TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 548/2014

Sucre:26 de septiembre 2014

Expediente: LP-90-14-S

Partes: Gustavo Guachalla Velásquez y Otros. c/ Gobierno Autónomo Municipal

de La Paz.

Proceso: Nulidad de EscriturasPúblicas.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Raúl Pomar Aramayo, Tomás Rodríguez Rojas y Bertha Mercedes Belmonte Cortez, por sí y en representación de los demandantes, de fs. 1453 a 1458 vta., contra el Auto de Vista Nº 369/2013 de 24 de diciembre de 2013, cursante de fs. 1449 a 1450, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Nulidad de Escrituras Públicas seguido por Gustavo Guachalla Velásquez y Otros contra Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la concesión de fs. 1473, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Séptimo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz dictó Sentencia Nº 32/2013 de 4 de marzo de 2013, cursante de fs. 1402 a 1417 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 485 -487 e improbada lo que corresponde al mantenimiento de valor a su favor tomando como parámetros el tipo de cambio vigente a las fechas de sus pagos, pago de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, disponiendo la nulidad de la escritura pública Nº 164/82 de 27 de octubre de 1982, la cancelación de partidas de registro y la devolución de los dineros pagados por los demandantes por concepto de pago por la adjudicación de los lotes de terreno efectuados en virtud de la suscripción de la Escritura Pública señalada, montos que deberán ser calculados en ejecución de sentencia.

Resolución de fondo que es apelada por la parte actora, por memorial de fs. 1420 a 1423, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 369/2013 de 24 de diciembre de 2013, cursante de fs. 1449 a 1450, que confirma la Sentencia de fs. 1402 -14017; decisión jurisdiccional de Alzada que es recurrida de casación por la parte demandante que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Expresa que el Autode Vista hubiere sido dictado conla concurrencia de un vocal impedido, a lo que argumenta que el auto de Vista dictado a fs. 1286 a 1287 por la Sala Civil Segunda estuvo conformada por los vocales Dora Villarroel y Javier Percy Bravo Arroyo, y que el Auto de Vista de fs. 1449 a 1450 por  la Sala Civil Tercera  está conformada por los vocales Javier Percy Bravo arroyo y Ramiro Sánchez Morales, está última que confirma la sentencia , y señala que sobre la misma causa y materia se emiten dos resoluciones contradictorias pues la última Sentencia no es más que la copia de la anulada, y el Auto de Vista recurrido se dicta con la presencia del mismo vocal Bravo Arroyo que debió haberse excusado, por lo contenido en el art. 3 num. 9 de la ley 1760, por estar impedido al ser parte de la Sala que dictó el Auto de Vista de 20 de noviembre de 2010.

En el fondo:

Acusa violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, a lo que señala que la sentencia  no resuelva como se solicitó en uno de los puntos demandados, “aplicándose el mantenimiento de valor tomando en cuenta el tipo de cambio vigente a la fecha de la devolución para adquirir otro bien inmueble de las mismas características del terreno que nos fue vendido”, y que el Auto de Vista no considera la concordancia entre los resuelto y lo pedido, y que si bien en la sentencia en el numeral 35 del segundo considerando se lo menciona, no así en la decisión ya que simplemente se dispone la devolución de los dineros pagados, en consecuencia dice- no se ha resuelto las cosas como fueron litigadas.

Por otro lado señala la violación del art, 441 del Código de Procedimiento Civil, sobre la fuerza probatoria del dictamen, a lo que señal que de acuerdo a la normativa de los medios de prueba se desprende que laSentencia no fundamenta ni mucho menos realiza un correcto análisis de la prueba pericial de fs. 778-780, cuyo cuadro detalla las amortizacionesrealizadas por el terreno adjudicado y su variaciónde la moneda nacional al tipo decambio de dólar americano a la fecha del informe, al precio pagado en laequivalencia de $us. 18.902,43 por cada lote.  Indica que en el caso se ha violado esta disposición porque el Auto de Vista solo toma  en cuenta solo una parte del dictamen pericial referido a los daños y perjuicios, pero no así las amortizaciones que fueron indexadas de acuerdo a la variación del tipo de cambio de bolivianos a dólares, obviando al igual que el A quo la pericia de fs. 778-781 que toma el calcula para cuantificar el daño económico de 6% de interés legal fijado en el art. 414 del Código Civil.

Concluye solicitando se sirvanconceder el recurso  ante el tribunal Supremo  para que case el Auto de Vista y deliberando en el fondo determine cumplir con la devolución de los dineros pagados en concepto del precio de los predios adjudicados y no entregados, aplicándose el mantenimiento de valor  tomando en cuenta el tipodecambio del dólar americano vigente a la fecha de devolución.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme señala el art. 106 del Código Procesal Civil, con vigencia anticipada, la nulidad de obrados podrá ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente, en ese mismo tono el art. 17-I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; encuadre legal que permite realizar las siguientes consideraciones:

La Constitución Política del Estado, en su art. 115 incide que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales  en el ejercicio de sus derechos e intereses, por lo que manifiesta que el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones. En ese mérito, para que el Estado cumpla con esa garantía concibió que la justicia ordinaria  se fundamente en principios procesales que permitan al aseguramiento de los derechos del justiciable, conforme señala el art. 180 de la norma suprema. En el abanico de principios que sustentan la jurisdicción ordinaria se encuentra el principio de eficacia, que a decir de la Ley Nº 025 constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia; por lo que la referencia normativa de este principio induce al órgano jurisdiccional emitir una determinación judicial  práctica que, respetando el debido proceso, tenga en su contenido una solución fiable, aplicable y sostenible que permita a las partes conocer el motivo que llevó a la autoridad tomar esa decisión.

En el caso presente, una de las principales cuestionantes del recurso de apelación es que la Sentencia no habría acogido su petición de la aplicación del mantenimiento de valor tomando en cuenta  el tipo de cambio vigente a la fecha de devolución (indexación), pues la decisión de grado consideró solo la devolución de los dineros pagados por los lotes  “sin tomar en cuenta el mantenimiento de valor a su favor  tomando en cuenta como parámetros al tipo de cambio vigente a las fechas de sus pagos”, es este agravio, además del pago de daños y perjuicios, los que debieron tener una solución en la controversia. Sin embargo el Auto de Vista, no obstante hacer alusión al informe pericial de fs. 781 y su aclaración defs. 974, no concluyen en una determinación sobre si corresponde la devolución del pago de los terrenos  tomando como parámetros  el tipo de cambio vigente a la fecha de devolución (indexación) o se inclina a lo señalado en sentencia que desestimó tal pretensión, pues recoge sólo las conclusiones vertidas en el informe sin concluir en la suya propia en lo referente a este punto, solución de fondo que era imprescindible para permitir que en casación se verifique la legalidad o ilegalidad de esa decisión judicial, pues al carecer de aquellas este Tribunal se ve impedido en el fondo de examinar, en aplicación de la ley sustantiva, si lo asumido en instancia fue correcto o no.

Por lo que el Tribunal Ad quem, debió asumir su decisión tomando una determinación propia al respecto y no solamente hacer alusión a los resultados del informe pericial, situación que desde luego afronta al principio de eficacia, pues impide esa indeterminación judicial en segunda instancia poder confrontar en casación la legalidad de la misma, situación que es conexa a la fundamentación misma de la Resolución.

En tal circunstancia se hace también oportuno traer a colación la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1632/2014 que manifestó: “La obligación de fundamentar las resoluciones, también es aplicable a los fallos que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: “'Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas...”.

Por lo referido, se hace necesario anular el Auto de Vista, para que procediendo según el principio de eficacia, dicte nueva Resolución otorgando una respuesta sobre todos los agravios señalados en apelación de modo que permita a este Tribunal de casación otorgar una respuesta de fondo sobre la controversia suscitada.

Por lo expuesto se emite Resolución conforme los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 24 de diciembre de 2013, debiendo el Tribunal de apelación, previo sorteo y sin espera de turno, dictar nueva determinación conforme lo fundamentado precedentemente.

Por ser inexcusable el error se impone multa de un día de haber a ser descontados de su haber mensual, a ese fin se notifique a la Dirección General Administrativa y Financiera.

Conforme el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, remítase  copia de la presente resolución  al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto