TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A    C I V I L


Auto Supremo: 536/2014

Sucre: 19 de septiembre 2014                                                        Expediente: CB-82-14-A        

Partes: Mirael Villarroel Claros.        c/ José Manuel Pinto Claure, Betty Montealegre

ypresuntos interesados.

Proceso: Nulidad de protocolo, de escritura pública y acta dereconocimiento de

firmas.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 101 a 105 y vta., interpuesto por Mirael Villarroel Claros contra el Auto de Vista Nº 145 de fecha 16 de mayo de 2014, cursante de fs. 98 a 99 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso nulidad de protocolo, de escritura pública y acta de reconocimiento de firmas seguido por el recurrente contra José Manuel Pinto Claure, Betty Montealegre y presuntos interesados, Auto de concesión del recurso de casación de fs. 112; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Noveno en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, pronunció Auto Definitivo Nº 231 de fecha 28 de agosto de 2012, cursante de fs. 79 a 81 y vta., y Auto complementario de fecha 12 de septiembre de 2012, por el que declara la inadmisibilidad de la demanda por no contener requisitos de fundabilidad, disponiendo en su  mérito el archivo de obrados.

Resolución de primera instancia que es recurrida en apelación por el  actor mediante memorial de fs. 87 a 90, en mérito a la cual la Sala Civil Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 145/2014 de fecha 16 de mayo de 2014, cursante a fs. 98 a 99 y vta., confirmó el Auto Definitivo impugnado.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por el actor Mirael Villarroel Claros, el mismo que se pasa a resolver.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusa la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado respecto a todos los agravios acusados en su apelación, desconociendo que como Notario otorga Fe Pública a los documentos de los que pretende su nulidad, pues si bien no es parte del poder como de la minuta, es a través de su intervención y conformidad los mismos nacen a la vida jurídica e ingresan al trafico jurídico.

Del mismo modo acusa que el Tribunal de Alzada omite pronunciarse respecto a la nulidad del protocolo del poder Nº 2632/2009, acta de reconocimiento de firmas Nº 1463/2009 y escritura pública 400/2009 que contiene el contrato de transferencia definitiva de un inmueble de propiedad ajena, que fue objeto de la demanda así como de la interposición del recurso de apelación, vicio que conlleva necesariamente la nulidad.

Acusa que indebidamente se condenó en costas en segunda instancia en aplicación a lo dispuesto por el art. 237-I, 1 del CPC, sin considerar que ante el rechazo de la demanda no existe parte contraria.

En el fondo:

1.- Acusa la violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 334 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Tribunal no consideró que su interés legítimo nace porque está siendo procesado penalmente por haber intervenido en su calidad de Notario en la protocolización de la Escritura Pública Nº 400/2009, la cual fue obtenida con fraude a la ley, y sobre todo debido a que su pretensión radica en la  nulidad de los protocolos mas no de los documentos en sí, más aun cuando las partes principales que intervinieron en su otorgación no iniciaron el proceso de nulidad de los instrumentos públicos referidos.

2.- Refiere que el Tribunal de Alzada al declarar inadmisible la demanda negando que la pretensión del justiciable sea atendida por el operador de justicia que amerite un pronunciamiento debidamente motivado,incurrió en violación al derecho a la acción o la tutela judicial efectiva.

3.- Alega que su demanda cumple con los requisitos de forma y de fondo para su admisibilidad, cumpliendo a cabalidad con las exigencias de procedimiento para su admisibilidad.

Concluye solicitando se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se ordene al Juez de la causa admitir la demanda.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Respecto al incumplimiento del art. 236, debido a la falta de  pronunciamiento por parte del Tribunal sobre todos los agravios deducidos en su apelación, desconociendo la legitimidad que tiene para accionar el proceso.

Al respecto, de la revisión de la resolución recurrida se tiene que dichas acusaciones no son evidentes, debido a que el Tribunal de Alzada en su tercer considerando argumentó y fundamento su resolución respecto a la teoría de improponibilidad de la pretensión por falta de legitimación en el actor, pues el hecho de haber intervenido como fedatario en la protocolización en los instrumentos notariales de los que pretende su nulidad, no acredita su legitimación procesal para activar el proceso como sujeto activo, pues no tiene capacidad de ejercicio en el derecho sustancial que pretende sea protegido,  no existiendo una vinculación directa entre la pretensión y el ejercicio del derecho subjetivo que necesariamente debe co-existir en la legitimación activa,argumentos aunque de forma general si dieron respuesta a los agravios deducidos por el recurrente, es decir, si bien el Tribunal de Alzada no dio respuesta punto por punto a los agravios deducidos por el apelante, si lo hizo de forma general y conjunta en la resolución que es motivos de autos, cumpliendo de esta forma con lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al segundo agravio referido a la falta de pronunciamiento respecto a la nulidad del protocolo del poder Nº 2632/2009, acta de reconocimiento de firmas Nº 1463 y escritura pública 400/2009, que contiene el contrato de transferencia definitiva de un inmueble de propiedad ajena.

Al respecto se tiene que al haber sido rechazada la demanda por improponibilidad por falta de legitimación, lógicamente el Tribunal no puede considerar y pronunciarse a aspectos que hacen al fondo de la pretensión perseguida por el recurrente, como se explicó precedentemente.

En cuanto a la aplicación indebida del art. 237-I,1 del C.P.C., evidentemente el Tribunal de Alzada de forma errada condenó en costas al apelante, sin considerar que el Auto Definitivo dictado por el Juez de primera instancia constituye una conclusión extraordinaria del proceso, es decir que ante el rechazo de la demanda no  correspondía aplicar la condenación de costas, entendida ésta como una sanción que se impone al recurrente negligente que irá en favor de la parte contraria, que en el caso de autos aun no fue citada con la demanda precisamente por no haber sido admitida la misma.

En el fondo:

1 y 3.-Por utilidad procedimental y al ser conexos los agravios contenidos en el punto uno y tres del recurso de casación en el fondo, se resolverán en forma conjunta, el primero referido a la supuesta violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 334 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su legitimidad en la presente causa derivaría a que está siendo procesado penalmente por haber intervenido en su calidad de Notario en la protocolización de la Escritura Pública Nº 400/2009, y sobre todo que su pretensión radica en solicitar la nulidad del protocolomás no en los documentos propiamente dichos, más aun cuando las partes que intervinieron en la suscripción de los mismos no demandaron la nulidad; y el segundo agravio referido a que la demanda cumpliría con los requisitos de forma y de fondo exigidos por ley.

Al efecto referido, resulta imprescindible hacer mención a la uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, respecto a la improponibilidad de una acción judicial, así se tiene entre otros el Auto Supremo N° 428, de 6 de diciembre 2010, que estableció: "... corresponde puntualizar que, el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, dispone que presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado para que comparezca y conteste en el término de ley”.

Ahora bien, el artículo 333 del citado Código Adjetivo Civil, establece que: “cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanan se la tendrá por no presentada”.

Por lo que de la inteligencia de las citadas normas procedimentales, claramente se establece que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber ineludible de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.No obstante, lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión. Por ello, para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad, en el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda; constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes del análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para liberarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

En dicho sentido, una vez comprobada que ha sido por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco, respecto a la improponibilidad objetiva e improponibilidad subjetiva, que a decir del autor Argentino Peyrano respecto a la primera señala que: "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto", si la ley le concede la facultad de juzgar el caso, es decir el  mencionado autor refiere que el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", no es por carencia de condiciones de procedibilidad, sino, por evidente infundabilidad de la acción. Con relación a la improponibilidad subjetiva, este Tribunal ha emitido la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo Nº 153/13 de 8 de abril, razonando lo siguiente: “Para el entendimiento de esta fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacios en su obra “Derecho Procesal Civil” Ed. AbeledoPerrot, Tomo I, Págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente:“Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa…”, por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

De este razonamiento podemos concluir que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in limine la litis, del mismo modo también se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión.

Por lo que en el marco de lo expuesto precedentemente y de la revisión de obrados, se tiene que el recurrente pretende la nulidad por ilicitud de causa y motivo delprotocolo de poder Nº 2632/2009, acta de reconocimiento de firmas Nº 1463/2009 y el protocolo o matriz Nº 400/2009, debido a que en su condición de Notario intervino en la protocolización de dichos documentos, habiendo sido engañado en su buena fe, al ser suscritos dichos instrumentos públicos por  personas que suplantaron a los otorgantes, motivo por el que su persona está siendo procesada penalmente, naciendo de este hecho su interés legítimo, sin embargo conforme el mismo recurrente reconoce y sobre todo dentro del marco de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858, el Notario investido de la fe pública delegado por el Estado, es un funcionario que otorga fe pública y validez a las escrituras públicas, limitándose su intervención a la otorgación de dichos instrumentos públicos a las partes solicitantes, quien no tiene interés alguno en la protocolización de los contratos y la realización de la actas notariales, es decir que en su calidad de funcionario judicial carece de interés propio en el acto jurídico, debido a que el otorgamiento de la Escritura Pública corresponde a las partes que concurren ante el notario, por lo que el interés del acto jurídico que se otorga pertenece a las partes que celebran el acto escriturado, de ahí que el recurrente carece de legitimación activa para accionar la presente demanda, pues la pretensión que se persigue, necesariamente debe ser deducida por una persona legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna en inadmisible la demanda, sin que el hecho de estar siendo procesado penalmente le otorgue legitimación para pretender la nulidad de los protocolos, debiendo en todo caso demostrar en el proceso penal que alude se hubiera instaurado en su contra que fue engañado en su buena fe para que en su calidad de Notario de Fe Pública proceda a la protocolización de los documentos referidos.

2.- En cuanto a la violación del derecho a la acción o la tutela judicial efectiva al declarar inadmisible la demanda, al respecto es necesario dejar establecido que, el reconocer al Juez la facultad -deber- de rechazar ad initio la demanda no pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de acción; en efecto, si aceptamos que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por un Tribunal y, que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida; el derecho a la tutela judicial se agotaría, en el acceso a la jurisdicción y en la dictación de una resolución motivada en derecho, es decir que, el poder del Juez de rechazar ab initio una demanda, no entra en pugna con el contenido del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, puesto que el Juez atenderá y se pronunciará efectivamente y en forma motivada respecto a la pretensión del actor; en otras palabras, el actor promueve su pretensión, activando la función jurisdiccional del Estado, la que desemboca en una determinada, precisa y fundada decisión judicial, en consecuencia, se satisface íntegramente su derecho a la acción o tutela judicial, lo contrario implicaría un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Por los razonamientos expuestos corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273) ambos del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOlos recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 101 a 105 y vta., interpuesto por Mirael Villarroel Claros contra el Auto de Vista Nº 145 de fecha 16 de mayo de 2014, cursante a fs. 98 a 99.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora:Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto