TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                      S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 547 /2014

Sucre: 26 de septiembre 2014

Expediente:        P-8-14-S

Partes: Ciprian Opi Ramírez. c/ María Lenny Hassen Vásquez

Proceso: Cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Pando

                                                                                       


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 210 a 217 vta., de obrados, interpuesto por MARÍA LENNY HASSEN VÁSQUEZ contra el Auto de Vista Nº 62/2014 de 26 de mayo de 2014, cursante de fs. 198 a 202 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro el proceso de Cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Ciprian Opi Ramírez contra María Lenny Hassen Vásquez; concesión de fs. 222, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la Capital - Pando, mediante Sentencia de 01/2014 de 10 de enero de 2014, declaró:

1.- IMPROBADA la demanda principal de cumplimiento de contrato, impetrada por Ciprian Opi Ramírez deducida mediante memorial de fs. 27 y 28.

2.- IMPROBADA la demanda reconvencional de Recisión de contrato por efecto de la lesión, formulada mediante memoriales de fs. 33 al 35  y 52, incoada por María Lenny Hassen Vásquez.

3.- IMPROBADAS las excepciones perentorias a la demanda reconvencional de falta de acción y derecho, excusión del régimen de la lesión, falsedad y prescripción opuestas por Ciprian Opi Ramírez.


Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista Nº 62/2014 de 26 de mayo de 2014, Revocó Parcialmente la Sentencia de 01/2014 de 10 de enero de 2014, resolviendo declarar probada la demanda principal, instaurada por Ciprian Opi Ramírez disponiendo que ejecutoriada la resolución, el inmueble de la calle Beni, predio 21, manzano 50, distrito 1, debe ser entregado a su propietario por parte de la señora María Lenny Hassen Vásquez, en el plazo de un mes.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En el Fondo.-

1.- Que, la Sentencia Apelada fallaría declarando improbadas tanto la demanda principal como la reconvencional,  empero no tendría una parte dispositiva es decir no determina si tendría que entregar el inmueble o devolver la plata, forma de fallo que iría contra los postulados de la administración de justicia, no resolviendo el litigio, y que según el Auto de Vista recurrido esta forma de fallar no constituiría agravio, sin haber más comentario y menos la fundamentación necesaria de porque no sería agravio, razones por las que se habría realizado una incorrecta interpretación del art. 192 3) del CPC, esto sería una atentado al debido proceso y también un incumplimiento de deberes, en este sentido los Vocales debieron disponer que se dicte una nueva sentencia que defina el fondo del proceso, debiendo haber recibido todas las pruebas de su parte que hubieran corroborado su pretensión para fallar en el fondo.


2.- Que se habría  incurrido en error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba  infringiendo el art. 397 del CPC, ya que los Vocales afirmarían que el pago de $us.- 15.000 se habría acreditado con la documentación de fs. 3 y documentalmente se habrá demostrado el pago de $us.- 72.000.- sin motivación y fundamentación de esta afirmación debido a que existiría incongruencia en cuanto a que no explican porque se habría pagado más de lo pactado, asimismo no existiría prueba de que de que se le habría pagado los $us.- 15.000.- al momento de la firma del contrato (fs. 3) y que este documento fue reconocido ante un Juez incompetente, contrariamente el Ad quem no habría tomado en cuenta o valorado los cuadernos en los que anotaban y recibían las sumas recibidas y entregadas, no las mencionan, menos habrían cuentas y es que en ninguno de los cuadernos se acreditaría que se le entregó la suma de $us.- 15.000.- en forma global, si el Ad quem habría tomado en cuenta esta prueba quedaría demostrado que no se cumplió con el pago de os $us.- 80.000, aspecto que habría volcado totalmente el fallo.


3.- Que, se habría infringido el art. 427 del CPC, ya que tanto el A quo como el Ad quem manifestarían que la inspección judicial no tiene mayor relevancia para determinar la lesión sufrida, sin tomar en cuenta que por este medio el Juez recoge las observaciones directamente, siendo que este sería uno de los medios de prueba más eficaces, en este sentido el razonamiento de que no sería una prueba relevante para determinar la lesión sufrida resultaría equivocada, ya que al desconocer este medio probatorio se habría violado esta norma de orden público, prueba que además seria corroborada por testigo de su parte y prueba documental o pericial presentada con su demanda reconvencional, y al ser una prueba de observación directa para el Juez, se la habría propuesto para que el A quo perciba directamente, que el inmueble esta ubicado en una zona comercial y así lo habría hecho el Juez al constatar que el inmueble estaría en una calle eminentemente comercial.


4.- Que, existiría infracción del art. 1311 del CC, ya que habría presentado otro informe pericial (fs. 123 a 125) de otro inmueble ubicado en la misma cuadra para que se tome conocimiento de que los inmuebles de esa calle valen más de $us.- 200.000.- hasta un millón de dólares, prueba que debió ser valorada conforme al art. 441 del CPC y que a decir del Juez es una simple fotocopia, prueba que habría sido admitida por providencia de 30 de septiembre de 2013 (fs. 126 vta.), y que no habría sido observada por la parte contraria en cuanto que fueran simples fotocopias, sino que habrían observado el fondo del avaluó manifestando que no guarda relación con ningún hecho que demuestre la procedencia de la acción, en este sentido los jueces de instancia debían valorar las pruebas conforme dispone el código civil y no tomar en cuenta la observación de una de las partes al contenido de una prueba, de ser así las partes con solo observar las pruebas podrían invalidar  las mismas.


En la Forma.-

1.- Acusan que en su memorial de proposición de prueba de fs. 87, habría propuesto a confesión provocada del actor, que no habría sido admitida bajo el argumento de que no se habría cumplido con lo dispuesto en el art. 381 inc. 1), ante esta negativa habría interpuesto recurso de reposición con alternativa de reposición (fs. 96), recurso que fue rechazado por auto de fs. 97 pero que habría concedido la apelación en el efecto diferido, el Auto de Vista recurrido no hace mención a este recurso en el efecto diferido, porque habría formulado complementación y enmienda que fue objeto del auto de fs. 206, donde el Ad quem manifiesta que efectivamente el Juez habría resuelto apelaciones en el efecto diferido, las mismas nunca habrían sido apeladas por ninguna de las partes, esta apelación debió ser resulta por el Tribunal de Alzada, siendo que esta omisión le ocasionaría agravio porque no se habría producido prueba fundamental (confesión provocada y declaración de testigo) para su pretensión.


Solicitando finalmente que el Tribunal supremo  Anule obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (hasta que se admita la prueba de confesión y recepción de testigo faltante y casando el Auto de Vista, deliberando en el fondo declare probada la demanda reconvencional, por la abundante prueba.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efecto de resolver los recursos de casación en la forma y en el fondo corresponde en principio absolver las impugnaciones de forma, toda vez que de ser evidentes daría lugar a la nulidad de obrados, imposibilitado las consideraciones de fondo por lo que nos referiremos de principio en lo que corresponde a la forma e indicaremos que:

En la Forma.-

1.- La recurrente acusa que habría interpuesto recurso de reposición con alternativa de apelación (fs. 96), que se habría concedido en el efecto diferido, y el Auto de Vista recurrido no haría mención a este recurso en el efecto diferido; al respecto es preciso señalar que de la revisión de obrados se tiene que a fs. 87 la ahora recurrente propone prueba documental, testifical, confesión provocada e inspección judicial, prueba que es admitida por el A quo a excepción de la prueba de confesión provocada, mediante providencia de fs. 88, bajo el fundamento de que al no haberse cumplido con lo previsto en el numeral 1) del art. 380 del CPC, no corresponde admitir la prueba de confesión provocada, por dicho motivo presentó a fs. 96 recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue rechazado por el Auto de fs. 97, bajo el argumento de que la demandada no ha observado en la proposición de la confesión provocada el numeral 1) del art. 380 del CPC, que tiene relación con el art. 381 del mimo cuerpo legal cuando señala expresamente que será rechazada toda prueba que no cumpla con los requisitos exigidos en el artículo precedente, concediendo al mismo tiempo el recurso de apelación en el efecto diferido, por otra parte de fs. 130 a 131 vta. Interpone recurso de reposición con alternativa contra el Auto de fs. 128 que rechaza el señalamiento de nueva audiencia para la recepción de dicha atestación por encontrarse esa solicitud a horas de vencerse el término probatorio, por lo que se encontraría fuera del plazo probatorio, no siendo en consecuencia concedido el recurso de apelación en el efecto diferido por el Auto de fs. 132, por lo que no corresponde mayor análisis con respecto al segundo recurso de reposición de fs. 130 a 131 vta.; en este antecedente la recurrente en su recurso de casación hace mención a que el Auto de Vista no se pronunció, respecto a recurso de apelación en el efecto diferido, recurso que fue activado por la ahora recurrente en el primer otrosí de su memorial de apelación de manera escueta, el mismo que no fue resuelto por el Ad quem, aspecto que a criterio de la recurrente le ocasionaría agravio porque no se habría producido prueba fundamental (confesión provocada y declaración de testigo) para probar su pretensión.

Establecido lo anterior corresponde señalar que, si bien resulta evidente que el Ad quem no se pronunció sobre el recurso de apelación en el efecto diferido bajo el argumento de que las partes no habrían apelado estos puntos, en consecuencia resulta necesario dar una respuesta a este punto en virtud al agravio expuesto, ya que de los antecedentes antes expuestos se tiene que el A quo rechazo la prueba de confesión provocada, en virtud de lo dispuesto por el art. 380 inc. 1) en relación al art. 381 del CPC, de lo que se tiene que al momento de ofrecer la prueba antes señalada en su memorial de fs. 87, la demandada no cumplió con lo dispuesto en las normas precedentes por cuanto no precisó los motivos por los cuales ofreció la confesión provocada, limitándose a hacer mención de que provoca la confesión al demandante reconvenido, por lo que la infracción reclamada en cuanto a la falta de pronunciamiento sobre la apelación en el efecto diferido no resulta ser trascendente, como para determinar la nulidad de obrados, pues se debe tomar en cuenta que no se puede anular por anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad, sino que debe hacerse la consideración y ponderación de los elementos que deban concurrir que afecten de manera directa a los derechos nombrados supra, que cree un estado de indefensión, por lo que en el caso presente se establece que no existe dicha afectación, más si se toma en cuenta que por el principio de trascendencia solo debe decretarse la nulidad de obrados cuando la afectación con el vicio procesal pueda cambiar de manera significativa el curso del proceso, en esta lógica no puede haber nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia en la decisión de fondo o sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, razón por lo que la falta de pronunciamiento del Ad quem en cuanto a la apelación en el efecto diferido resulta sin trascendencia en virtud a lo expuesto supra..

Por las razones expuestas, éste Tribunal concluye que es infundado el agravio de forma, deducido por la parte recurrente.

En el Fondo.-

1.- En cuanto a que la Sentencia Apelada fallaría declarando improbadas tanto la demanda principal como la reconvencional, empero no tendría una parte dispositiva, no resolviendo el litigio, razones por las que se habría realizado una incorrecta interpretación del art. 192 3) del CPC y que para el Ad quem sin fundamentación alguna no resultaría ser un agravio; al respecto es preciso señalar que este es un agravio que hace al recurso de casación en la forma, por lo que no se puede considerar el mismo en razón de que fue expuesto en el recurso en el fondo, sin embargo solo a manera de aclaración se debe puntualizar que en su fundamentación el Ad quem establece que la Sentencia tiene una parte dispositiva que declara improbada ambas pretensiones, en consecuencia no se habría resuelto el fondo, entrando como Tribunal de alzada a resolver la controversia en base a los agravios expuestos en los recursos de apelación por ambas partes, no considerando trascedente dicho agravio como para anular la Sentencia apelada.

2.- Respecto a que se habría incurrido en error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba  infringiendo el art. 397 del CPC, ya que los Vocales afirmarían que el pago de $us.- 15.000.- se habría acreditado con la documentación de fs. 3, sin explicar porque se habría pagado más de lo pactado, y contrariamente el Ad quem no habría tomado en cuenta o valorado los cuadernos en los que anotaban las sumas recibidas y entregadas, no las mencionan, menos habrían realizado cuentas y es que en ninguno de los cuadernos se acreditaría que se le entregó la suma de $us.- 15.000; al respecto corresponde señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que el Tribunal de alzada en el mismo, en su segundo considerando, punto 2, dice: “…primero se firma un documento privado de fecha 27 de abril de 2010 (fs. 4 (3)) posteriormente se facciona el documento público, ya indicado de fs. 11, que es la formalización de la venta. Es indudable, que primero se hace un documento por el monto de $us.- 80.000.- declarándose recibir $us.- 15.000.- a la firma del documento y el saldo a plazo de un año, no determinándose cuotas de ninguna clase  pero se dice en forma parcelada.”,  es decir que el argumento de que el monto económico antes mencionado fuere entregado o no, es un punto que la demandante debió haber probado, ya que el contrato suscrito por ambas partes expresa la voluntad de las mismas en cuanto al acto jurídico, que es válido y surte plenos efectos en la vida jurídica como para tomarlo como prueba plena para demostrar que se entregó los $us.- 15.000.- a la ahora recurrente, cuando esta no pudo demostrar lo contrario, pues no resulta determinante que dicha entrega de dinero este o no registrado en los cuadernos de pago, si la misma fue entregada  al momento de la suscripción del contrato, y los pagos restantes se realizaron en la forma estipulada en el contrato (de forma parcelada) no siendo evidente que se haya transgredido el art. 397 del CPC, por cuanto el razonamiento del Ad quem en cuanto al valor probatorio del documento de fs. 3, resulta ser el correcto, no siendo trascendente para la decisión de fondo del proceso el hecho de que la otra parte hubiese pagado más de los pactado.

3.- En cuanto a que se habría infringido el art. 427 del CPC, ya que tanto el A quo como el Ad quem manifestarían que la inspección judicial no tiene mayor relevancia para determinar la lesión sufrida, razonamiento que fuera equivocado, ya que resultaría ser prueba corroborada por testigo de su parte y prueba documental o pericial presentada con su demanda reconvencional, y se la habría propuesto para que el A quo perciba directamente, que el inmueble está ubicado en una zona comercial; al respecto es preciso señalar que según María A. Pizza Bilbao en su libro Teoría General de los Contratos, dice que la lesión: “Es el perjuicio económico que sufre una de las partes por el desequilibrio entre la prestación y contraprestación… Los elementos constitutivos de la lesión son uno subjetivo y otro objetivo, el primero configurado por el estado de peligro inminente y actual en el que se encontraba el contratante para dar su consentimiento, o la ligereza, ignorancia o inexperiencia y el objetivo (segundo) por el daño o perjuicio económico de más de la mitad del valor”, la primera hace mención a que la parte o víctima de la lesión se encuentre en estado de inferioridad por razones de necesidad, inexperiencia o ligereza y la segunda al desequilibrio en las prestaciones, o sea se reduce netamente a una cuestión económica que en nuestro ordenamiento jurídico será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida (art. 561-I y II del C.C.).

En este entendido, para demostrar la existencia de lesión la recurrente tenía que haber demostrado ambos elementos, y no limitarse a demostrar la ubicación del inmueble como único elemento para determinar el valor económico del bien inmueble objeto del litigio, pues si bien reclama que la inspección judicial determinaría la ubicación del inmueble en una zona comercial, y que su testigo habría hecho mención al precio del inmueble de su propiedad que ascendería a $us.- 200.000.- por la ubicación en que se encontraría (en la misma cuadra del inmueble de la demandante), y conforme señaló el Tribunal de alzada: “Al respecto  cabe  manifestar que este aspecto no tiene mayor relevancia para determinar la lesión sufrida, puesto que si bien puede ser una zona comercial esto no determina el precio del inmueble y simplemente sería un indicio.”, por lo que en este correcto razonamiento, la inspección de visu y la declaración testifical a que hace referencia la recurrente, no es prueba suficiente para demostrar la existencia de lesión en el contrato, toda vez que el valor comercial de un bien inmueble no se puede demostrar con la sola determinación de la ubicación del mismo, sino que requiere de un estudio que analice factores arquitectónicos, jurídicos, urbanísticos, estructurales y de mercado entre otros, aspectos que resultan importantes para conocer el valor comercial de un inmueble. Por otra parte si bien la ahora recurrente presento como prueba documental pre constituida junto a su demanda reconvencional una valuación técnica, que determinó el valor comercial de su inmueble en $us.- 182.000, no constituye prueba plena que pueda apoyar la prueba antes descrita (confesión provocada y declaración testifical) ya que el actor a los fines de desvirtuar la existencia de lesión en el contrato presentó estudio de peritaje que determinó el avaluó del inmueble en la suma de $us.- 88.000.- estudio pericial que no fue observado por la parte demandada. Razón por la que los Jueces de instancia al no contar con los dos elementos referidos anteriormente (objetivo y subjetivo) que hacen que se demuestre la lesión en un contrato, es que resolvieron conforme a ley.

4.- Por ultimo respecto a que existiría infracción del art. 1311 del CC, ya que se habría presentado otro informe pericial (fs. 123 a 125) de otro inmueble ubicado en la misma cuadra para que se tome conocimiento de que los inmuebles de esa calle valen más de $us.- 200.000.- hasta un millón de dólares; a esto se debe señalar que si bien el Tribunal de alzada manifiesta que dicha prueba cursante de fs. 123 a 125 fue observada por ser simples fotocopias, este Tribunal concuerda con el criterio de que resulta irrelevante, por cuanto se trata de una prueba que solo señala la ubicación del inmueble descrito dicha documental en relación al inmueble en litigio, y por lo expresado supra, la ubicación del inmueble no constituye un único elemento para determinar la lesión o un estudio técnico de valuación, por lo que resulta irrelevante entrar en mayor detalle al respecto por cuanto no resulta trascendente la valoración o no del documento de fs. 123 a 125 que además de hacer referencia a un inmueble de características diferentes al inmueble objeto en litigio, por lo que no es evidente la transgresión al art. 1311 del CC.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señalan los  arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 210 a 217 vta., de obrados, interpuesto por María Lenny Hassen Vásquez contra el Auto de Vista Nº 62/2014 de 26 de mayo de 2014, cursante de fs. 198 a 202 vta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto