TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S  A L A    C I V I L


Auto Supremo:534/2014

Sucre:19 de septiembre 2014 

Expediente: T-26-14-S

Partes: Asociación Accidental PROCOSUR y Asociados c/ Gobierno Municipal de

Bermejo.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en la forma, cursante de fs. 218 a 219 vta.,  interpuesto por René Segovia Fernandez en calidad de representante legal de la Empresa “PROCOSUR y Asociados”, contra el Auto de Vista Nº 60/2014 de 22 de mayo de 2014, cursante de fs. 213 a 216 vta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso de Cumplimiento de contrato, interpuesto por la Empresa PROCOSUR y Asociados contra el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, la concesión de fs. 227 y vta., los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Mediante Sentencia de 27 de diciembre de 2013, el Juez de Partido y Sentencia de Bermejo-Tarija, declaró probada la demanda de fs. 58-60 de obrados, disponiendo que el Gobierno Municipal de Bermejo cancele en el plazo de tres días de ejecutoriada la sentencia  la suma de Bs. 1.934.592,73.- más intereses a favor de la empresa demandante.

Resolución de fondo, que es apelada por la institución edil que mereció la emisión del Auto de Vista Nº 60/2014 de 22 de mayo de 2014, cursante de fs. 213 a 216 vta., que anula todo lo obrado debiendo inhibirse el Juez de la causa y declinar jurisdicción y competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; 

Resolución de Alzada que es recurrida de casación por la parte actoraque merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente señala que el Autode Vista al anular obrados no tomó en cuenta  la parte in fine de la cláusuladécima segunda, que tiene vinculación con la vigésima segunda que se refiereal arbitraje  en caso de surgir controversias, por lo que manifiesta que sólo en los caos en que exista “controversia” se puede alternativamente acudir al arbitraje o bien al contencioso administrativo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo e indica que en el presente caso no existe controversia porque ya existe recepción de la obra, por lo que estaría la vía ordinaria civil para conocer el asunto, agregando que incluso la pretensión pudo haberse tramitado por un proceso ejecutivo por cuanto las planillas y el acta de recepción constituyen título ejecutivo porque lo único que existe es morosidad del Municipio, pues existe pagos parciales, lo que demuestra que no existe controversia, por lo que no sería aplicable el art. 10 de la Ley Nº 212. Añade que el fuero administrativo solo es aplicable en aquellos casos en que la parte que representa al Estado adopta una decisiónadministrativa cuyos efectos jurídicos inciden en la relación contractual y contra la cual el particular manifiesta oposición promoviendo su impugnación; a lo que replica que en el presente no existe controversia  alguna  ya que la autoridad demandada nunca manifestó que no debe.

Concluye solicitando al Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista para que se emita nueva Resolución resolviendo el fondo.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para considerar los fundamentos del recurso de casación se hace necesario revisar los antecedentes procesales y la naturaleza  del contrato que se pretende su cumplimiento:

Por demanda interpuesta a fs. 58 a 60, la empresa demanda  el cumplimiento del contrato  pretendiendo el pago de la deuda existente por la construcción de la obra en la suma de Bs. 1.934.592,73 más intereses y costas procesales; que mereció una respuesta negativa por parte del municipio, que luego del procedimiento establecido se dictó Sentencia favorable a la parte actora, lo que derivó en la impugnación del ente edilicio que decanto en un decisión anulatoria de obrados en el Auto de Vista.

Conforme lo explicado se evidencia que el proceso tiene por objeto el cumplimiento de contrato, que conforme las literales que cursan de fs. 5 a 17 informan la suscripción del mismo en fecha 10 de octubre de 2004 entre el Gobierno Municipal de Bermejo, representado por  ImarZutaraVilte en su calidad de Alcalde Municipal y la Empresa PROCOSUR y Asociados legalmente representados por René Segovia Fernández, acordando la construcción del Hospital Virgen de Chaguaya de Bermejo, por el monto de Bs. 16.593.575,65.- con plazo y modalidad especificados en el tenor del contrato.


De lo anteriormente descrito se evidencia que la naturaleza del contrato es de carácter administrativo es decir es un contrato administrativo que ha servido de base para entablar el proceso;  en ese méritoes imperioso señalar que conforme sostiene Roberto Dromi, en su obra contemporánea El Derecho Administrativo, “La caracterización del contrato administrativo resulta: a) del objeto del contrato, es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la Administración en orden de su interpretación, modificación y resolución”, contendido doctrinal que nos permite considerar que los contratos administrativos tienen como distinción primordial, más allá de que el ente estatal es parte del contrato y las prerrogativas impuestas, el objeto mismo de la relación contractual que es la satisfacción de los intereses públicos, (utilidad pública) mediante la realización de obras, servicios, etc. cuestión sustantiva del contrato de naturaleza administrativa que le califica a que su análisis sea en Tribunal especializado en Derecho administrativo, es decir su controversia debe ser dilucidada ante la jurisdicción contencioso administrativa,  así se ha establecido en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, cuando refiere que: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones el Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil”; aspecto que se tiene corroborado por la previsión contenida en el art. 10 de la Ley Nº 212  Ley de Transición para el Tribunal Supremo deJusticia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, en la que de manera expresa señala que será la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia quien conozca las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo y de las demandas Contenciosas Administrativas a que dieren lugar las Resoluciones del mismo hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada; en ese sentido y al amparo de dicha norma citada, el A.S. Nº 115/2013 refirió que:  “Bajo el entendimiento se infiere que la contención emergente de los contratos administrativos corresponde conocer en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena como proceso contencioso, jurisdicción procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así como la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del art. 179-I  que dispone:  (… existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley), en ese mismo sentido por el art. 4 parágrafo I núm. 3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción Civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa-Administrativa”.

En conformidad a lo antes fundamentado, se debe señalar concluyentemente que el contrato administrativo en su tramitación de divergencias es en un proceso contencioso ante el órgano jurisdiccional especializado, situación que no deviene de una apreciación jugada en el plano procesal, sino de una lectura sustantiva del contrato en cuestión, ya que el mismo, en su contenido y objeto no es posible explicarlo desde el Derecho común de las obligaciones, por cuanto su existencia está vinculado al interés público.

En ese análisis, la posición del recurrente es de manifestar que solo en caso de “controversia” entre las partes (Estado-particular) se tendría que recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativo, más no en este proceso porque, según su criterio, no existiría controversia ya que la obra fue recepcionada y solo faltaría el pago parcial de la obra lo cual aperturaría la vía ordinaria, sin embargo esa afirmación no tiene sustento, por cuanto debe entenderse que la contención emergente de un contrato administrativo debe ser dilucidada ante un Juez especializado conforme señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, vía proceso contencioso diferente al proceso contencioso administrativo-, entendiendo por contención cualquier tipo de discrepancia durante la ejecución de la obra o en el cumplimiento de las obligaciones que se impusieron las partes. En esa lógica, aún se pretenda vía jurisdiccional solo el pago parcial del monto del contrato, el órgano jurisdiccional competente no es el ordinario sino el que corresponde a la jurisdicción especializada mediante un proceso contencioso, lo contrario es repulsar la materia misma de juzgamiento, ya que se desconoce la naturaleza de ese acto jurídico (contrato administrativo), pues si su régimen es el Derecho Público es ilógico que su cumplimiento se pretenda como una cuestión privada ante un órgano ordinario civil, en tal caso, es la naturaleza sustantiva que tiene su fuente en el Derecho especial la que incita su conocimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa; razonamiento examinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en referencia al contrato administrativo en la SCP Nº 60/2014 de 3 de enero de 2014 sostuvo: “…se tiene que los tres contratos suscritos entre la UAGRM y la Empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos Administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto en el art. 775 del CPC” (subrayado nuestro)

Se debe enfatizar que, más allá del argumento de la no existencia de controversia, lo que se debe tener en claro es que cuando el recurrente pretende vía judicial hacer efectivo el pago de la obligación pendiente por parte del ente edilicio debe hacerlo ante la jurisdicción especializada vía proceso contencioso, conforme orienta la citada SCP Nº 60/2014 de 3 de enero de 2014, por la naturaleza del contrato que sustenta la pretensión.

Por lo manifestado se emite la determinación contenida en los arts. 271-2 y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, cursante de fs. 218 a 219 vta.,  interpuesto por René Segovia Fernandez en calidad de representante legal de la Empresa “PROCOSUR y Asociados”, contra el Auto de Vista Nº 60/2014 de 22 de mayo de 2014. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto