TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 652/2014.

Sucre: 06 de noviembre 2014.

Expediente: CB 96 14 S.

Partes: Javier Flores Quinteros. c/ Heberto Flores Quinteros y otra.

Proceso: Reivindicación y otros.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 501 a 510, interpuesto por Ana Katrina Solis Jaldin contra el Auto de Vista con Partida Nº 117 Libro 197 de 27 de mayo de 2014 que cursa de fs. 493 a 498, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario de reivindicación y otros, seguido por Javier Flores Quinteros contra Heberto Flores Quinteros y otra, la concesión de fs. 520, los antecedentes del proceso y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo Primero en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronuncia la Sentencia de 03 de agosto de 2011 por la que declara probada en parte de la demanda de fs. 26 a 29 en cuanto a la reivindicación en contra de Ana Katrina Solis Jaldín e improbada en relación a Heberto Flores Quinteros, probada la excepción perentoria de improcedencia interpuesta por Javier Flores Quinteros de fs. 227 a 230; improbada la acción reconvencional de mejor derecho ganancial y nulidad de transferencia de Escritura Pública Nº 1803/2006 de 27 de noviembre de 2006 formulado por Javier Flores Quinteros, los daños y perjuicios y excepciones perentorias de falsedad, falta de acción y derecho, improcedencia, ilegalidad, falta de causa lícita de fs. 199 a 204 formulada por Ana Katrina Solis Jaldín y probada la excepción perentoria de falta de acción y derecho formulado por el codemandado Heberto Flores Quinteros, disponiendo que  la codemandada Ana Katrina Solis Jaldin restituya el departamento objeto de Litis y dos parqueos ubicados en el Edificio “El Vergel” al demandante Javier Flores Quinteros.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 493 a 498 que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación, objeto de estudio.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

EN EL FONDO.-

1.- El Auto de Vista no consideró los agravios contenidos en el recurso de apelación, ya que señalan que el título de propiedad del actor es irrebatible sin considerar los argumentos del recurso de apelación; cita el concepto de reivindicación según Messineo, para señalar que esa acción requiere que el demandante demuestre su mejor derecho sobre el poseedor demandado, pero fundamentalmente que el propietario acredite haber sido desposeído sin su voluntad y en el caso de autos los de instancia no han considerado que conjuntamente con Heberto Flores ingresaron a vivir  al departamento 10-A en la gestión 2002 en calidad de propietarios ante la existencia de un compromiso de venta con Luis Carlos Sánchez Escobar, cuya posesión en la que ingresaron no fue violenta ni clandestina y el ejercicio el poder jurídico del derecho propietario que le asiste conforme al art. 105 del Código Civil otorgándolo en anticresis y el demandante se presenta como propietario recién en la gestión de 2009. Los Vocales sostienen que con la literal de fs. 318, que el demandante es propietario del departamento 10-A y que el resto de los puntos contenidos en dicho informe son impertinentes e inconducentes, ya que no se consideró la existencia de una contestación y excepciones en contra de la demanda, la existencia de una reconvención por nulidad de documento, no se considera que ingresó a vivir el año 2002 cuando el actor no era propietario, jamás se ha desposeído al demandante, por ello no concurre el elemento fundamental de la reivindicación no se demostró la desposesión, por ello sostiene que el Ad quem al afirmar que el resto del contenido del informe de fs. 318 no tendría importancia, cuando el demandante jamás ha demostrado haber sido desposeído, menos que la posesión en la que se encuentra sea usurpativa, el actor nunca ha sido privado de la posesión porque nunca estuvo en posesión del bien cuya reivindicación pretende.

