TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 656/2014

Sucre: 06  de noviembre 2014

Expediente:LP-99-14-S

Partes:Consuelo Silvia Taborga Montan c/  Fernando Rolando Villamor Lucía,

       Teodocio Germán Villamor Lucía y Elfy Cristina Carrasco de Villamor.

Proceso:Reconocimiento Judicial de Inmueble disolución de contratos,división y

Resarcimiento de Daños.                        

Distrito:La Paz.


VISTOS: El recurso de “casación y nulidad” formulado por Teodocio Germán Villamor Lucíade fs. 1498 a 1501 vlta., contra el Auto de Vista No. 55/2014 de 10 de marzo de 2014 de fs. 1489 a 1491, enmendado por Auto de fs. 1493 de 16 de abril de 2014, pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Reconocimiento Judicial de Inmueble disolución de contratos, división y partición y Resarcimiento de daños, seguido por Consuelo Silvia Taborga Montan contra Fernando Rolando Villamor Lucía, Teodocio Germán Villamor Lucía y Elfy Cristina Carrasco de Villamor, respuesta de fs. 1517 a 1519 vlta.; concesión de fs. 1532, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, pronunció Sentencia No. 274/2008 cursante de fs. 1410 a 1415 vlta, declarando: PROBADA la demanda de fs. 129 a 123 sobre acciones y derechos de la actora, salvando las cargas y gravámenes que soporta el bien en el porcentaje que le corresponde, IMPROBADA la reconvención de fs. 155 a 157 e IMPROBADA las excepciones perentorias de cosa juzgada, transacción y falta de acción y derecho, y como consecuencia se declara común la edificación del inmueble situado en calle N° 17 esquina Av. Mecapaca N° 6301 de la Zona de Obrajes, entre la demandante y los codemandados, y se declara judicialmente ganancial los dos departamentos y dos parqueos de la referida construcción entre Fernando Villamor Lucía y Consuelo Silvia Taborga Montan, con exclusión del terreno sobre el que se ha edificado reconociendo la calidad de propio de Germán Villamor y Fernando Villamor, se disuelve la venta que contiene la Escritura Pública N° 781 de 13 de septiembre de 1991 extendida por el Notario de Fe Pública Félix Mangudo, así como la fusión de paridas según Escritura Pública N°10 de enero de 2000 extendida por la Notaria de Fe Pública Amparo Terrazas de Jiménez, debiendo procederse a la cancelación de registros públicos de la partida 01521304 asiento A-1 y consiguiente rehabilitación de partida en DDRR de las partidas Nos. 01133371 y 01002141; se dispone la división de la edificación de la edificación en las partes que corresponda a cada propietario siempre que exista cómoda división y se condena a los demandados German Villamor y Elfy Carrasco de Villamor al resarcimiento de daños por el usufructo, monto que se determinara en ejecución de sentencia. Resolución complementada por Auto de fs. 1419 de 10 de febrero de 2010 señalando que “En consecuencia se Aclara y Complementa la Sentencia 274/2008 declarando judicialmente como bien judicial específicamente los dos departamentos y 2 parqueos que corresponden al Tercer piso con la Matrícula No. 2010990064608, el cuarto piso sin Número de Folio Real y los dos parqueos que quedan en la planta baja y corresponden a los Folios Reales No. 2010990064609 y 2010990064610 respectivamente ubicado en la Av. Mecapaca No. 6301 de la Zona de Obrajes.”, así como la negativa de complementar por Resolución de fs. 1422 de 20 de febrero de 2010 y Auto de aclaración de 12 de marzo de 2010 de fs. 1431.

Sentencia recurrida de apelación por Teodosio Germán Villamor Lucía y Elfy Carrasco de Villamor por memorial de fs. 1425 a 1428 y resuelto por Auto de Vista cursante de fs. 1489-1491 por el se CONFIRMA la Sentencia Resolución No. 274/2008 de 22/08/2008 de fs. 1410-1415 y Autos de fs. 1419, 1422 y 1431.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación interpuesto por parte de Teodocio Germán Villamor Lucía y Elfy Carrasco de Villamor, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere interponer recurso de nulidad y/o casación en la forma y en el fondo. Que según el art. 253 del Código de Procedimiento Civil señalaría los requisitos, que bajo esa óptica resultaría evidente se habría en el Auto de Vista interpretado de manera completamente errónea la aplicación de la ley y las normas procesales, que existirían irregularidades que devendrían desde antes de dictarse la Sentencia, prueba de ello fueran las apelaciones.

Desde inicio jamás se habría consentido la tramitación irregular, por ello se habría planteado incidente de nulidad bajo los argumentos del memorial que refiere.

Que el Divorcio pasa por audiencia de medidas provisionales, y en ella las partes deben solucionar la situación de los hijos y bienes, en ella cualquier bien inmueble que tuviera calidad de ganancial debiera ser reclamado, no habría sucedido, nunca se habría tocado la ganancialidad del inmueble en litigio, por lo que no podría forzarse bajo la figura de ganancialidad por ningún otro proceso que no fuera dentro del proceso de divorcio. Que la Sentencia de Divorcio no habría establecido nada, cuando el art. 142 del código de Familia señalaría aquello, no correspondería la división de bienes.

Que el proceso habría sido tramitado con vicios y a la petición de saneamiento habría sido desestimado y rechazado. La tramitación en vía familiar nunca habría sido admitido por ellos, que se rechazó por una de las jueces, que a su retiro fue reingresado, se produjeron excusas y luego su admisión. Pretende que el Juez que conoció el divorcio debió dilucidar el conflicto por lo que fuera nula la Sentencia dictada en la causa. Que si bien el texto del art. 380 del Código de Familia definiría competencia, no fuera menos cierto que en el caso no tenia porque aplicarse, por la no existencia de matrimonio con ellos.

Por lo anterior fuera ilegal la pretensión de hacer creer la existencia de una cuestión civil que dependa de una familiar, no podían ser sujetos pasivos dentro de la presente demanda, aluden a jurisprudencia del año 1986 referido a una reivindicación y concluyen con señalar que hubo usurpación de funciones por el Juez que dictó la Sentencia, no fuera justificativo el señalar que el bien inmueble ya no se encontrara a nombre Fernando Villamor como referiría el Auto de Vista, ello fuera interpretación errónea de la Ley según lo previene el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil, esto dejaría en claro la no existencia de relación de familiaridad con la actora, que configuraría incompetencia en razón de materia, reitera luego jurisprudencia citada supra.

En otro acápite refiere que el Auto de Vista querría hacerles entender que no fuera necesario la participación como demandados tanto el Notario de Fe Pública y derechos Reales, pero no señalaría que norma legal señalaría aquello y que por ello no podría fallarse en su contra por encontrarse los documentos públicos se encontrarían a su cargo. Que según extraen de la demanda no solo pedía el reconocimiento del 50 % de acciones y derechos como bien ganancial, sino también la disolución de contrato y cancelación de partida y folio real más pago de daños y perjuicios.

Se habría pasado por alto que disolución y nulidad fueran términos distintos, que en razón del último recién podría cancelarse partidas, pese a ello se habría permitido esa  cancelación y la rehabilitación de un registro anterior. Señala al D.S.27957 de 24 de diciembre de 2004, que refiere al art. 37 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales relacionado al art. 1558 del Código Civil, que a su vez  el art. 37 de la ley mencionada de Derechos Reales señalaría la posibilidad de cancelación. Que en el caso la actora jamás habría demandado la nulidad de las Escrituras Públicas 781/91 y 19/2000 y tampoco de la partida computarizada 01521304 A-1 bajo el amparo del art. 549, que señalaría cuando un contrato fuera nulo. Lo propio ocurría con el art. 1558 del Código Civil. que ninguno de ellos señalaría la posibilidad de cancelación de una inscripción por disolución de escrituras públicas dentro de un proceso familiar, que para la cancelación deben ser declarados nulas judicialmente, no habría ocurrido en la demanda por ello resultaría ilegal y ultrapetita lo ordenado por el inferior en grado, en ordenar las cancelaciones en virtud de una simple disolución.

Que no se admitió demanda de nulidad ni se calificó como hecho a demostrar las causales contenidas en el art. 549 del Código Civil, consecuentemente habría aplicación indebida de la ley así como el haber incurrido en error de derecho, y estaría inmerso en lo previsto por el art. 253.1) y 3) del Código de Procedimiento Civil. Extrañaría la no advertencia de aquello, cuando la ley mandaría que la cancelación solo se da por declaraciones judiciales de nulidad.

De la misma forma se verían dentro de un juicio nacido en materia familiar y se imponga la obligación de resarcir daños y perjuicios, no correspondiendo tal facultad a los que dictaron el fallo, que terminaría conociendo el caso solo porque los jueces en materia familiar se excusaron.

Que de lo  expuesto en sujeción a lo establecido por el art. 250, 251, 253 num. 1) y 3), 255-1) del Código de Procedimiento Civil plantean recurso de casación, “sea en el fondo y nulidad hasta el auto de admisión de fs. 142 vlta.”, reiterando luego que el Tribunal que conozca “CASE el referido Auto de Vista y deliberando en el fondo disponga la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, caso contrario ingrese a resolver el fondo”.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Si bien refiere de manera imprecisa recurso de “nulidad y/o casación en la forma y en el fondo” sin comprender que son diferentes las pretensiones que se persiguen con las mismas, menciona al art. 253 del Código de Procedimiento Civil como referencia de los requisitos para su procedencia y considerar que habría en el Auto de Vista “errónea aplicación de la ley y las normas procesales” sin identificar lo que finalmente pretende pues no clarifica qué ley presuntamente se habría aplicado de manera errónea y a qué normas procesales se refiere, sin embargo de esa confusión, se dará respuesta en razón de lo dispuesto por el art. 180-II de la Constitución Política del Estado; bajo esa consideración tenemos que:

1.- Existe reconocimiento que la presunta tramitación irregular ya fue objeto de   cuestionamiento por incidente de nulidad, consecuentemente se entiende que ese aspecto es un tema resuelto y definido, impertinente por lo mismo su tratamiento en etapa de casación.

2.- En relación a que el trámite de Divorcio pasa por audiencia de medidas cautelares, y en ese actuado debiera dilucidarse la situación de los bienes, cualquier bien inmueble que tuviera calidad de ganancial debiera ser reclamado en ella, habrá que plantearse la hipótesis de desconocimiento de la existencia de bienes en el momento de la realización de la audiencia referida e incluso la tramitación del Divorcio mismo, resultando imposible su identificación. Es posible que después del Divorcio, en ejecución de sentencia, se conozca la existencia de bienes adquiridos en la vigencia del matrimonio que estuvieran registrados a nombre de terceros, ante esta eventualidad no es correcto el razonamiento en sentido de que fuera de la oportunidad procesal para la determinación provisional o incluso en la Sentencia dentro del proceso de divorcio no cabría ninguna posibilidad de considerar la ganancialidad de bienes, pues es perfectamente válido, como en el caso de autos, que la parte actora acuda a la tramitación de un proceso de conocimiento a fin de acreditar que el inmueble que figura a nombre de una tercera persona, constituye un bien ganancial, y que por tal razón debe reconocérsele el derecho que reclama, aspecto que jamás podría ser definido dentro del proceso de divorcio o en su ejecución, resultando por ello correcta la vía que se sustancia, resultando precisamente en proceso de conocimiento que deba demandarse la eficacia de su derecho o la definición de si resultaba ser o no ganancial el bien que se demanda como tal, consecuentemente cuando señala el recurrente que con relación al bien inmueble no se habría dispuesto nada en Sentencia que desvinculó la unión conyugal de los esposos Villamor-Taborga aludiendo al art. 142 del Código de Familia, es un aspecto que se esclarece con la explicación antedicha.    

3.- La reiteración de que el proceso se habría tramitado con vicios y que su saneamiento hubiera sido rechazado, es un aspecto ya respondido y desvirtuado en un punto anterior, consecuentemente sin razón de ser considerado nuevamente. Lo propio sucede cuando una vez más se reclama respecto a que el conflicto suscitado para dilucidar el presente caso debiera tramitarse por el mismo juzgado que conoció el trámite de Divorcio, cuando se señaló supra que en desconocimiento de su existencia corresponde en proceso de conocimiento distinto su dilucidación, consecuentemente de ninguna manera puede ser considerada nula la Sentencia emitida en el caso.

El considerar que el recurrente y la codemandada no tuvieran vínculo de matrimonio con la actora y por ello no debiera aplicarse el art. 380 del Código de Familia, es un aspecto sin fundamento, la norma refiere en su segundo párrafo que: “En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el Juez de familia” y ese  aspecto precisamente se dio en el caso de autos, se reclamó la existencia de ganancialidad de un bien que fue adquirido en la vigencia de su matrimonio y este bien se encuentra a nombre de tercero, precisamente el demandado, es decir, existe vínculo por ese lado, consecuentemente a mas de demandar a su ex cónyuge, debió integrar en litisconsorcio necesario al recurrente y su cónyuge, por lo que no existe mala aplicación de la norma familiar señalada, y cuando el Auto de Vista señaló que su vinculación al proceso era pertinente porque el bien ya no se encontraba a nombre del ex cónyuge de la actora es un aspecto coherente con lo señalado en el presente razonamiento, por lo mismo no existe interpretación errónea de la Ley que pudiera enmarcarse a lo dispuesto por el art. 253-1) del Código de Procedimiento Civil como sugiere el recurrente.

4.- El razonamiento expuesto por el Auto de Vista con relación a la no necesidad de haber demandado a los Notarios que intervinieron en las Escrituras Públicas 781/1991 y en el de Fusión de partidas de 10 de enero del año 2000, son correctas, en razón a que no se cuestiona la intervención como tal en los referidos documentos sino el tema en cuestión esta exclusivamente referido a la intervención de las partes. A mas de ello, no existe denuncia de vulneración de norma alguna que sea evidente que afecte a la vez algún derecho del recurrente, de manera que estamos frente a simple referencia del razonamiento del Ad quem.

5.- Se evidencia que efectivamente entre las pretensiones demandadas se encuentra la declaratoria de disolución de los documentos plasmados en el Testimonio No. 781/91 así como la Fusión de Partida No. 19/00 y cancelación de su registro ante la Oficina de Derechos Reales, rehabilitando la partida en que su ex cónyuge y el recurrente tenían registrado su Derecho Propietario sobre el Lote de terreno como co-propietarios. Respecto de ello el reclamo versa en pretender que necesariamente debiera haberse demandado la nulidad y no disolución y cancelación de sus registros. Al tema planteado, corresponde señalar que en el caso de autos, no era necesario demandar nulidad alguna, ese aspecto se entendió por la actora y luego por el juzgador, considerando que el contrato suscrito entre los hermanos Villamor Lucía fue dejado sin efecto por propia voluntad de ambas partes y acordado posteriormente la construcción de una edificación en el que precisamente se reclama la existencia de ganancialidad por haberse realizado las inversiones en la vigencia del matrimonio Villamor-Taborga, documento de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito entre Fernando Villamor Lucía y Germán Villamor Lucia que cursa en original a fs. 226 del expediente y por Testimonio adjunto de fs. 227  a 233 se evidencia la tramitación del reconocimiento de firmas de aquel documento ante el Juzgado Trece de Partido en lo Civil, adquiriendo la efectividad correspondiente. Se entiende que la disolución es la forma de dejar sin efecto el contrato por consentimiento mutuo de las partes contratantes, o por las causas señaladas por la ley, de acuerdo a lo expresado por el art. 519 (Eficacia del contrato) del Código Civil que a la letra dice: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causales autorizadas por la ley.”, entonces estaremos de acuerdo que precisamente ocurrió aquella situación (segunda parte de la norma citada), cuando las partes contratantes decidieron dejar sin efecto el contrato de compraventa y en su lugar una construcción con especificación de la pertenencia en su estructura. Debiendo considerarse que a tiempo de la suscripción del documento de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, se extinguió el contrato de compraventa, en ese sentido dejó de producir sus efectos jurídicos normales y cesó de cumplir los fines para los cuales había sido celebrado. Acudimos al respecto, al criterio del autor Eloy Maduro Luyano que en su Obra “Curso de Obligaciones, Derecho Civil III”, Caracas Venezuela: Fondo Editorial Luis Sanojo, señala: “Toda terminación de contrato implica su extinción, en el sentido de que deja de producir efectos hacia el futuro, sin perjuicio de que en algunas de las formas de terminación puedan también producirse efectos retroactivos”, explicando además que: “…dada la base inminentemente consensualista de los contratos en el Derecho Moderno, es obvio que si los contratos se forman por el mutuo consentimiento (mutuo consensu), también pueden deshacerse por el mutuo consentimiento de las partes que lo integran. En este caso se dice en la doctrina que los contratos pueden deshacerse por el mutuo disentimiento (mutuo disensu). Si las partes son libres de vincularse por su propia voluntad, son igualmente libres de desvincularse jurídicamente también por su propia voluntad.” Situación patente en el caso de autos, y si bien ese documento no fue registrado ante la Oficina de Derechos Reales cancelando la partida correspondiente, es correcto entender que debió demandarse judicialmente su cancelación y consecuencia de ello la fusión que se tramitó de partidas y la rehabilitación del registro que la originó, consecuentemente es correcta la pretensión de la actora, no siendo necesario demandar nulidad de algo que ya quedó sin efecto por voluntad de los contratantes, y el entendimiento expresado por los fallos de instancia no vulneran norma alguna que pudiera afectar derechos de la parte recurrente. Con esa explicación queda desvirtuada la argumentación de que conforme al Decreto Supremo No. 27957 de 24 de diciembre de 2004 que refiriera al art. 37 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, así como el art. 1558 del Código Civil debiera cancelarse las partidas necesariamente por la declaratoria de nulidad y que en el caso no se habría demandado la nulidad de las Escrituras Públicas ni la partida computarizada 01521304 A-1 bajo el amparo del art. 549, que señalaría cuándo un contrato fuera nulo; queda claro que el contrato que originó el registro en Derechos Reales dejó de tener eficacia jurídica por voluntad de los propios contratantes y ante su no registro, indudablemente correspondía la vía judicial como correctamente se accionó para aquel cometido, en consecuencia no resulta ni ilegal ni ultrapetita lo resuelto en los fallos de instancia, quedando descartado la pretensión de que estuviera inmerso en lo previsto por el art. 253-1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

6.- La referencia de que se viera dentro de un juicio nacido en materia familiar en cuanto se refiere a imposición de daños y perjuicios no tiene mayor argumentación ni denuncia de vulneración de ninguna norma legal o derecho, consecuentemente queda en simple referencia como queja, no siendo pertinente mayores consideraciones al respecto.

Por todo lo analizado, sin embargo de la confusión de argumentos, relacionados a aspectos de forma como de fondo como se aclaró de principio, además de no haber alegado la norma inserta en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil sino simplemente en lo referido a cuestiones de fondo previstos por el art. 253 de la norma adjetiva civil, concluyendo con la enmarañada petición de su recurso de casación como “sea en el fondo y nulidad hasta el auto de admisión”, para posteriormente señalar “CASE el Auto de Vista y deliberando en el fondo disponga la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, caso contrario ingrese a resolver el fondo”, que ameritaría la improcedencia, sin embargo al haber dado respuesta pertinente a los cuestionamientos entreverados, corresponde emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1); de la Ley del Órgano Judicial, Arts. 271 num. 2) y 273) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 55/2014 de 10 de marzo de 2014 que corre de fs. 1489 a 1491 complementado por Auto de fs. 1493 de fecha 16 de abril de 2014, planteado por Teodocio Germán Villamor Lucía (no por Elffy Carrasco de Villamor por no firmar el memorial de recurso aun de figurar su nombre en el encabezamiento), por memorial de fs. 1498 a 1501 vlta. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en Bs. 1.000.oo.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo