TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo:619/2014                                                                Sucre:30 de octubre2014                                                         Expediente:        CB-98-14-S                                                                

Partes:Cristina Glorieta Rodríguez Ledezma.        c/Augusto Delgado Cardozo y

María Teófila Rodríguez Ledezma  

Proceso:Reivindicación                                                        

Distrito:Cochabamba

VISTOS:El recurso de casación formulado por augusto Delgado Cardozo y María Teófila Rodríguez Ledezma de fs. 282 a 285 contra el Auto de Vistade 16 de junio de 2014 de fs. 277 a 279, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Reivindicación, seguido por Cristina Glorieta Rodríguez Ledezma contra Augusto Delgado Cardozo y María Teófila Rodríguez Ledezma, respuesta de fs. 289-290; concesión de fs. 291, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, pronunció Sentencia Nº 10/2012 cursante de fs. 252 a 256 vta., declarando: 1) PROBADA la demanda de Reivindicación interpuesta por Cristina Glorieta Rodríguez Ledezma, saliente de fs. 20 a 22 del expediente sobre el bien inmueble de su propiedad signado con la letra “A” de una extensión superficial de 360.40 mts.2, cuyos límites son: Al Norte, con la Avenida HuaynaKapac; al Sud, con Casimiro Quinteros; al Este, con el lote “B” del Israel Rodríguez y al Oeste con la calle Tahuantinsuyo; registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula No. 3011020035276 A-2 en fecha 17 de julio de 2008 y consiguiente calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. 2) Habiéndose declarado probada la demanda ordinaria de reivindicación, se dispone que los demandados Augusto Delgado Cardozo y María Teófila Rodríguez Ledezma, entreguen la fracción ocupada dentro el bien inmueble, antes descrito a favor de su propietaria Cristina Glorieta Rodríguez Ledezma completamente vacío en el plazo fatal de 3 días a partir de su legal notificación, una vez ejecutoriada la presente sentencia, bajo conminatoria de librarse en su contra mandamiento de desapoderamiento. 3)IMPROBADA, la acción reconvencional de usucapión, interpuesta por los demandados Augusto Delgado Cardoso y María Teófila Rodríguez Ledezma, sobre la fracción de terreno ocupada, dentro del bien inmueble perteneciente a la demandante Cristina Glorieta Rodríguez Ledezma.

Contra la referida Sentenciainterpuso recurso de apelación Augusto Delgado Cardoso y María Teófila Rodríguez Ledezma por memorial de fs. 260 a 262.

En mérito a esos antecedentes, Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 277 a 279, por el que confirma la sentencia de 1 junio de 2012.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación interpuesto por parte de Augusto Delgado Cardoso y María Teófila Rodríguez Ledezma, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere interponer recurso de casación contra el Auto de Vista de fecha 16 de junio de 2014, sin especificar si lo hace en la forma o en el fondo, señalando:

1.- Que, en el considerando II punto 1.- se habría realizado incorrecta e ilegal valoración de la prueba documental producida dentro de la acción reconvencional de usucapión, sobre una fracción que detalla, en que habrían ocupado durante el tiempo que señala, aspecto incuestionable erróneamente valorado por el Tribunal de Alzada, detalla las pruebas que hubiera presentado al proceso, concluyendo desde su perspectiva que no hubieran sido valoradas objetivamente por el Tribunal Ad quem, con los que pretende la existencia de elementos suficientes que acreditarían su posesión y dominio conforme prevé el art. 138 del Código Civil, e incurrido en error de derecho y/o error de hecho a momento de apreciar las pruebas en violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, con arreglo a lo previsto por el art. 397 de la misma norma.

2.- En el punto 2 del considerando II se partiría de la tesis de que recién desde la división y partición del bien inmueble podría demandarse a la actora en razón del art. 1538 del C.C., cuando en los hechos la propia actora reconocería la parte que le tocó en sorteo fuera la que estaba ocupando su hermana, aspecto que procesalmente permitiría individualizar a la propietaria y demandada de la fracción a usucapir, describiendo las fracciones que considera fueran ocupadas, señalando además a informe Técnico Pericial de fs. 167-170 y 171 que acusa de no haber sido valorado por el Tribunal Ad quem, incurriendo dice en la “tipificación” del art. 253-3) del código de Procedimiento Civil. Por otro lado no se evidenciaría la existencia de violencia al no existir prueba que corrobore, asimismo la carencia de servicio de agua no entorpecería la posesión que fuera suplido de otra manera. Que, con esas falencias no habrían aplicado el Ad quem el principio de verdad material.

3.- Que, nuevamente los miembros del Tribunal de alzada incurrirían en defectuosa y errónea apreciación de derecho y de hecho de las pruebas, en particular la de fs. 146-148 referido a otro proceso ordinario seguido por su hermano, en la que se señalaría su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que evidenciaría que la actora jamás tuviera posesión de la fracción demandada de usucapión.

4.- Finalmente señalan, el criterio emitido por el Ad quem surgiría de la nada cuando hace referencia la resolución a la posibilidad de discutir en otro proceso la presunta carencia de recuso de los titulares del inmueble por que por su juventud carecieran de recursos y que la compra lo hubieran realizado los padres., que fueran el codemandado quien hubiera promovido la acción de nulidad de venta por causa ilícita con la fundamentación debida y que hubiera sido excluido del proceso por la A quo y no valorado por el Ad quem que considera infracción al orden público que tuviera sustento en sujeción a lo previsto por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto refieren solicitar se pronuncie Auto Supremo, Casando y/o alternativamente anulando el Auto de Vista, y se de aplicación a los arts. 271 núm. 3) y 4), 274 y 275 del Código Ritual Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Sin embargo de la poca claridad con la que se expresaron los fundamentos del recurso de casación, sin especificar de manera diferenciada que aspectos corresponden al fondo y que otros a la forma, de la lectura extraemos que los insertos en los puntos 1 a 3 se refieren a aspectos de fondo y el señalado como punto 4 a una cuestión de forma.

Consecuentemente el examen se sujetará a esa verificación, comenzando por el último punto (4), en consideración a que si tuviera asidero, el resultado fuera por anular obrados o el Auto de Vista, que ciertamente imposibilitarían ingresar a considerar los aspectos de fondo. En ese orden, se tiene que:

En la forma

La denuncia se concreta al hecho de que a tiempo de contestar la demanda y reconvenir, habría interpuesto a la vez de Usucapión, la nulidad de venta por causa ilícita, que refiere fue excluido por la A quo y no valorado por el Ad quem, considerándolo infracción al orden público, que tuviera sustento al tenor de lo previsto por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

De la revisión de antecedentes se verifica que el codemandado Augusto Delgado Cardoso en memorial que corre de fs. 53 a 55 vta., plantea usucapión y nulidad de venta por causa ilícita, aclarando y ampliando por memorial de fs. 73 y vta. Sin embargo de ello, la Juez de la causa, a tiempo de calificar el proceso como ordinario de hecho, aperturando término de prueba y fijando los puntos de hecho a probar mediante Auto de Relación Procesal de fecha 18 de noviembre de 2010 de fs. 142 y vta., no señaló nada con respecto a la demanda reconvencional de nulidad, limitándose a fijar los puntos a probar respecto a la Usucapión como demanda reconvencional-. La resolución mencionada fue notificada a las partes a fs. 143 por diligencia de fecha 30 de noviembre de 2010, no existiendo cuestionamiento ni reclamo al respecto, consiguientemente se entiende que las partes consintieron esa exclusión de manera tácita, produciéndose la convalidación respecto a aquel aspecto, precluyendo el derecho de la parte interesada a pedir su consideración, siendo de su interés el que se lo tramite bajo el entendimiento del principio dispositivo que orienta que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso, así las partes tienen a su libre disposición el proceso para ejercer sus derechos procesales en el momento indicado por la ley o no ejercerlos, ante el silencio se entenderá que hubo renuncia de su parte a controvertir sobre ese punto, consecuentemente la posibilidad de reclamar ese aspecto en casación no es pertinente, resultando sin fundamento el argumento de que la presunta infracción tuviera sustento al art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil, en razón que no hubo pronunciamiento sobre el tema tanto en Sentencia como en Auto de Vista, no por incongruencia sino porque desde el momento del Auto de Relación Procesal en la que no se fijo punto alguno que probar, ya no formó parte de la discusión, y de ninguna manera podía ser objeto de pronunciamiento, considerando que en ese acto procesal el juzgador establece los hechos que corresponde probar al demandante tomando en cuenta su pretensión, y los hechos que le corresponden al demandado para desvirtuar tal pretensión; de la misma forma ese acto procesal Auto de relación procesal-, fija los alcances de la contradicción en el proceso y al mismo tiempo restringe la competencia de la autoridad jurisdiccional a pronunciarse sobre los hechos de la contradicción otorgando a su vez al proceso, su objeto, porque la decisión judicial no podrá versar sobre cuestiones no sometidas al proceso.

Bajo el entendimiento explicado resulta infundada la pretensión del recurrente respecto al tema, debiendo ser resuelto en ese sentido.

En el fondo

En los tres puntos identificados como argumentos de casación en el fondo, los recurrentes pretenden la existencia de valoración defectuosa de la prueba que se hubiera producido, cuestionando en primer término esa infracción por parte del Ad quem de las pruebas que detalla sugiriendo la no valoración objetiva de las mismas; un segundo aspecto que se reclama es fundamentalmente la no valoración del Informe Técnico Pericial de fs. 167-170 y 171; finalmente en el tercer punto la prueba cursante de fs. 146 a 148; así expuestas las presuntas infracciones, no se concreta si la acusación del presunto actuar anómalo de los jueces de segunda instancia fuera considerado como error de derecho o error de hecho, pues de manera indistinta señala “incurrido en error de derecho y/o error de hecho” sin comprender que tienen diferente connotación, pues se entenderá por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Establecido aquello, corresponde señalar que verificado los antecedentes y los fallos emitidos por los jueces de instancia, se fundaron en las pruebas producidas fueron apreciadas y valoradas de conformidad a lo previsto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, cumpliendo con la obligación impuesta por estas normas.

Consecuentemente cuando se pretende incorrecta e ilegal valoración de la prueba documental de manera indistinta no existe la demostración objetiva que así fuera, pues del análisis realizado de las pruebas, tanto el A quo como el Ad quem establecieron que las documentales adjuntas no tienen mayor relevancia, pues si bien evidencia la ocupación de esos predios, no existe evidencia de su posesión. Habiendo hecho referencia el Ad quem sobre el argumento que un taller mecánico de su propiedad funcionara en el inmueble, que incluso las proformas presentadas figuraban a otro nombre que no tienen vinculación con lo demandado.

Por otro lado, que la demandante haya señalado le tocó en sorteo el sector ocupado por su hermana co-demandada-, de ninguna manera demuestra que estuvieran en posesión pacífica, mas si verificamos que se adjuntaron pruebas que evidencian que antes de su división y partición y posterior registro en Derechos Reales de las fracciones correspondientes, hubo procesos judiciales como se evidencia de la literal de fs. 18-19 por el que se demuestra que el entonces copropietario Juan Israel Rodríguez Ledezma demandó interdicto de recobrar la posesión alegando ser propietario conjuntamente su hermana hoy demandante (Sentencia de 5 de septiembre de 1998) por el que se declaró probada la demanda con la orden de restitución por los ahora recurrentes al copropietario; ese aspecto sumado a otras evidencias, hacen concluir de manera fehaciente que no hubo posesión sino detentación.

El informe técnico al que se hace referencia inserta de fs. 167-170 y 171, no prueba posesión sino el estado actual al momento de su estudio- del bien inmueble y su probable valor monetario, consecuentemente sin incidencia en lo pretendido por los demandados en su objetivo de demostrar posesión. Cuando refiere la no existencia de violencia, en los fallos de instancia se hizo referencia a la literal cursante de fs. 14 a 17, que a tiempo de su apersonamiento por los demandados a su turno no la objetaron, habiéndose establecido de las mismas que hubo agresión según versión de la demandante por su hermana hoy recurrente, y según la versión expresada en el punto 4 de la demanda, fuera por la petición de que desocupe el inmueble. La negación de ese aspecto señalando que no existiera prueba que lo corrobore no concuerda con la realidad de los antecedentes adjuntos a la demanda.

El último punto se circunscribe a señalar una vez mas de manera genérica la existencia de error de derecho y hecho en la apreciación de las pruebas, ahora identificando a la prueba de fs. 146-148, con el pretendido de que el domicilio de la demandante estuviera en la ciudad de Santa Cruz y no en el inmueble en litigio, este aspecto no tiene mayor sustento puesto que el ejercicio del derecho propietario no implica que necesariamente sea ocupado de manera personal o que debiera tenerse establecido en el lugar su vivienda, el ejercicio del derecho propietario importa conforme señala el Auto de Vista, el ejercicio de lo establecido por el art. 105 del Código Civil, en el caso, los propios demandados se encargaron de señalar que la demandante cobra alquileres por la ocupación de las tiendas al tener inquilinos, eso es precisamente el ejercicio de un derecho, que no implica abandono de modo alguno, consecuentemente cuando los recurrentes señalan que no tuviera establecido su domicilio en el lugar y solo se encargara de cobrar alquileres, no desvirtúan sino mas bien confirman el ejercicio de un derecho propietario, situación que no puede conceptuarse como error de derecho o de hecho.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución conforme prevé el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 271 núm. 2) y 273) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Augusto Delgado Cardoso y María Teófila Rodríguez Ledezma por memorial de fs. 282 a 285, contra el Auto de Vista de 16 de junio de 2014 que corre de fs. 277 a 279. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Séptimo