2.- Señala que su reconvención se funda en el art. 549 del Código Civil por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato así los arts. 489 y 490 del Código Civil, refieren que para que un contrato sea válido la obligación contraída y el porqué de su proceder sean lícitos, el contenido de las cláusulas y el propósito deben respetar normas legales, así las partes pueden crear actos jurídicos de acuerdo a su autonomía de la voluntad que tiene el límite del orden público, o, que no se debe hacer un mal uso de la libertad de contratar en sentido opuesto al derecho y la sanción de nulidad se sigue a todo contrato con objeto y motivo o fin ilícitos con la expresión de “buenas costumbres” y cita el contenido del Auto Supremo Nº 238 de 21 de diciembre de 1999, para señalar que en el Auto de Vista no se ha realizado un análisis exhaustivo sobre la causal de nulidad por ilicitud del motivo y de la causa del contrato contenido en la E.P. Nº 1803/2006, no se ha apreciado que dicho contrato fue móvil para impedir la aplicación de una norma imperativa, al no haberse considerado la prueba de fs. 363 a 364 referente al informe del encargado del sistema IANUS en el que se verifica la existencia de varios procesos de ejecución que se iniciaron contra Heberto Flores Quinteros, siendo esta la razón por la cual no se realizó la transferencia del Departamento y los dos parqueos en propiedad horizontal a nombre de los demandados, sino a nombre del actor, con la finalidad de proteger el inmueble de una posible ejecución, siendo esta la causa y motivo ilícito para la formación del contrato, al margen de ello señala que sobrevino los problemas matrimoniales con su esposo Heberto Flores Quinteros, y que fueron pagando por el inmueble, que se encuentra demostrado por la documental de fs. 70 a 72, 73, 75 a 78, 79 a 80, 81, 82 a 83, 84 a 88, 89 a 90, 91 a 97, 98 a 101, 104 a 113, 114, 115 a 120, 121, 102, 122 a 147, 148, 149 a 155, 169 a 170, 246 a 250.

Refiere que los argumentos expuestos demuestran que se ha obrado con parcialidad, ilegalidad y arbitrariedad, pues el Auto de Vista no ha considerado nada de lo que hubiera probado que no corresponde la reivindicación por haber demostrado la nulidad del título de propiedad conforme a la causal 3) del art. 549 del Código Civil y al Tribunal de casación le corresponderá considerar el principio de verdad material que fue desconocida por el Ad quem, asimismo cita la sentencia constitucional Nº 0684/2014 de 10 de abril y Nº 0860/2014 de 8 de mayo de 2014.

Para solicitar se case el Auto de Vista y se declare  improbada la demanda de fs. 26 a 28, probadas las excepciones perentorias de ilegalidad e improcedencia opuestas contra la demanda y probada la demanda reconvencional en todas sus partes.

EN LA FORMA.-

1.- Acusa errónea interpretación y aplicación del art. 227 del Código de Procedimiento Civil, para ello trascribe los puntos 1, 2, 3 y 4 del considerando II, para señalar que el Auto de Vista contiene un razonamiento errado que vulnera el alcance del art. 227 del Código de Procedimiento Civil, cuya norma procesal no obliga a puntualizar  normas procesales que sustenten el recurso, la referida norma procesal señala que el apelante debe fundamentar los agravios sufridos, y en el caso presente de acuerdo al memorial de fs. 428 a 431 se expreso cinco puntos en calidad de agravios y cita el art. 227 del Código de Procedimiento Civil para indicar que  el Tribunal de Alzada ha realizado una incorrecta interpretación e indebida aplicación de la norma procesal, pues de la lectura de la norma citada no obliga al recurrente que deba fundamentar en derecho el recurso y cita el Auto Supremo Nº 131 de 15 de mayo de 1987.

2.- Acusa violación y errónea interpretación y aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que del memorial de fs. 428 a 431 contiene la expresión de cinco agravios, en dicho memorial de acusa la falta de valoración de la prueba que refleja la ilicitud en el documento de venta de la cosa transferida al actor, la existencia de dolo en el perfeccionamiento de la venta, siendo estos los agravios puntualizados, el Ad quem debería de pronunciarse sobre los mismos, cuyo incumplimiento implica la interpretación errónea y falta de aplicación del art. 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil, y cita el Auto Supremo N° 326 de 18 de julio de 2007.

Asimismo señala que procede el recurso por violación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que se ha omitido la labor de fiscalización, para señalar que se ha hecho una relación clara concreta y precisa indicando en que consiste el orden público, pese a ello el Juez ha transgredido normas procedimentales.

Por lo que en base al recurso de casación en la forma solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Tomando en cuenta que el recurso es mixto, primero se considerará el recurso en la forma, pues de advertir vicio de procedimiento sería innecesario considerar el recurso en el fondo.

EN LA FORMA.-

1.- En cuanto a la acusación de errónea interpretación y aplicación indebida del art. 227 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que dicha norma no obliga a puntualizar normas procesales que sustenten el recurso.

Sobre dicha acusación de debe indicar que el 227 del Código de Procedimiento Civil tiene el siguiente texto: “(Apelación de Sentencia o auto definitivo).- La apelación de la sentencia o auto definitivo se interpondrá, fundamentando el agravio sufrido, ante el Juez que los hubiere pronunciado…”, la norma de referencia señala que  el recurso de apelación de Sentencia se la debe interponer fundamentando los agravios sufridos, ahora corresponde señalar que si bien el Código no señala una técnica recursiva para el planteamiento de los recursos de apelación, sin embargo señala que el recurso de apelación debe contener un agravio fundamentado, por agravio se entiende que es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral, sean estos sobre el fondo de la controversia o sobre la forma procesal en el que se haya coartado el derecho a la defensa del recurrente, estos agravios de acuerdo a nuestro ordenamiento deben estar fundamentados, lo que significa que al efectuar un análisis crítico de la resolución apelada -en nuestro caso la Sentencia-  al identificar los agravios (los perjuicios o desventajas emitidas a través de la Resolución judicial) se debe fundamentar porque esos agravios no fueron correctos analizando de forma crítica la Sentencia y definir la forma como corregir esos agravios.

En el sub lite de acuerdo al primer punto del recurso de apelación de fs. 428 a 432, en el inc. a) señaló que el A  quo, realizó una incorrecta valoración de la  prueba, pues en Sentencia tan solo se hubiera mencionado los medios de prueba y no se los hubiera valorado, esa parte de la infracción; sobre esa acusación (agravio) la descripción argumentativa en el recurso resulta ser insuficiente en cuanto a fundamentación, pues si se hace referencia a una incorrecta valoración de la prueba, se debió mencionar cual fuera la forma correcta de valoración probatoria de acuerdo al criterio de la recurrente, por dicha situación es que el Ad quem dedujo que la misma no resulta ser un agravio propiamente dicho, al estar carente de fundamentación.

Por otra parte en el numeral 2) del considerando II, el Ad quem concluyó en evaluar la prueba de fs. 70 a 72, 89 a 90, 318 y manifestar que conforme al art. 397 parágrafo II del Adjetivo de la materia el Juez tenía la obligación de valorar la prueba esencial y decisiva, no dedujo que los argumentos establecidos en apelación no contuvieran una expresión fundamentada de agravios; lo propio ocurre con el numeral 3) en el que se señaló que la simulación no hubiera sido objeto de conocimiento en la causa, sino que la reconvención estuviera fundada en la nulidad por causa ilícita y motivo ilícito.

Finalmente en el numeral 4) del considerando II de Auto de Vista, aunque señaló que la recurrente debía manifestar qué presunciones no hubieran sido tomados en cuenta, posteriormente dedujo que los elementos probatorios señalados no permiten inducir la idea de haberse demostrado que el título de propiedad del actor no se hubiera formado válidamente, con ello descartó la posibilidad de aplicar presunción judicial alguna.

2.- En cuanto a la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, se debe indicar que la falta de pronunciamiento sobre los agravios relativos a la falta de valoración de la prueba  de que refleja la ilicitud del documento de venta, la existencia de dolo en el perfeccionamiento de la aparente venta, la suposición de hechos y otros.

Corresponde señalar que para activar una nulidad procesal de forma general, por incongruencia externa en materia recursiva, la parte recurrente para recurrir sobre estas infracciones, una vez notificado con el Auto de Vista, debe solicitar la complementación y/o explicación sobre el agravio ausente de ser absuelto, esto por la regla contenida en el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en cuyo parágrafo III señala lo siguiente: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos...” y en forma posterior en caso de que la autoridad de Alzada no haya corregido su omisión ante una petición de complementación y explicación, se podrá activar el recurso de casación en la forma por infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues la norma descrita exige que la infracción procesal, deba ser reclamada en forma oportuna, y el mecanismo oportuno e inmediato al pronunciamiento del Auto de Vista es la petición de complementación y explicación contenida en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, la ausencia de este mecanismo impide considerar dicho extremo; y por otra parte el recurrente debe identificar con precisión el agravio no respondido por el Tribunal de apelación y no efectuar una sindicación ambigua de que el agravio no fuera respondido por el Ad quem, extremos que hacen impertinente la acusación sobre este punto.

3.- En lo referente a la infracción por violación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, en la que se acusa que el Tribunal de apelación no hubiera efectuado su labor fiscalizadora.

Corresponde señalar que el régimen de nulidades se encuentra regido por el Código Procesal Civil desde el 25 de noviembre de 2013, conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley N° 439, norma que se encontraba vigente al momento de la interposición de los recursos de casación, de acuerdo a ello la infracción de la norma -pese de que fue privativa de los operadores de primera instancia y de los tribunales de casación- es una norma en desuso por la aplicación de los art. 105 al 109 del Código Procesal Civil y los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

EN EL FONDO.-

1.- Sobre la acusación relativa de no haberse demostrado la desposesión que haya sufrido el demandante, la no consideración del compromiso de venta que tenía con Luis Carlos Sánchez Escobar, que su posesión no fue violenta ni clandestina, el ejercicio de su derecho propietario que le asiste, de haber sido reconocidos como propietarios y que el demandante fue propietario recién en la gestión de 2009, la desposesión del demandante, todas esas acusaciones están orientadas a cuestionar la falta de desposesión del demandante en la otorgación de la acción reivindicatoria.

Sobre dicha acusación corresponde señalar que para viabilizar una pretensión de reivindicación inmobiliaria, es necesario acreditar que el demandante sea el titular del bien inmueble a reivindicar, que dicha propiedad tenga precisión en cuanto a su ubicación y delimitación de superficie tratándose de terrenos grandes, y que el poseedor no ostente título que acredite esa su posesión, con esos requisitos es viable otorgar la reivindicación al propietario aunque el mismo de forma objetiva no haya sufrido la desposesión, pues debe entenderse que la acción reivindicatoria establecida en el art. 1453 del Código Civil, se encuentra amparada para efectivizar el ejercido del derecho de propiedad concebido en el art. 105 del Código Civil; llegando a la conclusión de que no se puede exigir que el propietario haya sido desposeído del bien, o considerarse al mismo como un requisito o presupuesto para viabilizar la acción reivindicatoria, ese no es un requisito para la mencionada acción, como ha sido entendida por los de instancia que hubiera remitido su criterio a basta jurisprudencia; de lo contrario, si fuese exigible la desposesión o la eyección que haya sufrido el propietario respecto de su inmueble, en innumerables casos el propietario que no ha sido desposeído no podría recuperar el bien respecto a terceros o a poseedores no propietarios.

Por lo que, ante la exposición expuesta y la referida por los operadores de primera y segunda instancia, resulta innecesario considerar que la recurrente haya ingresado al inmueble en la gestión 2002, que su ingreso no fue violento ni clandestino, o, que el inmueble lo hubieran otorgado en calidad de anticrético, o que el actor adquirió la propiedad recién en la gestión de 2009, o, que el documento de fs. 318 indique el actor no fue desposeído de su propiedad o haber sido privado de su posesión.

2.- Sobre la acusación relativa a la infracción del art. 549 del Código Civil, en sentido de que la reconvención se fundaría en base a la ilicitud de la causa e ilicitud del motivo que impulsó a las parte a celebrar el contrato conforme el art. 489 y 490 del Código Civil, en la que se acusa que todo contrato es sancionado con nulidad cuanto el objeto y motivo o fin fueran ilícitos.

2.1.- Para la respuesta a dicha acusación corresponde señalar que sobre la causa y motivo ilícitos se han emitido distintas resoluciones, entre ellas el Auto Supremo N° 311  de 17 de junio de 2013, en el que se señaló lo siguiente: “La causa ilícita, en nuestra legislación ha sido interpretada en el Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo en el que se indicó que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil.”

En cuanto al motivo ilícito el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir…”

Se debe indicar que el motivo ilícito tiene que ver con el móvil que ha generado la voluntad de ambos contratantes; así entienden que el motivo es ilícito cuando el elemento subjetivo (que resulta ser contrario al orden público y las buenas costumbres) se ha exteriorizado o se ha materializado en el acuerdo de voluntades; para ello corresponde señalar que el elemento debe ser materializado, pues cuando la ilicitud se mantiene en la subjetividad de uno de los contratantes, no habrá motivo ilícito por mas contrario que sea al orden público o a las buenas costumbres, llega a constituirse en motivo ilícito cuando  forma parte del acuerdo de voluntades, cuando esa ilicitud es compartida por ambos contratantes y forma parte del acuerdo contractual.  

2.2.- Ahora el contrato impugnado de nulidad, por causa ilícita y motivo ilícito, es el  contenido en el Testimonio de la Escritura Pública N° 1.803 que protocoliza la minuta de 16 de noviembre de 2006, cursante de fs. 3 a 6, relativo a una transferencia definitiva de un departamento signado con la letra “A”, piso 10 del bloque 11 y dos parqueos N° 3 y 43, del Edificio “El Vergel”, ubicado en la calle José Lavadenzi s/n de la zona de Sarcobamba de la ciudad de Cochabamba, de cuyo contrato en lo más relevante se advierte que en la cláusula segunda se mencionan los antecedentes de la legítima propiedad del vendedor; en la cláusula tercera se señala que el objeto del contrato fue la venta real y enajenación perpetua del mencionado departamento en propiedad horizontal y los dos parqueos por el precio de Bs.350.000, suma de dinero que fuera entregado a los vendedores; en la cláusula cuarta, se señala los límites del departamento, en la cláusula quinta se señala que los alcances de la venta comprendería la totalidad de todos los derechos de propiedad de los vendedores; la cláusula sexta señala la evicción y saneamiento; la cláusula séptima refiere a los gastos de transferencia que corren por cuenta del comprador.

De dicho contrato no se evidencia que la causa del contrato fuera ilícita, pues como todo contrato de compra-venta, la causa para el vendedor es adquirir una suma económica por la venta del inmueble y los parqueos, y la causa para el comprador es adquirir un inmueble en propiedad horizontal y sus dos parqueos a cambio de una suma de dinero, esa fue la finalidad que tuvieron las partes que suscribieron el documento de 16 de noviembre de 2006.

Por otra parte en cuanto al motivo ilícito, no se evidencia que en la suscripción del contrato impugnado de nulidad, se hubiera suscrito porque el comprador (Javier Flores Quinteros) o los vendedores (Luis Carlos Sánchez Escobar y Mónica Beatriz Iriarte de Sánchez), hubieran efectuado el negocio jurídico (compra-venta) en base a algún móvil ilícito que fuera exteriorizado, sea por Javier Flores Quinteros o por Luis Carlos Sánchez Escobar y Mónica Beatriz Iriarte de Sánchez, pues la prueba relativa a deudas es referente a Heberto Flores Quinteros y no así respecto a alguno de los que suscribió en contrato de 16 de noviembre de 2006 que ahora se impugna.

2.3.- Sobre la errónea valoración del contrato contenido en la E.P. Nº 1803/2006, corresponde señalar que en el punto anterior ya se ha hecho la descripción del contenido del medio probatorio, cuyo contrato fue suscrito por Javier Flores Quinteros en calidad de comprador y, por Luis Carlos Sánchez Escobar y Mónica Beatriz Iriarte de Sánchez en calidad de vendedores, pues no se advierte que dicho contrato fuera para evadir la aplicación de la norma imperativa en forma genérica, pues la recurrente no especifica qué norma imperativa fuera eludida con la suscripción del contrato, al no haberse considerado la prueba de fs. 363 a 364, cuyo medio de prueba resulta ser una certificación de procesos judiciales instaurados en contra de Heberto Flores Quinteros, cuando dicha persona es ajena a los titulares que suscribieron la minuta de 16 de noviembre de 2006 protocolizada en la E.P. Nº 1803/2006, pues las deudas ajenas de ninguna manera podían haber constituido en causa ilícita o en motivo ilícito en la suscripción del contrato de 16 de noviembre de 2006. Asimismo se debe indicar que el hipotético acuerdo de la recurrente para que la transferencia del inmueble en propiedad horizontal y los dos parqueos en favor de Javier Flores Quinteros (hermano del ex esposo de la recurrente), se asemeja a una situación de simulación y no de nulidad por causa y motivo ilícitos. Además se debe manifestar que los problemas maritales entre la recurrente y el codemandado Heberto Flores Quinteros, tampoco pueden ser idóneos como para considerar que el contrato de 16 de noviembre de 2006 estuviera viciado por causa y motivo ilícitos.

Por otra parte en cuanto a los medios de prueba de fs. 70 a 72, 73, 75 a 78, 79 a 80, 81, 82 a 83, 84 a 88, 89 a 90, 91 a 97, 98 a 101, 104 a 113, 114, 115 a 120, 121, 102, 122 a 147, 148, 149 a 155, 169 a 170, 246 a 250, que en criterio de la recurrente acreditarían la adquisición del derecho de propiedad del bien objeto de la Litis, se debe indicar ese derecho de propiedad de la recurrente no se encuentra acreditado, pues las pruebas tan solo se remontan a pagos por expensas comunes, pagos en cuotas a cuenta sobre el departamento objeto del proceso, y otros documentos relativos a movimientos y datos económicos, respecto al codemandado y al actor, que de ninguna manera pueden constituir como medios de prueba para fundar la ilicitud del motivo o la ilicitud de la causa del contrato de 16 de noviembre de 2006 suscrito entre Luis Carlos Sánchez Escobar y Mónica Beatriz Iriarte de Sánchez (vendedores) y Javier Flores Quinteros, sino que los mismos podrían constituir prueba para la declaratoria de simulación de contrato, que no es objeto del proceso, razón por la cual los medios de prueba descritos por la recurrente no resultan ser pertinentes para fundar la nulidad del contrato por causa ilícita o motivo ilícito.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en base al art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 501 a 510, interpuesto por Ana Katrina Solis Jaldin contra el Auto de Vista con Partida Nº 117. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000 por haber contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo