TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 668/2014

Sucre:11 denoviembre 2014

Expediente:CB-89-14-S

Partes: Rubén Omar Barrientos Camacho c/ Corporación de Seguro Social

Militar,Guido Grover Soria Galvarro Toledo, Víctor Antonio Pérez

Camacho yShirley Patricia Canedo Orellana.

Proceso:Nulidad de documentos, acción negatoria y reconocimiento de mejor

derecho propietario.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por los demandados Guido Grover Soria Galvarro Toledo de fs. 579 a 584 y vta.; Shirley Patricia Canedo Orellana de fs. 589 a 591 y Hernán Ríos Pérez apoderado de los herederos de Víctor Antonio Pérez Camacho de fs. 594 a 597 y vta., contra el Auto de Vista Nº 51 de 07 de marzo de 2014,pronunciado por la Sala Civil Primera delTribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de nulidad de documentos, acción negatoria y reconocimiento de mejor derecho propietario,seguido por Rubén Omar Barrientos Camacho contra la Corporación del Seguro Social Militar, Guido Grover Soria Galvarro Toledo, Víctor Antonio Pérez Camacho y Shirley Patricia Canedo Orellana, la respuesta de fs. 603 y vta., 607 a 617 y 620 a 624 y vta. Auto de concesión de fs. 627; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº 42 de16 de abril de 2009 (fs. 440 a 448 y vta.), declarando probada la demanda e improbadas las excepciones perentorias opuestas contra ellas, sin costas por ser juicio doble.

Deducida y concedida la apelación por dos demandados, rechazada la apelación interpuesta por Shirley Patricia Canedo Orellana, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista Nº 51 de 07 de marzo del 2014 (fs. 566 a 575), confirmó los autos de fecha 07 de febrero y 22 de diciembre de 2007 y la Sentencia, Resolución que fue recurrida de casación por por los demandados Guido Grover Soria Galvarro Toledo de fs. 579 a 584 y vta.; Shirley Patricia Canedo Orellana de fs. 589 a 591 y Hernán Ríos Pérez apoderado de los herederos de Víctor Antonio Pérez Camacho de fs. 594 a 597 y vta., y que es motivo de autos.


CONSIDERANDO:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación interpuesto por Guido Grover Soria Galvarro Toledo

Sin realizar diferencia alguna si deduce recurso de casación en la forma o recurso de casación en el fondo, el recurrente alega los siguientes agravios.

1.- Que el demandante antes de agotar la vía de impugnación dentro del proceso coactivo fiscal, -al encontrarse pendiente el rechazo de su oposición al desapoderamiento sobre el inmueble objeto de Litis- inicio el presente proceso, incurriendo en flagrante Litis pendencia sobreviniente al tramitar dos procesos en forma simultánea, actos ilegales e indebidos cometidos por el Juez de la causa y consentidos por el Tribunal de Alzada, vulnerando los arts. 355, 356, 360 y 253 inc. 1), 2) y 3) en relación al art. 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en las causales previstas por el art. 253-1), 2) y 3) del Adjetivo Civil.

2.- Que el actor a tiempo de interponer la demanda de nulidad se limitó a invocar como causales de nulidad losnumerales 1), 3) y 5) previstos por el art. 549 del Código Civil, sin precisar en qué consistirían y como se habrían producido dichos vicios en las escrituras públicas, incumpliendo lo dispuesto por los art. 327-6) y 9) del Adjetivo Civil, motivo por el que debió rechazarse la demanda, cuya inobservancia importa un incumplimiento del art. 333 con relación al art. 90 y 91  del Procedimiento Civil.

3.- Que el Juez de la causa a tiempo de dictar Sentencia, analizó y valoró la pruebapresentada antes de la notificación con el Auto de relación procesal, es decir fuera del plazo previsto por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil,irregularidaddenunciada en el recurso de apelación a efectos de que el Tribunal Ad quem vía saneamiento procesal anule el proceso conforme la Disposición Especial Segunda de la Ley 1760,en cumplimiento al deber impuesto a los jueces por el art. 3 inc. 1 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la defensa.

4.-Acusa a la resolución de primera instancia de ultrapetita, debido a que el Juez arbitrariamente declaró la nulidad de los actos y no la nulidad de las escrituras públicas demandadas por el actor, vulnerando el principio de congruencia que debe contener toda resolución.

5.- Así mismo acusa de falta de fundamentación de hecho y de derecho debido a que el Juez A quo no argumentó de qué forma estarían viciados las escrituras públicas demandadas de nulas por el actor, limitándose a señalar los incisos 1), 3) y 5) del art. 549 del Código de Procedimiento Civil como causales de la supuesta nulidad, vulnerando el deber de fundamentación previsto por los arts. 190 y 192 inc. 2) y 3) con relación al 90 y 92 del Adjetivo Civil, más aun si no existe prueba que demuestre la nulidades alegadas por el actor, por cuanto los contratos acusado de nulos cumplen con los requisitos previstos por los arts. 450, 452 y 454-II del Código Civil que tienen eficacia probatoria reconocida por los arts. 1289-I y 1538 del mismo compilado de leyes.

6.- Que la co demandada Shirley Patricia Canedo, adjunto en calidad de prueba el proceso Coactivo Civil instaurado por Víctor Antonio Pérez Camacho contra Guido Grover Soria, proceso en el cualel Dr. Javier Celis Ortuño, en su calidad de Juez de Partido en lo Civil de ese entontes,  (relator en el actual proceso),emitió criterio en el fondo de la causa,motivo por el cual dicha autoridad judicialse encontraría comprendida dentro de las causales de recusación previstas por el art. 347-8) del Código Procesal Civil al pronunciar el Auto de Vista impugnado, vulnerando de esta forma el debido proceso y seguridad jurídica consagrados por los arts. 23-I, 115-II y 117-I de la CPE, aplicables por imposición del art. 410 de la Constitución Política del Estado que ameritan la nulidad conforme prevé el art. 122 de la misma norma fundamental.

7.- Que el Juez A quo no valoró la prueba de descargo, tendiente a acreditar que aperó en su favor la usucapión quinquenal prevista por el art. 134 del Código Civil, por cuanto desde la inscripción de su derecho propietario en Derechos Reales (febrero de2000) al momento de la interposición de la presente demandada (octubre de 2005), transcurrieron más de los 5 años requeridos por la norma referida.

8.- Que el Auto de Vista pese a reconocer la existencia de actos u omisiones indebidas, injustas e ilegales tanto de forma como de fondo del proceso, confirmó la Sentencia, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 120 y 123 de la C.P.E., 15 de la Ley de Organización Judicial, así como la disposición especial segunda de la Ley 1760, vulnerando la seguridad jurídica en su vertiente al derecho a la defensa, debido proceso y otros consagrados en los arts. 115, 117 de la C.P.E.

9.-Que el argumento referido a que los herederos de Víctor Antonio Pérez como su persona no tendrían derecho para interponer las excepciones perentorias y previas contra la demanda no tiene razón de ser, pues si no cuentan con ese derecho tampoco deberían ser demandados, debiendo en todo caso dirigirse la acción contra la última propietaria Shirley Patricia Canedo Orellana y no incluir a otras personas atribuyéndoles la obligación de impugnar las resoluciones y por otro lado negarles su derecho de defensa con el argumento de haber convalidado estos actos irregulares.

Concluye solicitando casar o alternativamente anular el Auto de Vista recurrido en aplicación al art. 271 inc. 3) y 4) en relación al 274 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de casación interpuesto por Shirley Patricia Canedo Orellana

En el fondo:

Acusa que el Auto de Vista, contiene error in iudicando o de hecho comprendido en el numeral 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, debido a que su derecho propietario deviene de una adjudicación vía remate a emergencia del proceso coactivo fiscal seguido por Grover Guido Soria Galvarro Toledo contra Víctor Antonio Pérez Camacho (+), venta judicial que al contar con todas las solemnidades previstas por ley, se constituye en una venta perfecta. En ese entendido el actor no solo debió demandar la nulidad de la constitución de garantía del inmueble, sino también la nulidad del proceso ejecutivo que dio lugar a la adjudicación del inmueble, por cuanto al constituirse el bien inmueble en garantía del cumplimiento de la obligación pecuniaria, el mismo paso a ser parte principal del proceso a fines de satisfacción de la deuda.

Solicitando se case el Auto de Vista recurrido manteniendo subsistentes las escrituras públicas Nº 1091, así como la venta judicial contenida en la escritura pública Nº 561.

Recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Pérez Fuentes heredero de Víctor Antonio Pérez Camacho.

Forma:

1.-Acusa al Auto de Visita de haber incurrido en la causal prevista por el art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil, debido a la falta de notificación con la providencia de 08 de mayo de 2006, por la que se aceptó su apersonamiento en el proceso,  falta de notificación que constaría en la papeleta de notificación de fs. 173.

2.- Que tampoco fue notificado con la providencia de 7 de febrero de 2007, privándole del derecho a la defensa y sobre todo el derecho de impugnar del que gozan las partes, que acarrea su indefensión.

3.-De igual forma acusa falta de notificación con el Auto de relación procesal, por cuanto la notificación practicada a fs. 202 vta corresponde a una persona fallecida incumpliendo lo previsto por los arts. 121 y 137 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, a más de que ante el fallecimiento del co demandado Victora Antonio Pérez Camachoacreditada por la documental de fs. 167 a 171, el Juez de la causa en cumplimiento al deber impuesto por el art. 3 inc. 1 del CPC debió suspender la tramitación de la causa de conformidad al art. 55 de la misma norma legal.

3 (bis).-Acusa falta de notificación al co heredero Víctor Hugo Pérez Fuentes con los decretos de fecha 5 de abril de 2007, auto de apertura de plazo probatorio y auto de 27 de marzo de 2007.

4.- Que los nombres de los herederos de Víctor Antonio Pérez Camacho fueron omitidos en los edictos publicados, cuando los mismos eran de conocimiento del juzgador en merito a la declaratoria de herederos acompañada de fs. 167 a 171 de obrados.

5.-Que las irregularidades descritas fueron denunciadas en el recurso de apelación deducida contra la Sentencia que no fueron consideradas por el Tribunal Ad quem bajo el argumento del carácter restrictivo del que gozarían las nulidades, así como el principio de conservación de los actos procesales, vulnerando lo dispuesto por los arts. 115-II y 119 I-II del a CPE, así como los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial y art. 16 parágrafo I y 17 de la Ley del Órgano judicial, también el derecho a la defensa y al debido proceso, normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, constándose de esta forma la infracción del art. 51 del Código de Procedimiento Civil e incurriendo en la causal de casación prevista por el art. 254 inc. 7 del mismo ordenamiento jurídico.

En el fondo:

1.- Que conforme a su apelación de fs. 466 solicito la revocatoria de la Sentencia en base a los siguientes argumentos: que por memorial de fs. 49-50 el que en vida fue Víctor Antonio Pérez Camacho, a tiempo de responder a la demanda, opuso las excepciones perentorias de cosa juzgada, prescripción, caducidad, falta de acción y derecho, improcedencia e ilegalidad. Para luego proceder a la transcripción parcial del punto uno de su recurso de apelación contra la Sentencia (fs. 467 vta.) que refiere que el co-heredero Víctor Hugo Pérez Fuentes se adhirió a la prueba presentada por los co-demandados, prueba que al no haber sido correctamente valorada, se procedió a la anulación de la constitución de garantía hipotecaria con tenida en la escritura pública Nº 1091, disponiendo su cancelación.

2.-Alega que el Juez A quo procedió a anular la escritura pública Nº 561 de 19 de mayo de 2005, sin que se haya demandado la nulidad o revisión del proceso ejecutivo, para luego al igual que el punto anterior proceder a la transcripción parcial de punto 2 de su recurso de apelación, en el que acusó que el Juez de la causa ilegalmente procedió a anular una escritura pública de préstamo de dinero que se  constituyó en forma legal, licita y sobre un objeto determinado.

3.- Que en apelación se denunció que el demandante no ordinarizó el  proceso ejecutivo dentro del plazo previsto por el art. 490 de la Ley 1760, adquiriendo la calidad de cosa juzgada, motivo por el cual debió declararse probada la excepción perentoria de cosa juzgada y caducidad deducida a tiempo de responder a la demandada, que fue probada a través de la prueba de fs. 25 y 403 a la que se adhirió, incurriendo en error de hecho y aplicación indebida del art. 340-II del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en las causales previstas por los incs. 1) y 3) del art. 253 del Código Adjetivo.

Acusa de igual forma que el Tribunal de Alzada hubiera argumentado que el recurrente carece de interés jurídico para reclamar respecto a la nulidad de la venta judicial que se constituiría en una venta perfecta, afirmación que no es evidente debido a que su causante tenía la calidad de demandante en aquel proceso, vulnerando de esta forma los arts. 219 y 222 del Código de Procedimiento Civil.

Para finalmente solicitar se anule el proceso o en su caso se case el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación deducido por Guido Grover Soria Galvarro Toledo:

Del memorial del recurso de casación, se advierte que el recurrente no hace distinción si interpone el mismo en la forma o en el fondo, deduciendo sus agravios en 9 puntos, sin embargo y pese a esta deficiencia recursiva, éste Tribunal previa distinción de los mismos, previamente resolverá los agravios deducidos que hacen a la forma del recurso de casación:

Conforme la regla establecida en el art. 258-3) del Código de Procedimiento Civil, no es permitido alegar nuevas causales de nulidad por contravenciones que no se hubieran reclamado en los Tribunales inferiores, en ese contexto, los reclamos contenidos en los puntos 1, 2, 4 y 9 referidos a la existencia de litispendencia sobreviniente por haberse interpuesto el proceso antes de agotar la vía de impugnación en el proceso coactivo civil, sobre la imprecisión y cómo se habrían producido las causales de nulidad en los contratos, que la Sentencia esultrapetita porque el Juez declaró la nulidad de actos y no la nulidad de las escrituras públicas como se pretendió, y que se argumenta que los herederos de Víctor Antonio Pérez  y su persona no tendrían derecho de interponer excepciones, son infracciones que no fueron deducidas en el recurso de apelación, por lo que conforme la norma precitada, este Tribunal de casación se inhibe de realizar análisis al respecto.

Respecto a que el Juez de la causa analizó y valoró prueba presentada antes de la notificación con el Auto de relación procesal, es decir fuera del plazo previsto por el art. 379 del Código de Procedimiento Civil. Al particular se debe explicar que  conforme señala el artículo citado que “Las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro los cinco días primeros de la notificación con el Auto que fijare los hechos a demostrarse”, de lo que se infiere que el término establecido de cinco días no es un término común a las partes sino que es individual, que corre para cada uno de ellos desde su notificación con el Auto que fija los puntos de hecho a probar, interpretación asistida por abundante jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia como por este Tribunal Supremo de Justicia, por Autos Supremos 76/2013 y 336/2013 entre otros, en ese entendido el actor fue notificado en fecha 23 de marzo de 2007 con el Auto de 16 de marzo de 2007, habiendo propuesto y ratificado útilmente su prueba el 27 de marzo de 2007, dentro el plazo establecido por el aludido art. 379 del Procedimiento Civil, razón por la cual su proposición probatoria fue aceptada por el Juez de instancia, si bien se modificó los puntos de hecho a probar respecto a la probanza de excepciones, lo que no significa que se haya vertido un nuevo Auto, que dé lugar al establecimiento de nuevo plazo, por cuanto la objeción de los puntos de hecho a probar se sitúa en lo que concierne a cada parte, y así lo hizo el recurrente, en tal caso la modificación de algún hecho a probar respeto a otra parte, no afectaba el cómputo de plazo al actor para proponer prueba, por lo que la interposición estuvo enmarcada en norma, además, conforme lo refleja perfectamente el Ad quem, si el acto procesal observado le causaba agravio, el recurrente debió impugnar oportunamente esa situación, al no hacerlo consintió tácitamente su desarrollo siendo impertinente cualquier reclamo al presente.

Con relación a la falta de fundamentación en que hubiera incurrido el Juez A quo en Sentencia, en sentido de no haber señalado cómoestarían viciadas las escrituras públicas demandadas de nulas por el actor, de dicho agravio se tiene que el actor acusa falta de fundamentación en la Sentencia de primera instancia, cuando el recurso de casación se encuentra configurado para invalidar o en su caso rever los Autos de Vista dictados por las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, en los que se hubiera incurrido en errores in procedendo o in judicando, advirtiéndose así mismo que Tribunal de Alzada respondió a dicho agravio deducido por el ahora recurrente contenido en el punto 2 de los fundamentos de su resolución refiriendo: “Que la sentencia funda su decisión en lo determinado por el art. 1545 del CC que establece que si por actos distintos se ha transmitido el derecho propietario sobre un mismo bien inmueble a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título. En ese sentido, siendo el principio de publicidad de los actos que establece el art. 1538 del CC que hace oponible contra terceros el derecho adquirido, el Aquo, al considerar que los registros de los demandados y el actor versan sobre el mismo inmueble y tienen como origen común a COSSMIL, reconoce la propiedad a favor del actor por haberla inscrito con prioridad. Dicho razonamiento no implica una ausencia de valoración de la prueba que emerge de la escritura de adjudicación hecha a favor del demandado GUIDO GROVER SORIA GALVARRO TOLEDO, sino la simple determinación de a quién corresponde la propiedad por su inscripción primigenia, la que desplaza a otros registros, por ser esa la característica de los Derechos Reales”, es decir que el Tribunal Ad quem a tiempo de resolver este agravio no fundó su razonamiento en determinar si las escrituras públicas se encontrarían viciadas de nulidad, sino en la prelación de la inscripción al devenir ambos derechos propietarios de un mismo tronco común. No siendo evidente los agravios denunciados.

En relación a la excusa que debió deducir el vocal Javier R. Celis Ortuño, por haber sido Juez de Partido en la tramitación del proceso coactivo civil, habiendo manifestado criterio previo; se debe indicar que si el recurrente dudaba de la imparcialidad del referido vocal debió haber activado el mecanismo de recusación contra aquel, conforme las reglas y las causas de recusación que describe el art. 353 del Código Procesal Civil, con vigencia anticipada, ya que no resulta viable que se formule acusación en contra de esa autoridad cuando en su oportunidad tenían la facultad de activar el mecanismo para apartar al juzgador por la causal que se indica, porque ese instituto -excusa- se activa por iniciativa autónoma del juzgador y no a requerimiento de las partes contendientes, conforme dispone la regla expresa del art. 348-I del precitado Código, que señala: “La excusa no procede a pedido de parte”, siendo esa acusación insostenible.

En relación a que el Tribunal de Alzada reconoció la existencia de actos y omisiones indebidas, injustas e ilegales tanto como en la forma como de fondo en que incurrió el inferior, se debe indicar que el Tribunal de apelación aclaró taxativamente que todos esos vicios de procedimiento denunciados no fueron reclamados oportunamente mediante los mecanismos de impugnación indicados en ley, habiéndose convalidado esos actos, razonamiento del Ad quem nace de la aplicación del art. 16 de la Ley 025, que establece que las autoridades judiciales deben proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer etapas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, situación que no aconteció en proceso, por lo que no se evidencia infracción alguna en la decisión del Ad quem sobre ese aspecto.

En el fondo:

Con relación al agravio en sentido de que desde la inscripción de su derecho propietario en Derechos Reales a la interposición de la presente demanda hubieratranscurrido más de 5 años, operado la usucapión quinquenal prevista por el art. 134; de la revisión de actuados procesales se tiene que el actor a tiempo de responder a la demanda (109 a 110 vta.) se limitó a negar los fundamentos de la acción principal y oponer excepciones, sin que haya deducido contra la misma demanda reconvencional de usucapión quinquenal, motivo por el que el Juez de la causa no podía valorar prueba conducente a determinar algo que no fue demandado, al margen de que dicho agravio no fue deducido por el recurrente en su apelación, no estando permitido alegar nuevos agravios que no fueron reclamados en los Tribunales inferioresde conforme prevé el art. 258-3) del Código de Procedimiento Civil.

Por los motivos expuestos el recurso de casación interpuesto deviene en infundado.

Recurso de casación interpuesto por Shirley Patricia Canedo Orellana

Que conforme el Auto de fs.550 de fecha 03 de diciembre de 2013, el Juez de la causa concedió los recursos de apelación contra la Sentencia, deducidos únicamente por Guido Grover Soria Galvarro y Víctor Antonio Pérez, no así el recurso de apelación interpuesto por Shirley Patricia Canedo Orellana por su presentación extemporánea, motivo por el cual lógicamente el Tribunal de Alzada omitió considerar y pronunciarse sobre el mismopor carecer de competencia, de ahí que no resulta correcto que este Tribunal de Justicia ingrese a considerar un recurso de casación sobre una apelación que legalmente no existió, aspecto que inhibe a éste Tribunalingresar a considerar el recurso de casación deducido por la recurrente, deviniendo el mismo en manifiestamente improcedente.

Del recurso de casación interpuesto por los herederos de Víctor Antonio Pérez Camacho

En la forma:

De acuerdo a la configuración procesal del recurso de casación en la forma,  regulada por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, el mismo procede por haberse violado las formas esenciales del proceso, estableciendo varios casos de procedencia como el previsto en el numeral 7 que establece: “faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad”.

Ahora bien, la nueva forma de impartir justicia que nace a partir de nuestra norma fundamental, otorga mayor preponderancia a la consideración del derecho sustantivo de los litigantes en relación a la forma de tramitación de la causa, pues, recordemos que el proceso, como el ordinario civil, no es un fin en sí mismo, sino es un medio a través del cual las partes en controversia pretenden el reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo que se pretende a través de la tramitación de una causa es impartir justicia no así la perfección procesal. Así lo entendemos a partir de los principios glosados en el Art. 180-I de la CPE, destacándose entre ellos, los principios de celeridad, eficacia, tutela judicial efectiva y verdad material.

Sin embargo, lo expuesto no implica que no deba tenerse en cuenta el derecho procedimental en la sustanciación de la causa porque constituye el mecanismo legal que brinda seguridad jurídica a las partes que desde el primer momento saben cuál la hermenéutica jurídica en base a la que se resolverán los hechos controvertidos. Por ello, cuando se acusa la existencia de errores “in procedendo” en el trámite de la causa habrá que tener en cuenta la magnitud del mismo y su incidencia en la resolución del conflicto, lo que implica la concurrencia de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación. Condiciones sin la cuales no se puede determinar la nulidad en el espectro del art. 17 de la L.O.J.

En este recurso de forma en examen (contenidos en los 6 puntos de su recurso), el recurrente acusa la falta de notificación con la providencia de 08 de mayo de 2006; de 07 de febrero del 2007; con el Auto de relación procesal, cuya irregular notificación correspondería no solo a una persona fallecida, que debió ocasionar la suspensión de la tramitación de la causa; así como la falta de notificación al co-heredero Víctor Hugo Pérez fuentes con el decreto de 05 de abril de 2007, Auto de apertura del plazo probatorio y auto de 27 de marzo de 2007; la falta de inclusión de los nombres de los herederos de Víctor Antonio Pérez Camacho en los edictos; irregularidades que hubieran sido denunciadas en apelación por el ahora recurrente, sin embargo, de la revisión de actuados procesales se advierte que el recurrente no reclamó dichas irregularidades procesales, motivo por el cual opero el principio de preclusión, que según el tratadista Eduardo Couture en su Libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: "El principio de Preclusión está representado a que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados" consecuentemente habiendo convalidado dicha situación "que resulta normalmente de tres situaciones, a) por no haber observado el orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto, b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente esa facultad (consumación propiamente dicha)". Que también está íntimamente ligado a lo que es el principio de convalidación, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva, pues si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica, es decir, que por regla los Tribunales deben conservar los actos procesales procediendo a la anulación solo cuando dicho vicio procesal afecte al debido proceso y el derecho a la defensa reclamados en el plazo oportuno reconocido por ley a los litigantes, de lo contrario quedará cubierta por el consentimiento tácito de las partes conforme dispone el art. 16-I de la Ley del Órgano Judicial, conforme aconteció en el caso de autos, motivo por el cual este Tribunal considera que no son evidentes las agravios reclamados. 

En el fondo:

En su primer agravio, el recurrente reclama que hubiera solicitado la revocatoria de la Sentencia en sentido de que el causante de sus representados, a tiempo de responder la demanda opuso excepciones perentorias, expresión de supuesto agravio inconcluso, pues el recurrente se limita a señalar este aspecto sin mencionarcual su pretensión o como esta oposición de excepciones le causaría agravio, para luego proceder a la transcripción parcial del punto uno de su recurso de apelación que refiere que la prueba presentada por los otros co-demandados a la que se adhirió fue incorrectamente valorada, omitiendo mencionar a que prueba se refiere, o como la misma fue incorrectamente valorada por el Juez de la causa, incumpliendo de esta forma con la exigencia prevista por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil.

Deficiencia en la que vuelve a incurrir en su segundo agravio, al expresar que el Juez A quo procedió a anular la escritura pública Nº 561 de 19 de mayo de 2005, sin que se haya demandado la nulidad o revisión del proceso ejecutivo, sin embargo conforme correctamente advirtió el Tribunal Ad quem, el actor dentro de la presente causa, a emergencia de aquel proceso coactivo no podía ordinarizar el mismoconforme dispone el art. 490 del CPC., debido esencialmente que no fue parte integrante de dicha causa, limitándose su intervención a la interposición de oposición al mandamiento de desapoderamiento expedido dentro de aquel proceso, aspecto que dista mucho sobre la pretensión del caso de autos, cuya única correspondencia entre ambos procesos radica sobre la titularidad del inmueble reclamado, que según los antecedentes sería el mismo. Del mismo modo, tampoco resulta evidente que se hubiera anulado la escritura pública de préstamo de dinero, debiendo entenderse que lo que se anulo fue la constitución de garantía hipotecaria sobre el inmueble contenida en la escritura pública Nº 1091 de 21 de octubre de 2000, manteniéndose subsistente la acreencia, que podrá en su caso ser reclamada por el acreedor o por sus herederos debido a su deceso, conforme se solicitó en la demanda principal.

Con relación al último agravio aludiendo que debió declararse probada la excepción de cosa juzgada y caducidad debido a que no se ordinarizó el proceso ejecutivo (coactivo civil) que contaría con la calidad de cosa juzgada acreditada por la documental de fs. 25 y 403, incurriendo de esta forma en error de hecho y aplicación indebida del art. 340-II del Código de Procedimiento Civil, se tiene conforme se argumentó en el párrafo anterior, el actor Rubén Omar Barrientos Camacho, no fue parte de aquel proceso en el que se dilucidó sobre la acreencia de préstamo de dinero de $us 5.000 (cinco mil dólares) otorgado por Guido Grover Soria Galvarro Toledo a favor de Víctor Antonio Pérez Camacho, pretensión que no tiene vinculación con la presente causa, excepto por el inmueble dado en garantía en aquel proceso, no siendo evidente que el Tribunal Ad quem haya incurrido en error de hecho o aplicación indebida del art. 340-II del Adjetivo Civil.

Con relación a la falta de legitimidad para reclamar sobre la venta judicial, que se constituiría en una venta perfecta, por una parte es probable que como consecuencia de la nulidad de la venta judicial pudieran derivar efectos negativos en contra del recurrente, empero no es menos evidente que conforme a lo manifestado anteriormente la nulidad dispuesta resulto correcta y emergió de la valoración de la prueba y aplicación de la norma en que se fundó la demanda principal. Por otra parte, se entiende que si bien la venta judicial es perfecta, en sentido de que la misma no puede ser atacada por lesión o vicios ocultos en la cosa, conforme dispone el art. 1481 del Código Civil, lo que de ninguna manera quiere decir que la misma no pueda ser invalidada como sucede en el caso de autos, al advertirse que el inmueble objeto de esa venta judicial correspondía en propiedad a una tercera persona y no a quien fue sujeto pasivo de la ejecución, aspecto que configura causal de nulidad por ausencia de objeto porque al igual que una venta voluntaria el objeto de ese acto jurídico lo constituye la transferencia del derecho de propiedad del titular a favor del adquiriente.

Conforme a los argumentos expuestos, corresponde fallar a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por los arts. 271-1-2, 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 - 1)-2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Guido Grover Soria Galvarro Toledo de fs. 579-584 y vta, del mismo modo declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Shirley Patricia Canedo Orellana de fs. 589 -591 y en virtud del recurso de casación en la forma interpuesto por Hernán Ríos Pérez, se declara IMPROCEDENTE e INFUNDADO respecto al recurso de casación en el fondo,deducidos contra el Auto de Vista Nº 51 de 07 de marzo de 2014. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la parte actora en 1.000 Bs.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo