TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL


Auto Supremo:664/2014

Sucre:06 de noviembre2014         

Expediente:         SC-110-14- S

Partes: Esperanza Tapia Castellón. c/ Andrés Zurita Ayala.

Proceso:Nulidad de escritura de transferencia.

Distrito:Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fondo de fs. 184 a 186, interpuesto por Andrés Zurita Ayala, contra el Auto de Vista de fecha 26 de marzo 2014, cursante a fs. 182 y vta.,  emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad de escritura de transferencia, seguido porEsperanza Tapia Castellón en contra del recurrente; la concesión de fs. 192, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo Segundo de Partido en materia Civil, el 17 de enero de 2012, pronunció Sentencia, por la cual declaró probada la demanda de nulidad invocada por Esperanza Tapia Castellón en lo que corresponde a la nulidad de la escritura de transferencia de fecha 13 de julio de 1979, la nulidad de las escrituras públicas Nº 1358 y 2378 efectuadas ante la notaría de fe pública Nº 13 a cargo de David Paniagua y la nulidad de la matricula Nº 7011060040110.

Contra dicha determinación, el demandado plantea recurso de apelación, el mismo que elevado al Tribunal de Alzada, es confirmado en su totalidad la determinación asumida por el Juez A quo.

Contra el Auto de Vista, que confirma la decisión asumida por el Juez, la parte interesada interpone recurso de casación en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente acusa que el Tribunal Ad quem no revisó el expediente, objetando el argumento del Auto de Vista referente a que la parte apelante debió plantear excepción de falta de capacidad y no directamente en sentencia objetar dicho aspecto, motivo por el cual hace alusión que a fs. 42 se encuentra la excepción extrañada por el Ad quem, la misma que fue resuelta de fs. 52 y 53 declarando improbada, resolución que fue apelada y concedida en el efecto diferido y  ratificada en apelación a la sentencia, la misma que no fue resuelta por el Ad quem.

En otro punto indica que: “se interpretó erróneamente las normas procedimentales porque viola el art. 115 de la Constitución Política del Estado”, al no efectuarse la revisión de oficio referente al art. 549 núm. 3) del Código Civil, toda vez según criterio del recurrente no tienen ninguna relación o mejor dicho no corresponden, porque la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo tiene otra interpretación y es lo que no ha hecho el Tribunal de alzada.

Finalmente, hace referencia a la ilicitud de la causa, la ilicitud del motivo indicando que no son las adecuadas o correctas y los documentos demandados cumplen con los requisitos para la formación del contrato.

Por dicho motivo solicita que se Case la Resolución de instancia y se falle en el fondo de acuerdo a las formalidades de ley.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del recurso de casación, se tiene que de manera reiterada la parte recurrente reclama sobre la legitimación de la parte actora para accionar la presente demanda de nulidad, agravio que no fue atendido por el Tribunal de Alzada quien soslayo considerar dicho aspecto, no obstante a lo indicado, y de acuerdo a los antecedentes cursantes en obrados, se debe considerar lo siguiente:

De manera general se tiene que la nulidad de un contrato puede ser pretendida por las partes del contrato o finalmente por sus causahabientes o herederos, toda vez que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes conforme manda el art. 524 del Código Civil, quienes tienen la legitimación activa para pretender la nulidad del mismo. Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero  que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tiene el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual einmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimaciónactiva, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato.

En el caso presente, Esperanza Tapia Castellón demanda la nulidad de la escritura de transferencia privada de fecha 13 de julio de 1979, suscrita entre Hugo Antelo Zankys y Felipe Canaviri Soliz, la nulidad de las escrituras públicas Nº 1358 de fecha 30 de abril de 1998, suscrita entre Felipe Canaviri Soliz y Carlos Nina Sacari y Nº 2378 de fecha 20 de julio de 1998, suscrita entre Carlos Nina Sacari y Andrés Zurita Ayala; acción que la dirigió en contra del ultimo propietario (Andrés Zurita Ayala) del lote de terreno Nº 38 de una superficie de 583 m2, situado en la U.V. 99 manzana Nº 4, zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La parte actora en la demanda de fs. 5 a 7 argumentó que cuenta con “legítimo derecho propietario sobre el inmueble urbano descrito”, también señalo que es “titular y propietaria del inmueble urbano”, por otro lado señaló que se encuentra en posesión del mismo por más de 14 años, argumentos de la parte actora para tratar de avalar su interés legítimo que en el caso de autos fue aceptado por los Tribunales de instancia, sin mayor análisis ni acreditación

De lo descrito de manera general se debe entender que la presente causa de nulidad fue instaurada por un tercero ajeno a los contratos descritos en la litis, la parte demandante, a más de alegar interés en la causa, debió demostrar ab initio el derecho subjetivo cuya titularidad alegaba y que entre en pugna con los efectos generados por los contratos cuya invalidez pretende, en concreto debió acreditar el pretendido derecho de propiedad que alegaba sobre el inmueble, porque dicha titularidad constituye en la presente causa el derecho subjetivo que entraría en pugna con el derecho del demandado lo que en definitiva constituiría el interés legítimo alegado por la parte actora, aspecto que debió ser exigido a tiempo de admitir la demanda, porque como se indicó, el interés legítimo se constituye en presupuesto de admisibilidad referido precisamente a la legitimación activa que tendría la parte actora; derecho subjetivo que debe ser real y no hipotético y cuya validez y eficacia dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico que se pretende anular, siendo ese el interés legítimo que debió ser analizado por el juez A quo a tiempo de admitir la demanda. Por lo dicho, en el caso presente con la nulidad pretendida la situación jurídica de la parte actora no cambia porque no es titular de ningún derecho subjetivo cuya validez o eficacia dependa de la nulidad pretendida, toda vez que la actora se constituye en detentadora del bien inmueble, del cual no tiene ningún derecho real que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, no cursa en obrados prueba alguna que haga presumir que la actora cuenta con interés legítimo en la presente demanda de nulidad de contratos suscritos por terceros que no tienen ninguna relación con la actora, por lo que se hace evidente que la pretensión deducida por la misma se subsume a lo que en doctrina se conoce como improponibilidad subjetiva la cual fue desarrollada por este Tribunal en los A.S. Nº 153/2013 de 8 de abril 2013, Nº 346/2013 de 15 de julio 2013, entre otros, los cuales de manera general orientan sobre las condiciones subjetivas, necesarias para interponer una demanda o pretensión, las cuales decantan sobre el interés sustancial (legitimación sustancial) en el actor para proponer la pretensión. La posesión en la que dice encontrarse respecto al inmueble de propiedad del demando no configura interés legítimo para pretender la nulidad demandada, toda vez que son otras las pretensiones que puede originarse en la posesión argüida.

Por dicho motivo, y siendo uno de los motivos por los cuales se recurre en casación, se debe concluir que los Tribunales de instancia soslayaron efectuar el análisis correcto sobre el interés legítimo, legitimación de la parte actora, quien solamente hizo alusión al mismo sin que exista la debida comprobación que le habilitaría a demandar la nulidad de los contratos, motivo por el cual resulta evidente que los tribunales de instancia malinterpretaron los alcances del art. 551 del Código Civil.

Bajo esos antecedentes, en definitiva se tiene que los Tribunales de instancia soslayaron efectuar un correcto análisis de lo que se entiende por interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, por dicho motivo corresponde emitir Resolución en sujeción a lo determinado por los arts. 271 núm. 3) y 275 del mismo compilado legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULAobrados hasta fs. 9 inclusive, disponiendo que el A quo a tiempo de providenciar a la demanda de fs. 5 a 7, emita nueva Resolución conforme al presente Auto Supremo.

No se impone multa por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo