TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L



Auto Supremo:551/2014

Sucre: 26 de septiembre2014

Expediente: T-27-14-S

Partes: Olga Terán Vilte Vda. de Rodríguez. c/ Ex Consejo Nacional de

Vivienda y otros.

Proceso: Usucapión decenal

Distrito: Tarija


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 630 a 633, interpuesto por Alejandra Romero, y el de fs. 640 a 642 opuesto por María Terán Vilte, contra el Auto de Vista Nº 18/2014 de 14 de marzo de 2014, cursante de fs. 623 a 625, pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso de usucapión decenal interpuesto por Olga Terán Vilte Vda. de Rodríguez contra el Ex Consejo Nacional de Vivienda y otros, la concesión de fs. 657 y vta., los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Mediante Sentencia de 24 de julio de 2013, el Juez de Partido Sexto en lo Civil de la capital, declaró probada la demanda de usucapión de fs. 201, ampliación de fs. 205, las cuales ratifican los términos de los memoriales de demanda de fs. 14-15, 26 y 149. 

Resolución de fondo, que es apelada por Naller Terán Rodríguez, por escrito de fs. 574 “A” a 575 vta., y de Alejandra Romero, por memorial de fs. 588 a 589 vta., que mereció la emisión del Auto de Vista Nº 18/2014 de 14 de marzo de 2014, cursante de fs. 623 a 625, que confirma totalmente la Sentencia de fs. 564 a 570;Resolución de Alzada que es recurrida de casación por Alejandra Romero y María Terán Vilte que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del recurso de Alejandra Romero:

En la forma, señala que según fs. 198 y vta., se ordena replantear la demanda y citar al Ministerio Público porque ex CONAVI es una institución pública, pero luego no se volvió a notificar ni con Sentencia asimismo se señala que no existe notificación al ex CONAVI, herederos de Juan de Dios Terán Vilte, Oscar Terán Vilte y Alfredo Terán Vilte mediante edictos con la Sentencia. Así también se señala que respecto al codemandado Alcalde Municipal, no consta la entrega a la Dirección de Desarrollo Urbano  el oficio del Juez, por lo que el Juez sin contar con informe o certificación del municipio dicta Sentencia sin saber si es área verde o no. Indica también que no existe notificación a las partes del proceso con la resolución defs. 490 vta., que existe notificación repetida excepto al Ministerio Público; misma ausencia es en la notificación de fs. 558, también desde fs. 560 a 563 no existe notificación a la defensora de oficio con la resolución de autos para Sentencia, también de fs. 571 a 595 no cursa notificación al Ministerio Público con la Sentencia tampoco existe notificación al ex CONAVI como a los herederos de Juan de Dios Terán Vilte, Oscar Terán Vilte, Alfredo Terán Vilte mediante edictos con la Sentencia. También no cursa notificación con la contestación al recurso  fs. 599, en esto señala que existe anomalías y errores en las diferentes notificaciones ya que en fs. 609 a fs. 613 no existe notificación a la demandada María Terán Vilte con la radicatoria a Sala, irregularidades que, a su criterio, causa agravios y grave perjuicio a su derecho a la defensa.

En el fondo, señala que se ha incurrido en errónea valoración de la prueba de descargo, a lo que señala que a fs. 536 se encuentra acta de inspección en donde se hace notar que el inmueble no cuenta con el letrero de proceso de usucapión, si bien no es un requisito pero es una disposición acordada Nº 02/2005 por la Ex - Corte Superior de Distrito, si bien se presenta fotos del letrero de usucapión pero después de vencido el termino, en esa misma acta confiesa que no vive en el inmueble sino que vive su hermana de nombre María Teresa Vilte con su hijos y nietos. De la recepción testifical  en fs. 537 a 538 vta., señalan que la actora no vive en el inmueble objeto de usucapión, asimismo indican que el demandado Naller Terán hace 10 años trató de ingresar pero fue impedido por la actora, esto es interrupción de la posesión, lo cual no valoró el Juez.. Señala que esta prueba tiene validez pero la Sentencia no hace mención a la prueba  de descargo, por lo que nos e dio una correcta valoración a esta prueba por lo que acusa de infringidos.

Concluye solicitando anular el Auto de Vista por causarle grave perjuicio, declarándose por consiguiente nula la Sentencia y Auto de Vista efectuadas por los Jueces.

Del recurso de María Terán Vilte

En la forma, señala que no se volvió a notificar al Ministerio Público ni al ex CONAVI con la Sentencia, tampoco se notificó a los herederos de Juan de Dios Terán Vilte, Oscar Terán Vilte, Alfredo Terán Vilte mediante edictos con la Sentencia. Asimismo, observa la falta de informe del municipio, así como irregulares las diferentes notificaciones a las partes en actuados, que son identificas al recurso en la forma de Alejandra Romero.

En el fondo, observa como errónea valoración de la prueba  de descargo, en la no colocación del letrero de usucapión, y que en la inspección de fs. 536 la actora reconoce que no vive en el inmueble a usucapir sino su hermana María Terán Vilte, asimismo acusa la interrupción de plazo de usucapir que señalan las pruebas testificales aludiendo en que su sobrino Naller Terán fue impedido de ingresar la inmueble por la actora. Asimismo, acusa que la Sentencia no tomó en cuenta estas pruebas lo cual quebrantó el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, replicándose también las infracciones acusadas por Alejandra Romero.

Concluye también manifestando que se anule el auto de vista y la Sentencia, hasta el vicio más antiguo.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Conforme señala el art. 106 del Código Procesal Civil, con vigencia anticipada, la nulidad de obrados podrá ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente, en ese mismo tono el art. 17-I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; encuadre legal que permite realizar las siguientes consideraciones:

Es línea jurisprudencial consolidada de exigir a momento de entablar la demanda de usucapión el dirigir la pretensión contra el propietario registral del inmueble, como sujeto pasivo, por cuanto la prescripción surtirá contra aquel el efecto extintivo de su derecho propietario, otorgando al demandante, por el efecto adquisitivo, la titularidad del inmueble usucapido, en ese margen resulta trascendental la individualización del sujeto pasivo por parte del accionante a los fines de la eficacia de la Sentencia.

En éste análisis debemos hacer énfasis en que el Estado toma cuerpo con una serie de instituciones, cada una con fines y objetivos específicos de otorgar la funcionalidad administrativa y política que la sociedad requiere, siendo estas instituciones las que tienen una relación jurídico- administrativa con los administrados.

La función que desempeña cada institución estatal deviene de una política pública, en ese mérito, conforme el tiempo y forma de gobierno se da mayor o menor énfasis a esas políticas y en esa coyuntura se crean o modifican las instituciones que cumplen una determinada labor, transmitiendo de una u otra manera las funciones y el patrimonio establecido para cada una de ellas, de modo que en la cadena de instituciones gubernamentales en el tiempo, el patrimonio estatal seguirá dependiendo de una de ellas, por transmisión legal o reglamentaria, es decir un determinado patrimonio estatal tendrá su titular a una u otra persona jurídica estatal en un periodo de tiempo bajo el común denominador de la función estatal que ejerza.

En esa lógica, si bien aquella organización estatal pudo haber tenido un cambio de denominación o que otra institución estatal asumió tal rol y se hizo cargo de la función y el patrimonio de la anterior, lo que no significa que los activos y pasivos de esa institución queden sin titular gubernamental, ya que el Estado, por la función que ejecuta siempre está dotado de organismos que asumen esa labor, por lo que es deber de la parte accionante, o en su caso del Juez a tiempo de admitir la demanda, individualizar la entidad pública contra la que se ejerce la acción, o en su caso a aquella que asumió la función de la anterior. Como emergencia de ese razonamiento, también se debe indicar que, si bien el art. 124 del Código de Procedimiento Civil permite la citación por edictos cuando se ignorare el domicilio de la persona a quien se demanda o cuando se dirija a personas desconocidas, empero esa regla normativa tiene su excepción cuando se demanda al Estado o entidades públicas en general,  por cuanto el Estado, como persona de derecho público, siempre cuenta con una representación con domicilio conocido, y no se asimila la idea de desconocimiento de domicilio de una entidad pública, pues cabe la hipótesis de una posible refuncionalización que permitiría el cambio de denominación o traspaso de funciones de un órgano estatal a otro, sin embargo de una u otra forma el ente estatal contra quien se pretende que afecte la Sentencia tiene un domicilio donde citar a la autoridad jerárquica de aquella, razonamiento que nace del artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “I. Cuando el Estado fuere el demandado, será citado en la persona de la autoridad jerárquicamente superior”, norma que disipa la alternativa de enjuiciar al Estado mediante edictos, por considerar que cuando se entabla demanda contra aquel se debe precisar la autoridad jerárquica superior de la institución estatal, a fines de la eficacia de la Sentencia y la cosa juzgada.

En el presente caso, la actora pretende adquirir la propiedad por usucapión de un inmueble ubicado en la Avenida La Paz Nº 870, entre la calle Bolívar y Oruro en la ciudad de Tarija, por lo que dirigió la demanda contra “ex Consejo Nacional de Vivienda”(ex CONAVI) y desarrollando todos los actos procesales contra ese ente de gobierno. Ahora bien, de la revisión del Certificado de fs. 8 de obrados, emitido por Derechos Reales, se verifica que el inmueble objeto de usucapión está inscrito en el registro a nombre del “Consejo Superior de Vivienda Obrera”, institución erigida por Decreto Ley de 24 de mayo de 1939, en la Presidencia de Germán Busch, siendo aquella diferente al ente estatal Consejo Nacional de Vivienda creada por efecto del Decreto Ley 6816, durante la Presidencia de Víctor Paz Estenssoro, contra la cual se dirigió la demanda. Conforme lo distinguido,  podemos hacer dos precisiones, la primera, es que la parte actora equivocó el sujeto pasivo de la usucapión al demandar a una institución estatal diferente al del registro sin realizar ningún tipo de fundamentación al respecto. La segunda, estableciendo que si bien el año de registro -1945- el ente estatal encargado de la política de vivienda gubernamental estaba cargo del Consejo Superior de Vivienda de la cual se conformó un Comité Departamental en Tarija para impulsar la vivienda obrera, conforme describe el Decreto Ley de 29 de diciembre de 1944, en ese margen dicha función en posterior fue asimilada por otro ente estatal, mismo que por lógica es titular de los derechos patrimoniales de aquel Consejo Superior de Vivienda Obrera, por lo que ante la ocurrencia del tiempo, al presente no es posible demandar al mismo, debiendo dirigirse la demanda al actual organismo estatal que asumió la titularidad de la función y el patrimonio de aquella. En ese mérito, era deber de la parte actora prever el condicionamiento del sujeto pasivo cuando de ente estatal se trata, individualizando a la institución estatal contra la que se quiere que surta el efecto extintivo de la usucapión, situación que se hace más ostensible cuando su demanda fue contra un ente estatal diferente al que se tiene en el registro real, haciendo hincapié en que se demandará contra la autoridad jerárquica superior  de la institución precisando el domicilio del mismo.

Por lo manifestado, el trámite seguido hasta el presente ha sido irregular al no considerarse el sujeto pasivo estatal contra quien quiere que surta el efecto extintivo de la usucapión, que se hace más latente cuando los Tribunales inferiores determinaron que el bien objeto de Litis no pertenece a un persona privada, lo que supondría que ese bien está siendo usucapido al Estado, situación que de ser posible debe ser evaluado por los Jueces de instancia -teniendo presente la data y la naturaleza del bien- pero no cuando se demanda  a una entidad estatal de presencia en los años 40, dirigiendo la acción confusamente a otra institución y declarando el desconocimiento de domicilio,  por lo que no podría ser extensivo lo dispuesto en Sentencia por determinación del art. 194 del Código de Procedimiento Civil, debiendo procederse irremediablemente a la nulidad de obrados hasta fs. 17, debiendo la parte actora individualizar al órgano estatal titular de los derechos que se extinguen.

Por lo expuesto se emite Resolución conforme los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 17, debiendo la parte actora corregir su demanda en relación al sujeto pasivo estatal conforme el razonamiento vertido.

Se llama la atención a los Tribunales de instancia el haber consentido un procedimiento defectuoso sin percatarse de la situación inadecuada del sujeto pasivo por lo que no se excusa el error cometido, imponiéndose multa de un día de haber tanto al Tribunal de apelación como al Juez de instancia, al efecto comuníquese la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Conforme el art. 17-IV de la Ley Nº 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto