TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 692/2014

Sucre: 25 de noviembre 2014

Expediente: CB-100-14-S

Partes: Juan Carlos Castillo Antezana. c/ Alberto Carvajal Aguilar y Otros.

Proceso: Nulidad de declaratoria de Herederos.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Ivone Concepcion Carvajal Soto de Florero y Carolina Lourdes Micaela Carvajal Soto por si en representación de José Alberto, Rosario Silvia y Martha Alexandra todos Carvajal Soto, cursante de fs. 640 a 644, contra el Auto de Vista N° 157/2014 de 04 julio de 2014 de fs. 634 a 636 de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Nulidad de declaratoria de Herederos interpuesto por Juan Carlos Castillo Antezana contra Alberto Carvajal Aguilar y Otros, concesión de fs. 653, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Onceavo en lo Civil y Comercial de la Capital - Cochabamba, mediante Sentencia Nº 19/2012 de fecha 11 de mayo de 2012, cursante en fs. 578 a 582, declaró IMPROBADA  la demanda  de nulidad de declaratoria de herederos a nombre de Hilda Teodolinda Soto de la Via, plateada de fs. 40 a 42 interpuesta por el señor Juan Carlos Castillo Antezana, con costas, y PROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho interpuesto por los codemandados, de acuerdo a memoriales de fs. 328 a 329, 381 a 382 y 439 a 440 de obrados, por otro lado se declara IMPROBADA  la excepción de impersonería interpuesta fs. 439 440 de o obrados.


Deducida la apelación por el demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 157/2014 de 04 julio de 2014, anuló  la Sentencia Apelada ordenando al Juez de la causa que emita nueva Sentencia pronunciándose en el fondo de la controversia.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, los demandados plantearon recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme consta de fs. 640 a 644 vta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


1.- Que existiría infracción del art. 17 de la ley del Órgano judicial, el art. 254-4) del CPC y 105, 106, y 108 del Código Procesal Civil, por cuanto el demandante nunca habría reclamado nulidad alguna, de manera que el Tribunal de Alzada se habría excedido en sus facultades, otorgando más de lo pedido por las partes, ya que tampoco existiría motivo alguno que amerite la nulidad de la sentencia, en este sentido el Tribunal de Alzada debió apreciar si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la Sentencia o de actos, cosa que no habría ocurrido en el Auto de Vista.


2.- Que existiría violación del art. 236 del CPC, ya que el Auto de Vista recurrido  resuelve recurso de apelación  planteado contra una Sentencia  inexistente ya que la invocada por el recurrente sería del 22 de junio de 2012 sin especificaciones de fs., sin embargo el tribunal de alzada resolvería  en apelación la Sentencia de 11 de mayo de 2012 y hasta pone las fs., done se encontraría el fallo.


3.- Que existiría incumplimiento  y transgresión del art. 343-II del CPC, ya que el juez de primera instancia habría encontrado  probada la excepción perentoria de falta de acción y derecho en el demandante y por ello habría acogido ese artículo y no se pronunció sobre la pretensión de fondo, y si el Tribunal de sentencia  considero lo contrario  su deber era revocar la Sentencia y fallar en el fondo y no lavarse las manos y obligar al Juez a pronunciar una nueva Sentencia, lo que resultaría censurable.


4.- Que se han violado las disposiciones  contenidas en los art. 3-1 y 90 del CPC, por parte de los jueces de instancia al no haber evitado que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad, inobservancia que estaría sancionada con nulidad, por lo que correspondería  anular obrados hasta el vicio más antiguo  que cursa a fs. 596 vta., declarando ejecutoriada la Sentencia de 11 de mayo de 2012 ya que no habría sido recurrida toda vez que el recurso se la habría planteado contra la sentencia de 22 de junio de 2012 que no existe.


En el Fondo.-


1.- Acusa interpretación errónea del art. 551 del CC, ya que según el Tribunal de Alzada el hecho de que los demandantes estén ocupando el inmueble, les otorgaría interés legítimo para desvirtuar la calidad de herederos de los demandados, así como para establecer la irregularidad con que se habría  pronunciado el Auto de declaratoria de herederos, sin tomar en cuenta que  Juan Carlos Castillo Antezana no tendría la personería que exige el 551 del CC, es decir que no tendría interés legítimo, no tendría la condición de co-heredero, legatario, donatario, adquirente o acreedor, por lo que resultaría ser un simple detentador del inmueble y que el hecho de que estén viviendo en el inmueble  por más de 57 o 60 años no supondría que tienen el derecho propietario.


2.- El Tribunal de Alzada habría incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, para llegar a la conclusión equivocada de que la posesión del inmueble por el actor establecería el interés legítimo para que prospere su demanda de nulidad de declaratoria de herederos de la madre de los demandantes, ya que tampoco habría valorado la prueba de fs. 39 referente al certificado de defunción de la copropietaria  Modesta Elena de la Via que recién habría fallecido el 10 de mayo de 2006, de manera que habría estado en posesión hasta esa fecha, y que al ingresar la madre de los demandantes habrían llovido los procesos civiles y penales, concluyendo que para este único proceso el actor no le asistiría legitimación activa ya que carecería de interés procesal.


3.- que no existiría materia justiciable, por lo que el juzgador habría obrado de manera correcta  al haber dado merito a la excepción de falta de acción y derecho, por lo que la Sentencia no vulneraria  principios de acceso a la justicia o el debido proceso como erróneamente llegaría a concluir el Tribunal de Alzada.

Finalmente, solicitando que el Tribunal Supremo anule obrados hasta el vicio más antiguo, en el caso presente hasta fs. 633 vta., incluso ordenando a los vocales signatarios del Auto de Vista recurrido pronuncien nueva resolución o en su defecto CASE el Auto de Vista recurrido declarando firme y subsistente la Sentencia apelada.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE que deben contener las resoluciones judiciales, consiguientemente corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

Se considera presupuestos procesales a aquellos elementos de existencia previa  que resultan necesarios para la formación de un proceso, hacen referencia a los pilares que lo sostienen cuya verificación es obligación del Juez de la causa al momento de admitir la demanda, según Piero Calamandrei "Los presupuestos procesales  son los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal válida que deben existir a fin de que se llegue a una resolución eficaz. (lo subrayado es nuestro). En este sentido, desde su teoría de la relación jurídica el tratadista alemán Oscar Von Bulow, en relación a los presupuestos procesales dijo: “esencialmente, se tiene uno de carácter objetivo (la fundamentación fáctica de la pretensión, es decir, la necesidad de que los hechos concretos narrados en las pretensiones de las partes puedan subsumirse en el supuesto de hecho abstracto de una norma jurídica), y otro de carácter subjetivo que se refiere esencialmente a la legitimación - que las partes sean realmente los sujetos que ostentan algún tipo de un derecho subjetivo o un interés legítimo.

La doctrina viene considera como presupuestos procesales de admisibilidad, de verificación obligatoria por parte del Juez de la causa: 1) la competencia y jurisdicción del tribunal; 2) la legitimación de las partes y; 3) la pretensión jurídicamente atendible, La verificación oportuna de estos presupuestos procesales de admisibilidad permite vigilar no solo la idoneidad de la relación procesal, evitando la anormal sustanciación y duración de procesos que resultan afectados de invalidez, por lo que cuando se aprecie la falta de un presupuesto procesal, el Juez de la causa está obligado a dictar resolución de rechazo de la demanda de oficio, reiteramos con el fin de evitar un proceso y en su caso una Sentencia inútil e ineficaz.

La Sentencia Constitucional 1587/2011-R de 11 de octubre al referirse a la legitimación dijo: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”, por lo que la legitimación resulta ser un presupuesto que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, lo contrario torna inadmisible la demanda.

En este antecedente este Tribunal Supremo de Justicia citando a manera de orientación la Jurisprudencia Venezolana, a través del Auto Supremo Nº 153/2013 al respecto razono lo siguiente: “tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho,  entendiendo que la improponibilidad puede presentarse como: 1) Improponibilidad Objetiva: Cuyo radio de evaluación analiza los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho.  Se trata de los que se pretende, no puede ser juzgado absolutamente, alguna veces a esto le llaman rechazo in limine de la demanda o improponibilidad manifiesta de la pretensión, y 2) Improponibilidad Subjetiva: que analiza en las condiciones subjetivas, personales necesarias para interponer la pretensión, estamos en el caso específico de la falta de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión”.

En este entendido, nos interesa para el caso presente referirnos a la improponibilidad subjetiva que, como se tiene señalado en el Auto Supremo  antes citado, se centra en el juicio que hace el Juez antes de admitir la demanda, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer su demanda, que en el caso de Autos, es sobre nulidad de declaratoria  de herederos, por lo que correspondía al Juez analizar si el actor contaba con la debida legitimidad que hace a la proponibilidad subjetiva de su pretensión; para explicar esta situación conviene traer a colación lo considerado en el Auto Supremo Nº 516/2014 que señaló: “…el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él. Así, si el Estado reconoce a los ciudadanos un derecho subjetivo de libre disponibilidad, es evidente que sólo al titular de ese  derecho subjetivo le compete discernir y decidir si desea instar la tutela jurisdiccional de tal derecho dando inicio a un proceso; definir el contenido y alcance de la tutela que solicita y;  disponer del derecho poniendo fin al  proceso

Dentro del contexto legal señalado, es claro advertir que en el caso presente, el actor no cuenta con derecho subjetivo alguno que lo habilite para demandar en el presente proceso, por lo que no tiene la suficiente legitimación activa para pretender la nulidad de la declaratoria de herederos de Teodolinda Hilda Soto de la Via (+) causante de los demandados, ya que en la interposición de su demanda el mismo refiere no ser pariente de las dueñas del bien inmueble Carmen y Elena de la Via Martínez en el que Vivian junto a su hermana y madre quien habría prestado sus servicios a las dueñas del inmueble toda su vida, denotando no tener ningún derecho subjetivo sucesorio que pueda legitimarlo a interponer la demanda de nulidad de declaratoria de herederos, situación que el A quo, ha observado en su Sentencia de manera tardía a momento de pronunciarse sobre la excepción perentoria de falta de acción y derecho, cuando debía hacerlo al momento de examinar la demanda y determinar su improponibilidad subjetiva por falta de legitimación en el actor. 

Al respecto el Tribunal de Alzada, considero que “los herederos interferirían con su derecho a la posesión, lo cual evidencia que existiría un interés legítimo  para demandar la nulidad de la declaratoria de herederos…”, resulta un análisis equivocado por cuanto el demandante no está comprendido en vínculo sucesorio alguno con las causantes del bien inmueble que poseería, por dicho motivo no tiene ninguna posibilidad de adquirir a titulo sucesorio los bienes dejados por las de cujus, consiguientemente no tienen un interés legítimo para pretender  la nulidad  que demanda.

Debe precisarse que el interés legítimo para que un tercero demande la nulidad  de un acto jurídico, se refiere a la existencia de un derecho subjetivo, cuyos efectos dependen del acto jurídico que se pretende invalidar, es decir, el interés legítimo del actor debe estar ligado a la ineficacia que busca con su acción, ya que el interés propio está en el derecho subjetivo que pretende hacer valer por efecto de la invalidez que se acciona.

En el caso de Autos la parte actora pretende justificar ese interés legitimo argumentando estar en posesión del inmueble de las causantes, empero la posesión alegada no tiene ninguna vinculación directa con la declaratoria de herederos cuya invalidez se pretende no tiene ninguna vinculación directa con esa declaratoria de herederos, porque la misma posesión tiene mecanismos jurisdiccionales propios para su reconocimiento y protección que en nada dependen de la validez o invalidez de la declaración de herederos y que puedan hacerse valer aun frente a los herederos de las de cujus, sin importar quienes sean estos, en otras palabras la posesión que dice tener el actor no se encuentra vinculada con los efectos de la declaratoria de herederos cuya nulidad se demanda, razón por la que la parte actora no tiene acreditado su interés legítimo, consiguientemente uno de los presupuestos procesales como es la legitimación activa, se encuentra ausente en el presente proceso.

En estos antecedentes se concluye que el Juez estaba obligado a realizar un análisis de proponibilidad de la demanda en relación a los presupuestos procesales, evidenciándose la ausencia del presupuesto procesal de legitimación para interponer la demanda de nulidad de declaratoria de herederos, resultando esta inobservancia como vicio de procedimiento más antiguo, en este caso, cómo se fundamentó supra, por la improponibilidad subjetiva de la pretensión, que no permitió que el proceso se inicie válidamente, resultando afectada la relación procesal y obstaculizando el examen de fondo en el caso sometido a juicio.

Por todo lo manifestado, y ante la evidencia de errores in procedendo, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 106 del Código  Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del  art. 106 del Código Procesal Civil ANULA todo el proceso, en vista de que el demandante Juan Carlos Castillo Antezana, no tiene legitimación para interponer la demanda de nulidad de declaratoria de herederos, resultando en consecuencia la demanda subjetivamente improponible conforme se tiene expuesto.

Sin responsabilidad, por ser excusable el error incurrido por los de instancia.

En atención a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo