TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo:705/2014                                                                Sucre:02 de diciembre2014                                                         Expediente:        O-51-14-S                                                                

Partes:Miguel Cruz Cayo, Pascual Acarapi Mamani, Hilareon Llampa Colque,

Gregorio Diego Manuel, Nemesio Chambi Coria,Basilio Cruz Mamani,

Gonzalo Ayanome Paco.        c/Eufrosinon Herrera Lobo, Nelson Corani

Álvarez  y Sergio Tarqui Ledezma.                                        

Proceso:Nulidad                                                        

Distrito:Oruro

VISTOS: El recurso de casación en el fondo propuesto por Nelson Corani Álvarez de fs. 501 a 504 vta., contra el Auto de Vista Nº 111/2014 de 12 junio de 2014 de fs. 493 a 498, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de Nulidad de Testimonio, seguido por Miguel Cruz Cayo y Otros contra Efrosinón Herrera Lobo, Nelson Corani Álvarez, Sergio Tarqui Ledezma, respuesta de fs. 508 y vta.; concesión de fs. 513, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Séptimo de Partido En lo Civil y Comercial, pronunció Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2013, cursante de fs. 445 a 452 vta., declarando: PROBADA  la demanda de fs. 14 a15 y aclaración de fs. 71, asimismo se declara IMPROBADA la demanda reconvencional de acción reivindicatoria y resarcimiento de daños y perjuicios por hecho ilícito e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho planteada por Nelson Corani Álvarez de fs. 83-86 y de la misma manera improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho en los actores planeada por Sergio Tarqui Ledezma por memorial de fs. 94 y vta., y como emergencia de lo resuelto se dispone: 1) la nulidad de los Testimonios de Escritura Pública Nº 227/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 sobre transferencia de lote de terreno ubicado en la zona ex hacienda Vinto de la ciudad de Oruro, que transfiere el señor Sergio Tarqui Ledezma a favor de Nelson Corani Álvarez y Efrosinón Herrera Lobo por el precio convenido de siete mil 00/100 bolivianos (Bs. 7.000)extendido por la Notaría de Fe Pública Nº 3 Dra. Soledad Fuentes Borda y Testimonio de Escritura Pública Nº 452/2009 de 20 de mayo de 2009 sobre complementación de ubicación conforme a plano de lote de terreno ubicado en la zona este Nº 4 (Ex hacienda Vinto) que realiza el señor Sergio Tarqui Ledezma con consentimiento de su esposa Antonia Espinoza Mamani de Tarqui a favor de Nelson Corani Álvarez y Eufrosinon Herrera Lobo extendida por el Notario de fe Pública Nº 13 Dr. Víctor Colque Moreira, en consecuencia en ejecución de sentencia líbrese la correspondiente ejecutorial de ley a efectos de la notificación de la Notaría de Fe Pública Nº 3 o actual poseedor de la Escritura Pública Nº 227/2009de fecha 30 de marzo de 2009 a efectos de que deje nulos y sin valor legal los protocolos y matrices notariales correspondiente a la Escritura Pública mencionada y de la Notaria de Fe Pública Nº 13 o actual poseedor de la Escritura Pública Nº 452/2009 de 20 de mayo de 2009 a efectos de que deje nulos y sin valor legal los protocolos y matrices notariales correspondientes a la Escritura Pública mencionada. 2) Se deja sin efecto y sin valor legal la ejecutorial de ley de fecha 09 de marzo de 2010 expedida por el Juzgado de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal Liquidador de las Provincias Pantaleón Dalence, Poopó del Departamento de Oruro con asiento en Huanuni. 3) en ejecución de sentencia se dispone la notificación a Derechos Reales a objeto de que por la sección que corresponda a cancelar la inscripción del Testimonio No. 227/2009extendido por la Notaria de Fe PúblicaN º 3 Dra. Soledad Fuentes Borda y Testimonio Nº452/2009 de 20 de mayo de 2009 extendida por el Notario de Fe Pública Nº 13 Dr. Víctor Colque Moreira bajo la Matrícula Nº 4.01.1.03.0006236, registrada en la columna A) Titularidad sobre el dominio Asiento número 1.

Contra la referida Sentencia interpuso recurso de apelación Nelson Corani Álvarez por memorial de fs. 455 a 456 vlta.

En mérito a esos antecedentes, Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 493 a 498, por el que confirma la Sentencia apelada de fecha 14 de noviembre de 2013 de fs. 445-452 vta.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación en la forma, interpuesto por parte de Nelson Corani Álvarez, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, el art 250, 253 numeral 1) del C.P.C. admite la procedencia del recurso de casación por interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, que en el caso habría sucedido. 1.- Sobre la interpretación errónea o aplicación indebida del art. 549 inc. 3) vinculado al art. 490 del Código Civil, tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado fundarían la decisión en el sentido de que los contratos y el acto jurídico emergente de un proceso (ejecutorial de ley), cuya nulidad se solicitó hubieren contenido en su formación causa o motivo ilícito aplicando lo dispuesto por el art. 549-3) y 490 del Código Civil, porque el objeto pertenecería al Estado, Prefectura del Departamento de Oruro, como elemento mas importante.

Analiza la causa en los contratos, elementos en su formación, que la causa falsa es un vicio del consentimiento como cualquier otro error, que la causa ilícita es el contrato que tiene por objeto una prestación ilícita art. 490 (no dice que norma), refiere a Messineo y señala a la voluntad, la intención que dice vincular al art. 489 del Código Civil. En ningún caso se habría demostrado que la causa o el motivo de Sergio Tarqui Ledezma, Eufrosinon Herrera y Nelson Corani Álvarez en la generación de los actos jurídicos hubiere sido distinto al de su naturaleza y peor en la ejecutorial de ley que también fuera objetada, pues allí no se contemplaría la intención o motivo de los contratantes sino la actividad procesal de un órgano jurisdiccional, no existiría prueba que la causa por un lado, o el motivo por el siguiente de los sujetos de los actos jurídicos hubieren estado inmersos una intención o finalidad distinta a la de disponer la propiedad, que resultaría plenamente válido y vigente.

Que, el sustento de los fallos fuera que la propiedad no fuera de Sergio Tarqui sino del Estado, sin embargo no habría documental que admita ese criterio y menos oposición de la Prefectura o Gobernación sobre la disposición realizado por Sergio Tarqui a favor suyo y Eufrosinon Lobo, que el reclamo debió hacerlo el Estado y no particulares. Que, no concurrirían el motivo ilícito y la causa ilícita, en el hipotético de que la prefectura de Oruro hubiere sido la propietaria, se entendería que habría observaciones al objeto y no así a la causa o motivo del conflicto, para cuyo fin dice realizar el estudio sobre el objeto en referencia al art. 485 no dice de que norma-, analiza luego lo referido a la formación de contratos, y que el objeto del contrato debe ser siempre posible, lícito y determinado o determinable, la imposibilidad jurídica sobre los bienes que señala. Que, el objeto debe ser también susceptible de evaluación económica, valuable en dinero y útil al acreedor. Especula luego lo referente a los supuestos del art. 549 sin señalar de qué norma. Arribando a la conclusión que en un supuesto que el contrato y el mismo Estado hubiere asumido que el objeto del contrato pertenece al Estado, debió plantearse de forma ineludible la acción observando vicios en el objeto, que en consecuencia la utilidad realizada por la instancia y el A quo de los arts. 489, 490 y 553-3) del Código civil Resultaría aplicable a los alcances del art. 253-1) del C.P.C. al advertirse en forma material interpretación error y aplicación indebida al caso en concreto de los artículos mencionados, que en ningún caso podrían ser aplicados al caso en estudio. Que la acción resultara siendo manifiestamente improcedente.

2.- Sobre el principio “jurisnvitcuri”. Que, el art. 190 del CPC establecería que la sentencia recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera que hubieren sido demandadas,  así mismo refiere al art. 193 de la misma norma, que el iura novit curia fuera un principio del derecho procesal que autoriza al Juez a aplicar a las normas legales, de aplicar el derecho haciendo la calificación jurídica adecuada de los hechos. Que, en el caso no habría ausencia de norma que en su caso admitiera la aplicación del principio mencionado, que al haber sido interpuesta la acción ordinaria por ilicitud en la causa cuando debió orientarla por otro tipo de institución.   

Por todo lo expuesto solicita se le conceda recurso de casación a fin de que se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista, debiendo declarar improbada la demanda principal y por ende vigentes los actos observados.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Ingresando al examen del recurso de casación, que refiere basar su argumento en lo dispuesto por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil, es decir “Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley”, en relación al art. 549-3) del Código Civil vinculado al art. 490 de la misma norma.

1.-Debemos comenzar señalando que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil establece que: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado.”, de lo que se entiende que está marcada la jurisdicción de los jueces en cada proceso, estableciendo su competencia en las decisiones sabida que fuera la verdad por las pruebas producidas por las partes o aun de oficio, para dictar una conclusión ecuánime, por lo que una sentencia como acto procesal de autoridad es importante porque dirime el conflicto. En cuanto al Tribunal Ad quem, esta delimitación jurisdiccional se halla prevista dentro de los puntos resueltos por el A quo y que hayan sido impugnados en la expresión de agravios exigidas por el principio de congruenciaconforme prevé el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil.

2.-Con ese antecedente, se verifica que de fs. 14-15 corre demanda de nulidad de testimonios públicos Nº 227/2009 de 30 de marzo de 2009 extendido por ante la Notaría de Fe Pública Nº 3 y Testimonio Nº 452 de 20 de mayo de 2009 extendido por ante Notaria de Fe Pública Nº 13, así como la Matrícula de Derechos Reales Nº 4.01.1.03.0006236, que por memorial de fs. 71, efecto del Auto de fs. 69 de 21 de noviembre de 2011 por el que se anuló obrados a fin de que se aclare en forma concreta si demanda la nulidad sólo de testimonios o demanda nulidad de escrituras públicas,habiéndose aclarado que la demanda solicita la “NULIDAD DE LOS TESTIMONIOS PUBLICOS NOS. 227/2009 de fecha 30 de 2009 extendido por la Notaria de Fe Pública Nro. 3 Dra. Soledad Fuentes Borda y 452/2009 de 20 de mayo de 2009 extendido por el Notario de Fe Pública Nº 13 Dr. Víctor Colque Moreira, así testimonios, como también la NULIDAD DE MATRICULA DE DERECHOS REALES Nº 4.01.1.03.0006236.”, los hechos expuestos para la procedencia de su pretensión refieren a que los mencionados testimonios fueron inscritos en la Oficina de Derechos Reales mediando orden judicial expresada en Ejecutorial de Ley de un trámite realizado ante el Juzgado de la Población de Huanuni, que se determinó su falsedad; sin embargo, no se argumentó las causales de nulidad de los Testimonios, las Escrituras Públicas ni el contrato, si bien se dijo demandar “todos los antecedentes de las ESCRITURAS PÚBLICAS”, no se expuso en base a qué argumentos fácticos procedía aquello; debiendo quedar claro que no era posibledemandar la nulidad de Testimonios ni Escrituras Públicas en base a los mismos argumentos expuestos para la procedencia de nulidad de la Ejecutorial de Ley así como la cancelación del Registro en Derechos Reales, ingresando en marcada confusión cuando a fin de justificar la nulidad de los Testimonios, sus protocolos y el contrato se teorizó respecto a las causales de nulidad para la formación del contrato.

Conforme a los hechos descritos en la demanda, en la tramitación de la causa se probó que efectivamente existe falsedad de la Ejecutorial de Ley que contiene la orden de inscripción de los Testimonios referidos, la consecuencia jurídica de aquello, indudablemente será la nulidad de la inscripción ante la Oficina de Derechos Reales, pero de ninguna manera de los otros actos jurídicos sobre los que no hubo fundamentación fáctica ni producción probatoria.

Consecuentemente cuando en sentencia en el punto 1), se dispuso la nulidad de los Testimonios de Escritura Pública Nº227/2009 de 30 de marzo de 2009, así como del Testimonio de la Escritura Pública Nº 452/2009 de 20 de mayo de 2009, disponiendo la notificación a los actuales tenedores de los libros cuyos protocolos se encuentran archivados a efectos de que se deje nulos y sin valor legal en sujeción a lo dispuesto por el art. 549-3) del Código Civil, se está frente a una evidente aplicación indebida de la ley, confirmado por el Auto de Vista, que no resulta acorde a los antecedentes analizados, que se subsume a lo determinado por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil.

Aspecto que sin embargo, no implica de parte de este Tribunal de Casación pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad y validez de los contratos contenidos en los testimonios mencionados.

3.-En referencia a la aplicación del iura novit curia que hace mención el Auto de Vista para confirmar el razonamiento expuesto en sentencia, reproducimos el criterio asumido por este Tribunal respecto al tema, en el Auto Supremo Nº 516/2014 de 8 de septiembre de 2014, que en lo mas relevante señaló que: “…del principio iura novit curia, cuya acepción, según señala el autor Jorge W. Peyrano, se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan el caso”. “El empleo del referido principio supone que el Juez es quien debe conocer el derecho y debe aplicarlo libremente sin que se encuentre constreñido al encuadre normativo alegado por las partes, lo que de ninguna manera supone permisión en sentido de alejarse del principio de congruencia, toda vez que el principio irura novit curia supone que en la Sentencia se aplicará el derecho que Tribunal considere corresponder para la solución de las cuestiones pretendidas, pero sin alterar ni sustituir las pretensiones deducidas ni los hechos en que las  partes fundan las mismas, ello en aras de resguardar el principio dispositivo en virtud del cual el Juez no puede de oficio suplir las pretensiones demandadas por las partes.” De lo que se entiende que las partes a través de sus actos postulatorios, simplemente incorporarán al proceso los hechos y los medios probatorios que sustenten a los mismos, independientemente de la calificación jurídica que le brinden a dichos hechos, el Juez, como técnico que conoce el derecho, deberá subsumir dichos hechos en la norma material que sea aplicable al caso en concreto, puesto que su conocimiento, aunque la norma no haya sido invocada por las partes o se haya invocado de manera errónea, sin embargo el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que ha sido alegados por las partes.

De lo expresado se tiene que cuando el Auto de Vista de manera ilógica pretende justificar el yerro con que se razonó en la Sentencia de primera instancia, lo propio que el razonamiento expuesto por ellos mismos al confirmar aquella resolución, dieron un entendimiento errado de los alcances del principio del iura novit curia, con la pretensión de justificar que el fallo cuestionado tenga coherencia, aspecto que no puede ser soslayado por este Tribunal Supremo.

Consecuentemente se emitirá resolución conforme prevé el art. 271-4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por losarts. 41,42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 111/2014 de fs. 493 a 498 y deliberando en el fondo declara PROBADA en parte la demanda de fs. 14-15, aclarada a fs. 71, dejando sin efecto lo dispuesto en el punto 1) de la Sentencia de primera instancia referida a la nulidad de los Testimonios de Escritura Pública Nº 227/2009 de 30 de marzo de 2009, así como del Testimonio Nº 452/2009; dejando firme y subsistente lo determinado en los puntos 2) y 3) referido a dejar sin efecto y sin valor legal la Ejecutorial de Ley de fecha 09 de marzo de 2010, así como la disposición de cancelar la inscripción de los testimonios referidos ante la oficina de Derechos Reales.

Se multa con un día de haber a los suscribientes del Auto de Vista por la casación, a ser descontados de su haber mensual. A ese fin se notifique a la DGAF.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Octavo