforme a la estructura de la Constitución Política del Estado Plurinacional, se debe manifestar que el Estado para la función de administrar justicia, reconoce a la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena Originaria y Campesina, y a la jurisdicción especializada que fuera regulada por ley.

También corresponde conceptualizar a la función jurisdiccional, desde la óptica de la Jurisdicción Ordinaria, así podemos citar el aporte  doctrinario de Juan Alberto Martínez Bravo en su obra intitulada “DERECHO ADMINISTRATIVO BOLIVIANO” Edit. El País 2010, página 37 señala lo siguiente “…4.2. FUNCIÓN JURISDICCIONAL.- La función jurisdiccional, desde la concepción jurídica, es aquella actividad por la cual el Estado resuelve controversias entre partes con fuerza de verdad legal a través de los jueces y tribunales de carácter independiente e imparcial, creados y reconocidos por la Constitución, y mediante la aplicación de los procedimientos jurisdiccionales judiciales: constitucionales, administrativos, coactivos fiscales, penales, civiles, comerciales, familiares, sociales, laborales, agrarios, tributarios…”

2.- Del principio de armonía social.-

Los principios constitucionales, son mandatos jurídicos dirigidos a los operadores judiciales para orientar la resolución de sus causas, conforme a ello se dirá que la potestad de administrar justicia, como potestad del pueblo boliviano, se rige bajo ciertos principios, como es el de armonía social, previsto en el art. 178 parágrafo I de la Constitución, sobre la misma el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado la Sentencia Constitucional Nº 2008/2012 de 12 de octubre de 2012, en el que se señaló lo siguiente: “El principio de armonía social.

Cumpliendo la función de intérprete de la Constitución, este Tribunal considera que es importante para la dilucidación del presente asunto, analizar el contenido del principio de armonía social, proclamado para la función de impartir justicia por las normas del art. 178.I de la CPE.

De forma primaria, es imprescindible discernir que la interpretación que el legislador o algún otro órgano del Estado efectúen sobre las normas y principios constitucionales, no limita al Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo más bien esa interpretación susceptible de análisis y evaluación por parte de la jurisdicción constitucional; en ese orden de ideas, la Ley del Órgano Judicial, expone que el principio de armonía social: “Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias”; comprensión que evidencia un principio cuya aplicación tiene por objeto lograr una sociedad en la que el conglomerado humano sea capaz de convivir respetando los derechos uno de otros; no obstante, no explica las diversas formas en que ese objetivo será logrado, por ello, la explicación del legislador, aunque consistente con el principio de armonía social, no lo materializa como un instrumento con múltiples mecanismos al alcance del propio legislador, de los jueces y de esta jurisdicción, dispositivos que es necesario aplicar.

Ahora bien, el principio de armonía social se encuentra proclamado por las normas del art. 178.I de la CPE, junto a otros principios proclamados como sustento de la potestad de impartir justicia; ello, implica que no son principios destinados a regular la función de impartir justicia solamente, sino que tienen una naturaleza justificante de esa función, vale decir que es la vigencia de esos principios lo que legitima a la función de impartir justicia, en un razonamiento contrario, cuando éstos no se cumplen, no existe justicia ordinaria ni constitucional; por ello, la vigencia de los principios que sustentan la potestad de impartir justicia, es algo que se debe garantizar legislativamente primero, y luego por los jueces a tiempo de ejercer su función y aplicar las normas legales; de ello se deduce que el contenido de las leyes que evite, entorpezca o perjudique de alguna manera la vigencia de los principios constitucionales de impartir justicia, provoca la inconstitucionalidad de esas normas.

Conforme a lo expuesto, tenemos al principio de armonía social como parte del conjunto de principios que legitiman la función de impartir justicia, los cuales deben ser respetados por el legislador, absteniéndose de emitir normas que eviten, perjudiquen o alteren su contenido constitucional.

En ese orden, el principio de armonía social, por mandato de las normas del art. 196.II de la CPE, debe encontrar interpretación en el contenido literal del texto constitucional; a ese efecto, conforme el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, armonía implica buenas relaciones y pacífica convivencia, concepto que aplicado a lo social, impele a concluir que la paz social es la pacífica convivencia en la sociedad, o entre los componentes de la sociedad, de lo que se deduce que es también un elemento de la armonía social, la obligación de evitar conflictos para incrementar los niveles de convivencia pacífica; es decir, procurar la vida en sociedad sin altercados, sin confrontación, sin disputas ni controversias, sino sólo en casos en los que sea inevitable; vale decir, que tanto las normas jurídicas como la actuación de los jueces, deben procurar mecanismos de resolución de conflictos que eviten la confrontación, privilegiando la solución pre y extrajudicial al conflicto judicial que queda como último y final instrumento para resolver las controversias que surjan entre las personas, y sólo cuando se agotaron todos los mecanismos administrativos, que el Estado tiene la obligación de colocar a disponibilidad de las personas, tales como la conciliación, el arbitraje, la reestructuración patrimonial, la subrogación y otras de ese tipo; por ello, debemos concluir que también se vulnera el principio de armonía social, cuando el Estado promueve la conflictividad judicial, como única vía para resolver los conflictos emergentes en las relaciones sociales, obviando su deber de generar mecanismos alternativos y previos de dilucidación de esos problemas…”

También se debe recordad que la Sentencia Constitucional Nº 0010/2010-R, de 6 de abril de 2010, en la que dedujo lo siguiente: “Por otra parte, debe señalarse que es la propia Constitución la que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en los principios de eficacia, eficiencia y verdad material. El primero de ellos (eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material…”, esto implica que el principio de eficacia pues el proceso debe logar la finalidad de impartir justicia a los litigantes.

Se debe señalar que siendo los principios constitucionales descritos para la administración de justicia mandatos que el constituyente ha impuesto para los operadores de justicia los apliquen, con la finalidad de solucionar conflictos jurídicos de los litigantes, esto quiere decir que debe satisfacer las controversias de los contendientes en cuanto a sus pretensiones, el no hacerlo implicaría no generar la paz social que se pretende otorgar y mantendría vigente la disputa de las pretensiones de las partes.

2.- De la Sentencia que no cumple con la función jurisdiccional.-

La Sentencia en la foja 263 luego de describir la propiedad de los litigantes (demandante-demandado) señaló lo siguiente: “…de donde se tiene que para la procedencia de una demanda de mejor derecho de propiedad conforme lo establece el art. 1545 del Código Civil, es necesario acreditar i) la prioridad en la inscripción del derecho de propiedad en la Oficina de Derechos Reales ii) Que los títulos de propiedad tanto de la parte demandante como del demandado devengan de un mismo origen y que por actos distintos el propietario transmitió el mismo bien inmueble iii) la identidad del bien cuyo derecho se reclama… 13.- De donde se desprende que el derecho propietario tanto de la demandante como del demandado no devienen de un antecedente común toda vez que la propiedad de la demandante Martha Lipa Cheka tiene como primer propietario a Adrián Castillo Nava y el demandado y reconvencionista la Compañía Importadora de Automotores Mathias Csapek S.A.,, tiene como primer propietario a Telesforo Quispe, haciendo inviables a las demandadas de declaratoria de mejor derecho de propiedad y consiguientemente de la reivindicación. 14 Si bien es cierto que la demandante inscribió primero su título den derechos, esta inscripción prioritaria no les confiere el derecho preferente que establece el art. 1545 del Código Civil, por cuanto el derecho propietario de ambos litigantes, no proviene de un causante particular común…”, dicha apreciación es efectuada en base a una interpretación restrictiva, cuando a contrario sensu se tiene la interpretación extensiva de la norma, por lo que ante dicho desfase concluyó declarando improbada un de las pretensiones de la demanda principal y reconvencional la cual es el “mejor derecho de propiedad”  y con ello vulneró el art. 193 del Código de Procedimiento Civil que señala: “(Falta de ley expresa).- El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado…”, e incumplió la finalidad que prevé la función jurisdiccional, pues debe notarse que ambas partes litigan el   “mejor derecho de propiedad”  y el Juez asumió que los registros de ambas partes identifican a la misma propiedad, tanto de la demandante como del demandado. 

Al advertir que los litigantes debaten la titularidad del mismo bien debió efectuar una interpretación extensiva del art. 1545 del Código Civil, o, en su defecto si considera que la interpretación extensiva del mencionado articulo, no fuera aplicable al caso de autos, pese de constar que las pretensiones sobre la propiedad  reclamada por las partes se encuentran ubicados en un mismo lugar (superficie y área similares total o parcialmente) le corresponderá fallar conforme a la segunda parte del art. 1 del Código de Procedimiento Civil, pues debe recordar que la finalidad de la función jurisdiccional es solucionar los conflictos jurídicos, aspecto no entendido por el A quo y por ello vulnerado el art. 193 del Código de Procedimiento Civil, que debe ser corregido.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) y art. 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil ANULA la Sentencia de fs. 254 a 264 vta., y se dispone que el A quo pronuncie nueva Sentencia de acuerdo a los fundamentos de la presente resolución.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

Conforme a lo dispuesto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, remítase una copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo