TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo:569/2014                                                                Sucre:09 de octubre2014                                                         Expediente:        SC-86-14-S                                                                

Partes:Sara Edelmira Robertson de Roca. c/        Martha Patricia Robertson Argote

Proceso:Prescripción adquisitiva y declaratoria de propiedad de        mejoras.        Distrito:Santa Cruz

VISTOS: El recurso de Casación formulado por Martha Patricia Robertson Argote por intermedio de su apoderado Rolando Toledo Pereira de fs. 1034 a 1042 vta., contra el Auto de Vista Nº174 de 23 de abril de 2014, Auto de fs. 1029 de 26 de mayo de 2014, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de prescripción adquisitiva y declaratoria de propiedad de mejoras seguido por Sara Edelmira Robertson de Roca contra Martha Patricia Robertson Argote; respuesta de fs. 1046 a 1048, concesión de fs. 1049, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La JuezCuarto de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia Nº75/2013 de fecha 29 de noviembre de 2013, cursante de fs. 970 a 979 por el que declara: I. PROBADA la demanda de fs. 27 a 29 y vta., y memorial de aclaración de fs. 33 y vta., de obrados, interpuesto por Sara Edelmira Robertson Argote. II. IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 52 a 55 interpuesto por Martha Patricia Robertson Argote. III. PROBADA la excepción de prescripción de la acción negatoria opuesta por la demandante por memorial de fs. 566 a 571. IV. PROBADA la tacha de testigos opuesta por la demandante en memorial de fs. 829 a 830. En su mérito y como efecto de esta resolución, se declara no creíble la declaración contenida en el acta de fs. 910 y vlta. V. En su mérito se dispone lo siguiente: 1. Se declara a SARA EDELMIRA ROBERTSON ARGOTE propietaria del inmueble, terreno y construcciones declaradas en el instrumento público Nº 68/73 de 13 de marzo de 1973, por efecto de la prescripción adquisitiva o usucapión, inmueble sito  en calle Antonio Vaca Diez Nros 538 y 540 de la UV Zona Central, manzana 275, superficie 454 m2 según título y 421.60 m2 según mensura. 2. Se declara a SARA EDELMIRA ROBERTSON ARGOTE propietaria de las mejoras y construcciones realizadas con posterioridad al momento que ingresó en posesión del bien inmueble, mismas que están identificadas en el Informe Pericial de fs. 860 a 868 de obrados. 3. Se dispone que, ejecutoriada la sentencia, por secretaría se franquee testimonio de las piezas principales del presente proceso y se ordena su inscripción en el Registro de Derechos Reales del Departamento.

Sentencia complementada y enmendada por Auto de fecha 09 de diciembre de 2013 por el que se señala: I. Se enmienda la parte resolutiva de la sentencia de fs. 970 a 979 en los puntos siguientes: a) Se enmienda el apartado I de la parte resolutiva de la sentencia que queda corregida de la forma siguiente “PROBADA la demanda de fs. 73 a 75 aclarada y complementada por memorial de fs. 97 de obrados interpuesta por Sara Edelmira Robertson Argote”. b) Se enmienda el apartado II de la parte resolutiva de la sentencia, mismo que queda corregida de la forma siguiente: “IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 275 a 280, ampliada y subsanada con memorial de fs. 385 a 387 vta., interpuestas por Martha Patricia Robertson Argote. c) Se enmienda el apartado III de la parte resolutiva de la sentencia, mismo que queda corregida de la forma siguiente: “PROBADA la excepción de prescripción de la acción negatoria opuesta por la demandante en memorial de fs. 605 a 611”. II. Se complementa el apartado V de la parte resolutiva de la sentencia, agregándose al mismo el numeral 4., redactado de la forma siguiente:”4. Se dispone, únicamente, la cancelación de la Matrícula Nº 7.01.1.99. 0005215”. 

Contra la referida Sentencia y Auto complementario, interpuso recurso de apelación Martha Patricia Robertson Argote por intermedio de su representante legal Rolando Toledo Pereira mediante memorial de fs. 985 a 991.

En mérito a esos antecedentes, Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº174, cursante de fs. 1022 a 123, por el que CONFIRMA totalmente la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2013, complementada por Auto de fs. 1029 de 26 de mayo de 2014.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación en el fondo y en la forma interpuesto por parte de Martha Patricia Robertson Argote, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo

1.- De la errónea interpretación y peor aplicación de los arts. 87, 89, 90 y 138 del Código Civil por falta de debida valoración de pruebas. Que, amparada en elementos fácticos del proceso, demostrarían que la demandante jamás habría ejercido posesión necesaria y requerida por la ley para adquirir mediante usucapión titularidad del inmueble, permaneciendo como tolerada, nacida por voluntad de su madre, que adquirió para su hija menor, habría otorgado Poder a favor de su esposo a fin de perfeccionar los títulos de propiedad a nombre de la demandada, autorizándole ocupación precaria a título de tolerancia, en virtud al vínculo familiar. Cuando llega a la mayoría de edad, decidiría seguir autorizando la ocupación siempre a título de tolerados.

La relación familiar fuera clara y fundamental importancia, debió ser valorada por los de instancia que no contendría la debida fundamentación jurídica requerida para que cumpla el debido proceso. Que, restaron importancia al vínculo familiar, efectúa interrogantes a que su madre si no habría ese vínculo familiar habría otorgado el poder a favor de su esposo, que si no hubiese sido hermana carnal se hubiese permitido la ocupación en calidad de tolerada. Porque no se ponderó el hecho de que la actora era siempre una simple tolerada.

Señalando luego que comenzó y sigue ocupando la demandante como tolerada, no se  fundaría la posesión, se habría incurrido en una errónea interpretación y peor aplicación de los arts. 87, 89,  90 y 138 del Código Civil y se atentaría contra el derecho constitucional a la propiedad privada, contemplado en el art. 56 de la Constitución Política del Estado, con relación a los arts. 105, 1453, 1454 del Código Civil.

2.- De la errónea aplicación del art. 397 del Código de Procedimiento Civil. De la afirmación en Auto de Vista, señala que las reglas de la sana crítica, citada en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, está reservada únicamente para cuando existe una falta de valoración que les otorgue la ley, en el presente caso apartándose deliberadamente de los puntos apelados se haría una apreciación abstracta y superficial de los hechos sin analizar elementos y argumentos de apelación, de lo contrario habría arribado a la conclusión que la ocupación fuera por tolerancia, que así se desprendería de las pruebas literales de obrados.

Que, las literales que hace mención debieron ser sometidos conforme a ley y no a la sana crítica como sostendría el Ad quem, por ello se vulneraria el art. 410 de la Constitución Política del Estado, con relación a los arts. 90 y 397 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Inobservancia de la jurisprudencia ordinaria nacional. Que, fuera una de las fuentes del Derecho nacida de la interpretación de las leyes realizada por los Tribunales. Habrían invocado jurisprudencia citando al Auto Supremo Nº 192 de 2012, de la Sala Civil Liquidadora, que en el caso la demandante no ha sido detentadora sino una simple tolerada en virtud al vínculo familiar.

4.- Inobservancia de la jurisprudencia constitucional. Que, el recurso de casación está instituido a la defensa del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia y las consideraciones que considera pertinente, para ello se debe observar y proteger los derechos y garantías constitucionales. En el presente caso y pese haber invocado oportunamente el derecho a la debida fundamentación, los de instancia no habrían observado ni cumplido con ello, evitando ingresar en el análisis de fondo, situación que vulneraría el derecho constitucional de fundamentación de la resolución, dejándola en estado de desigualdad jurídica.

Como petitorio señala que amparado por las normas legales que refiere, interpone recurso de casación en el fondo, a fin de que se dicte Auto Supremo Casando el Auto de Vista y Auto complementario, y “revoque” las Resoluciones recurridas como  la sentencia de primera instancia.

En la forma

Alude al art. 250 del Código de Procedimiento Civil, sobre la posibilidad de plantear recurso de casación en el fondo y en la forma, además de la nulidad dispuesta por el art. 252 de la misma norma. Refiriendo luego que el Gobierno Municipal no hubiera sido notificado con varias actuaciones.

Que, el art. “253 del CPC” establecería la procedencia del recurso de casación en la forma. Que existiendo sendos  vicios de nulidad, se habrían violado e incurrido en infracciones  previstas por los arts. 82 al 88 del Nuevo Código Procesal Civil y arts. 137 del Código de Procedimiento Civil, la obligación al saneamiento procesal, que dentro de ello se dispuso se cite a los representantes de la Alcaldía Municipal, sin embargo se habría pronunciado de manera incorrecta por los de instancia, violando el debido proceso a la comunicación efectiva a las partes, y que no habrían cumplido a cabalidad con las notificaciones al Gobierno Municipal de Santa Cruz, que viciarían de nulidad el proceso, detallando en diecisiete puntos las presuntas falencias. Que, dice hubo violación a la normativa procesal vigente, cuando se dispuso la citación a la Alcaldía. Que, la situación hubiera sido diferente si la Alcaldía hubiera remitido informe al Juez de la causa su decisión de participar o no en virtud de la calidad del inmueble.

Que, la intervención de la Alcaldía no fuera accesoria, pues habría referencia a mejoras en la demanda, realizando consideraciones sobre las construcciones o mejoras. Por lo que expuso señala que solicita disponga la tramitación del mismo conforme lo establecen las normas procesales en el art. 25 ° y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En razón del planteamiento del recurso de casación en el fondo y en la forma, se considerará en primer término lo planteado en la forma, en atención a que si fueran evidentes las denuncias, el resultado fuera por anular obrados impidiendo la consideración de fondo, consecuentemente se tiene que:

En la forma

La recurrente plantea recurso de casación en la forma, en sujeción a lo previsto por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil que autoriza a formular recurso de casación en el fondo, asimismo tergiversa el contenido de lo que presuntamente señalara la disposición legal en que se apoya, por lo que el recurso va encaminado de manera defectuosa.

El propósito de la demandada es hacer ver que con diversos actuados no estaría notificado a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y se la hubiera sometido a indefensión, al considerar que su participación fuera imprescindible, sin embargo habrá que tomar en cuenta que mas allá de que esa afirmación no es evidente, pues constatando en obrados se verifica diligencias de notificación que dan cuenta que se hizo conocer a la Alcaldía Municipal, por citación a fs. 377 y notificación de fs. 382 foliación de parte superior-, y otros que prueban el cumplimiento de la notificación extrañada, existen certificaciones emitidas por el ente municipal respecto al bien inmueble en litigio como las que corren de fs. 65-66, que evidencian conocimiento pleno respecto a la controversia suscitada, el que no haya participado de manera activa, o haya dejado de ejercitar sus derechos si consideraba que existía alguno- es de su exclusiva responsabilidad, y si evidenciaba algún tipo de vulneración a sus derechos, es precisamente la institución municipal quien debía reclamar, en razón a que nadie puede atribuirse legitimación para reclamar por un tercero sin estar autorizado, en el caso de Autos, la recurrente pretende atribuirse legitimación para reclamar la presunta indefensión a que se hubiera sometido al Gobierno Autónomo Municipal de Santa  Cruz, cuando la referida institución no dijo nada al respecto, en la certeza de que el bien en litigio trata de un bien privado que no incumbía al Municipio como tal, por lo que ninguna alegación en contra efectuada por quien no está legitimado puede ser tomado en cuenta a los efectos pretendidos, no siendo necesario un pronunciamiento expreso por la Alcaldía en sentido de que participará en el proceso o por el contrario se abstendrá como pretende la recurrente. Y si el ente municipal consideró no pertinente su partición en el proceso de manera activa en defensa de algún derecho, se concluye que no se afectó a los derechos de la municipalidad ni ingresó en discusión propiedad municipal, por dicho motivo su participación no era trascendente, y así se lo entendió, de manera que cuando se pretende la carencia de varias notificaciones que afectarían al Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no es un asunto que pudiera considerarse a petición de quien no está legitimado, menos de oficio por haber presuntamente vulnerado algún derecho.

Consecuentemente corresponderá emitir resolución en función a lo determinado por los arts. 271-1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

El recurso de casación en el fondo, divide sus argumentos en cuatro puntos; en el signado con el número 1.-, de manera genérica afirma la existencia de interpretación y “peor” aplicación de los arts. 87, 89, 90 y 138 del Código Civil, cuyo propósito es aparentemente mostrar que en obrados existiría prueba demostrativa que la demandante no habría ejercitado posesión, y que su condición fue la de simple tolerada. El planteamiento resulta deficiente pues no cumple con demostrar de qué forma se hubieran vulnerado sus derechos al “interpretar y peor aplicar” (Sic.), las normas que refiere; sin embargo de esas deficiencias, bajo los nuevos alcances de la administración de justicia, conforme prevé el art. 180 II de la Constitución Política del Estado, se extracta que su propósito es evidenciar que la actora no era poseedora sino tolerada desde el momento que ingresó al inmueble; a ese propósito corresponde señalar que:

a.- El art. 87 del Código Civil que señala “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad y otro derecho real.”.

En razón a lo señalado es pertinente establecer que fundamentalmente la posesión consiste en una situación o estado de hecho de la cual derivan consecuencias jurídicas que, de ordinario, vienen a protegen en mayor o menor medida esa situación o estado de hecho. Se emplea la palabra posesión en su sentido amplio, puede decirse que posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular, de facto, goza de las ventajas y soporta los deberes que normalmente corresponde gozar y soportar al titular del respectivo derecho o atributo. Es natural que semejante actuación cree la apariencia de que quien la realiza es el verdadero titular del derecho o atributo de que se trate.

b.- De antecedentes se evidencia el ingreso de la actora y su familia en el bien inmueble en cuestión en principio fue por disposición de la madre de las partes, que por ello podría presumirse tolerancia, pero también existe la presunción de que su madre en verdad dispuso la ocupación como poseedora por parte de la actora a cambio de los cuidados que debía prestar a su padre por su delicado estado de salud, y la adquisición fue con ese propósito y quien cumpliera esa labor quedaría con el bien inmueble, siendo en este caso la actora, por ello la versión no desvirtuada de que se hubiera adquirido a su favor como señala la demandante; ejercitando entonces sobre el inmueble actos de dominio como verdadera dueña y en calidad de poseedora con la anuencia de la madre, en la creencia de que el inmueble le pertenecía como reconocimiento por los cuidados y atenciones realizados a favor de su progenitor.

c.- Si el razonamiento fuera contrario, no es posible concebir que una mera tolerada pueda efectuar mejoras con construcciones de magnitud y la propietaria no observe esa situación. El tolerado puede hacer actos de conservación para evitar el deterioro de un bien inmueble, pero resulta ilógico pensar que realizara construcciones de magnitud como sucede en el caso. Si fuera evidente lo afirmado por la recurrente, en sentido de que su madre hubiera autorizado “solo” como tolerada por la minoría de edad de la demandada-, era perfectamente posible que cuando cumplió la mayoría de edad, ella misma reclamara para su desocupación por la presunta precaria presencia en el inmueble, sin embargo no existe evidencia que ello hubiera sucedido cuando la demandada cumplió mayoría de edad, el año 1980; incluso la propia madre (Doña Rosa Argote Vda. de Robertson) que entonces se encontraba viva, podía ratificar lo sostenido por la demandada en sentido de haberla simplemente tolerado, y al cumplimiento de la mayoría de edad, exigir o comunicar que sea restituido a favor de su propietaria; según Certificado de Defunción de fs. 30 (numeración de parte superior), la madre de las partes, falleció en fecha 4 de julio del año 2002, es decir transcurrieron 22 años desde que cumplió mayoría de edad la recurrente, y durante ese tiempo no se dijo nada, ni por parte de la madre que en principio dispuso el ingreso al bien inmueble de la actora, ni por la demandada, dejando que durante ese tiempo ejercitando con ese ánimo de dueña, la demandante realice construcciones y mejoras, que por el estudio pericial de fs. 860 a 868 son de magnitud además en diferentes tiempos, así como la instalación de servicios básicos y pago de impuestos, existiendo la presunción de que efectivamente la madre en verdad consintió la posesión, consecuentemente hay presunción de que ingresó como poseedora y no como tolerada, situación que es confirmada precisamente por los actos de mejora y construcción de ambientes en el inmueble en cuestión y la inactividad de la demandada con respecto a la cosa, consiguientemente es pertinente acudir a lo preceptuado por el art. 88 del Código Civil que señala: “ Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador”, en el caso, se establece que la actora ingresó al inmueble como poseedora y no como simple tolerada, y si bien la demandada sostiene lo contrario, le estaba impuesto la carga de probar aquel aspecto, que en los hechos nunca sucedió, pues se limitó a la mera afirmación de ese aspecto, sin respaldo probatorio.

d.- Se tiene además que, aun la compra se haya realizado a nombre de una menor de edad, la madre habría expresado que el inmueble en cuestión estaba destinado a favor de la actora precisamente por la labor que cumplió a favor del padre de ambos, y es en esa condición que se explica los trabajos efectuados en el mismo, con plena anuencia de la madre y posteriormente con la aquiescencia de la actora, entendiéndose que no podía correr ningún tiempo de prescripción desde el momento de su ingreso al inmueble en razón de la minoridad de la titular registral, sin embargo, desde que ella cumplió mayoría de edad el año 1980 -por el cómputo que se efectúa de los 21 años desde la fecha de nacimiento 19 de enero de 1959- como establecen las documentales que cursan de fs. 161 y 162 (foliación de la parte superior), corrió el tiempo para operar la usucapión, tiempo en el que no hizo reclamo alguno por la ocupación que se hacía del inmueble, cumpliendo plenamente lo determinado por el art. 138 del Código Civil, no siendo suficiente la sola afirmación en proceso que daría cuenta de algún reclamo.

Quedando desvirtuado entonces la versión de que la actora fuera simple tolerada desde el principio, no existiendo vulneración de las normas que señala de manera genérica la recurrente.

2.- En relación a la presunta errónea aplicación del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, es simple cuestionamiento y crítica de que la sana crítica debiera aplicarse en ausencia de la valoración que otorgara la ley, sin embargo de ese cuestionamiento y crítica, no es sustentado con la exigencia del art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, si consideraba ello, debió individualizar las pruebas que no se hubieran valorado con la taza legal que les fuera otorgado señalando fojas en los que se encontrarían estos, y demostrar que en la imposibilidad de aquello se aplicara recién la sana crítica. Los jueces conforme el mismo artículo alegado por la recurrente, -397 del C.P.C.-, en su P. II están obligados a valorar en la sentencia, las pruebas esenciales y decisivas y eso ocurrió en el caso de autos, el sostener lo contrario obliga a su autor demostrar de manera objetiva aquel aspecto, situación que en el caso de autos no fue cumplida por la recurrente, de manera que el simple reclamo de transgresión de la norma, no habilita el análisis ni la conclusión sugerida.

3.- El criterio expresado por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en  el Auto Supremo Nº 192 de 2012 en sentido de que “no se puede adquirir un derecho real por usucapión mientras no cambie el título; en otras palabras quien comenzó siendo detentador de la cosa no puede adquirir la posesión mientras no cambie o modifique su título…”, es un criterio asumido por profusa jurisprudencia emitida tanto por la Ex Corte Suprema de Justicia como por este Tribunal Supremo, situación que es innegable, sin embargo lo que no se demostró en el caso de Autos, es que la ocupación de la actora fuera de simple tolerada y no de posesión como se explicó anteriormente, consecuentemente no existe discordancia con lo razonado con relación al tema.

4.- Si la recurrente consideraba carencia de fundamentación en los fallos de instancia evitando ingresar en el análisis de fondo, conforme al reclamo que hace en este punto, la vía a la que recurrió es errada en razón a que este aspecto debe ser cuestionado mediante recurso de casación en la forma y no en el fondo como pretende, consecuentemente no es posible considerar su petición en este punto, por lo cual corresponde desechar el razonamiento planteado.

Debiendo aclararse que su petitorio es contradictorio en razón a que de manera dual pide primero se case y luego se revoque las resoluciones recurridas como la sentencia de primera instancia. Sin comprender que el Tribunal Supremo no puede revocar los fallos de instancias inferiores, sino sujetar su resolución a lo previsto por el art. 271 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo analizado corresponde dar aplicación a lo previsto por los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 271 num. 1), 2); 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil respectivamente, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma, e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo formulado por Martha Patricia Robertson Argote por intermedio de su apoderado Rolando Toledo Pereira por memorial de fs. 1034 a 1042 vta., contra el Auto de Vista Nº174 de 23 de abril de 2014 cursante de fs. 1022 a 1023 y Auto de 26 de mayo de 2014 de fs. 1029. Con costas.

Se regula los honorarios del Abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto