TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 714/2014

Sucre: 02 de diciembre 2014

Expediente: LP-111-14-S

Partes: Susana Elizabeth Leytón Quiroga y Tito Adalid Saavedra Mancilla. c/

Graciela Susana Ticona Cuba.

Proceso: Nulidad de sentencia de proceso ejecutivo.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 466 a 470 vta., interpuesto por Susana Elizabeth Leytón Quiroga y Tito Adalid Saavedra Mancilla contra el Auto de Vista Nº 42/2014 de 28 de febrero de 2014, cursante de fs. 464 a 465 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de nulidad de sentencia de proceso ejecutivo seguido por Susana Elizabeth Leytón Quiroga y Tito Adalid Saavedra Mancilla contra Graciela Susana Ticona Cuba, la concesión de fs. 478, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dictó Sentencia Nº 61/2013 de 18 de marzo de 2013, cursante de fs. 433 a 437, que declara improbada la demanda de fs. 376 a 381.

Resolución de fondo que es apelada por la parte actora de fs. 441 a 446, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 42/2014 de 28 de febrero de 2014, cursante de fs. 464 a 465 vta., que confirma la Sentencia; decisión jurisdiccional de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes luego de realizar una amplia remembranza de las condiciones que preceden al proceso, en el punto de agravios inferidos por la Juez A quo en la Sentencia Nº 61/2013 indican, luego de describen la parte de antecedentes de esa Resolución, que el agravio material fue en la incomprensión  de que la Sentencia en el proceso coactivo  se tramitó con actuaciones procesales impropias para un proceso sumario y de tramitación especial. Señalan omisión de consideración de puntos de hecho a probar establecido por ella misma, indican que la Juez se apartó del procedimiento establecido para la ejecución coactiva civil, y si consideraba que no reunía los requisitos y no tenía suficiente fuerza debió declarar que no se había lugar mediante esa vía. La modificación de una demanda coactiva por unaejecutiva sobre un mismo título, por el art. 332 del Código de Procedimiento Civil, era propio del proceso ordinario  y no de un sumario de tramitación especial. Agrega que la Juez no observó la prueba aportada donde se verifica que se actúa como coactivante luego como ejecutante, situación que permitió el juez de Partido 6to. en lo Civil.

Señala que laspruebas de delitos como estelionato y abuso de confianza son resoluciones distintas en materia a la prescripción como instituto en materia civil, que es el medio para adquirir derechos o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, máxime si la extinción penal prosperó a favor de los demandantes, a lo que acude al art. 508-II del Código Civil.

Señala además que en el proceso coactivo (fs. 128 a 129) la demandada hubiera objetado la prueba opuesta por la partes actora, objetando el título coactivo; también (a fs. 170) en el proceso coactivo  se dictó autos para Sentencia  acto procesal propiodeun proceso ordinario y no de un ejecutivo.

Señala que todos esos infracciones fueron condensadas en el recurso de apelación, inclusive que la Juez del proceso coactivo- perdió competencia, pero ni el Juez ni el Tribunal de se apelaciónvaloraron conforme a ley en el procesode revisión.

En su conclusión afirma que  la Resolución Nº 42/2014 es infra petita, contiene interpretación errónea de la norma sustantiva, aplicando indebidamente las prescripciones del proceso ejecutivo con las del ordinario de hecho. Las pruebas  fueron ignoradas por los jueces,además acusa de omisión demotivación yrecalca que la Sentencia alcanzada en proceso ejecutivo aplicó indebidamente  un procedimiento ajeno.

Concluyesolicitando se conceda su recurso de fondo para que el Tribunal superior proceda a casar  y fallando en el fondo declare la prescripción de la obligación.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En función a los alegatos recursivos se precisa las siguientes consideraciones:

El art. 490 del Código de Procedimiento Civil estipula que: “I.Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses. Vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo”, regla normativa aplicable también a los procesos de ejecución coactiva civil.

Conforme lo descrito, lo resuelto en proceso ejecutivo puede ser modificado en proceso ordinario posterior que se instaure en el plazo de seis meses de ejecutoriado el fallo en el proceso de ejecución. El alcance de la revisión de la determinación ejecutiva, está subordinada a  la obligación  o no del pago relacionada al documento base de la demanda, por ello es que en proceso ordinario posterior no se discuten cuestiones procesales sucedidas en el desarrollo del proceso de ejecución, sino aquel derecho que se desprende del título ejecutivo o coactivo, en su caso-  para hacer el cobro de la suma líquida exigible mediante ese proceso, es decir, el ordinario posterior tiene como fundamento la revisión de la decisión de fondo y no de aspectos intraprocesales; bajo esa consideración la SCP 2272/2012 de 9 de noviembre, manifestó, en relación al ordinario del proceso ejecutivo, que: “…así, lo modificable en el proceso ordinario será únicamente la cuestión atinente al fondo mismo del proceso de ejecución….En efecto, haciendo una interpretación a contrario sensu del art. 490.I del CPC, se tendrá que, los aspectos que no conlleven la modificación del fondo del proceso ejecutivo; es decir, aquellas cuestiones accesorias suscitadas en el desarrollo de la acción ejecutiva, como es el caso de la vulneración del debido proceso, son susceptibles de considerarse a través de la acción de amparo constitucional subsidiariamente..”

En el caso en cuestión, los demandantes pretenden la revisión de lo determinado en el proceso ejecutivo que les siguió Graciela Susana Ticona Cuba, argumentando: a) Falta de fuerza ejecutiva, porque el documento base es un título coactivo y se tramitó en un proceso diferente- ejecutivo- que no resulta eficaz como título ejecutivo; b) No se consideró la prescripción de la obligación, y que el proceso penal por su naturaleza y fin no interrumpió el plazo de prescripción, la cual habría operado.

Conforme lo impreso, las legalizadas que cursan de fs. 10 a 11 de obrados, se tiene Testimonio de la Escritura Pública Nº 409/2003 de 17 de abril de 2003, donde se evidencia la calidad de título ejecutivo de ese documento, por cuanto se tenía una suma líquida exigible y el plazo vencido de la obligación, subsumiéndose en el art. 487-1) del Código de Procedimiento Civil, por lo que habilitaba a los entonces ejecutantes, en base a ese documento, solicitar el cumplimientode la obligación; en ese entendido, resulta falaz el razonamiento de la parte actora, ensentido que el documento aludido no tenga fuerza ejecutiva para promover una demanda ejecutiva, ya que no plantea fundamento por el cual  se desestime la naturaleza ejecutiva de ese documento, siendo su única razón la modificación de la demanda en proceso, que no tiene un sustento jurídico para soslayar el título ejecutivo que fue el sostén del proceso ejecutivo seguido; por lo que el Auto de Vista no infringió ningún derecho material de los recurrentes, habiendo actuado dentro el marco normativo procesal vigente.

En relación a la prescripción, los recurrentes señalan que las pruebas de delitos como estelionato y abuso de confianza son resoluciones distintas en materia a la prescripción como instituto en materia civil, que es el medio para adquirir derechos o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, máxime si la extinción penal prosperó a favor de los demandantes, a lo que acude al art. 508-II del Código Civil. En este particular, se debe indicar que el Auto de Vista de 28 de febrero de 2014, disgregó actos por los cuales se interrumpió la prescripción de la obligación, sucedidos dentro el proceso penal, a saber: a) Susana Elizabeth Leytón Quiroga en acta de declaración informativa de fecha 3 de octubre de 2005 y declaración informativa de Tito Adalid Saavedra Mancilla, de fecha 8 de enero de 2007, confiesan que son deudores de la suma aproximada de $us. 20.000 a favor de Graciela Susana Ticona Cuba; b) en el proceso penal el juez segundo cautelar a pedido de parte dispuso la anotación preventiva del bien garantía en Derechos  Reales por auto de 7 dejunio de 2006 habiéndose notificado a ambas parte sin objeción alguna, además de su registro; actos sobre los cuales razonó  la interrupción de la prescripción  por reconocimiento del derecho, conforme señala el art. 1503-I y 1505 del Código Civil, y propuso adicionalmente el inició del propio proceso penal, que habría cumplido los requisitos de: haberse presentado ante un órgano jurisdiccional, demostrar la voluntad del acreedor de que se cumpla con la obligación  y que se haya notificado a quien se quiere impedir que prescriba; sin embargo en absoluto en el recurso de casación se contradice ese razonamiento pues los recurrentes se limitan a observar sólo el proceso penal, per se, más no lo actos sobre los cuales se fundó la decisión jurisdiccional, en esa situación, no se tiene un argumento sólido de los recurrentes que inste a juzgar y contrastar los fundamentos del Tribunal de apelación por los que se desestimó la prescripción de la obligación pretendida, siendo su reclamo insustancial en relación a lo decidido en el Auto de Vista.

Respecto a que se utilizó normas y actos del proceso ordinario en la tramitación del proceso ejecutivo, que se produjo una objeción a su misma prueba en el proceso ejecutivo y que la sentencia fue dictada sin competencia, todas estas aparentes infracciones, además de ser intrascendentes por tratarse de cuestiones intraprocesales de la acción ejecutiva que no pueden ser examinadas en un ordinario posterior, no fueron parte de la pretensión en demanda por lo que no se articularon en la relación procesal, no siendo parte de la controversia, se desestima cualquier pronunciamiento al respecto. 

Por lo expuesto éste Tribunal de casación no teniendo fundamento los extremos opuestos en el recurso de casación, emite Resolución en la manera determinada por los arts. 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 466 a 470 vta., interpuesto por Susana Elizabeth Leytón Quiroga y Tito Adalid Saavedra Mancilla contra el Auto de Vista Nº 42/2014 de 28 de febrero de 2014. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo