TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                 S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 690/2014

Sucre: 24 de noviembre 2014

Expediente: CH-58-14-S

Partes: Agustina Cardozo Cruz y Otros. c/ Aurelio Espino Bejarano y Alicia

            Bautista de Espino.

Proceso: Reivindicación y Mejor Derecho Propietario.

Distrito: Chuquisaca.

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 713 a 717 vta., de obrados, interpuesto por ALICIA BAUTISTA Vda. de ESPINO contra el Auto de Vista Nº SCCFII-160/2014 de 17 de julio de 2014, cursante de fs. 705 a 706, pronunciado por la Sala Civil y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de Reivindicación y Mejor Derecho Propietario, seguido por Agustina Cardozo Cruz y Otros contra Aurelio Espino Bejarano y Alicia Bautista de Espino, concesión de fs. 731, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital - Sucre, mediante Sentencia Nº 01/2014 de 06 de enero de 2014, declaró PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 42-44 únicamente en cuanto a la reivindicación demandada, disponiendo que los demandados restituyan  el inmueble objeto de la litis  a los demandantes en el plazo  de treinta días de ejecutoriada la presente sentencia bajo conminatoria de desapoderamiento e improbada la demanda en cuanto al mejor derecho propietario, consecuentemente no haber lugar  a declarase el mejor derecho propietario  de los demandantes en relación a los demandados respecto al inmueble objeto de la litis, IMPROBADA las demandas reconvencionales  de acción negatoria y mejor derecho propietario de fs. 85-90, 98-100, 150-153 y 320-323 de obrados, consecuentemente no haber lugar a declararse la inexistencia de derechos a favor de los demandantes respecto al inmueble objeto del litigio ni a disponerse el cese de molestias o perturbaciones, como tampoco a declararse el mejor derecho propietario reconvenido, e IMPROBADAS  las excepciones perentorias de falta de acción  y derecho deducidas por ambas partes.


Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº SCCFII-160/2014 de 17 de julio de 2014, confirmo la Sentencia de 01/2014 de 06 de enero de 2014.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Que al declararse probada en parte en cuanto a la reivindicación demandada, se habría desconocido que  dicho lote de terreno  se lo habría adquirido de un propietario (Jamil Rodolfo Velásquez Quispe)  que ostenta su título de propiedad y estaría inscrito en derechos reales, y que se trataría del mismo terreno que ahora es objeto de la presente demanda, toda vez que Carmen Cabezas Vargas Vda. de Quispe  habría transferido a los señores  Tomasa Cruz de Cardozo y esposo una superficie de 7.000.- m2 y posteriormente otra porción  de su terreno de 7.062.- m2 a  su hija Dionicia Quispe a nombre de su hijo Jamil Rodolfo Velásquez Quispe, quien les habría transferido a los demandados, por lo que su terreno se hallaría dentro el terreno de los demandantes.


2.- Que debería haberse tramitado previo cualquier pretensión de recuperar un terreno que no sería de sus propiedad una demanda de deslinde o un acuerdo voluntario entre partes de deslinde, en este entendido no se encontraría claramente establecido como bien mencionan los peritos que remitieron el informe al A quo, por lo que  en el caso presente los demandantes no especificarían el lugar exacto de su terreno que la anterior propietaria lo habría adquirido por prescripción adquisitiva.


Por lo manifestado precedentemente  solicita  que se valore la prueba integralmente y se declare IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario e IMPROBADA la reivindicación y en definitiva se reconozca su derecho propietario.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión y de verificar la existencia de vicios de procedimiento o de haberse generado indefensión, esto en aplicación del principio de eficacia y verdad material, contenido en el art. 180.I de la Constitución Política el Estado que deben contener las resoluciones judiciales, consiguientemente corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien.

Este Nuevo modelo Social Constitucional del Estado rompe con el anterior modelo de Estado liberal cuya característica es el individualismo, que se resume en la defensa a ultranza de los derechos individuales, ya que en ese Estado liberal se consideraba al particular como protagonista central de la dinámica de un Estado en sus diferentes funciones, por otra parte el Estado Social que actualmente rige, pregona la protección de derechos fundamentales de las personas en relación al bienestar social, dejando de tener una visión individualista, construyendo una visión social de impartir justicia de modo que se garanticen los derechos fundamentales de todos los individuos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, esta construcción de un Estado social, centra su atención en la población como elemento principal de su organización y no en el individuo, y se refleja en el sistema de derecho que rige actualmente.

El proceso tiene una doble finalidad, una privada donde el proceso sirve al individuo para satisfacer sus aspiraciones respecto a su pretensión, y otra publica donde por el interés de la colectividad se busca el afianzamiento de la armonía social a través de una resolución justa y eficaz, en este entendido resulta importante señalar que actualmente el proceso responde a una concepción social y ya no liberal, es decir que se da una inversión en la prevalencia de la doble función del proceso, pues si en el Estado liberal de derecho el interés privado primaba sobre el público, en este nuevo estado social constitucional de derecho el interés público prima por sobre el interés privado, por lo que hoy pesa más el interés colectivo que permita instaurar la armonía social a través de la averiguación de la verdad material de los hechos para solucionar los conflictos de partes, y así restablecer el orden vulnerado, toda vez que cuando la función privada del proceso primaba, por lo general el resultado satisfacía solo la verdad formal de una de las partes, convirtiendo al Juez o Tribunal en un mero espectador, que debía darle la razón al que tenga más medios para generar la prueba que le convenga, reiteramos, conforme a la verdad formal de una de las partes.

Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al  Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En esta lógica, la nueva forma de impartir justicia que nace a partir de nuestra norma fundamental, como se fundamentó supra el proceso reviste dos finalidades que son: 1) porque es a través de él que las partes resolverán sus controversias jurídica y; 2) esencialmente publica, porque a través de él, el estado cumplirá una de sus funciones esenciales como es la jurisdiccional, vale decir la función de impartir justicia, esta segunda finalidad que prevalece sobre la primera, resulta de escencial comprensión, porque solo así se entenderá la esencia de los principios de eficacia, eficiencia y verdad material entre otros. Al Estado le incumbe cumplir  la función de impartir justicia y por mandato constitucional dicho cumplimiento debe propender a lograr la armonía social, que será posible si la solución de las controversias se sustentan sobre la verdad material y real de los hechos que se juzgan y no sobre la verdad formal que intencionalmente presentan las partes, situación que debe ser tomada en cuanta por la jurisdicción ordinaria civil en procura de emitir resoluciones eficaces.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

En este sentido acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla  la verdad material realizando un análisis,  minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”, en este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, entre los cuales asume importancia escencial la comprobación de la verdad real de los hechos y para lograr esa verdad el Juez por el principio de Verdad Material consagrado en el art. 180 parágrafo I de la CPE, está revestido para hacer uso de las facultades necesarias para acceder a los medios de convicción idóneos en la verificación de los hechos afirmados por las partes, esto en función al principio de equidad (art. 180 parágrafo I de la CPE), asumiendo un rol de director activo dentro el proceso, sin que por ello se pueda ver afectada su imparcialidad e independencia.

En todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

Realizado ese análisis, en el caso de Autos de la revisión de antecedentes del proceso en cuestión, se tiene que la controversia se suscita por la presunta existencia de derecho propietario por parte de ambas partes sobre un mismo bien inmueble, alegando los demandantes que el bien inmueble objeto de la litis de 250 m2, se encontraría dentro su propiedad de 7.000 m2, y los demandados apoyados en el título de su vendedor y garante de evicción, manifiestan que el  inmueble estaría fuera de la propiedad de los demandantes, en consecuencia ambas partes basan su demanda en la aplicación del art. 1545 del Código Civil, y otras acciones de defensa del derecho propietario, en este sentido el reclamo de ambas partes es sobre un lote de terreno situado en el barrio los Pinos, Zona Tucsupaya Alta de la ciudad de Sucre, en ese antecedente se tiene que en la etapa probatoria, la Juez A quo admite las pruebas donde ambas partes presentan sus títulos, cursantes de fs. 1 a 3 vta., en el caso de los demandantes y de fs. 65 a 74 en el caso de los demandados y garante de evicción, títulos que son imprecisos en cuanto a sus colindancias y dimensiones, por lo que después del informe pericial de la parte demandante cursante a fs. 396 a 404, la Juez A quo de Oficio ordena la realización de estudios periciales y evacuación de informes por parte del Gobierno municipal de Sucre, sobre la correcta ubicación del lote de terreno de 7.000 m2,  de la parte demandante como cursa en fs. 436 a 443, 478 a 486, 567 a 569, 593, 612 a 614 y 630 a 632, llegando a la conclusión en base al último informe pericial, de que el inmueble objeto del litigio de 250m2, se encuentra dentro la propiedad de los demandantes por lo que declaro probada la reivindicación en favor de estos.

Ahora bien, del proceder de la Juez A quo se puede observar que durante la sustanciación del proceso, esta se limitó solo a determinar la ubicación de los 7.000 m2, de los demandantes a través de los estudios periciales antes citados, no evidenciándose en obrados que actuando en equidad y en resguardo del principio de verdad material, la misma haya ordenado un estudio pericial respecto a la ubicación de los 4.462.88 m2, de propiedad del garante de evicción quien junto a los demandados reconvinieron el mejor derecho propietario, y determinar la verdad real de los hechos, ya que el hecho de tener información que proporcionó la prueba de oficio sobre la colindancias y dimensiones basada solo en el titulo de los demandantes, tiene por defecto una resolución ineficaz, por cuanto no se tomó en cuenta que existe otro título que establece una superficie de 4.462,88 m2, sobre el que estaría los 250 m2 en cuestión, por lo que corresponde que la Juez A quo determine la ubicación exacta de este inmueble para determinar en estricta sujeción a la verdad, si los 250 m2 en disputa se encuentran dentro la propiedad de los demandantes o dentro la propiedad del garante de evicción o en su caso si existe sobre posición entre ambos terrenos y determinar el mejor derecho propietario que no siempre debe tener un antecedente común, pues analizar prueba de oficio solo sobre la ubicación y colindancias de una de las partes, en este caso de los demandantes, resulta parcial en cuanto a la verdad real de los hechos que hacen al conflicto, situación que va en desmedro de la parte demandada, y que generaría estado de indefensión, ya que dicho proceder va contra el principio Constitucional de VERDAD MATERIAL que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; y los principios procesales de EFICACIA que Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia; IGUALDAD DE LAS PARTES ANTE EL JUEZ que Propicia que las partes en un proceso, gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio de una con relación a la otra.

Bajo este análisis, se encuentran infracciones cometidas por los jueces de instancia a los principios constitucionales y procesales, ya que no resulta correcto el proceder de los de instancia, toda vez que debieron tomar en cuenta que la parte demandada alega derecho propietario sobre el bien objeto de la litis a través del título de su garante de evicción, registrado en derechos reales y que resultaría colindante al de los demandantes, por lo que también corresponde ordenar la producción de prueba pericial de oficio que determine la ubicación de la propiedad del garante de evicción, para contrastar dichos estudios y determinar si existe sobre posición o no, en uso correcto del principio constitucional de verdad material y  los principios procesales de equidad, armonía social, seguridad Jurídica, eficacia e igualdad de las partes ante el Juez, establecidos en los arts. 180-I y 178-I de a CPE y el art. 30 de la ley 025 del Órgano Judicial.

Ello en sujeción al principio de independencia que le da al Juez un amplio margen para la dirección del proceso, especialmente en lo que hace a la evaluación pertinencia o necesidad de una prueba, adoptando las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, para llegar a decisiones de fondo integrales pues si la prueba que posee es insuficiente, inadecuada, o abiertamente falsa su resolución resulta ineficaz, por lo que corresponde reorientar el proceso de manera favorable, en resguardo y respeto del principio de verdad material y derechos constitucionales, encomendando a la Juez A quo la averiguación de la verdad real de los hechos, que sólo será posible si se garantiza la producción de prueba de oficio de manera equitativa, responsable, imparcial e integral en cumplimiento de los fines esenciales del Estado al que representa en su envestidura de Juez ordinario.

Dentro de esta perspectiva siendo deber del Estado buscar la verdad en el proceso civil, para cuya finalidad resulta válida la incorporación en equidad de prueba pericial de oficio que en el caso presente determinen la ubicación exacta del  garante de evicción para que en relación a los estudios periciales sobre la ubicación del terreno de los demandantes, se determine la situación de los 250 m2, en litigio, toda vez que los principios constitucionales son de aplicación obligatoria y más si como en el caso de la verdad material direccionan al cumplimiento de fines del estado, concluiremos que el proceder asumido por los jueces de instancia, vulneró la correcta aplicación de este principio y en consecuencia los principios procesales, al no realizar un análisis integral y conjunto de los mismos en relación al principio de verdad material, para llegar a la verdad real de los hechos que proporcione una decisión justa y eficaz.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los artículos 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los Arts. 271 num. 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 646 vta., inclusive, y dispone que la Juez A quo, en virtud al principio de verdad material consagrado en el art. 180-I de la CPE, de oficio ordene la producción de prueba pericial para determinar la ubicación del bien inmueble del garante de evicción, conforme se analiza en el presente Auto Supremo.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo