TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 655/2014

Sucre: 06 de noviembre 2014

Expediente: SC-97-14-S

Partes: Santiago Mamani Quispe c/ Helen Francisca Hinojosa Alvaro y otros.

Proceso: Rescisión de contrato por lesión

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 245 a 247, interpuesto por Helen Francisca Hinojosa Alvaro  contra el Auto de Vista de 11 de junio de 2014, de fs. 243 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Rescisión de contrato por lesión seguido por Santiago Mamani Quispe contra Helen Francisca Hinojosa Alvaro, la concesión de fs. 250 los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo en lo Civil y Comercial dicta Sentencia de 14 de marzo de 2014, cursante de fs. 210 a 211y vta., declarando probada la demanda de fs. 12 y 13 y memorial de fs. 36 vta., disponiendo en conformidad al art. 560-II del Código Civil, que el demandante devuelva los Bs. 3000 a favor de la demandada, en el plazode 10 días y queda disuelto el contrato de 6 de mayo de 2011. Resolución de fondo que es apelada por Helen Francisca Hinojosa, por escrito de fs. 226 a 229, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de 11 de junio de 2014, de fs. 243 y vta., que confirma en todas sus partes la Sentencia; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por la parte demandante que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma: señala que el Auto de Vista omite el deber de fundamentación exigida a todas las autoridades judiciales, que no tiene análisis, valoración, evaluación y fundamento de las pruebas aportadas o delas leyes en que se basa el fallo. Señala que en el segundo Considerando erróneamente hace mención a que el contrato de 06 demayo de 2011 y que no existe el mismo. Señala que nose tomaron en cuenta sus fundamentos de la apelación, al indicar que no existen agravios a su persona y no se considera los reclamos oportunos. Agrega que nose tomó en cuenta ni se reparó los agravios sufrido por el inferior, el Auto de Vista haría meras afirmaciones sin ningún sustento legal, doctrinario ni jurisprudencial, y no tiene precisión en el fundamento de la Resolución.

En el fondo, señala que se ha violado el debido proceso, a la seguridad jurídica, la ley Nº 348, art. 410 de la Constitución, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por dejar pasar omisiones del inferior.

Señala que el Tribunaldealzada no valoró, no analizó, ni interpretó los fundamentos de su apelación cayendo en error y omisión de derecho al no valorar las pruebas documentalesaparejadas de fs. 213 a 225, añade que esa omisión permite la infracción del art. 55 del Código de Procedimiento Civil, cuando debían reparar las actuaciones irregulares del Juez inferior.

Culmina indicando que interpone recurso de casación  en el fondo y la forma solicitandose case el Autode Vista impugnado y pide además que se anule hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme señala el art. 106 del Código Procesal Civil, con vigencia anticipada, la nulidad de obrados podrá ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente, en ese mismo tono el art. 17-I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; encuadre legal que permite realizar la siguiente consideración:

Para que el Estado cumpla con garantizar un debido proceso y justicia, pronta oportuna y sin dilaciones, ha considerado la observancia de una catálogo de principios, en el art. 180-I de la norma supra legal, que sustentan  la jurisdicción ordinaria, en el que se encuentra el principio de eficacia, que a decir de la Ley Nº 025 constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia; por lo que la referencia normativa de este principio induce al órgano jurisdiccional emitir una determinación judicial práctica que, respetando el debido proceso por ende el derecho a la defensa, tenga en su contenido una solución fiable, aplicable y sostenible.

Bajo esa premisa, de manera general, se puede señalar que el contrato es un acuerdo de voluntades del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, normado por ley y con consecuencias jurídicas para las partes intervinientes;surgiendo una relación jurídica entre los sujetos contratantes con efectos que la ley ha establecido, en esa lógica el art. 519 del Código Civil señala que: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas establecidas por ley”, por lo manifestado queda claro que la relación jurídica contractual tiene consecuencias jurídicas entre las partes intervinientes y que la disolución de esa relación sólo es posible por la voluntad mutua de los contratantes o por causas que anteladamente la ley ha previsto. En ese margen, cuando una de las partes contratantes tiene pluralidad de sujetos, es decir existen más de una persona en la parte que contrata, la relación jurídica contractual liga a todas esas personas en los efectos que derivan de ella.

Ahora bien, si se activa un mecanismo de disolución de la relación contractual debe considerarse a todas las personas presentes en esa relación contractual, porque la consecuencia jurídica de esa disolución afectará todas ellas, siempre en el límite del derecho subjetivo del que pretende dejar ineficaz aquel contrato.

En el caso, Santiago Mamani Quispe pretende la rescisión del contrato de transferencia de una propiedad en la zona Sur, UV 169, manzana 86, lote Nº 1, de la ciudad de Santa Cruz, argumentando lesión en la transferencia por el grado de necesidad al momento de celebrar el contrato y desproporción en la contraprestación monetaria recibida, sin embargo del tenor de la demanda, se verifica que el actor demanda la anulación por lesión en forma personal de la totalidad del contrato de fecha 06 de mayo de 2011, sin reparar que dicho contrato no fue celebrado solo por él, como vendedor, sino también existió la concurrencia de Florencia Marca Sacaruti de Mamani como cotransfiriente del bien inmueble, en ese contexto, resulta excesivo pretender la ineficacia de la totalidad del contrato por lesión, ya que el derecho patrimonial que el actor observa como mermado tiene su límite en la cuota parte correspondiente del inmueble, no pudiendo reclamar un derecho subjetivo, el de la co-vendedora, que no le pertenece, por ello el límite de la pretensión esta en relación al derecho subjetivo que le corresponde a cada accionante, como consecuencia del principio dispositivo.

En ese sentido, para explicar esta situación conviene traer a colación lo considerado en el Auto Supremo Nº 516/2014 que señaló: “…el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él. Así, si el Estado reconoce a los ciudadanos un derecho subjetivo de libre disponibilidad, es evidente que sólo al titular de ese  derecho subjetivo le compete discernir y decidir si desea instar la tutela jurisdiccional de tal derecho dando inicio a un proceso; definir el contenido y alcance de la tutela que solicita y;  disponer del derecho poniendo fin al  proceso”.

Por lo manifestado, si al actor, Santiago Mamani Quispe, en el marco del principio dispositivo, se le reconoce el derecho de iniciar el proceso y de determinar el objeto litigioso, lógicamente, debe realizarlo dentro los márgenes quesu derecho subjetivo le permite, es decir sobre el 50% del bien inmueble transferido, pues de lo contrario estaría tornando su pretensión en improponible con carácter subjetivo, pues él no tiene la facultad de demandar la rescisión de la totalidad del contrato de compra venta por lesión, ya que su legitimación alcanza hasta el límite del derecho del que fue titular, ya que el actor se presentó solo a título personal;situación que, luego de un análisis en abstracto, debió ser observado por el Juezde la causa a objeto de que al actor condicione la pretensión en observancia del principio dispositivo.

Por lo explicado, y en las actuales circunstancias que se presenta la pretensión, el actor carece de legitimación para rescindir el contrato por lesión en su totalidad, debiendo adecuar su pretensión conforme se ha explicado, por lo que se hace inevitable anular obrados hasta fs. 15 de obrados, considerando además que en el proceso, de la forma en que se tramitó, se vulneró el derecho de Florencia Marca Sacaruti de Mamani, o sus herederos, lo que contraviene el art. 15.I de la Constitución Política del Estado que señala: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de su derechos e interese legítimos”; aspecto que los de instancia no observaron a tiempo de admitir la demanda y tampoco lo hicieron a momento de resolver la controversia habiendo emitido resolución que invalida el contrato de transferencia en su totalidad sin tomar en cuenta que el derecho subjetivo del acto alcanzaba únicamente una cuota parte sobre el inmueble objeto de dicha transferencia.

Por lo expuesto se emite Resolución conforme los arts. 271 num. 3 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 3 y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 15, debiéndose el Juez de la causa observar la legitimación del actor en los términos expuestos supra. Por ser excusable el error no se impone multa.

Conforme el art. 17-IV de la Ley Nº 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley. 


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo